lunes, 30 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS AL JUEZ: "NUNCA PIDO FACTURA PARA QUE NADIE CREA QUE LUEGO LO CARGO AL PROTOCOLO"

Camps abandona el TSJ tras declarar ante el juez en mayo de 2009. | Vicent Bosch
Declaración del presidente por la causa de los trajes

* Juez: ¿Qué le debe este señor a usted?; Camps: 'La idea de un PP muy fuerte'
* Asegura que mantiene una 'relación de partido', no de amistad, con El Bigotes

Efe | Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró ante el instructor del caso Gürtel en el TSJCV que él paga sus compras con el dinero que le administra su esposa y que no pide factura, tampoco las que acreditarían que abonó las prendas de vestir que supuestamente le habría regalado la trama corrupta.

Así consta en la declaración de Camps ante el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors del 20 de mayo de 2009, que recoge íntegramente la edición digital de El País.

El también presidente del PP de la Comunidad Valenciana señala a Flors que mantiene una "relación de partido", no de amistad, con el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez "el Bigotes", desde 2002 por los "grandes actos" para esa formación que organizaba esta empresa relacionada con la trama Gürtel.

Camps afirma tener "alguna somera idea" de que Orange Market también organizó actos para la Generalitat -fue la adjudicataria del contrato del pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009, entre otros- y defiende tener "muy clara" la división entre la Administración autonómica y el partido.

El grueso de la declaración gira en torno a las prendas de vestir que supuestamente habría recibido Camps como regalo por parte de la trama y que conforman la base de la conocida como "causa de los trajes" por la que el presidente está imputado por un posible delito de cohecho pasivo, al igual que su exvicepresidente Víctor Campos, su ex secretario general en el partido Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Tanto Flors como la fiscal y la defensa sometieron a Camps a distintas preguntas sobre sus visitas a las tiendas madrileñas Milano y Forever Young, así como sobre si lo hizo solo o en compañía de Álvaro Pérez y la relación, tanto personal como telefónicamente, que mantuvo con el sastre José Tomás en esas tiendas y en una ocasión que acudió al hotel Ritz para asesorarle antes de una cena de gala.

El presidente, quien reconoce que fue por primera vez a Milano recomendado por "el Bigotes", señala que de la primera, en primavera de 2006, no se llevó nada porque ninguna prenda le venía bien.

Luego, Tomás le dijo telefónicamente: "Te voy a enviar cuatro trajes, a ver si alguno de estos te van bien; si te van bien, pues a la vuelta de vacaciones te pasas por aquí y vemos a ver si te quedas alguno de estos trajes. Y así fue, aparecieron en mi casa cuatro trajes", relata Camps.

Sin embargo, y tras comprobar con una costurera de confianza que esas prendas no le "encajaban", llamó nuevamente al sastre: "Estos trajes no me vienen. Y a la primera oportunidad que tuve de volver por Madrid, llevé los trajes y los dejé en Milano con su conocimiento".

Unos meses después visitó nuevamente a Tomás, que se acababa de cambiar a Forever Young, para, a principios de 2007, terminar comprando dos trajes, encargar dos más y llevarse unos zapatos "muy bonitos y a muy buen precio" pero "rayados" y una americana rebajada que tuvo que abonarla con dinero que le prestó el escolta; también reconoce que aceptó de Tomás un frac prestado para ir al Vaticano, que devolvió a su vuelta.

Sobre las facturas inexistentes de los citadas prendas responde: "Llevo muchos años no pidiendo ni ticket ni factura cuando he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo", razón por la cual tampoco paga con tarjeta de crédito y siempre lo hace con el dinero que le administra su esposa.

"¿Qué más justificación que el propio traje que me llevo de la tienda de forma pacífica?", insiste ante la fiscal, ante quien también narra cómo llamó a los directores de varios medios de comunicación para informarles de que lo que se estaba empezando a conocer no era "verdad".

Tras escuchar las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía entre él, su esposa y "el Bigotes", Camps asegura que le da "muchísimas gracias" a éste no por haberle hecho ningún regalo, sino porque: "Me decía que yo había hecho muy grande el partido en la Comunidad y que yo sí que era un líder indiscutible del partido".

El president defiende también a su esposa por haber rechazado sendos regalos navideños de "el Bigotes" para ella y su hija, que le devolvieron en la farmacia que regenta aquella; niega que a él le haya tomado nadie medidas "nunca" y dice que "media España" tiene su número de móvil.

"CASO SCALA"; LA FISCALÍA SUBRAYA QUE LOS CONTRATOS SE SIMULARON PARA QUE CARDONA Y OTROS SE LUCRARAN

Corrupción en el CDEIB

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción subraya, en su escrito de acusación de 418 páginas que ha presentado en el marco del caso Scala, que "absolutamente" todos los expedientes de contratación tramitados durante la pasada legislatura del PP por el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) fueron simulados a fin de que los fondos de esta empresa pública finalizasen en las cuentas del entonces conseller Josep Joan Cardona y otros acusados que se vieron beneficiados de esta presunta trama.

En un contundente escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público afirma, en base al análisis de los 133 contratos impulsados por el Consorcio y de las numerosas facturas halladas sin justificación alguna que las ampare, que los expedientes de contratación fueron la pieza "fundamental" del "engranaje" ideado por los imputados para lucrarse y tienen su origen "en un acto ilegal y arbitrario" efectuado al margen de la Ley.

"No se trata de meras irregularidades, sino de infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas que entran en plena contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de la administración e incurriendo en una ilegalidad voluntaria", incide la acusación pública, que solicita para los 18 acusados de esta causa un total de 115 años y medio de prisión así como elevadas indemnizaciones. Las penas de cárcel más elevadas las piden para Cardona, ex conseller de Comercio, Industria y Energía (21 años) y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene (20 años).

Tal y como asevera el escrito, en todos los expedientes de contratación es Cardona quien acuerda su inicio y quien resuelve la adjudicación a determinadas empresas, que habían sido creadas al efecto y que eran controladas por los principales acusados a través de presuntos testaferros. Un complejo entramado del que, de acuerdo a las investigaciones, se sirvieron para desviar más de siete millones de euros de las arcas públicas.

Y es que con su conducta, los imputados consiguieron que más de 3,7 millones de euros públicos fuesen desviados para su beneficio privado y que el CDEIB sufriera sobrecostes en sus contratos por otros 3,3 millones. Asimismo, obtuvieron el cobro de más de 1,2 millones de euros de las comisiones que los proveedores del CDEIB se vieron obligados a pagar por su contratación.

Cabe señalar que, además de Cardona y Viaene, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, pide 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En concreto, sobre Cardona, principal imputado en esta compleja causa, pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, mientras que la Fiscalía solicita el decomiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.


elmundo.es

viernes, 27 de mayo de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LAS RELACIONES Y NEGOCIOS DE LOS IMPLICADOS

Son empresarios muy conocidos en Lugo

* Carlos Monjero, consejero de Proitec, está asociado con Dorribo en Innovent
* El administrador de Nupel también administra una empresa de coches
* El vicepresidente de Proitec estuvo implicado en la trama de las multas
* Jorge Dorribo tenía manipulaba facturas entre sus 17 empresas

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

El empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel, es el primer encarcelado por la 'operación Campeón'. Sin embargo, y según las fuentes consultadas por ELMUNDO.es, podría no ser el único. Varios de los implicados en la trama tienen negocios compartidos entre ellos.

A lo largo de los últimos días, han pasado por el Júzgado número 2 de Lugo, el consejero y vicepresidente de Proitec, Carlos Monjero y Javier Rodríguez Díaz, respectivamente, y los hermanos Juan Pablo y Marco Antonio Iglesias Prieto, de la firma Coveluma, Outeiro de Rei, que este viernes han quedado en libertad pero imputados hasta que termine la instrucción.

En dependencias policiales también han estado José Amador Fernández Rodríguez, administrador de Nupel y su esposa, María Isabel López Martín, así como la mujer de Dorribo, Aveline Fernández, que el mismo día de la operación ya fue puesta en libertad. También a última hora de este jueves han quedado libres con cargos el director xeral del Igape, Joaquin Varela da Limia, y el subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. La trama se centra, principalmente, en Dorribo, quien presuntamente manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas. 
 
Dorribo figura en hasta 17 sociedades diferentes.
Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, Dorribo justificaba facturas del Igape entre estas sociedades. Entre ellas se encuentran Monasterio Penamaior, S.A., Medicine Cabinet Services, S.L., Medicine Cabinet Services Naval, S.L., Tramipharma S.L., Diagnóstico de Bilogía Molecular, S.A., Laboratorios Asociados Nupel, S.L., Tramigal Grupo S.L., Pazo de Adai Sociedas, S.R.L., Innovent Inverestort, S.L, Esseo Parking, S.L., Lugo Líder, S.L., Luis Moyá Rally Schol, S.L., Ecovalen Energética, S.L., Car Desing, S.L., Nautical Support, S.L., Aplicaciones de Cemento y Aplicación, S.L. y Grupo Artesano Lucense, S.L.

En una de ellas, Innovent Investor SL, estaba asociado con el consejero de Proitec, también imputado, Carlos Monjero. Innovent Investor SL fue creada en mayo de 2010 para la "adquisición, explotación, enajenación de toda clase de terrenos, solares, fincas rústicas o urbanas, e inmuebles de cualquier tipo, así como su arrendamiento o cesión por cualquier título válido", entre otras actividades, con un capital mínimo de 100.000 euros.

Proitec y negocios inmobiliarios
Además, Carlos Monjero tiene 13 cargos en nueve empresas diferentes, según datos del Registro Mercantil, y fue elegido en febrero de 2009 como miembro de la dirección de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo, que preside Santiago Seijas Alfonso.

Entre las actividades de las empresas con las que está relacionado figuran la promoción inmobiliaria, actividades de agentes y corredores de seguros, compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, servicios de sistemas de seguridad o servicios integrales a edificios e instalaciones.

También José Amador Fernández Rodríguez, uno de las manos derechas de Dorribo en Nupel, mantenía una gran relación con él. A finales del pasado año, constituía, con el nombre de R2MC Cup Rally Team, S.L., una empresa en Lugo dedicada a la compraventa de automóviles, reparación completa, lavado y engrase, venta de accesorios y alquiler de automóviles con y sin conductor. El capital inicial de la empresa era de 3.900 euros. Fernández Rodríguez figuraba como administrador único.

Directivo del Azkar
Por su parte, Javier Rodríguez Díaz, vicepresidente de Proitec, ha sido directivo del Azkar Lugo de fútbol sala y estuvo imputado en 2009 en la supuesta trama de las multas de tráfico sin cobrar de Lugo. En este caso también estuvieron implicadas importantes personalidades de la provincia, como el delegado en funciones de la Consellería de Cultura de Lugo, Juan José Molina Vázquez, o el vicario general de la diócesis de Lugo, Luciano Armas Vázquez.

Los hermanos Juan Pablo y Marco Antonio Iglesias Prieto, son los propietarios de Coveluma, una empresa de Outeiro de Rei que también fue objeto de registro. Esta empresa se dedica a importar y exportar maquinaria y elementos relacionadas con la metalurgia, la construcción o las oficinas. También son propietarios de otra empresa de garajes-aparcamientos, lavado y engrase de vehículos.

Todos estos empresarios mantenían vínculos con Dorribo que, en las conversaciones intervenidas por la Agencia Tribuntaria, presuntamente presumía de los contactos que tenía en el Igape para conseguir todo tipo de ayudas y subvenciones.

Precisamente, y según las fuentes consultadas, esta trama comezó tras unas escuchas telefónicas en el marco de otra operación antidroga en la comarca de Arousa. En ellas, Dorribo, presuntamente comentaba a otra persona la posibilidad de conseguir subvenciones del Igape de forma fraudulenta. Un dato que sirvió para iniciar un nuevo operativo policial centrado, esta vez, en Lugo y en Santiago y que acabó con la detención del director y el subdirector del Igape.

Además
* Nupel: Ayudas de 1.545.026 euros 

* Trama de subvenciones ilegales

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA XUNTA APARTA DE SUS FUNCIONES A LOS DOS CARGOS DEL IGAPE IMPUTADOS

Anuncio del conselleiro Javier Guerra

* Se trata de una 'suspensión temporal' hasta que se resuelve el proceso judicial
* Guerra confía en que demuestren su inocencia; Joaquín Varela podrá regresar

Europa Press | Santiago de Compostela

El director xeral del Igape, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, han sido apartados de sus funciones tras proponer esta salida al conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, que ha aceptado su ofrecimiento, que entiende "un compromiso para preservar la imagen de la institución".

Guerra, que ha comparecido en rueda de prensa para comunicar la decisión, ha señalado que fue tomada de común acuerdo. En cualquier caso, ha dicho que se trata de una "suspensión temporal" hasta que se resuelva la situación judicial -ambos están imputados en la 'operación Campeón' por una supuesta trama de fraude en subvenciones-, y ha reiterado su confianza en que demostrarán "su inocencia" y que, en el caso de Varela, será "retornable".

"CASO MINUTAS"; UN LETRADO AFIRMA QUE LOS ACUSADOS ABUSARON DE LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

Entre ellos está José María del Nido

Efe | Málaga

Los acusados del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Consistorio marbellí al abogado José María Del Nido, abusaron de la confianza de los ciudadanos y los poderes de la administración, según ha asegurado este viernes el letrado que representa al Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez.

Este abogado que ha comenzado la exposición de su informe final de la vista oral ha asegurado que en este procedimiento una de las cuestiones graves es que no se trata de una delincuencia desde la persona privada, sino que se han utilizado los instrumentos de la administración pública.

En este sentido, Alberto Peláez ha explicado que se han usado los instrumentos y los poderes "desorbitados" de la administración pública. Para este letrado, estas son las armas de las que se han valido los acusados de esta causa, entre los que se encuentra el abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, que se enfrenta una petición fiscal de 30 años de prisión.

Además, ha añadido que la información que tenían la compartían unos pocos, porque "las personas que no estaban por la labor se les marginaba, y, en cambio, los otros ostentaban la autoridad y gestionaban las sociedades".

Ha señalado a José María del Nido como el verdadero promotor de esa espiral fraudulenta y le ha recriminado que él, que hace gala de tener un buen despacho, debió saber que la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella no era un acto administrativo.

Informe del fiscal Anticorrupción
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, ha finalizado la exposición de su informe final. Debido a la complejidad del caso, ha expuesto argumentos acusatorios durante ocho sesiones en las que ha ido detallando cada uno de los hechos y delitos que a su entender se han cometido en Marbella.

Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal anticorrupción se destaca que Del Nido estaba "incrustado en el núcleo duro de decisión de gobierno" y se instaló en el Club Financiero.

Para el fiscal han quedado acreditados todos los delitos y ha destacado su admiración al Tribunal de Cuentas por la labor en la lucha contra la corrupción.

Para el fiscal, Del Nido dominaba la estructura del Ayuntamiento de Marbella y su influencia iba más allá de las labores de un asesor jurídico externo por sus estrechas relaciones con el también exalcalde Julián Muñoz con el que mantenía una relación de "sincronización y simbiosis".

Villarejo, quien elevó a 30 años la petición de cárcel para Del Nido y a 28 años la de Muñoz, ha destacado la relación existente entre ambos, ya que cuando este último llegó a la Alcaldía nombró al letrado jefe de los servicios jurídicos y lo instaló en el despacho del teniente de alcalde.

Antes de ocupar ese lugar -ha precisado Villarejo- Del Nido trabajaba para el Consistorio desde el club financiero de Marbella, un anexo a la "mansión" de Gil desde donde éste "dirigía el municipio", produciéndose una "perniciosa y promiscua confusión entre lo público y privado".

Una vez en la sede oficial, Muñoz y Del Nido establecieron un "juego de intereses", ya que el exalcalde figuraba como becario en el despacho privado del letrado y a su vez éste cobró minutas "infladas", muchas de las cuales "no se correspondían con la realidad".

A juicio del fiscal, la contratación de Del Nido, prescindiendo "deliberadamente" del procedimiento legal, trajo "consecuencias nefastas" para el Ayuntamiento de Marbella, "que fue verdaderamente descapitalizado" desde las áreas urbanísticas jurídicas.


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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; NUPEL RECIBIÓ 1.545.026 EUROS EN AYUDAS DEL IGAPE Y DE LA DIRECCIÓN XERAL DE I+D+i

Datos facilitados por la propia Consellería

* En esta legislatura cuenta con un crédito del Igape de 2.956.919 euros
* En 2008 se concentran el mayor número de peticiones y ayudas concedidas
* Ayudas para estudios de viabilidad de un producto y para unidosis de fármacos

Europa Press | Santiago de Compostela

La empresa farmacéutica Nupel, de la que uno de sus propietarios, el empresario Jorque Dorribo, fue detenido en el marco de la 'operación Campeón' -contra una supuesta trama de fraude en subvenciones públicas-, recibió 1.545.026 euros en ayudas del Igape y de la Dirección Xeral de I+D+i del bipartito, mientras que en esta legislatura cuenta con un crédito de 2.956.919 puesto a disposición por el Igape.

Así lo recoge la tabla de ayudas concedidas y pagadas a esta entidad, que ha facilitado la Consellería de Economía e Industria, en la línea de "máxima transparencia y total colaboración" para aclarar "cuanto antes" los hechos que han motivado una investigación por parte del Juzgado número 3 de Lugo.

Según explica la Xunta, funcionarios de la Consellería de Economía e Industria y de la Dirección Xeral de Avaliación -de la Consellería de Presidencia- han iniciado este jueves la comprobación administrativa de la información disponible. Además, la Xunta ha solicitado al Juzgado personarse en la causa, tal y como avanzó el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello.

Según la tabla de ayudas, durante el año 2006 y correspondiente a la VII Legislatura (cuando gobernaban socialistas y nacionalistas, de quienes dependía el área de Innovación e Industria), fueron concedidos 32.066 euros -que fueron liquidados-, de los cuales 11.840 corresponden con el Igape y 20.226 con la Dirección Xeral de I+D+i. En 2007, fueron otorgados por la misma Dirección Xeral un total de 14.994 euros, que también fueron liquidados.

En 2008 se concentran el mayor número de peticiones y ayudas concedidas. Así, se dieron subvenciones por valor de 1.497.966 euros, para dos estudios de viabilidad de un producto y la mayor (que es de 1.453.883 euros) para unidosis de fármacos. En 2009, correspondiente con el bipartito, el Igape concedió 30.784 euros en ayudas, pero todavía aparecen en trámite.

En cuanto a esta legislatura, en 2010, el Igape y la Dirección Xeral de I+D+i denegaron dos subvenciones a fondo perdido solicitadas; mientras que está en trámite otra concedida por valor de 992.942 euros. Además, el Igape puso a disposición de Nupel un préstamo que asciende 2.956.919 euros.


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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA DEJA EN LIBERTAD AL DIRECTOR Y AL SUBDIRECTOR DEL IGAPE

Joaquín Varela, a su salida del juzgado este jueves a última hora. | Efe
Seguirán imputados sin medidas cautelares

* Desde el martes declararon en el Juzgado de Lugo 11 imputados en la causa
* Todos han sido puestos en libertad salvo el propietario de Laboratorios Nupel
* La juez terminará el viernes con la testificación de tres imputados más
* Desalojó a los periodistas del interior de las dependencias judiciales

Silvia Pena | Lugo

La juez Estela San José ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los dos altos cargos del Igape detenidos en el marco de la 'operación Campeón' que investiga un caso de presuntos delitos fiscales en la obtención de subvenciones públicas. El director del Igape, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, han prestado declaración este jueves por la tarde en concepto de imputados, tras haber sido detenidos el pasado martes en Santiago.

El abogado del responsable del Igape, Antonio Platas, explicó a su salida del Juzgado que su cliente declaró "en base a una sospecha", si bien precisó que "tras haber dado las explicaciones oportunas" la resolución dictada es la de "libertad sin ningún tipo de medida cautelar". Aclaró que el director del organismo de la Xunta permanecerá imputado hasta que avance la causa, momento en el que se conocerá "contra quién se sigue y porqué".

Platas reconoció que desconoce los presuntos delitos que se le imputan, añadiendo que le habían preguntado por el funcionamiento del Igape, la tramitación de determinados expedientes y la implicación que pudieron tener él y los funcionarios del organismo en su tramitación. Unos expedientes que, según su abogado, "son correctos y no contienen irregularidades".

Durante todo el día el Juzgado de Lugo ha sido un ir y venir de abogados y familiares de los imputados que previsiblemente pasarían a disposición judicial. Desde primera hora de la mañana la juez tomó declaración a un total de seis personas, entre ellas los dos altos cargos de la Xunta. Además, prestaron declaración los dos administradores de la empresa lucense Proitec, registrada el pasado martes. Ambos imputados quedaron en libertad provisional con imputación en la causa, tal y como ha avanzando el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Por la tarde, el primero en sentarse ante la juez fue el administrador de Laboratorios Nupel, José Amador Fernández Rodríguez, quien quedó en libertad con obligación de comparecer los días uno y 15 de cada mes ante el Juzgado e imputación en la causa. Al igual que él, su mujer, interrogada el miércoles, tendrá la obligación de comparecer ante las dependencias judiciales de manera periódica.

A su salida del Juzgado, por separado, ambos se mostraron ariscos con la prensa reprochando el interés suscitado. "No somos famosos", exclamó el socio de Dorribo. A pesar de que los imputados llegaron en coche camuflado, todos salvo el dueño de la empresa farmacéutica, abandonaron el Juzgado por la puerta principal acompañados de sus familiares y abogados, la mayoría visiblemente afectados.

A última hora de la tarde prestaba declaración uno de los empleados de Jorge Dorribo, dueño de Labotarios Nupel y posible cabecilla de la operación. Dorribo ingresó en la prisión de Bonxe el miércoles de madrugada, acusado de un presunto delito de fraude fiscal relacionado con la obtención de subvenciones públicas, entre otros cargos.

Desde el TSXG han aclarado que no se facilitarán las imputaciones concretas de cada uno de los implicados "dado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que significa que ni siquiera las partes tienen derecho a esa información".

Desplazamientos desde Santiago
Desde primera hora de la mañana se personó en el Juzgado la familia de los dos altos cargos de la Xunta detenidos el pasado martes. Tras su puesta en libertad eran recibidos en los pasillos del Juzgado entre aplausos de los suyos. Además, la Xunta de Galicia desplazó hasta Lugo a parte de su equipo, entre los que estaban el director xeral de Economía, así como personal de la Asesoría Jurídica llegado de la capital gallega tras el anuncio de Núñez Feijoo de que la administración se personará en la causa.

En la jornada de este viernes está previsto que pasen a disposición judicial y presten declaración tres personas más, dos de ellos vinculados con la tercera de las empresas registradas, de la localidad lucense de Outeiro de Rei.

Fuentes consultadas afirman que revisar toda la documentación que implica el caso "llevará varios meses", por lo que se espera que a partir de este viernes abandonen la ciudad los agentes de Vigilancia Aduanera desplazados hasta Lugo.

Trabas al trabajo de los periodistas
Los medios de comunicación han tenido complicaciones a lo largo de las dos jornadas de toma de declaración. Así, no ha sido posible seguir el decurso de las testificaciones desde el interior del Juzgado al ser desalojados al exterior por orden de la juez que instruye el caso.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA CAUSA DEL GÜRTEL VALENCIANO



Francisco Camps, en las Cortes, rodeado por los principales cargos del PP. | Vicent Bosch
Claves de la nueva investigación del TSJ de Valencia

* Investigan una segunda fase de la trama, tras el 'caso de los trajes'
* El caso de financiación ilegal salpica a la cúpula del PP valenciano
* La ex presidenta de las Cortes podría haber incurrido en prevaricación
* El auto atribuye delitos a un grupo de empresas contratistas del Consell
* Los cabecillas de la trama también están implicados en esta investigación
Francisco Álvarez | Valencia
El futuro judicial del caso Gürtel ha tomado un nuevo rumbo después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) aceptara este miércoles la inhibición parcial del magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso madre en el TSJ de Madrid.

Con esta decisión, el tribunal valenciano asume la investigación de una segunda fase de la trama corrupta, en el que emergen nuevos delitos y también nuevos protagonistas.

El juez José Ceres (que a partir de ahora instruirá esta causa) deberá determinar si existió una supuesta financiación ilegal del PP (tipificado como delito electoral) en las elecciones locales y autonómicas de 2007, pero también si se cometió falsedad mercantil en los comicios de 2008, así como prevaricación y cohecho (por parte de la Generalitat) en la adjudicación de los 'stand' de Fitur a Orange Market entre los años 2005 y 2009.

La segunda vía del Gürtel valenciano salpica a gran parte de la cúpula del PP valenciano, además de a un grupo de empresarios y los cabecillas de la red corrupta en Madrid y Valencia. 

Vicente Rambla
El actual vicepresidente primero en funciones del Gobierno valenciano aparece de forma recurrente en el auto del TSJ, donde se le atribuyen indicios de cohecho, prevaricación, falsedad documental y colaboración de un delito electoral.

El castellonense, hombre fuerte del presidente Francisco Camps durante la pasada legislatura, ejerció como coordinador de campaña del PP valenciano en los comicios de 2007 y 2008, durante los periodos ahora investigados por la Justicia.

El pasado domingo, Rambla fue reelegido como diputado autonómico en los comicios autonómicos, en los que concurría como número 4 por Castellón. Según las 'quinielas' podría tener de nuevo un papel relevante en el próximo Consell.

Ricardo Costa
La Sala señala al que fuera secretario general del PP valenciano como copartícipe de un posible delito electoral y le atribuye también un presunto delito de falsedad documental. Según se precisa en el informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la investigación, Ricardo Costa "era el canalizador de los pagos [a Orange Market] con fondos ajenos al sistema" en el marco de una presunta financiación ilegal del PPCV.


Cabe recordar que no es la única causa judicial en la que está implicado Costa. El 'popular' es, además, uno de los dirigentes imputados en la primera causa de Gürtel por haber sido obsequiado, supuestamente, con prendas pagadas por la trama corrupta.

Hasta el momento, el ex 'número 2' del PP valenciano es hasta ahora la única víctima política en la Comunidad Valenciana por su relación con esta red. Aunque Génova le suspendió un año de militancia, finalmente apenas cumpletó diez meses de sanción. De hecho, concluyó la legislatura plenamente integrado en el Grupo Popular de las Cortes, como coordinador de Economía.


En la actualidad, Costa continúa ligado a la disciplina del PP, partido con el que se ha presentado en las últimas elecciones autonómicas. Regresará a la Cámara valenciana después de haber resultado elegido diputado el 22 de mayo.

David Serra
Al vicesecretario de Organización del PP valenciano se le acusa de colaborar de un delito electoral. Los informes de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria le otorgan un papel relevante en el entramado de la supuesta financiación irregular del PP.

Según la UDEF, David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" a Orange Market y como Costa mantenía una "estrecha relación" con 'El Bigotes'.


En concreto, y siempre según esta documentación incorporada al sumario, el dirigente 'popular' "eliminaba determinados conceptos, preparaba talones y fijaba con Álvaro Pérez la cifra global del abono".


En cualquier caso, Serra repetirá como diputado esta legislatura después de ser reelegido en los comicios a las Cortes Valencianas celebrados el pasado 22 de mayo.

Yolanda García

La tesorera del PP valenciano y diputada autonómica también estaría implicada en la trama, según se recoge en el auto del TSJ. En base a los informes policiales, se le atribuye colaboración en un delito electoral.


Los indicios recogidos en las investigaciones efectuadas hasta el momento apuntan a que, como responsable de las cuentas del PP valenciano, era conocedora de la doble facturación que el PP mantendría con Orange Market y que "cumplía con las indicaciones de Ricardo Costa".


Al igual que Rambla, Costa y Serra, Yolanda García repetirá de nuevo como diputada en la legislatura que está apunto de arrancar, una vez se constituya el nuevo Parlamento valenciano el próximo 9 de junio.

Rafael Betoret
La Sala de lo Civil y penal atribuye en su auto al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia los delitos de prevaricación y cohecho.

El origen de su implicación se halla en la adjudicación, entre los años 2005 y 2009, del montaje de los expositores de Fitur a la empresa de Alvaro Pérez 'El Bigotes'. Además, Betoret está imputado en la 'causa de los trajes', a la espera de que el magistrado José Flors decida si abre o no juicio oral.

Milagrosa Martínez
La ex presidenta de las Cortes también podría haber incurrido en un delito de prevaricación y cohecho durante su etapa como consellera de Turismo. No en vano, como titular de este departamento era la responsable última de la adjudicación de los 'stands' de la Feria Internacional de Turismo. Estos contratos recayeron en Orange Market en repetidas ocasiones a pesar de no ser la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico.

Según la documentación intervenida a la firma de Álvaro Pérez 'El Bigotes', Martínez también habría recibido como obsequio de la trama corrupta un reloj de lujo valorado en 2.400 euros.

El futuro político de Milagrosa Martínez está, de cualquier modo, ligado a la Alcaldía de Novelda, después de que el 22-M obtuviera la mayoría en las urnas. La alcaldesa electa asumirá la vara de mando de este municipio el próximo 11 de junio, aunque también continuará como diputada en las Cortes Valencianas.

Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez
El que fuera tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, también figuran en el auto. A ambos se les atribuye la autoría de un delito electoral, como  administradores últimos de las cuentas del PPCV.

Cabe recordar que el propio Bárcenas está implicado en la trama madre de Gürtel, que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y donde se le investiga por fraude fiscal y cohecho.

El ex dirigente 'popular' pidió la baja del partido el 8 de abril de 2010 después de que el tribunal madrileño levantara el secreto de sumario. Pocos días después dimitió como senador del PP por Cantabria.

Empresas contratistas
La segunda fase de 'Gürtel' salpica directamente a empresas contratistas de la Generalitat Valenciana que, supuestamente (siempre según los informes de la UDEF y la Agencia Tributaria) colaboraban con la financiación ilegal del PP valenciano.

La propia Sala señala en el auto que un importante porcentaje de la deuda que el PP habría contraído con Orange Market se abonó "de forma opaca" bien pagando en efectivo "sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria" o bien a través de empresarios que asumían el abono de facturas emitidas por Orange Market.

"Estas facturas reflejarían servicios presuntamente inexistentes entre dichas mercantiles y todo ello conel fin de encubrir presuntas donaciones ilícitas de estas empresas al PP valenciano", se recuerda.

En concreto, a los gestores de FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Villalba Constructora Hormigones Martínez y PIAF se les atribuye, presuntamente, coparticipación en delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 .

Asimismo, el Tribunal también estima la posible participación del Grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa junto a los ya mencionados FACSA y PIAF, en un delito de falsedad de de documento mercantil correspondiente al ejercicio de 2008.

Los cabecillas de la trama
Hasta cinco cabecillas de la trama Gürtel se citan el auto del TSJCV. Se trata de Cándido Herrero, José Luis Izquierdo, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa.
En todos los casos se aprecian elementos iniciales de colaboración en un delito electoral, por los que serían juzgados en Valencia independientemente de las causas que tienen pendientes en Madrid.


jueves, 26 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; RAMBLA ESTÁ "TRANQUILO" Y CELEBRA PODER "DECLARAR ANTE EL JUEZ"

Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, en una imagen de archivo. | J. Cuéllar
Vicepresidente primero del Consell

* El TSJ investigará si cometió un delito electoral en las elecciones de 2007
* 'Tengo la seguridad de no haber participado en ningún hecho irregular', dice
* 'En dos años no he tenido la oportunidad de decir nada', ha lamentado

Efe | Valencia

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, ha manifestado su "absoluta serenidad y tranquilidad" ante su posible implicación en el caso Gürtel desde "la seguridad de no haber participado en ningún hecho irregular" en su actividad como conseller.

Rambla ha hecho estas declaraciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya decidido investigar si Rambla, junto con otros cargos del PPCV, cometió un delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a la empresa Modular Logística Valenciana, en Almussafes (Valencia), ha afirmado que respeta las decisiones judiciales, y ha celebrado que después de dos años tenga la oportunidad de poder acudir a declarar ante el juez y ejercer su derecho de defensa.

"Estoy deseando que eso se produzca porque en dos años no he tenido la oportunidad de decir nada", ha afirmado y ha incidido en que el auto del TSJCV es "estrictamente competencial" y no hace valoraciones "más allá" de la condición de aforados de Rambla y de otros cargos que aparecen en la causa.

Ha incidido en que se está hablando de "indicios absolutamente menores en referencia a conversaciones telefónicas en las que ni siquiera participa mi persona" y ha sostenido que en los 16 años que lleva trabajando en la Administración pública "nunca" ha habido "ninguna sombra de duda" sobre su "honestidad y honorabilidad".

El que fuera director de campaña del PPCV en las elecciones de 2007 ha recalcado: "las supuestas actuaciones irregulares que se puedan intentar deducir del auto estoy convencido de que no tienen ninguna base ni contenido, y que no corresponden a ninguna de las personas" que se citan.

Preguntado sobre si cree que la decisión del TSJCV influirá en la conformación del próximo Gobierno valenciano, ha recordado que ésta es una "responsabilidad" que compete al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien "hará el mejor posible para la Comunidad Valenciana".

Rambla ha expresado su voluntad de "seguir trabajando por la Comunidad Valenciana" y ha asegurado que mientras siga al frente de la Conselleria de Industria, todo su esfuerzo estará dedicado a lograr la recuperación económica.

EL JUEZ DEL "CASO MILLET" IMPUTA A CARGOS DE EMPRESAS POR SUPUESTOS DESVÍOS A CDC

SAQUEO DEL PALAU | Trabajaban para el partido y para el Palau

Germán González | Barcelona

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a seis responsables de las empresas Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic en el proceso abierto por la supuesta financiación irregular de CDC a través del dinero que la constructora Ferrovial pagaba al Palau de la Música.

En una de sus últimas decisiones, el juez Miguel Ángel Tabarés, que será sustituido en breve por el magistrado Josep María Pijuan, a citado el próximo 21 de junio a los administradores de estas empresas dedicadas al envio de publicidad y al márqueting directo. El Palau de la Música descubrió en su auditoría interna que los ex responsables de la institución cultural, Fèlix Millet y Jordi Montull, habían pagado casi un millón y medio de euros en varios servicios que no se han llegado a justificar entre 2007 y 2009. Incluso trabajadores del Palau no habían oído hablar nunca de New Letter y Letter Graphic, dedicadas al buzoneo y el marketing directo, ni de Hispart, encargada de montajes audiovisuales. Los administradores de estas empresas declararon como testigos ante el juez, pero en la investigación sobre el saqueo del Palau, y en la comisión parlamentaría sobre el supuesto desvío de fondos, que los trabajos se habían realizado correctamente pese a que no tenían ninguna muestra de este buzoneo.

En su auto, el juez considera que no se conocen los servicios que las empresas realizaban para el Palau pese a que constan como proveedores de la institución. Además, indica que en la documentación requisada, como por ejemplo las anotaciones de la ex directora financiera Gemma Montull, aparecen vinculados cobors del Palau que recibía de Ferrovial con pagos a estas empresas. Finalmente el juez recuerda que el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, reconoció que Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic también habían trabajado para la Fundación Trias Fargas, actual Catdem, y para CiU en varias campañas electorales. El juzgado sospecha, "siempre con la provisionalidad que es propia de este momento procesal", que estas empresas eran las que finalmente "recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial, satisfaciéndose con este dinero servicios prestados a terceras personas, distintas de las entidades del Palau". Por eso se cita a los administradores como imputados.

En jullio del año pasado declararon ante el juzgado, por la trama de desvío de dinero de la institución cultural, los ex trabajadores de Letter Graphic, Miguel Díaz, Gemma Martínez y María José Díaz, que negaron haber realizado ningún servicio para el Palau. Por el contrario, aseguraron que sí realizaron trabajos de buzoneo y preparación de las campañas electorales de CiU e incluso hace más años hicieron buzoneo para otros partidos com el PSC. También explicaron que el grupo del que forman parte Letter Graphic y New Letter tiene unos 25 trabajadores y aseguraron que siendo tan pocos empleados sería extraño que no tuvieran conocimiento de unos trabajos como los que presuntamente realizaron para el Palau, que representaba tantos ingresos.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UN JUZGADO DE PALMA TRAMITA LA POSIBLE SUBASTA DEL PALACETE DE MATAS

No puede pagar

Agencias | Palma

El juzgado número 10 de Palma ha iniciado los trámites que podrían acabar con el 'Palacete' de Matas subastado de manera pública al no haber podido pagar el ex presidente del Govern el préstamo que pidió para hacer frente a su fianza.

De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia ha ejecutado el embargo de la principal vivienda que el ex presidente del Govern, Jaume Matas, posee en la capital balear, así como del inmueble que tiene en La Rambla y de un local ubicado en la calle Sant Miquel.

En concreto, el procedimiento va dirigido también contra la mujer de Matas, Maite Areal -también imputada en el caso Palma Arena-, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.

El Banco de Valencia, que avaló al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, en la fianza de 3,2 millones de euros interpuesta por el juez Castro en el marco del caso Palma Arena pide ahora que Matas pague su deuda, según informan fuentes judiciales.

Ante la ya declarada falta de recursos económicos del ex president, la entidad ha solicitado en una demanda ante el juzgado número 10 de Sa Gerreria de Palma la ejecución de la hipoteca de la vivienda de la calle Sant Feliu, conocida como el 'palacete', que el imputado puso como aval para solicitar el préstamo con el que hacer frente a la citada caución.

El Banco de Valencia tomó a principios de mes la decisión de ejecutar el embargo del edificio palaciego del casco histórico de Palma. No en vano, y tal como adelantó este diario, Matas no ha podido hacer frente al pago de los intereses que se derivan del elevado préstamo que le fue concedido y por los que hasta el momento adeuda al menos 120.000 euros.

Sin embargo, no es ésta la única cantidad exigida por el Banco de Valencia como liquidación del préstamo ya que los intereses y gastos derivados del crédito ascenderían en estos momentos a alrededor de un millón de euros al que el ex presidente 'popular' deberá hacer frente.

En caso de que el principal imputado de la causa no atienda a los requerimientos del banco, sus bienes patrimoniales saldrían a subasta para que cualquier ciudadano pueda apostar por ellos, y si se da la circunstancia de que no se alcance el precio mínimo exigido, la entidad bancaria se quedaría los inmuebles en propiedad y podría ponerlos a la venta.

Una deuda contraída desde que el titular del Juzgado decretase su encarcelamiento eludible con el pago de la mayor fianza jamás impuesta a un político en España. Esta caución trampa con la que el juez José Castro intentó, sin éxito, que el ex presidente aflorara el "dinero de origen ilícito" que sostiene que mantiene oculto provocó que el ex político hipotecara su patrimonio.

Además
    * Paran el caso Palma Arena
    * Del velódromo a Calatrava
    * El peor año y medio de Matas

elmundo.es

"CASO SCALA"; LA JUEZA IMPONE UNA FIANZA DE 7,3 MILLONES A CARDONA, VIAENE Y ORDINAS

Los tres serán enjuiciados
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La juez del caso Scala ha decidido sentar en el banquillo al ex conseller del PP en la legislatura de Jaume Matas, Josep Joan Cardona, por el saqueo del CDEIB. Además, le impone una fianza civil de 7,3 millones de euros a la que deberá hacer frente junto a la exgerente de este organismo, Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoción Económica Kurt Viaene, que también serán enjuiciados.

De los 7,3 millones la juez obliga al PP a abonar como responsable civil subsidiario, 14.000 euros por los gastos electorales que fueron abonados con cargo al CDEIB.

La decisión de la magistrada se produce tan solo tres días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

miércoles, 25 de mayo de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; UNA TRAMA DEDICADA A CAPTAR SUBVENCIONES ILEGALES PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS

Al menos 15 detenidos en la 'Operación Campeón'

* La empresa Proitec gestionaba ayudas públicas y hacía planes de negocio
* La Agencia Tributaria detectó fraude fiscal y falsedad documental
* La farmacéutica Nupel, de Jorge Dorribo, pasaba por momentos delicados
* Joaquín Varela es un experto auditor del que 'todos hablan bien'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

Las empresas implicadas en el marco de la 'Operación Campeón' que este martes llevaron a cabo Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) habían montado, presuntamente, una trama que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La Agencia Tributaria considera que con las 15 detenciones practicadas, entre las que figuran directivos y personal de empresas lucenses a las que iban destinadas las subvenciones y empresas colaboradoras, queda desarticulada la trama de fraude en subvenciones públicas.

A los implicados en esta trama se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Agencia Tributaria atribuye a los cargos del Igape "presunto asesoramiento" a los directivos de los laboratorios farmacéuticos Nupel para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas "por un importe elevado", que no ha sido concretado. Precisamente, la misión del Igape es la distribución de ayudas públicas a empresas y proyectos emprendedores.

Actividades de Proitec
Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, la empresa Proitec, la otra firma investigada, a través de su servicio de subvenciones a Pymes gallegas, ofrecía a otras empresas servicios de gestión empresarial, presentación de IVA, IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, entre otros servicios.

Un sistema que la propia empresa asegura en su página web que "garantiza una correcta adecuación y validez legal tanto a empresas como autónomos de las diferentes modalidades de contratos y regímenes, ventajas e inconvenientes de unos y otros, así como los beneficios sociales y los costes salariales".

De esta forma, gestionaba el "día a día" de los contratos de empleados, seguros sociales, afiliaciones o bajas. Proitec realiza, además, planes de negocio, así como valoración de empresa o estrategias financieras para la elaboración de planes de negocio que "haga más rentables las inversiones de nuestros clientes".

Ayudas del Igape
Y como gancho utilizaban, presuntamente, las subvenciones de la Xunta, principalmente, las del Igape. Entre estas ayudas figuran las que, durante los tres últimos años, ha convocado este organismo de ayudas para el análisis empresarial de empresas gallegas de cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil o las subvenciones del Plan Re-brote de financiación de circulantes.

Estas ayudas están destinadas a autónomos, agrupaciones de personas físicas y microempresas (empresas con menos de 10 empleados y hasta 2 millones de euros de facturación con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma Gallega) y consisten en líneas de crédito o préstamos de entre 3.000 y 40.000 euros destinados al circulante de la empresa.

El destino de estas ayudas tiene que ser la financiación de circulante: pago de nóminas de los trabajadores, cuotas de seguridad social, impuestos, pagos a proveedores y acreedores, cuotas de 'leasing', reparaciones, cuotas de deudas bancarias a largo plazo o alquileres. Pero, según los propios requisitos de la Xunta, en ningún caso esta subvención se pueden aplicar a financiar inversiones en inmovilizado o en activos financieros, ni a la cancelación anticipada de pasivos bancarios. Una restricción que en este caso, y según las fuentes consultadas, no se cumplía.

Gestión de subvenciones
Proitec se ofrecía incluso a gestionar directamente las subvenciones que la Consellería de Innovación e Industria, del bipartito, concedió a pequeñas y medianas empresas. Estas subvenciones se plantearon para apoyar acciones de implantación y certificación de modelos de gestión y la elaboración y verificación de memorias de responsabilidad social empresarial según figura en la Orden del 28 de maio de 2008. De hecho, esta empresa decía realizar e implantar sistemas de gestión "en entidad colaboradora de la Xunta de Tipo 2" para la tramitación de estas subvenciones tal y como figura en este tríptico de Proitec.

La Agencia Tributaria analiza, ahora, el presunto asesoramiento que el personal del Igape, con su director general, Joaquín Varela de Limia Cominges, y el subdirector de Informaciones Especiales de este organismo, Carlos Silva Liste, al frente, realizaban para la tramitación de este tipo de subvenciones.

Laboratorios Nupel
La juez Estela San José, del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, no solo ordenó el martes el registro de la firma Proitec, sino también de la farmacéutica Nupel. Esta empresa fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio. Su gerente es el empresario Jorge Dorribo, que llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya, y que ha vendido este año al empresario Roberto Méndez.

Dorribo ha mantenido negocios en varias partes del mundo; con un holding de empresas con capital de varios países de Oriente Medio, con empresas con el Gobierno de Camerún y, más recientemente, ha invertido en Andorra.

Precisamente, y según las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria investiga las ayudas que el Igape ha concedido a este empresario para comprobar si, presuntamente, ha cometido fraude en subvenciones públicas, falsedad documental y fiscal o blanqueo de capitales.

En los últimos meses, la empresa estaba pasando por momentos difíciles y el propio Dorribo había salido al paso de varios rumores para asegurar que su grupo empresarial no se había retrasado en el pago de la nómina de sus trabajadores, ni tenía deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda y que mantenía su actividad en el polígono de O Ceao, en Lugo, en una nueva planta en Rábade y que realizaba una nueva inversión en Andorra. Recordaba, además, que en 2010 su grupo de empresas facturó 109 millones de euros.

Un directivo 'del que todos hablan bien'
Por su parte, Joaquín Varela, director del Igape, también detenido en esta operación, está muy vinculado al conselleiro Javier Guerra, que lo eligió para el puesto por sus "grandes cualidades empresariales". "Es un profesional del que todos hablan muy bien", apunta un dirigente político consultado por este medio, que no se explica cómo se ha visto envuelto en este presunto fraude.

Varela de Limia Cominges es especialista en auditoría -es miembro del ROAC-, desarrolló su actividad profesional, desde 1994, en la consultora PricewaterhouseCoopers, donde ocupó el cargo de Senior Manager en Auditoría. Posee una gran experiencia como auditor y un buen conocimiento del tejido empresarial de Galicia.

La juez ha empezado a tomar declaración
En el marco de esta operación, desarrollada principalmente en Lugo bajo la tutela de la juez Estela San José, se han practicado 15 detenciones y se han realizado 12 registros en las sedes de las empresas y en domicilios de los investigados, entre los que se cuentan directivos y personal de la empresa a la que iba destinada la subvención y directivos de las empresas que colaboraron en la trama.

La juez que dirige esta investigación tomará entre este miércoles y el jueves declaración a los 15 detenidos en el operativo. Las primeras en llegar al juzgado fueron dos empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, llevadas al juzgado sobre las 12.30 horas en un coche camuflado.

Poco después del mediodía también se descargó de otro vehículo documentación recopilada dentro de este operativo. Otras tres mujeres han sido trasladadas a los juzgados de Lugo en la tarde de este miércoles. Así, sobre las 17.00 horas las mujeres fueron llevadas en dos coches camuflados para pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 que dirige la jueza Estela San José.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; TRASLADAN AL JUZGADO AL EMPRESARIO DETENIDO POR LA TRAMA DE FRAUDE EN LUGO

El empresario lucense Jorge Dorribo, en segundo término, este martes. | Efe
La juez deja en libertad a cuatro mujeres tras declarar

* Se han practicado registros en la sede de la firma farmacéutica Nupel
* El arrestado es muy conocido en los círculos empresariales gallegos
* Dos de las mujeres que han prestado declaración han sido puestas en libertad
* Rueda descarta adelantar decisiones sobre la depuración de responsabilidades

Silvia Pena | Europa Press | Lugo

El empresario Jorge Dorribo, propietario de la empresa del sector farmacéutico Nupel, ha sido trasladado en la tarde de este miércoles a los juzgados lucenses para prestar declaración por su supuesta relación con una trama de fraude en subvenciones investigada en el marco de la 'Operación Campeón'.
Tras cuatro horas de comparacencia ante la juez, Dorribo ha salido de los juzgados esposado y en un coche camuflado de la Guardia Civil. Entre tanto, cuatro de las detenidas que también este miércoles han prestado declaración, entre ellas su mujer -muy afectada, además-, han salido en libertad.

Sobre las 18.00 horas Dorribo ha sido el sexto arrestado llevado a dependencias judiciales tras haber sido detenido el martes, jornada en la que se practicaron registros en su vivienda particular y en la sede de Nupel.

Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, ha dejado en libertad a las cuatro primeras detenidas en el operativo. Según han informado fuentes judiciales, dos de estas mujeres son empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, y han quedado libres en calidad de imputadas hasta que termine la instrucción.

Cinco personas, al juzgado
Tras estas dos personas, la juez ha llamado a declarar a otras tres mujeres de las 15 personas detenidas en el marco de la 'operación Campeón' desarrollada por la Agencia Tributaria a instancia de un juzgado lucense para desarticular una trama de fraude en subvenciones públicas.

Así, sobre las 17.00 horas estas tres mujeres fueron llevadas en dos coches camuflados para pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 que dirige la juez Estela San José, tras las que fue trasladado a la sede judicial el empresario.

Las primeras en llegar al juzgado, que han quedado libres, fueron las dos empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, llevadas al juzgado sobre las 12.30 horas en un coche camuflado. Poco después también se descargó de otro vehículo documentación recopilada dentro de este operativo que investiga un supuesto delito de fraude fiscal por el que, además de ser detenido un empresario de Lugo, propietario de Nupel, fueron arrestados dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

La juez que dirige esta investigación tomará entre este miércoles y el jueves declaración a los 15 detenidos en el operativo, entre los que figuran, además, directivos y personal de empresas luguesas supuestamente implicadas en una trama de fraude en subvenciones públicas.

Presunción de inocencia
El secretario general del PPdeG y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha rechazado "adelantar decisiones" sobre la depuración de responsabilidades en el caso del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), cuyo director xeral, Joaquín Varela, y el subdirector de Informaciones Especializadas, Carlos Silva, fueron detenidos. En todo caso, ha garantizado que cualquier paso que se dé se hará "sobre las circunstancias más objetivas posibles".

Rueda, que ha informado a los medios sobre el contenido del comité de dirección del partido, ha criticado la actitud de la oposición no sólo por pedir los ceses de los detenidos, sino por "laminar absolutamente" el derecho a la presunción de inocencia, pese a decir que lo "respetan". "Eso no lo vamos a hacer nosotros, ni con estos funcionarios ni con ninguna otra persona", ha apostillado.


PARAN EL CASO PALMA ARENA HASTA QUE EL ABOGADO DE MATAS ESTUDIE EL SUMARIO

Efe | Palma

La instrucción del caso Palma Arena de supuesta corrupción durante la legislatura 2003-2007 del expresidente balear Jaume Matas estará prácticamente parada hasta mediados de junio, cuando se cumpla el plazo de 26 días dado por el juez al abogado del exlíder del PP para que estudie el sumario.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, otorgó el pasado 4 de mayo 26 días hábiles al nuevo abogado de Matas, Antonio Alberca, para que se estudie el extenso sumario de este caso, dividido en 26 piezas diferentes.

Hasta que el abogado de Matas agote el plazo, cosa que ocurrirá alrededor del 10 de junio, el juez no puede practicar muchas diligencias, como la citación de imputados o testigos a declarar que estén involucrados en las piezas en las que figura el expresidente, han indicado a Efe fuentes jurídicas.

Dado que Matas está imputado en la mayoría de las 26 piezas, el magistrado solo podrá practicar otro tipo de diligencias, como la resolución de recursos.

Matas designó a principios de este mes a su nuevo abogado después de que sus anteriores letrados, el mallorquín Rafael Perera y el madrileño Manuel Ollé, dejaran de representarle por distintos motivos, tanto económicos como en la manera en que el expresidente llevaba su defensa.

En el caso Palma Arena se investigan supuestos desvíos de fondos públicos de la construcción del velódromo de la capital balear durante la anterior legislatura autonómica del PP, así como el incremento patrimonial que Matas experimentó en ese periodo.



elmundo.es

"CASO MALAYA"; PERITOS DE LA DEFENSA DICEN QUE LAS OPERACIONES DE ROCA "SON CORRECTAS"

Europa Press | Málaga

Peritos propuestos por una defensa del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella, han asegurado este miércoles que, según lo que refleja la contabilidad, las operaciones de las sociedades vinculadas a Juan Antonio Roca, gestionadas por el gabinete jurídico de Madrid, tienen "reflejo contable". Así, han asegurado que no se aprecia unidad de caja y los préstamos intersocietarios "están debidamente registrados, las salidas de unas y las entradas en otras".

El letrado y acusado Manuel Sánchez Zubizarreta, principal socio de dicho bufete encargado de la contabilidad de sociedades de Roca, ha propuesto esta pericial y asumido su defensa en el interrogatorio de los peritos, expertos en económicas y en auditoría, quienes han elaborado un informe según datos de los libros contables, extractos bancarios, liquidaciones de impuestos y las cuentas presentadas en el registro mercantil.

Han indicado que la contabilidad de las empresas "son correctas" y se llevaron "con respeto" a las distintas normativas y legislaciones. "Todas las empresas son independientes, están legalmente constituidas y cumplían los requisitos", han manifestado.

Han apuntado que se ha analizado "sociedad por sociedad, año por año, el diario de todas las operaciones registradas y podemos afirmar que la contabilidad es un fiel reflejo de la vida de las empresas".

Así, han incidido, a preguntas del letrado acusado, en que "no hay ninguna operación en principio" que fuera motivo para haber informado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), apuntando que "también sería una obligación de las entidades financieras y que yo tenga constancia, no lo han comunicado". Han negado que se pueda utilizar el concepto de "caja única", aunque se haya utilizado préstamos de unas a otras.

Han aseverado que se puede hablar de un grupo de empresas y que en cuanto a los préstamos hay coincidencia en la fecha tanto en la sociedad prestamista como en la prestataria, y una correspondencia con los extractos bancarios. Han asegurado que "no puede decirse que son operaciones desconocidas" si se ha visto las contabilidades, "asentadas en el registro" y han dicho que Hacienda "hasta los errores bancarios, los da como operaciones desconocidas".

"Es increíble pero es así", ha asegurado uno de los peritos. "Es inconcebible que los funcionarios de la Agencia Tributaria, que se les supone una calificación profesional, hayan tenido esa actuación interpretando erróneamente, no sé con qué sentido, conceptos contables y financieros. Para mi, diría que es un informe tendencioso e incompleto, porque no han revisado la contabilidad de las sociedades", ha indicado.

Otros documentos
Por contra, a preguntas del fiscal, han admitido que no han visto otras anotaciones contables al margen de las del gabinete ni los archivos intervenidos en Maras Asesores, donde se registran supuestos pagos por parte de empresarios. Preguntados por si modificarían su informe si conocieran una inyección de fondos a estas sociedades en dos años de 30 millones de euros, han respondido que tendrían que analizar esas operaciones, porque "siempre trabajamos con evidencias, no opiniones".

"Hemos hecho el informe que se nos ha encargado, no hemos visto otras sociedades, ni otras cosas como esto de Maras Asesores, ni hemos visto si existe una segunda contabilidad o una tercera, ni una caja B", han indicado.

También han comprobado, según han dicho, los ingresos en metálico en las cuentas del gabinete jurídico y han apuntado que éstos están "identificados", distinguiendo entre las sociedades que se vinculan a Roca y de otros clientes. Asimismo, han corroborado que el dinero percibido por este bufete procedente del presunto cerebro de la trama en concepto de honorarios suponen un 8,98 por ciento del total de los ingresos de este despacho.

Tras la declaración, el presidente del Tribunal encargado del enjuiciamiento del caso 'Malaya', José Godino, ha anunciado que la Sala se reserva la posibilidad de un careo entre los funcionarios de la Agencia Tributaria que han realizado informes y han prestado auxilio judicial en esta causa y estos peritos de parte.

También han declarado este miércoles dos testigos relacionados con la empresa que vendió dos barcos a Roca. Estos, uno de ellos asesor de la compañía, han coincidido en que en la operación de compraventa de una de las embarcaciones, llamada Thoroughbred, "no hay nada anormal" y se trata de "una venta normal con pagos correctos", habiendo sólo una partida en efectivo, supuestamente para el seguro y que se recogió en Maras Asesores, algo que también sucede.

El segundo testigo, que intervino en la operación en nombre de la empresa vendedora tanto en la venta de Thoroughbred como en la de Salduba II, ha asegurado que en ambos casos tuvo contactos con Roca para su adquisición.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ INVESTIGARÁ AL PPCV POR "DELITO ELECTORAL, COHECHO Y PREVARICACIÓN"

Francisco Camps, rodeado de todos sus consellers, en un acto de la Generalitat. | Efe
Acepta la inhibición parcial e investigará la presunta financiación ilegal

* Camps no será investigado 'sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción'
* A Rambla, Milagrosa Martínez y Betoret se les atribuye cohecho y prevaricación
* Los delitos electorales se asocian a Rambla, Costa, Serra y Yolanda García
* Investigará un posible delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007
* También la presunta falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008

Marisol Hernández | Rodrigo Terrasa | Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado aceptar la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, y asumirá la investigación por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', por el montaje del 'stand' de Fitur entre los años 2005 y 2009. Así como la investigación por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.

La Sala considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación que afectan al actual vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, la última presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Respecto a los delitos relacionados con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007, el Tribunal los considera atribuibles de manera directa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, y vincula en calidad de copartícipes al vicepresidente Vicente Rambla, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, David Serra, vicesecretario de organización, y Yolanda García, tesorera del grupo parlamentario popular, así como a dos personas "no identificadas" y mencionadas como 'El príncipe' y 'El cantante', los gestores de Orange Market y los gestores de las empresas FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF SL, todas contratistas del gobierno valenciano que presuntamente colaboraron en la financiación irregular del PP.

Idénticos responsables constan en el posible delito de falsedad de documento mercantil cometido durante las elecciones generales de 2008.

El auto, de 62 páginas, implica a casi toda la cúpula del Partido Popular valenciano en dichos delitos, pero no imputa al presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps. El escrito advierte que en los delitos de cohecho y prevaricación no se puede atribuir participación a Camps o a Ricardo Costa, "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción".

La Sala no se considera competente para investigar otras adjudicaciones diferentes a la de Fitur realizadas por la Generalitat y tampoco para investigar al ex director general de RTVV por cohecho y prevaricación por la visita del Papa a Valencia en 2006. Tampoco investigará delito fiscal porque dicho delito va "conexo" con lo que ya se investiga en Madrid y porque dicho delito fiscal es atribuido a Orange Market y otras sociedades y no a personas aforadas.

La financiación ilegal
El escrito del TSJ recurre a los informes elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para relatar los hechos que se investigarán.

Recuerda que los informes policiales del caso relataban cómo los líderes de la trama Gürtel entraron presuntamente en contacto con algunos líderes del Partido Popular para lograr "la obtención de favores por parte de autoridades públicas" mediante la "adjudicación de contrataciones públicas, la entrega a algunas de dichas autoridades de compensaciones económicas, la obtención de dinero opaco al sistema financiero legal llevando una doble contabilidad y blanqueando, finalmente, algunas de las cantidades obtenidos".

En el caso estricto de la Comunidad Valenciana, el auto se refiere a una presunta "financiación ilegal" del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a la que contribuirían presuntamente diversas empresas con "donaciones" y a unos "delitos fiscales" y de "falsedad instrumental".

En relación con los posibles delitos electorales, la Sala subraya que los hechos citados en la inhibición se referían a que un importante porcentaje de la deuda que el PP habría contraído con Orange Market se abonó "de forma opaca" bien pagando en efectivo "sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria" o bien pagando a través de empresarios que asumían el pago de facturas emitidas por Orange Market. "Estas facturas reflejarían servicios presuntamente inexistentes entre dichas mercantiles", recuerda el auto, "y todo ello con el fin de encubrir presuntas donaciones ilícitas de estas empresas al PPCV". Las alteraciones afectarían tanto a la deuda oficial con el PP valenciano como a la oculta, que ascendería a 2.565.891 euros.

La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ya puso de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'. La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'.

El auto también se refiere a un informe posterior de la Agencia Tributaria, que corroboraba el de la UDEF y subrayaba la "ocultación" de ingresos en Orange Market a cambio de la organización y gestión de la campaña electoral en las elecciones de 2007.

En este entramado, Ricardo Costa era, según dichos informes, "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema", David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" y Yolanda García, como tesorera, "cumplía las indicaciones de Costa".

Vicente Rambla, por su parte, no aparece participando en las conversaciones telefónicas, pero el auto de inhibición apela a la constante referencia a las siglas 'VR' y a conversaciones que aluden "a un posible conocimiento de parte de los hechos por el Sr. Rambla".

Respecto a Francisco Camps, el auto recuerda que no aparece mencionado "en concepto de autor ni partícipe" y, aunque su nombre aparece en "menciones episódicas y genéricas", estima el escrito que no existen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para imputarle.

Las deliberaciones
El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- comenzó sus deliberaciones antes de las elecciones autonómicas y reanudó sus reuniones el pasado lunes.

Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.

Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al respecto la sala ha acordado dar un plazo de cinco días a las partes afectadas para que puedan realizar alegaciones.

Además
* Cronología: La rama valenciana