martes, 4 de octubre de 2011

"CASO GÜRTEL"; LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL

Los encargos a la empresa que dirigía 'El Bigotes' suman siete millones de euros
Los parlamentarios constatan que hubo fraccionamientos de contratos


María Fabra / Adolf Beltran Valencia

Archivado en: * Caso Gürtel, * Adjudicación contratos, 
* Cohecho, * Corrupción política
   
Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.

La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago “con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”. Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el “alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands”.

También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el “montaje y desmontaje del acto” y, por otra, otros 8.000 por el “material audiovisual y personal técnico” del mismo.

Entre los “encargos” hechos por la Generalitat Valenciana a Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860 euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de “receptores de radio y sus pilas”.

Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama. “Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”, recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la “connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta”. Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco. Pese a ello, “los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a ‘amiguitos del alma”, comentó el diputado.

Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra Unida de hacer “demagogia” y de “falta de seriedad” porque toda la documentación entregada a los diputados “en su momento fue facilitada a los tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público”. El Gobierno de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.

elpaís.com

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DIMITE EL DIPUTADO PABLO COBIÁN POR SU IMPLICACIÓN EN LA TRAMA DE SUBVENCIONES ILEGALES

El ex diputado y ex concejal del PP por Oleiros, Pablo Cobián. | EL MUNDO
REACCIONES | Tras las acusaciones del empresario Jorge Dorribo

* El 'popular' renuncia al Parlamento gallego y entrega su acta de concejal
* Prevé, igual que Fernando Blanco y José Blanco, querellarse contra Dorribo
* Decide abandonar sus dos cargos políticos para no perjudicar a su partido
* El PP 'recomienda' a Blanco que 'siga el ejemplo' de Pablo Cobián

Xurxo Salgado | C. Remírez de Ganuza | Santiago

El diputado y concejal 'popular' Pablo Cobián ha presentado este martes su renuncia en el Parlamento gallego y ha entregado también su acta de concejal por la localidad coruñesa de Oleiros, tras las acusaciones del empresario lucense Jorge Dorribo, cabecilla de la 'operación Campeón', una trama dedicada a captar subvenciones públicas para sus empresas.

"Cuando entré en política, asumí un deber para con la ciudadanía y ese compromiso me lleva a presentar hoy mi dimisión de forma personal e inmediata como miembro de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Oleiros y como diputado del PP de Galicia". Con este comunicado, el parlamentario gallego renunciaba a su acta de parlamentario y de edil.

La razón de esta decisión se encuentra en las informaciones publicadas este martes por EL MUNDO, que lo vinculan a cobros irregulares por parte del empresario lucense Jorge Dorribo, implicado en la 'operación Campeón', junto con el ministro de Fomento, José Blanco, y el ex conselleiro de Industria de la Xunta, el nacionalista, Fernando Blanco. "Tomo esta decisión por respeto a los ciudadanos que me votaron y también para no perjudicar a la formación política a la que pertenezco", destacó.

No obstante, Cobián recalca que es inocente y que "piensa demostrarlo" en cuanto tenga la oportunidad de declarar ante el juez. Por ello, niega que haya percibido cantidades de dinero, supuestamente, por recibir favores políticos y sostiene que la "única relación" que mantuvo con Dorribo es a través del patrocinio deportivo de su hijo en pruebas de alta competición automovilística. "Un patrocinio que era compartido con otras importantes empresas gallegas", precisó.

Según declaró Dorribo ante la juez Estela San José, Cobián habría cobrado 200.000 euros por realizar gestiones ante la Xunta, además de lograr un patrocinio para su hijo, aficionado a las carreras de coches.
 
'Acciones judiciales'
A propósito de la información publicada por este medio, Cobián afirmó desconocer "si se trata de una información periodística incorrecta" o si "dichas manifestaciones fueron realizadas por el señor Dorribo en el juzgado". Ya que, según recalca "las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, por lo que no se puede saber qué hay de realidad en lo publicado".

Por eso, insiste en que emprenderá las acciones judiciales "necesarias" para "depurar las responsabilidades que hubiera lugar" por las filtraciones que se han producido del caso, que permanece en secreto de sumario. También anuncia que iniciará acciones penales contra Dorribo para conocer si ha sido él quien ha realizado esas declaraciones.

Por su parte, el ex conselleiro Fernando Blanco ha rechazado las acusaciones de Jorge Dorribo y se ha referido a ellas como "una calumnia y una absoluta infamia". También avanzó que iniciará las acciones judiciales "pertinentes", según informa Silvia Pena.

Asimismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) asumió antes del verano la competencia en una parte de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº3 de Lugo en el marco de la 'operación Campeón'.

En un comunicado, la corte gallega ha informado de que asumió esta parte por la supuesta implicación de un aforado en la causa. Estas diligencias fueron incoadas por delitos de cohecho y tráfico de influencias y están bajo secreto de sumario. Precisamente, el pasado lunes se recibió en el Tribunal la exposición razonada de la juez instructora, Estela San José, que eleva a la Sala de lo Civil y Penal otra parte del sumario sobre un nuevo aforado. La Sala resolverá en los próximos días sobre si asuma la competencia de esta otra parte.
 
'Seguir el ejemplo'
Por otra parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, agradeció hoy el gesto de Cobián y dijo que "le honra". En rueda de prensa después de la Xunta de Portavoces, se refirió a la información publicada hoy por El Mundo y señaló que tras analizarla, tuvo un "intercambio de pareceres" con el diputado 'popular' afectado. "Acordamos que lo mejor para él, a nivel familiar y personal, y para el PP era que presentara su dimisión", señaló.

Y en clara referencia a otros implicados por las denuncias de Dorribo, Puy Fraga recomendó a José Blanco y Fernando Blanco que "tomen ejemplo" de lo que ha hecho Cobián. "Este tipo de decisiones contribuyen a reforzar la imagen de que los que ocupamos puestos de responsabilidad", señaló sobre la decisión del miembro de su grupo.

El dirigente 'popular' insistió en que el PP ha tenido una "línea coherente" con este sumario y por eso, defendió la dimisión del diputado a pesar de que no ha sido imputado ni procesado en la 'operación Campeón'. Sin embargo, no quiso responder cuando se le preguntó por la imputación de los alcaldes populares de Fisterra y Mazaricos en la 'operación Orquesta' y que, después de diez meses, aún siguen en sus cargos y sin presentar su renuncia.

LOS PROTAGONISTAS DE LA "OPERACIÓN CAMPEÓN"

Políticos, empresarios y especialistas financieros

* Dorribo implica a José Blanco, Fernando Blanco y Pablo Cobián en la trama
* La juez imputó al ex director del Igape y varios empresarios lucenses
* El empresario mantenía buenas relaciones con los políticos locales
* Figura en hasta 17 sociedades diferentes

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

El 24 del pasado mayo el Juzgado número 2 de Lugo, por orden de la juez Estela San José, ordenaba la detención de 15 personas y la realización de 12 registros en sedes empresariales y en domicilios particulares, entre los que estaban los de directivos y personal de Nupel, la empresa propiedad de Jorge Dorribo, y de otras empresas que supuestamente colaboraron en una trama de cobro ilegal de subvenciones.

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) estaban tras la pista de una gran empresa de Lugo a que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. Se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero, ¿quién es quién en esta operación?
 
Jorge Dorribo
El principal implicado y, aún en prisión por este caso, es el empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel. La trama se centra, principalmente, en él porque fue quien, presuntamente, manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas.

La farmaceutica Nupel fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio y Dorribo, que pavoneaba de ser uno de los empresarios más ricos de la provincia, llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya.

Dorribo ha mantenido negocios en varias partes del mundo; con un holding de empresas con capital de varios países de Oriente Medio, con empresas con el Gobierno de Camerún y, más recientemente, ha invertido en Andorra.

Este empresario figura en hasta 17 sociedades diferentes. Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, Dorribo justificaba facturas del Igape entre las siguientes sociedades Monasterio Penamaior, S.A., Medicine Cabinet Services, S.L., Medicine Cabinet Services Naval, S.L., Tramipharma S.L., Diagnóstico de Bilogía Molecular, S.A., Laboratorios Asociados Nupel, S.L., Tramigal Grupo S.L., Pazo de Adai Sociedas, S.R.L., Innovent Inverestort, S.L, Esseo Parking, S.L., Lugo Líder, S.L., Luis Moyá Rally Schol, S.L., Ecovalen Energética, S.L., Car Desing, S.L., Nautical Support, S.L., Aplicaciones de Cemento y Aplicación, S.L. y Grupo Artesano Lucense, S.L.
 
José Blanco
El ministro portavoz y de Fomento, José Blanco, apareció en escena tras la información publicada este martes por EL MUNDO. Dorribo lo acusa de cobrar 400.000 euros a cambio de facilitarle una ayuda de más de 467.000 euros de la Dirección de Ayudas Regionales para que el Ministerio de Sanidad agilizara unos permisos de Laboratorios Nupel. Los cobros de los supuestos sobornos se realizarían a través de las empresas Proitec, registrada en el marco de la trama, y Electricidad Espiñeira y Bran, propiedad de un primo político del ministro.

El vicesecretario del PSOE ya negó las acusaciones "totalmente falsas" y anunció "acciones civiles y penales" para defender su honra.

Fuentes socialistas consultadas por ELMUNDO.es insisten en desvincular a José Blanco de esta trama y aseguran que todo se trata de una "estratagema" de Dorribo. Así, tanto el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Besteiro, como el alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, han salido en defensa del ministro y aseguraron que el principal implicado "tan sólo pretende enredar la trama para obtener una condena menor".

Sin embargo, Blanco coincidió con Dorribo en varios actos y, en una de las últimas veces que se les vio juntos fue, precisamente, en una comida en la que uno de los principales organizadores fue el propio Dorribo, y que pretendía servir de homenaje empresarial a José Blanco por su compromiso con Lugo. Al acto también fue invitado otro ministro socialista, Francisco Caamaño.
 
Fernando Blanco
Otro de los que ha desmentido ya públicamente su implicación en la 'operación Campeón' es el ex conselleiro de Industria, Fernando Blanco, que también ha anunciado que denunciará a Dorribo. Según la información publicada por EL MUNDO, el empresario lucense le pagó al político nacionalista 200.000 euros en supuestos sobornos durante el bipartito a cambio de subvenciones. El político ha desmentido la "acusación de fundamento" y argumenta que todas las subvenciones fueron concedidas de acuerdo a la Ley.

El nexo de conexión entre Blanco y Dorribo sería el jefe de Gabinete del ex conselleiro, Xoán Bazarra, que, según el empresario, actuaría de testaferro del ex-conselleiro para cobrar los supuestos sobornos. Curiosamente, tras la pérdida de las elecciones autonómicas, Bazarra se convirtió en el gerente de una empresa de Dorribo en Andorra, aunque tras la 'operación Campeón' defendió públicamente su inocencia.

La Consellería de Industria de Fernando Blanco fue una de las numerosas administraciones que subvencionó a Nupel durante el bipartito, al igual que el IGAPE, que no dependía entonces de su consellería, sino de Economía. En 2008, Blanco brindó su respaldo a Dorribo para la inauguración de otra nave en O Ceao, como también hizo el ex presidente de la diputación, el popular Francisco Cacharro en 2007 tras la firma de un convenio con Arabia Saudí en la Diputación de Lugo, con la presencia del director general de Economía de ese país, el jeque Mohammed Al Qubaisi, y el director de negocios, Saleh Al Mansouri.
 
Pablo Cobián
El otro implicado por Dorribo en su declaración ante la juez es el diputado del PP Pablo Cobián, que según él cobró un soborno de 200.000 euros, Cobián, también concejal en Oleiros, habría facilitado también el cobro de ayudas de la actual Xunta del PP. Además de estos supuestos sobornos, el conservador habría logrado que su hijo, Javier Cobián, corriera en el equipo de rallies que patrocinaba Nupel.

Por eso, Cobián se ha convertido en la primera víctima política ya que ha presentado su dimisión como concejal y diputado este mismo martes. A través de un comunicado mantuvo que es inocente y reconoce que sólo se benefició de un patrocinio para la carrera de piloto de su hijo, sin especificar en qué consistía. El conservador, al igual que el ministro de Fomento y el ex conselleiro de Industria, ha prometido querellarse contra el empresario imputado.
 
Joaquín Varela
Cobián no es el primer político que dimite por este caso. Otro de los implicados en la trama -llegó a estar varios días detenido- fue el ex director del Igape, Joaquín Varela, que fue imputado por su presunta relación en la 'operación Campeón'. Su firma aparecía en varias subvenciones fraudulentas. Tras prestar declaración, finalmente, quedó en libertad sin fianza.

Varela era un hombre muy vinculado al conselleiro Javier Guerra, que lo eligió para el puesto por sus "grandes cualidades empresariales". Varela de Limia Cominges es especialista en auditoría -es miembro del ROAC-, desarrolló su actividad profesional, desde 1994, en la consultora PricewaterhouseCoopers, donde ocupó el cargo de Senior Manager en Auditoría. Posee una gran experiencia como auditor y un buen conocimiento del tejido empresarial de Galicia.
 
Otros implicados
Por el Juzgado número 2 de Lugo también pasaron el consejero y vicepresidente de Proitec, Carlos Monjero y Javier Rodríguez Díaz, respectivamente, y los hermanos Juan Pablo y Marco Antonio Iglesias Prieto, de la firma Coveluma, Outeiro de Rei. También tuvieron que declarar José Amador Fernández Rodríguez, administrador de Nupel y su esposa, María Isabel López Martín, así como la mujer de Dorribo, Aveline Fernández, que el mismo día de la operación ya fue puesta en libertad.