miércoles, 23 de septiembre de 2009

EL AYUNTAMIENTO SE PERSONA Y ABRE EXPEDIENTE A SU EX DIRECTOR ADJUNTO EN LA EMPRESA MIXTA MERCASEVILLA

CASO MERCASEVILLA | Presunta extorsión a empresarios
F.J. Recio | Sevilla

Siete meses después de estallar el escándalo, el gobierno municipal presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín ha decidido personarse en la causa judicial por el presunto cobro de comisiones irregulares en Mercasevilla, empresa propiedad del Ayuntamiento en un 51 por ciento de su capital, y de la sociedad estatal Mercasa en otro 48 por ciento. Han tenido que pasar siete meses de instrucción judicial, auditorías y titulares periodísticos para que Sánchez Monteseirín dé este paso.

Así, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha acordado personarse, tras el estudio de la auditoría interna, como acusación particular en el procedimiento abierto por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala Rodríguez, por el caso Mercasevilla.

Una vez que la juez acepte la personación y se analice la documentación que forma parte de las diligencias, la comisión ejecutiva presentará una querella por la posible comisión de delitos, en los términos que determinen los servicios jurídicos de Mercasevilla.

Igualmente, la comisión ejecutiva ha acordado la apertura de un expediente disciplinario a Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla y actualmente trabajador de la empresa -que cesó en su cargo en el momento en que la Junta de Andalucía notificó el caso a la Fiscalía- para analizar su posibles responsabilidades en los hechos investigados.

La auditoría que ha sido la base para dar este paso, cuyos detalles aún se desconocen, viene a completar un primer informe realizado por la misma empresa el pasado junio, en el que se ponía de manifiesto el absoluto descontrol en la gestión económica de la sociedad en los últimos años.

El gobierno municipal de Monteseirín pretende, pues, dar ahora todos los pasos que ha rehuido en estos siete meses. Además de la personación en el caso, la comisión ejecutiva anunció ayer su disposición a presentar una querella «por la posible comisión de delitos, en los términos que determinen los servicios jurídicos de Mercasevilla».

El comunicado no indica quiénes serán objeto de esta querella, pero todo hace suponer que entre ellos estarán los dos principales imputados, el ex director general, Fernando Mellet, y su subdirector, Daniel Ponce. Además, están imputados el abogado Jorge Piñero –que hacía las veces de secretario y participó en la elaboración de pliegos de condiciones– y la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira. Pero también el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. El comunicado no detalla si la querella podría también incluir a este alto cargo socialista.

En cuanto a la apertura de expediente a Daniel Ponce, hay que recordar que, en estos últimos siete meses, ha seguido formando parte de la plantilla de Mercasevilla a la espera de ser incluido en un plan de prejubilaciones. Los órganos de gobierno de Mercasevilla optaron el pasado febrero por apartar a Ponce de sus funciones de subdirección, pero éste pudo seguir acudiendo cada día a las instalaciones de la empresa y percibir un sueldo. La apertura del expediente tiene por objeto, según el comunicado oficial, «analizar sus posibles responsabilidades en los hechos investigados»

Además
* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?

ELMUNDO.ES

SE ACENTÚA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

INFORME | Debido a los delitos urbanísticos

Efe | Madrid

El Informe Global sobre la Corrupción 2009 elaborado por Transparencia Internacional (TI), centrado en el sector privado, destaca que los casos urbanísticos han acentuado el grado de corrupción en España, al tiempo que señala que aunque se han tomado medidas para combatirlo, estás son insuficientes.

Así lo puso también de manifiesto el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, quien aseguró que los casos urbanísticos son una de las "principales causas" que han hecho aumentar la corrupción en España.

Lizcano hizo esta consideración durante la presentación del informe, según el cual en España se han aprobado algunas leyes que podrían ayudar a la lucha contra la corrupción, lucha que, no obstante, cuenta con importantes deficiencias.

Así, explica que el 2007 se dio luz verde a la nueva ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, que contiene algunas disposiciones progresistas como la prohibición de donaciones anónimas, aunque las cuentas de las organizaciones, empresas y fundaciones locales de los partidos no están suficientemente integradas a la contabilidad de los partidos centrales.

Añadió que otra de las normas aprobadas, la ley de Contratos del Sector Público, necesita incorporar la nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en obras, de suministros y de servicios, para emprender una reforma global de las leyes españolas sobre contratación pública.

El informe también pone de manifiesto aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, como que en el otoño de 2007, se puso en marcha la unidad especializada de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que tuvo un desempeño muy activo durante sus primeros seis meses. Añade que, aproximadamente, 20 de los casos que llevó a cabo esta unidad están claramente relacionados con la corrupción en el ámbito local.

El estudio de Transparencia Internacional también indica que España ha mejorado su capacidad legal para luchar contra la corrupción, en parte gracias a sus compromisos internacionales, aunque insistió en que todavía no se han ratificado los convenios civiles y penales sobre corrupción del Consejo de Europa.

Añade que, si bien las convenciones ratificadas abordan la corrupción en el sector privado, España no ha desarrollado una legislación adecuada en este sentido. Durante la presentación del informe, Lizcano explicó que España es un país "más permisivo con la corrupción que otros, ya que nuestra cultura nos hace admirar a los más pillos y a los que defraudan mejor".

Dice los ciudadanos tienen que reaccionar contra la corrupción y recomendó mayor participación ciudadana mediante el asociacionismo, porque en su opinión, la corrupción afecta a la sostenibilidad económica.

Según el citado informe, en España el segmento más afectado por la corrupción son los partidos políticos, seguido del sector privado, el Parlamento y los medios de comunicación y por último, los funcionarios públicos y el Poder Judicial. Según el último informe de Percepción de corrupción, elaborado también por TI, España bajó hasta el puesto 28 desde el 22 en los últimos cinco años. Lizcano aseguró que esta tendencia a la baja es "inquietante y nada halagüeña".

ELMUNDO.ES

SEIS CONSTRUCTORAS VINCULADAS A LA GÜRTEL HABRÍAN FINANCIADO AL PP

Lo que no quiere investigar De la Rúa, el "más que amigo" de Camps

N.T.

El PP valenciano dirigido por el también presidente de la Generalitat, Francisco Camps, financió varios actos electorales con dinero de seis constructoras, que desviaron fondos al partido con la mediación de Orange Market, una terminal de la red Gürtel. Entre las mecenas de los populares estarían Lubasa, una de las entidades más importantes de la Comunidad, y Sedesa, fundada y dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Camps. El método con el que funcionaba esta red de financiación paralela sería simple: las constructoras pagaban a Orange Market por servicios no prestados, mientras ésta organizaba los actos del partido. El círculo se cerraría en la Generalitat, que otorgó hasta 45 contratos por 8 millones de euros, la mayoría de ellos a dedo, a la sucursal Gürtel. Todos estos datos constan en el informe que la Brigada de Blanqueo remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el pasado 31 de julio y que este órgano no quiso investigar por considerar que su contenido se refiere a un “objeto diferente” al cohecho de los trajes.

El TSJV presidido por Juan Luis de la Rúa, un magistrado que se define a sí mismo como “más que amigo” de Camps, rehusó investigar la financiación ilegal del PP por considerar que este tema rebasaba los objetivos de la causa contra el presidente y tres de sus altos cargos acotada, desde el principio y contra toda lógica, al delito de aceptar regalos (cohecho).

Financiación ilegal
Hoy se han empezado a conocer, no obstante, los detalles del citado informe de la Brigada Policial del Blanqueo que De la Rúa y los suyos no quisieron estudiar. En los 89 folios y 5 anexos del escrito se detallaría cómo media docena de constructoras pagaron a Orange Market por servicios no prestados para que ésta última destinara esos fondos a actos al PP regional, recoge El País. La terminal Gürtel montaba eventos electorales a los conservadores y, posteriormente, recibiría dádivas de la Generalitat, también gobernada por el PP. Esta empresa consiguió 45 contratos, la mayoría de ellos otorgados a dedo, por casi ocho millones de euros. Toda esta información ha sido extraída de la documentación incautada a la propia Orange Market.

Lubasa
Pero no fue ésta entidad la única que se benefició de las bondades de la administración regional. La misma Lubasa, una de las donantes, figura entre las principales adjudicatarias de obras públicas de la Generalitat. Esta constructora ha admitido que contrató “alguna cosa de merchandising” a la sucursal Gürtel, pero se ha desmarcado de la financiación paralela. “Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido”, han declarado al rotativo de Prisa.

Sedesa
Por su parte Sedesa, otra entidad mecenas, tendría nexos con el consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda y ex director general de la policía de José María Aznar, Juan Cotino. Esta constructora fundada por el padre de Cotino tiene, curiosamente, intereses en la cartera que lleva el dirigente regional: tratamiento de residuos, limpieza inmobiliaria o depuración de aguas. Sedesa no ha hecho declaraciones sobre estas acusaciones.

¡Y el TSJV se queja!
A todo esto, ¿qué dicen el TSJV y De la Rúa? La postura del Tribunal y su presidente se sintetiza en un comunicado fechado el 10 de septiembre pasado: es una queja por la forma en la que se ha recibido el informe policial. “El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo”, explicaron.

¿Asunto zanjado?
“Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes” apuntaron, sin explicar el contenido del informe. De lo que sí dejaron constancia los magistrados del TSJV es de que consideraron innecesario analizarlo porque las diligencias contra Camps y sus tres dirigentes “están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente” al cohecho al que se limitó la investigación por un supuesto pacto entre los jueces. A esta información le faltarían dos matices: cuando el informe llegó la causa no estaba archivada –lo estaría dos días después- y la vía de la financiación ilegal sí estaba incluida en el sumario inicial, siendo estos mismos magistrados quienes se negaron a analizarla.

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