viernes, 22 de enero de 2010

LA OPOSICIÓN LLEVA ANTE LA FISCALÍA AL GOBIERNO LOCAL DE EL PUIG

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia

La oposición municipal en El Puig, que forman socialistas y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV, ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigue la comisión de posibles delitos en la gestión urbanística y administrativa del actual gobierno de El Puig, surgido en 2008 de una moción de censura apoyada por tránsfugas.

Según los denunciantes, el gobierno local de El Puig, que preside José Miguel Tolosa, modificó la edificabilidad -a través de una subsanación de la ficha urbanística- del PAI de Els Plans en un momento "de absoluto vacío de poder" en el consistorio. Durante este cambio, no había ni secretaria municipal ni interventora, denuncian socialistas y el Bloc.

Este PAI, promovido por Residencial Golf Mar y el Grupo Escavia, se desarrolla sobre 2,5 millones de metros cuadrados y prevé la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, unas 6.400 viviendas, así como equipamientos hoteleros. Desde su aprobación provisional, en el año 2003, hasta el visto bueno definitivo por parte de la Generalitat en octubre de 2009, esta macrourbanización diseñada junto a la costa y en la que participan destacados grupos constructores -Actura, Guadalmedina, Astroc, Gesfesa, etcétera- ha pasado por todo tipo de vicisitudes y ha estado a merced de tres gobiernos locales diferentes.

Una moción de censura apoyada por dos tránsfugas ex socialistas desalojó en enero de 2008 de la alcaldía al socialista Eugeni Ruiz. Los entonces concejales del PP, los ediles tránsfugas y otro independiente, se hicieron con el gobierno local que dirigía en minoría el consistorio desde las elecciones municipales de 2007. Los socialistas denunciaron entonces que la moción planeaba sobre El Puig por el control sobre el urbanismo y más concretamente a causa del proyecto Golf Mar desde los comicios.

Según la denuncia, registrada en la Fiscalía provincial de Valencia el pasado 12 de enero, el pleno creó en marzo de 2008 creó el puesto de oficial mayor para que cubriese el puesto de secretario municipal.El puesto fue cubierto en régimen de comisión de servicios por una secretaria interventora, Inmaculada Cortina. Luego se convocó concurso para ocupar la plaza definitiva y Cortina, que había informado desfavorablemente de que un despacho de abogados externo llevase el asesoramiento jurídico del consistorio, se presentó junto a otros aspirantes para ocuparla. El tribunal encargado de valorar la plaza rechaza la petición del alcalde de que la ex secretaria municipal fuese excluida, pero al final del proceso ésta es la que más puntos suma. Al día de hoy no ha ocupado su plaza a pesar de los recursos interpuestos por ella y los requerimientos del Colegio de Secretarios Interventores. Este puesto fue ocupado finalmente en comisión de servicios por Elena Campos, última en el concurso de acuerdo con la puntuación, tras la intervención del alcalde.

La oposición explica que desde finales de junio de 2009 y hasta que se nombró a la actual secretaria accidental, este puesto fue desempeñado por un administrativo de la corporación que "pese a su buena voluntad, carece de los esenciales conocimientos de Derecho para asesorar jurídicamente al consistorio". "En este tiempo", añaden, "se subsanan las deficiencias del PAI y se declara definitivamente aprobado la homologación del plan parcial de Els Plans de El Puig".

El Ayuntamiento que preside Tolosa consigue con este trámite corregir los índices de edificabilidad de la ficha de planeamiento y gestión y el cálculo del aprovechamiento tipo. "No conocemos el alcance de estas subsanaciones (...), pero nos llama poderosamente la atención que se efectúen precisamente en el momento en que la oficial mayor con funciones de secretaria municipal ya no presta servicios en la corporación", dice el escrito que firman los concejales del PSPV y del Bloc, Eugeni Ruiz y Vicent Porta, respectivamente.

Ambos llaman la atención de la Fiscalía sobre la contratación por parte del consistorio que dirige Tolosa del bufete Delgado Abogados que, según reza la denuncia, aparece vinculado en su web con La Nave Planeamiento, que es la sociedad adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de El Puig.

El socialista Eugeni Ruiz calificó ayer el funcionamiento del consistorio de "jungla" y se quejó de su opacidad. "Nos han prohibido [a la oposición] la entrada a las dependencias por la tarde, apenas se celebran plenos y la oposición no puede desempeñar su labor". Ruiz recordó que todos los ediles fueron declarados tránsfugas por la comisión estatal antitransfuguismo tras la moción.

elpaís.com

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR IRONIZA A SU LLEGADA A LOS JUZGADOS: "DE AQÍ A HOLLYWOOD"

Gran cantidad de periodistas a su llegada

Munar a su llegada a los juzgados de Vía de Alemania. | Pep Vicens

* Nadie salvo la prensa la esperaba para dedicarle aplausos o abucheos
* Fuertes medidas de seguridad en Vía Alemania

Héctor Rubio | Palma

Sin ciudadanos jaleándola o abucheándola pero con una gran nube de periodistas y fotógrafos esperándola, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, ha llegado a los juzgados entre grandes medidas de seguridad y escoltada por agentes de la Policía Nacional.

Munar ha llegado en torno a las 12.00 horas a los Juzgados de Vía Alemania en coche oficial y, aunque ha comparecido ante el juez que instruye el caso Maquillaje, poco después abandonaba las dependencias judiciales tras negarse a declarar.

A su entrada a las dependencias judiciales, donde se han congregado decenas de periodistas, la ex presidenta del Consell de Mallorca ha afirmado, no sin ironía: "de aquí a Hollywood", tras ser recibida por numerosos medios de comunicación y ante la expectación ciudadana que ha generado su aparición. Esta vez no hubo ni abucheos ni aplausos hacia la presidenta de la Cámara balear. Tan sólo algún grito aislado de "ladrona" o "choriza".

La también presidenta de honor de UM ha hecho ese comentario con sorna justo cuando saludaba a su letrado, Gabriel Garcías, que se encontraba esperándola en el interior de los Juzgados, e inmediatamente se han introducido en el ascensor para subir a la sala de vistas, informa Europa Press. Además, un amplio despliegue policial se encarga de custodiarla desde que Munar salió de su coche oficial, a la entrada de la sede judicial, para velar por su seguridad. Munar llegó a los juzgados acompañada del jefe de gabinete del Parlament, Matias Barón.

A la salida del juzgado, el coche de la presidenta no esperaba en la puerta. El camino hacia la plaza de aparcamiento se ha hecho largo: A Munar la seguían todos los medios que no han dejado de retratarla hasta que se ha introducido en el interior del vehículo.

Cabe recordar que Munar no acudió a la cita con el juez, y pese a que Gabriel Garcías presentó un escrito ante el Juzgado para comunicar que su clienta no acudiría, el magistrado mantuvo en pie su citación. Munar contempla declarar únicamente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, cuando el caso llegue a este tribunal.

Además
* Humor: El chiste de Alfie
* 'El uso del coche oficial puede ser estudiado en el Parlament'
* Hidalgo se desvincula de una licencia en suelo protegido

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR SE NIEGA A DECLARAR Y LOS FISCALES NO PIDEN MEDIDAS CONTRA ELLA

Presidenta del Parlament balear

Munar a su llegada a los juzgados. | Pep Vicens

* No ha hecho declaraciones a los medios ni al entrar ni al salir del juzgado
* Una nube de periodistas la esperaba a su llegada

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, ha comparecido en calidad de imputada ante el juez que instruye el caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, pero tal y como se preveía se ha negado a declarar acogiéndose a su derecho a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dada su condición de aforada. Los fiscales anticorrupción no han solicitado ninguna medida cautelar contra ella.

Tal y como ya había comunicado esta mañana el Parlament balear en una nota de prensa, Munar se ha acogido al artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Baleares, que establece su condición de aforada, y se ha negado asimismo a declarar ante los medios de comunicación ni antes ni después de su comparecencia. A quien sí se ha dirigido la presidenta del Parlament ha sido al vigilante de seguridad del juzgado, al que le ha dicho que le "hubiera gustado conocer en otro momento".

"Todas estas decisiones están tomadas con el máximo respeto y comprensión a la autoridad judicial y el trabajo que realizan todos los jueces y fiscales", concluye el comunicado de la Cámara balear.

Además de Munar, hoy ha comparecido ante el magistrado de Instrucción número 2 de Palma otro imputado en el caso, el ex administrador de la productora Vídeo U, Ramón Cristóbal Rullán, para el cual la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional eludible con una fianza de 100.000 euros.

La Justicia investiga el presunto desvío de fondos públicos desde el Consell de Mallorca a empresas audiovisuales en forma de subvenciones y contratos irregulares durante la pasada legislatura.

Además
* Rullán paga la fianza y evita la cárcel
* El juez decreta 100.000 euros de fianza para Rullán
* MAM da otros 200.000€ a su familia con 'informes fantasma'
* 'No controlaban si se emitían los programas subvencionados'

elmundo.es

"CASO ARCOS"; "QUE ME PAGUE EN "B", QUE ME HACE MUCHA FALTA"

El sumario del 'caso Alcaucín' revela numerosos trapicheos urbanísticos

F. J. PÉREZ - Málaga

Cuando se habla de corrupción urbanística en la provincia de Málaga, enseguida viene a la mente el enladrillamiento salvaje de la Costa del Sol, con Marbella o Estepona como ejemplos de un sofisticado saqueo en el que los delincuentes se rodean de lujo y su botín queda a buen recaudo en paraisos fiscales. Sin embargo, algunos pueblos del interior rural, como Alcaucín, han padecido también su ración de depravación política. Las formas son más toscas ?160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán? pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una miríada de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas ?que no existían en la realidad? para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.

Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal" Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en B, que me hace mucha falta".

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeran 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana, el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores. De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista".

elpaís.com

"CASO ARCOS"; INVESTIGAN EL AUMENTO DE VALOR DE UNA FINCA DE 180.000 A 6.774.588 EUROS

Según consta en el sumario

Efe | Málaga

El caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín investiga una operación de compraventa de una finca que sufrió un importante incremento de valor al pasar de 180.303 euros en septiembre de 1999 a 6.774.588 euros en marzo de 2004.

Según consta en el sumario de las actuaciones, al que ha tenido acceso Efe, se indaga la presunta operación especulativa de la finca 'Cortijo Salto', debido al aumento de valor que sufrió en cinco años pese a estar clasificada como terreno rústico y dedicada únicamente al cultivo y explotación del olivo.

De las investigaciones practicadas "solamente se desprende como hipótesis lógica para justificar tan cuantioso incremento de valor", el hecho de que existiesen unas "fundadas expectativas" de poder ver modificada su condición de rústico a urbanizable, señala.

Esta reclasificación, que estaba prevista en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se presentó a los compradores y ahora propietarios, los cuales se dedican principalmente a negocios inmobiliarios.

En un informe de la Guardia Civil figura que la mencionada operación de compraventa era "conocida" por el entonces alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, quien adjudicó la elaboración del avance del PGOU a unos arquitectos de Huelva, que también fueron los adjudicatarios de la redacción del documento, proyecto que abandonaron a petición del regidor.

Los investigadores mantienen que tras la venta de la finca se "ocultaban solamente intereses especulativos" que "debían ser conocidos" por el alcalde, quien "con su complacencia, posiblemente, alentaba las expectativas de los ahora propietarios", en el sentido de que un día podrían desarrollar en ella un importante proyecto urbanístico que rentabilizara su inversión.

En el sumario consta otra operación en la que "ha debido de tener una participación relevante" Martín Alba, relativa a la compraventa de un suelo rústico que, merced a un certificado con su visto bueno, pasa a inscribirse como urbano y autoriza la posterior construcción de 36 viviendas, "todo ello sin atender a la legal clasificación del suelo".

Deducen los investigadores que el ex alcalde podría haber sido "el verdadero comprador de la finca, de ahí el contrato a nombre de sus hijas", que éste posteriormente vendió a una promotora con un importante incremento, al pasar de 120.000 a 330.000 euros.

Por otro lado, las conversaciones telefónicas intervenidas en el procedimiento ponen de manifiesto, según los investigadores, la "connivencia" existente entre Martín Alba, el ex jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y un gestor inmobiliario.

Estos tres han "consentido" y participado en la construcción de viviendas de nueva planta las cuales se "justifican y legalizan" en base a que en los lugares de construcción existían unas ruinas, indica.

Antecedentes
La trama caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía, y con una veintena de imputados, llevó a prisión a dos de ellos: el ex alcalde del municipio y el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

Además
* Martín Alba otorgaba licencias con documentos falsos
* Un promotor devolvió a Martín Alba lo que pagó por una finca
* Abren diligencias para esclarecer el retraso del sumario

elmundo.es

EL PSOE DENUNCIA FACTURAS FALSAS DE 155.000 EUROS DEL EX ALCALDE DE LA ALGABA

LA ALGABA | José Luis Vega, de Izquierda Unida, ante los tribunales

* Los asientos contables tenían reparos de la intervención municipal
* Trece pagos se hicieron después de anunciarse la moción de censura
* Vega lo desmiente rotundamente y acusa al PSOE de 'cruzar la línea'

Efe | Sevilla

El PSOE de La Algaba ha presentado una denuncia judicial contra el ex alcalde de la localidad José Luis Vega (IU) por haber realizado de forma reiterada pagos por facturas falsas por un total de 155.864,20 euros, afirmación que el afectado rechaza tajantemente.

Según explica una nota enviada por el PSOE, las facturas versaban sobre servicios o suministros que "presuntamente no se han realizado", con informes negativos de la intervención municipal, facturas por trabajos que ya habían sido realizados previamente por los técnicos municipales y facturas para pagar con dinero público a empresas por hacer trabajos de reparación en inmuebles particulares.

En la denuncia que ha presentado el actual alcalde socialista, Marcos Agüera, explica que "se ha podido constatar que en el período comprendido entre la presentación de la moción de censura y la celebración del pleno, el señor Vega ordenó pagos con informes negativos de los técnicos municipales por un total de 155.864,20 € produciendo un gravísimo menoscabo de las arcas municipales".

Las facturas llevan certificaciones de los técnicos que afirman que, "o bien no tienen constancia de la realización del servicio o que dichos servicios ya fueron realizados por los trabajadores del ayuntamiento".

En la documentación han adjuntado además la copia de trece facturas, todas emitidas por las mismas empresas que, según la denuncia de los socialistas, "son próximas al entorno del ex alcalde", ya que el socio y apoderado de "Guadalquivir Gestión y Mantenimiento" es Eleuterio Velázquez, marido de Justa Santana, socia de la esposa de Vega en otra empresa.

Vega lo desmiente y lo achaca a una táctida del PSOE
Por su parte, el ex alcalde José Luis Vega ha asegurado este mismo jueves que no ha realizado "ningún pago a ninguna factura falsa" y ha señalado que la denuncia interpuesta por el PSOE es "más de lo mismo" en contra de IU "para justificar la moción de censura".

Vega, en una nota enviada a ELMUNDO.es de Andalucía ha precisado que no tiene ninguna causa pendiente en ningún juzgado y que a día de hoy no le ha llegado ninguna información sobre ninguna denuncia.

Ha asegurado que el escrito del PSOE es una reacción al escrito que hace dos días lanzó IU en La Algaba "dibujando a la perfección la situación política actual de nuestro municipio". Se trata -ha añadido- de "cortinas de humo" sobre su imagen y ha reiterado que el pago de las facturas es "rotundamente falso y el tiempo dirá, como en la denuncia sobre Fadesa, quién miente y quién no".

Vega ha subrayado que con esta denuncia el PSOE "ha cruzado la línea de lo lógico y se ha pasado a vulgaridad" ya que, según ha detallado, no sólo lo nombra a él, sino a terceras personas anónimas "que no tienen nada que ver con la vida política".

Además, ha informado de que ha puesto el asunto en manos de sus abogados "para interponer una querella por la denuncia falsa" ya que, según ha expresado "no puede consentirse este tipo de política sucia y barriobajera por parte de los que representan a un partido político". EFE

elmundo.es