viernes, 30 de noviembre de 2012

MUNAR PIDE SU DESIMPUTACIÓN EN LA CAUSA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE UM


Defiende que ella no era responsable de las finanzas del partido
Asegura que de eso se encargaba Miquel Àngel Flaquer

Europa Press | Palma

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha solicitado este viernes el archivo de su imputación en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente irregular de Unió Mallorquina (UM), al defender, tal y como alegó en la declaración que el pasado miércoles prestó ante el juez, que ella no era responsable de las finanzas del partido sino de ello se hacía cargo el expresidente 'uemita' Miquel Àngel Flaquer. Es más, mediante el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Munar asevera que las acusaciones del excontable de UM Álvaro Llompart, las cuales dieron pie a la Fiscalía a querellarse contra la excúpula de la formación, "carecen de toda credibilidad". Y es que en este sentido, el letrado de la histórica líder de UM, Gabriel Garcías, asevera que las contrataciones a las que hace referencia Llompart y que están siendo investigadas en este procedimiento se realizaron durante las fechas en que ella "no era presidenta de UM ni formaba parte del Ejecutivo" del entonces presidente Francesc Antich.

Durante su comparecencia ante el magistrado, Munar aseguró que "nunca" ha tenido conocimiento de una supuesta entrega de dinero negro en las cuentas del desaparecido partido, cuestión de que en varias ocasiones ha aseverado "no saber nada". De hecho, incidió en que "nunca me comentaron que se pagaban cosas en B", apostillando no haber tenido nunca "fondos del partido", como tampoco, ha recalcado, "he llevado la administración de UM ni he tenido ninguna caja".

El abogado apunta que "Llompart sabe de los hechos que acusa a la señora Munar porque se lo dijo Miquel Àngel Flaquer", lo que significa que "no es sino un testimonio de referencia, porque se lo han contado y, lo que es más importante, el señor Flaquer ha negado que se lo dijera". Mientras tanto, recuerda que Munar "ha afirmado no conocer a don Álvaro Llompart".

"La documentación aportada en su día por el señor Llompart es sesgada, parcial y, según manifestó Flaquer, obtenida ilícitamente", asevera Garcías en su escrito de sobreseimiento, en el que recalca asimismo que "no existe ni un sólo documento en que aparezca la firma de la señora Munar" como tampoco "ningún tipo de prueba" que sustente las acusaciones de asociación ilícita investigada en las pesquisas.

Y es que, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, los exaltos cargos, puestos de común acuerdo, exigían comisiones supuestamente de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Unas mercantiles que se veían obligadas al pago de este dinero a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Se investigan en otras causas
La defensa de Munar alega además que en esta causa obran hechos que ya son objeto de investigación en otros procesos como el caso Voltor -en sus piezas relacionadas con la Fundación Coint y Benchmarking- y el caso Ayudas, lo que conduciría, a su juicio, a "conculcar el principio 'non bis in idem'", en virtud del cual la Ley establece que nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos.

Se trata de una causa en la que también se encuentran imputados Flaquer, la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, y el exsecretario general de UM Damià Nicolau, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL JUEZ INVESTIGA LOS LAZOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON LA DIPUTACIÓN BARCELONESA


Los empresarios se repartían como un cartel el acceso a las adjudicaciones
Los proyectos de urbanización en los que intervino la red suman 10 millones

Jesús García / Rebeca Carranco Barcelona

La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial. Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa. El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel. Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha. Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos. El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos. Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

EL DIPUTADO DEL PP HERNÁNDEZ MATEO, CONDENADO A TRES AÑOS POR PREVARICACIÓN

Fue juzgado por la adjudicación de una contrata de basura en 2004
Fabra anuncia que el diputado dejará su acta y el PP le abrirá un expediente

Valencia

El exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha sido condenado a tres años de prisión, multa de siete meses con una cuota diaria de 50 euros y a siete años de inhabilitación especial por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.

Hernández Mateo fue juzgado el pasado octubre en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por la adjudicación en 2004 de la contrata de la basura de Torrevieja en contra de los informes de los técnicos municipales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El exacalde de Torrevieja es el primero de los 10 diputados del grupo popular de las Cortes Valencianas imputados en casos de corrupción que ha sido condenado por un tribunal. Tras conocerse la condena, el  presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que Hernández Mateo dejará su acta de parlamentario autonómico. Asimismo, ha destacado que el partido le abrirá un expediente "según marcan los estatutos".

"He hablado con él y va a dejar su acta de diputado", ha subrayado el jefe del Consell. Inquirido por si se le expulsará del PP, ha respondido que se le abrirá un expediente "según marcan los estatutos", y ha añadido que "en estos momentos lo que queda claramente de manifiesto es que el señor Pedro Hernández Mateo va a dejar su acta de diputado".

Según el fallo, el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato, valorado en 97,8 millones de euros, a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios. Esta actuación "solo puede calificarse de arbitraria y lesiva para el interés público" y para el resto de empresas que concurrieron al concurso, señala la resolución, que además condena a Hernández Mateo a pagar una multa de 10.500 euros y a indemnizar al Ayuntamiento con otros 12.000.

Durante la vista, el fiscal pidió tres años de prisión y hasta 23 de inhabilitación para ejercer cargo público para el exalcalde de Torrevieja, que dirigió el Ayuntamiento durante más de dos décadas.  Según sus conclusiones, Hernández Mateo se implicó e intervino en el expediente de adjudicación con un único objetivo de que la decisión beneficiara a la firma elegida en el multimillonario concurso. La gestión de la basura se adjudicó en 2004 a la empresa Necso-La Generala por 97,8 millones de euros en 10 años. El abogado del exalcalde basó su defensa en que no había prevaricación, sino inexactitudes del procedimiento “inocuas por irrelevantes”.

Hernández Mateo también afronta una posible nueva imputación en el TSJ por su negativa a celebrar plenos del Ayuntamiento. Además, aún puede verse afectado por otra causa por tráfico de influencias, relacionada con un pelotazo urbanístico con el que habría ganado 5,4 millones de euros.

La hija de Díaz Alperi ocupará el escaño del exalcalde

EP, Valencia

La hija del exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Cortes Elisa Díaz González es la siguiente en la lista popular por Alicante para ocupar el escaño de Hernández Mateo en cuanto este renuncie al acta tras su condena por prevaricación.

Díaz Alperi, de 35 años, ya fue diputada en la pasada legislatura, ya que entró en las Cortes también sustituyendo a otro parlamentario del PP. Precisamente, en 2009 sustituyó al hoy vicepresidente del Consell, José Ciscar, quien dejó el acta para dedicarse a la Delegación del Consell en Alicante. En esta legislatura volverá a coincidir en el Parlamento valenciano con su padre, imputado en el TSJ por el 'caso Brugal'.

Por su parte, Pedro Hernández Mateo ha sido diputado en la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue presidente fundador del PP de Torrevieja desde 1984; localidad de la que también fue alcalde durante 23 años.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

miércoles, 28 de noviembre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; EL JUEZ CASTRO IMPUTA A AINA CASTILLO, EX CONSELLERA DE SANIDAD CON MATAS

CORRUPCIÓN
Desde la conselleria que dirigía se contrató a Over para diversos trabajos
Entre ellos la publicidad del hospital Son Espases

M. Fuenteálamo | Palma

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha citado como imputada a la ex consellera de Sanidad en el Govern de Matas, la popular Aina Castillo, dentro de las investigaciones del caso Over Marketing. Centrado en una supuesta trama de financiación ilegal del PP isleño y conocida como Gürtel balear, esta nueva imputación se decreta junto a una nueva tanda de interrogatorios sobre los pagos del Govern autonómico 2003-3007 a la empresa Over Marketing, empresa que elaboró la propaganda electoral del PP y que recibió más de 3 millones de euros en contratos públicos. Según los investigadores muchos de estos expedientes se adjudicaron mediante amaños e incluyen, en algunos casos, facturas falsas.

Castillo está citada para el próximo día 12 de diciembre a las 12,30 horas. Desde Sanidad, la Conselleria dirigida por Aina Castillo se contrató a Over Marketing para diversos trabajos, entre ellos la publicidad del hospital Son Espases. Un trabajo que se presupuestó inicialmente en 1,2 millones de euros y por el que, finalmente, se acabó pagando 700.000 euros.

La imputación de Castillo se suma a la de otros ex altos cargos del Govern de Matas -también lo está el ex president-, como José María Rodríguez, ex conseller de Interior y actual presidente del PP de Palma. También está imputado en el caso -su abogado Gaspar Oliver ha pedido el archivo-, el actual presidente del Parlament balear, Pere Rotger.

Junto a Castillo, han sido citados a declarar como imputados también el ex director general de Comunicación, Joan Martorell, y la exsecretaria General de la Conselleria de Relaciones Institucionales.

Además

martes, 27 de noviembre de 2012

"CASO IBATUR"; OVER MARKETING Y TRUI NEGOCIARON LA PRESENCIA DEL INSTITUTO NÓOS EN FITUR


CORRUPCIÓN | Nueva línea de investigación en el caso Ibatur


Europa Press | Palma

Over Marketing, empresa investigada por un presunto trato de favor bajo el último mandato de Jaume Matas a través de contratos supuestamente amañados, y Feria Service -vinculada al grupo empresarial Trui- negociaron a finales de 2003 la eventual presencia del Instituto Nóos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, tal y como se desprende de diversos documentos hallados en la sede de Trui y en el expediente administrativo de Fitur, que fue incautado en su día del Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

Se trata de documentación en la que se mencionan los contactos que mantuvieron estas mercantiles y cuyo testimonio ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, encargado de indagar la actividad presuntamente irregular desplegada por Nóos, por si fueran de interés para estas investigaciones, tal y como ha acordado, mediante un auto el magistrado Francisco José Pérez.

Según las pesquisas del caso Ibatur, estos contactos tuvieron lugar a finales del año 2003 mientras se estaba resolviendo el concurso para la adjudicación de los trabajos para el diseño y la construcción de pabellones en Fitur 2004, supuestamente amañado en favor de Feria Service -tan sólo participaron esta empresa y una UTE en la que estaba integrada Trui-, y cuyo presupuesto ascendió a 1.091.502 euros.

Es más, se trata de unas negociaciones que se habrían producido justo antes de que Over presentase los documentos pertinentes de cara a iniciar la tramitación de un expediente de colaboración con Ibatur para la 'dinamización en los espacios temáticos del stand de la feria Fitur 2004 para la promoción turística de Baleares', que fue rubricado por un importe supuestamente hinchado de 90.000 euros entre el exconseller de Turismo Joan Flaquer y el dueño de Over, Daniel Mercado, cuando Fitur ya se había celebrado.

Una tramitación administrativa, la de este convenio, que se inició tras las reuniones "a tres bandas" presuntamente mantenidas entre Feria Service, Over y el Ibatur en la sede de la empresa pública, tal y como consta en la agenda de uno de los imputados a la que alude la resolución judicial, que apunta a nivel global a un presunto desvío de unos dos millones de euros en las ferias de turismo de 2004 y 2005 organizadas por el Govern balear.

En concreto, uno de los documentos relativos a Nóos se traduce en una nota interna de Feria Service al empleado de esta empresa Ángel Navarro, a quien se le comunica que le ha llamado un extrabajador de Nóos, Juan Pablo Molinero, para comentar aspectos relacionados con el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

Los hechos se incluyen dentro de una nueva línea de investigación abierta en el caso Ibatur y por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, han sido imputados entre otros el expresidente del Ejecutivo autonómico Jaume Matas y el exconseller de Interior José María Rodríguez, sobre quien el juez asevera que ejercía, "si no poder absoluto, un enorme poder e influencia que desviaba desde su Conselleria hacia otras áreas de gestión del Govern".

Además

MUNAR NIEGA QUE EN UM HUBIERA DINERO EN B Y PIDE NO CRIMINALIZAR A LA FORMACIÓN


CORRUPCIÓN | Causa por asociación ilícita y financiación ilegal

M. Fuentálamo | Europa Press | Palma

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha pedido "prudencia" a la hora de investigar a los ex responsables de Unió Mallorquina (UM) para evitar que "pueda criminalizarse a una opción política con 30 años de historia, 48 alcaldes, 800 concejales, más de 10.000 afiliados y 700.000 sufragios".

Así lo ha puesto de manifiesto ante el juez, lo que ha quedado plasmado en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, tras prestar declaración como imputada en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente ilegal de la extinta formación, y en la que ha asegurado desconocer que en el partido se manejase dinero negro.

"Rogaría respeto y rigor a la hora de acusar", ha espetado Munar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, aseverando que "una cosa es investigar a responsables de esta opción política y otra tratar a miles de personas como una banda de criminales".

En su declaración ha asegurado ante el juez y el fiscal que la investiga junto a sus lugartenientes por financiación ilegal que era "Flaquer el que se ocupaba de la administración del partido". "No me consta que en el partido hubiera dinero b" señala al tiempo que afirma que "no sabe nada de los ingresos de dinero", en el extinto partido regionalista.

En relación a este caso, el cuarto de presunta corrupción en el que la histórica ex líder 'uemita' se encuentra imputada, Munar ha insistido en que no conoce a Álvaro Llompart y niega que, como la acusó éste, haya tenido bajo su custodia una caja fuerte con dinero B.

Munar, citada a partir de las 11.00 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, ha acudido para dar explicaciones en torno a las comisiones que, puestos de común acuerdo, supuestamente exigían los encausados, más en concreto de entre el 3 y el 10% del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Ante la documentación aportada por el ex contable del partido, Munar asegura "no haberlos visto nunca" y a añade que "Rosario Martin Piris era secretaria del grupo parlamentario de UM y nunca le comentó nada de los ingresos reflejados en los documentos exhibidos ni hablaron de contabilidad alguna".

Munar también ha señalado que "ni Vicens ni Damià Nicolau tenían funciones en la administración económica del partido" y que no cree "que Vicens fuera responsable de ninguna campaña electoral". Asimismo ha vuelto a recordar que "le consta que Flaquer era el responsable general de la administración económica de las campañas".

En cuanto a la supuesta contratación de empleados por mediación del partido ha apuntado que puede asegurar que mientras fue presidenta del partido "nadie acudió a ofrecer o buscar trabajo al menos con su conocimiento".

Hoy también declara Damià Nicolau
Junto a la expresidenta de UM, defendida por el abogado Gabriel Garcías, también están citados este martes el exsecretario general de la formación 'uemita' Damià Nicolau así como los también imputados Pedro Iturbide, Manuel Patiño y Concepció Montaner.

Todo ello después de que hayan sido interrogados entre ésta y la pasada semana otros exaltos cargos como la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, así como el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.

En concreto, sobre Munar pesan cinco años y medio de cárcel por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, a través de testaferros. Mientras tanto, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión por el caso Can Domenge -por la venta supuestamente irregular de estos terrenos por parte del Consell- al tiempo que también está siendo investigada en el caso Voltor.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, las empresas investigadas se veían obligadas al pago de comisiones a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.
Parte del dinero de las comisiones acababa en manos de UM

Es más, según el escrito del Ministerio Público, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.

Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería.

En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.

"OPERACIÓN MERCURIO"; UNA DENUNCIA POR COHECHO CONTRA UN EXCONCEJAL DEL PP DESTAPÓ LA TRAMA


Efe | Barcelona

Una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona) destapó la supuesta trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones que tiene como epicentro el Ayuntamiento de esta población.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta.

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio, aproximadamente.

Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han resultado muy reveladoras y han dado indicios sólidos a los investigadores para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC.

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio.

Según han informado fuentes de la formación, ICV tenía previsto presentar una denuncia con la información recabada, pero ésta le fue sustraída en un robo en su sede en la que los ladrones se llevaron varios ordenadores y una carpeta con documentación.

La formación ecosocialista presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por el robo y la propia policía autonómica aconsejó a ICV que también informara del suceso a la Fiscalía Anticorrupción, como así hizo el partido.

"OPERACIÓN MERCURIO"; IMPUTADOS LA ALCALDESA DE MONTCADA Y EL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE SABADELL

Efe | Barcelona

La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, y el jefe de la Policía Local de Sabadell (Barcelona) figuran entre los imputados en relación con la trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell ha dictado citaciones para llamar a declarar en los próximos días como imputados a la alcaldesa de Montcada y al responsable de la Policía Local de Sabadell, entre una veintena de personas más.

En la operación, llamada "Mercurio" y que se ha iniciado hoy, los Mossos d'Esquadra han registrado las dependencias de la Policía Local de Sabadell y también han irrumpido en el despacho de la alcaldesa de Montcada i Reixac para intervenir expedientes municipales.

En un comunicado, Pérez ha negado las acusaciones por el supuesto tráfico de influencias que le ha notificado esta mañana el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell.

La alcaldesa de Montcada ha explicado que esta mañana se han personado agentes de los mossos en el Consistorio para recoger un expediente administrativo pero que "ni se ha realizado ningún registro, ni se ha detenido a nadie".

Además

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL "NÚMERO 2" DEL PSC RENUNCIA A SU CARGO TRAS SER IMPLICADO

Foto: Domènec Umbert
Daniel Fernández, diputado electo del Parlament



Javier Oms | Barcelona

El secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, ha sido suspendido de su cargo en el partido tras haber sido implicado por el juez en la trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y cobro de comisiones que tiene como epicentro al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

Según han confirmado fuentes del PSC, Fernández -tal y como dictan las normas internas del partido en caso de imputaciones de sus responsables- ha puesto su cargo a disposición del primer secretario, Pere Navarro, quien ha aceptado su suspensión temporal mientras permanezca bajo imputación.

La situación judicial de Fernández, sin embargo, aún deberá aclararse en las próximas horas al estar aforado en su condición de Diputado en el Congreso de los Diputados. Su escaño garantiza que sólo pueda ser imputado por el Tribunal Supremo (TS) a través de una petición rogatoria enviada por el juez que instruye el caso.

Según fuentes judiciales, Fernández estaría relacionado con un presunto delito de tráfico de influencias. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que su nombre habría sido incluido en la causa por la 'operación Mercurio' después de que -en una de las decenas de llamadas telefónicas pinchadas por los Mossos d'Esquadra- recomendara a una persona para un cargo a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista Maria Elena Pérez, también imputada en la misma causa.

Además

"OPERACIÓN MERCURIO"; IMPUTADO EL ALCALDE DE SABADELL PO PRESUNTO DELITO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Manuel Bustos da explicaciones sobre la investigación. | Efe
En total hay 12 detenidos y otras 26 personas han sido imputadas
La Fiscalía les acusa de repartirse fondos exigidos previamente a empresas
Entre los imputados hay otros cargos del PSC y un ex concejal del PP

J.Oms | G. González | J.Ribalaygue | Barcelona

El alcalde de Sabadell (Barcelona), el socialista Manuel Bustos, ha sido imputado por un presunto delito de corrupción urbanística en el marco de la 'Operación Mercurio' bajo la cual han sido detenidas 12 personas y otras 26 se encuentran imputadas, además de producirse 41 entradas y registros en empresas y sociedades así como en 15 domicilios particulares. El caso se encuentra bajo secreto de sumario decretado por el juzgado número 1 de la ciudad vallesana.

Entre los implicados se encuentran, además de Bustos, la concejal de Economía del Ayuntamiento, Montserrat Capdevila, y el ex concejal del PP Jordi Soriano, que ha sido detenido. Asimismo, entre los detenidos, también figura el actual concejal de urbanismo, Joan Manau. Un familiar directo de Bustos y propietario de una empresa de construcción también estaría implicado en la red.

La presunta trama corrupta tendría como epicentro el Ayuntamiendo de Sabadell desde donde se condicionaban de manera irregular las adjudicaciones de contratación pública. Según la Fiscalía, la red organizada desde el consistorio exigía el ingreso de cantidades que variaban en función del presupuesto de la obra -desde un mínimo de 120.000 euros hacia arriba- que servía, posteriormente, para ser repartida "entre los políticos y funcionarios involucrados".

Además, se contaba con "el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro" una vez se finalizaba la obra. Dichas cantidades de dinero negro, según Anticorrupción, acababan "en un despacho de abogados", desconociéndose de momento si posteriormente se ingresaba en cuentas legales, o si bien era repartido o utilizado para ser blanqueado.

Fiscalía precisa que los delitos en los que podrían haber incurrido los componentes de la trama son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental o infidelidad de custodia de documentos.

Las operaciones irregulares, según fuentes judiciales, afectarían a las contrataciones y urbanización de dos polígonos industriales de Sabadell, uno de los cuales acogerá en breve uno de los mayores centros de Europa del gigante del mueble Ikea.

Bustos ha defendido en rueda de prensa su inocencia. "Querría dejar bien claro que la gestión del Ayuntamiento ha sido siempre honesta, transparente y cumpliendo siempre la ley" ha afirmado.

Consultadas por este medio, fuentes del PP han asegurado que Jordi Soriano fue dado de baja del partido hace año y medio, aproximadamente, al detectarse incompatibilidades entre sus "actividades personales" y su gestión, tanto en el partido como en el Ayuntamiento. La líder 'popular', Alicia Sánchez-Camacho también ha pedido ya la dimisión de Bustos.

El PSC, por su parte, ofrecerá esta tarde una rueda de prensa para explicar la información con la que cuentan, así como qué respuesta dan a la imputación de varios de sus cargos en Sabadell.

Según trabajadores del Ayuntamiento, los Mossos d'Esquadra han concentrado las pesquisas en el área de Urbanismo donde se ha prohibido la entrada a cualquier funcionario mientras continúa el registro de documentación presuntamente vinculada a la trama.

En la Plaza Sant Roc, donde se halla el consistorio, se han congregado más de 100 vecinos. Un joven ha abierto una botella de cava para celebrar la operación. "Estoy contento porque aquí ya lo sabíamos y ahora lo sabe todo el mundo: los socialistas están llenos de corruptos", ha afirmado. El ambiente, entre curiosidad e indignación, ha recordado al de operación policial del caso Pretoria, que afectó a otros ayuntamientos.

Sabadell está gobernada desde 1999 por Manuel Bustos, uno de los grandes 'barones' del PSC y miembro de la Ejecutiva.

Los Mossos d'Esquadra también se han personado en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac en el marco de la operación anticorrupción para solicitar un expediente administrativo si bien fuentes municipales aseguran que no tiene que ver con operaciones urbanísticas.

Además

lunes, 26 de noviembre de 2012

JULVE NIEGA HABER COBRADO COMISIONES Y HABER APORTADO DINERO NEGRO A UM


Foto: Pep Vicens
TRIBUNALES | Declaración de la ex portavoz 'uemita'


Europa Press | Palma

La exconsellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca Catalina Julve ha negado, en su declaración como imputada ante el juez que instruye la nueva causa contra la excúpula de UM por la presunta financiación ilegal del partido, haber realizado aportaciones de dinero negro en favor de la formación regionalista y haber exigido además comisiones por la adjudicación de contratos a distintas empresas, según han informado fuentes jurídicas.

La también exportavoz 'uemita', defendida por el abogado Gabriel Garcías, ha sido interrogada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma y por el fiscal anticorrupción Juan Carrau, en el marco de la ronda de interrogatorios que entre la pasada semana y ésta están llevando a cabo por estos hechos.

Así, junto a la exdirigente de UM también han prestado declaración este lunes el responsable de la empresa FCC Pau Martín; el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y el excoordinador de UM Antoni Caldentey, asistido por Josep de Luis.

Julve, encausada también en otras dos causas de presunta corrupción -los casos Cloaca y Voltor-, ha mantenido de esta forma la tesis defendida por otros exaltos cargos interrogados en el marco de esta causa, entre quienes se encuentran el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Promoción Sociocultural Dolça Mulet.

Este martes, por su parte, está prevista la comparecencia de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, también en calidad de imputada.

Según la querella que dio inicio a esta nueva causa, a la que tuvo acceso Europa Press, los exdirigentes de UM exigían comisiones, puestos de común acuerdo, a las distintas empresas que contrataban con la Administración, más en concreto de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados las mismas.

IMPUTAN A UN JEFE DE CCOO Y UNA ALTO CARGO DE LA JUNTA POR MALVERSACIÓN


TRIBUNALES | Por subveciones públicas por 600.000 euros

Efe | Sevilla

Un juez de Sevilla ha citado como imputados, el próximo 24 de enero, a una directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos.

Fuentes del caso han informado de que el juzgado de instrucción 16, al que ha correspondido el caso, ha citado como imputados a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.

Además, el juez ha admitido practicar todas las pruebas pedidas por la Fiscalía, entre ellas una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron las subvenciones investigadas y reclamar a la Junta la documentación acreditativa.

El juez también ha pedido a diversas empresas de transporte que precisen los itinerarios de los viajes que hicieron con militantes de CCOO para participar en manifestaciones y luego justificados dentro de una partida de prevención de riesgos laborales.

Viajes de militantes a manifestaciones
La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de una partida para "sensibilización de riesgos laborales" los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

La denuncia recogió que el 22 de mayo del 2009 el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales", que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado "al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora".

Entre otros, la Fiscalía denunció que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros.

'No consta el desarrollo de actividad'
La Fiscalía precisó en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el 22 de abril del 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a lo facturado por el sindicato.

El escrito del fiscal concretó que CCOO justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista liberada Agustina Gutiérrez Navarro lo que en realidad fueron una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.

Según el fiscal, "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez.

Por todo ello, la Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

sábado, 24 de noviembre de 2012

"CASO IBATUR";EL JUEZ APUNTA A UN DESVÍO DE DOS MILLONES EN LAS FERIAS DE TURISMO DE 2004 Y 2005


CORRUPCIÓN | Bajo el mandato de Matas


Europa Press | Palma

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma apunta a un presunto desvío de unos dos millones de euros en las ferias de turismo de 2004 y 2005 organizadas por el Govern balear, unos hechos que están siendo indagados dentro de una nueva línea de investigación abierta en el caso Ibatur y por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción han sido imputados entre otros el expresidente del Ejecutivo autonómico Jaume Matas y el exconseller de Interior José María Rodríguez.

En concreto, las pesquisas se centran principalmente en un contrato suscrito entre el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la empresa Feria Service para el diseño y la construcción de pabellones en las ferias de promoción turística de Madrid, Barcelona, Berlín, Bilbao, Frankfurt, Londres y Valladolid para 2004, cuyo presupuesto ascendió "a la nada desdeñable cifra" de 1.091.502 euros, tal y como consta en el auto dictado por estos hechos.

Un expediente de contratación tramitado en 2003, apunta la resolución, al que tan únicamente se presentaron la UTE formada por Trui Espectaclles y Cuadrifolio Diseño S.L. así como Feria Service, que según las investigaciones forma parte del entramado empresarial de Trui y que resultó adjudicataria de este contrato con Joan Flaquer como conseller de Turismo, Juan Carlos Alía como director gerente del Ibatur y Miquel Àngel Bonet como asesor jurídico de esta empresa pública.

Tras ello fue firmado un convenio de colaboración entre Over Marketing, propiedad de Daniel Mercado, quien también ha sido imputado en el marco de esta causa, y el propio Ibatur para el 'patrocinio de la dinamización en los espacios temáticos del stand de la feria Fitur 2004 para la promoción turística de Baleares', que fue rubricado entre Flaquer y Mercado por un importe supuestamente hinchado de 90.000 euros.

El auto, dictado por el juez Francisco José Pérez, recoge cómo Mercado, en la declaración que prestó como encausado en el denominado caso Over Marketing, recordó que Rodríguez le comentó que "tenía que dar la adjudiucación del concurso a Feria Service porque tenía con esta empresa trabajos que compensar", llegando así el entonces conseller de Interior a "usurpar las funciones de toda una mesa de contratación de una Conselleria ajena y distinta a la suya".

Todo ello a pesar de que antes Rodríguez le había prometido verbalmente que Over sería la adjudicataria del concurso, lo que finalmente no sucedió al justificarle el exconseller que le debía dinero a Feria Service y que "no tenían más remedio que darle a esta última el concurso". No obstante, recordó que para compensar a Over, Rodríguez le instó a librar una factura a Feria Service para poder cobrar los 90.000 euros, una cantidad inflada puesto que "nadie cotejó el precio y ya estaba pactado con Matas y Rodríguez".

En este contexto, el dueño de Over indicó que "no tenía la menor duda de que Matas y Rodríguez tenían todo el poder para decidir a quién se adjudicaba el concurso".

"CASO IBATUR"; EL JUEZ IMPUTA A MATAS EN OTRO CASO DE CONTRATACIONES IRREGULARES EN BALEARES

CORRUPCIÓN | Auto del juez
Se abre una pieza separada para incluir la parte del caso Over
El magistrado también imputa a José María Rodríguez y al dueño de Trui
Se investigan contrataciones irregulares desde la conselleria de Turismo

María Fuenteálamo | Eduardo Colom | Palma

El juzgado de Instrución nº 2 de Palma ha imputado en el caso Ibatur al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas. El magistrado ha emitido un auto por el cual se abre una pieza separada para incluir la parte del caso Over que tiene que ver con las contrataciones por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) con Over Marketing. En dicho escrito también se imputa al ex delegado del Gobierno en Baleares José María Rodríguez y al dueño de Trui, Miquel Jaume.

En su declaración ante el juez José Castro, el dueño de Over, Daniel Mercado, apuntó a una serie de contratos con Feria Service -actualmente perteneciente a Trui- en los que habría mediado Rodríguez. De esta forma se incluirán en esta causa las investigaciones sobre varios contratos referidos con Fitur.

En el caso Ibatur se investigan presuntas contrataciones irregulares desde la conselleria de Turismo bajo el mandato de Matas. Se trata de una trama urdida durante su segunda legislatura (2003-2007) a través del Instituto Balear de Turismo y por la que se habrían desviado millones de euros públicos. En concreto se investiga un presunto desvío de fondos en la contratación irregular de Over en el marco de la feria FITUR de 2004 y 2005.

Estas nuevas imputaciones se centran en un convenio de colaboración suscrito entre Over Marketing y el Ibatur. Según el auto, dicho convenio lo llevaron a cabo el ex conseller de Turismo Joan Flaquer y Daniel Mercado por un importe de 90.000 euros.

El juez considera en su escrito que existen indicios que consituyen los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración pública, entre otros.

Otros ex altos cargos imputados que ya estaban encausados en el caso Ibatur son el propio Flaquer y los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía.

Además

jueves, 22 de noviembre de 2012

"CASO EMARSA" IMPUTAN A PADRES Y HERMANO DEL EX ALCALDE DE MANISES TRAS COBRAR 22 MILLONES DE LA LOTERÍA

Por un supuesto delito de alzamiento de bienes
El juez Ríos investiga si Crespo derivó el dinero de la lotería de Navidad
Crespo fue agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario
Su familia presentó al cobro 159 décimos y 193 particiones escalonadamente

Efe | Valencia

El Juzgado número 15 de Valencia ha imputado en una nueva pieza separada del caso Emarsa a los padres y el hermano del ex presidente de esa empresa pública Enrique Crespo por un delito de alzamiento de bienes, al haber cobrado 22,77 millones de euros en décimos de lotería propiedad de aquél.

El auto, dictado por el juez Vicente Ríos y hecho público este miércoles, considera que Crespo habría derivado a sus padres y a su hermano, Carlos Crespo -ya imputado en el caso Emarsa por un delito de blanqueo de capitales-, el dinero obtenido del segundo premio en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad del año pasado.

El juez ha decidido abrir una pieza separada para investigar si Crespo habría derivado a sus familiares el dinero de la lotería con la finalidad de declararse insolvente y no tener que hacer frente al pago de una fianza o al posible pago de una multa en el caso de que fuera condenado en el conocido como "caso Emarsa".

159 décimos y 193 participaciones
Ríos solicitó en diciembre del año pasado a Enrique Crespo que acreditara si era cierto que poseía décimos del número agraciado después de que él mismo afirmara, en declaraciones a los medios de comunicación, que llevaba más lotería que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, a quien le habían tocado 625.000 euros.

Las conclusiones que motivan estas nuevas imputaciones -derivadas de unas diligencias declaradas secretas- revelan que pese a que Enrique Crespo solo justificó ante el juzgado la posesión de un décimo del segundo premio, agraciado con 125.000 euros, su hermano y sus padres presentaron al cobro 159 décimos y 193 particiones de ese número por un valor total de 22,7 millones de euros en diferentes entidades bancarias durante los días, semanas y meses siguientes al sorteo.

El juez, con la documentación fiscal y bancaria recopilada, ve "bastantes motivos" para considerar que los padres y el hermano del expresidente de Emarsa pudieron haber cooperado con él en el cobro de los premios de lotería "propiedad" de Enrique Crespo "con la finalidad" de que este eludiera sus responsabilidades civiles.

Da veracidad a las informaciones
Además, remarca que "no hay duda" de que las informaciones recogidas en "numerosos" medios de comunicación, tanto digitales como escritos y audiovisuales, "además de coincidentes, eran veraces en cuanto a que el señor Crespo había manifestado públicamente que era poseedor de 'bastantes' décimos".

El juez insiste en que "no es fácilmente comprensible, por carecer de toda lógica", que cuando a una persona le toca un premio de lotería tan importante como ese "proceda a gestionar su cobro en distintos momentos, separados en el tiempo semanas e incluso meses, toda vez que corre el riesgo de pérdida, deterioro o sustracción de los documentos portadores del premio".

"Y si no es fácilmente comprensible -añade- que una persona proceda de este modo, menos aún lo es que lo hagan tres, todas ellas estrechamente vinculadas a Enrique Crespo y de su máxima confianza".

El juez detalla en su auto la "secuencia temporal" de los nuevos imputados en el "caso Emarsa" por días, entidades bancarias, número de décimos o participaciones presentados e importe.

También asume numerosos argumentos del fiscal para reforzar sus "sospechas" de que esos billetes de lotería cobrados "estaban en realidad en poder del señor Crespo" y que este, para eludir el embargo de bienes derivado de la fianza decretada por su imputación en este caso, "diseñó una estrategia de ocultación y transmisión a esas terceras personas".

Además