miércoles, 12 de enero de 2011

"CASO PALMA ARENA"; ANTONIO ALEMANY PIDE A CASTRO Y HORRACH QUE SE INHIBAN EN LAS INVESTIGACIONES

CORRUPCIÓN | En las que se encuentra imputado
 
* Su defensa ha solicitado la nulidad de la comparecencia de Romero

Europa Press | Palma

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El periodista Antonio Alemany considera que la inhibición del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, y del fiscal Pedro Horrach de las investigaciones en torno a su presunta participación en la adjudicación irregular de un contrato de asesoría externa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, sería "altamente deseable y saludable para la imagen de la Justicia", al recriminar algunas de las acusaciones que ambos vierten contra él dentro de esta causa "a sabiendas de que mienten e insisten, con contumacia, en la mentira".

En un escrito remitido a Europa Press, el periodista, imputado en una de las piezas de este complejo procedimiento, señala asimismo que su defensa ha solicitado la nulidad de la última comparecencia del director de la agencia Nimbus, Miquel Romero, quien el pasado lunes aseguró ante el magistrado que Matas le obligó a ceder un contrato por valor de 200.000 euros a una empresa propiedad de Alemany. Y es que, según Alemany, el juez tomó declaración a Romero sin estar presente su abogado, lo que constituye "una inaudita vulneración del derecho de defensa, del principio de contradicción y de la igualdad de armas".

Al hilo de lo anterior, el encausado lamenta "toda una serie de sistemáticas negativas" a la práctica de pruebas "que se estiman fundamentales para el esclarecimiento de los hechos", además de un "deliberado falseamiento de hechos" que se materializa en documentos públicos como los autos de imputación. Así, insiste en que "faltan a la verdad" el juez y el fiscal cuando insisten en que la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, recibió una subvención de 450.000 euros en 2006 cuando en realidad fue "exactamente de 272.243 euros", a tenor de un informe elaborado por el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional.

En esta misma línea, recrimina que se incida en personalizar un contrato de asesoramiento a Nimbus en la persona de Alemany cuando quien contrata, asevera, es una persona jurídica como Consultores de Información S.L. "Por no hablar del lenguaje despectivo, siempre acusatorio, de un juez que se supone debe ser neutral y respetuoso con la presunción de inocencia", añade el periodista, quien critica una "demencial y rocambolesca trama corruptora que, hasta el presente, no ha obtenido ni una menor prueba".

En referencia al contrato de asesoría entre Nimbus y el Govern, investigado en el marco de estas pesquisas por haber servido presuntamente para simular la contratación directa de Alemany por el Ejecutivo autonómico, el periodista asegura que tuvo conocimiento de la existencia de éste en su primera comparecencia ante el magistrado. Es más, en esa declaración, recuerda, subrayó la "innecesariedad" de este contrato "si de lo que se trataba era conseguir que Consultores de Información asesorara al presidente en materia de contratación y redacción de intervenciones públicas".

En cuanto a la supuesta cesión del contrato de 200.000 euros a la que se refirió Romero, el encausado ha atribuido "esta rocambolesca historia al tiempo transcurrido" al tiempo que "tiene todas las trazas de proceder de la propia Fiscalía". "Jamás se habló de cesión de contratos y si el Govern y Nimbus lo hablaron, no se comunicó a Consultores de Información", añade al respecto. "El justiciable no sólo tiene derecho a un juicio justo y a una tutela judicial efectiva sino también a que los que le acusan e instruyen sean impecables y limpios como una patena", concluye el escrito de Alemany.


elmundo.es

"CASO PEAJE"; UNA IMPUTADA NIEGA SE CONSTRUYERA UN TEMPLO EN SU FINCA CON DINERO PÚBLICO

En Búger

Europa Press | Palma

Mónica Florit, imputada en el caso Peaje y propietaria de un terreno en Búger en el que fue construido un templo de meditación presuntamente con fondos públicos destinados a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, ha negado este desvío de dinero al alegar que la ejecución de las obras se llevó a cabo con las aportaciones de los socios de la asociación Pachi Tanglang -a la que pertenece la instalación-, que ascendían a unos 300.000 euros, según han informado fuentes jurídicas.

Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, la encausada, compañera sentimental del ex ingeniero jefe de Carreteras del Consell, Francisco Orejudo -también imputado en esta causa- ha defendido en todo momento que todo fue pagado gracias a las donaciones de los miembros de la entidad de filosofía china, procedentes no sólo de territorio nacional sino también de países como Taiwán, China y Holanda, lo que permitió llevar a cabo la construcción.

Pese a las insistentes preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán acerca de si lo que realmente se levantó fue una vivienda y si a ella se destinaron fondos y medios previstos para el desdoblamiento, Florit ha rechazado estos extremos y ha señalado que ella misma cedió el terreno para la edificación, ya que también pertenece a Pachi Tanglang, y que incluso puso unos 90.000 euros para la construcción del centro oriental. Es más, ha aseverado que en el inmueble se imparten clases de meditación y filosofía china y que, de hecho, la instalación está acondicionada para ello.

En referencia a los constructores que llevaron a cabo los trabajos, Germans Cloquell, Florit ha apuntado además que no cobraron por las obras sino que los 300.000 euros los destinaron a pagar a los distintos proveedores que participaron en estas labores. Precisamente, dos miembros de esta empresa se encuentran imputados en este procedimiento y fueron subcontratistas de la UTE en las obras de la carretera Palma-Manacor.

Mientras tanto, también este miércoles ha prestado declaración otro encausado del caso, Cristóbal Martorell, quien ha confesado que los trabajos que llevó a cabo en la finca donde se ubica el templo y que consistieron en su cerramiento metálico, fueron facturados a la UTE encargada de la reforma y modernización de la carretera (actual MA-15). En cualquier caso, ha aseverado que para ello nunca contactó con Orejudo sino con el jefe de producción de la UTE, Javier Navarro.

Finalmente, ha señalado que también efectuó reformas en casa del funcionario encargado de la vigilancia de las obras de la carretera, Gabriel Mestre, aunque ha manifestado que no se las facturó ya que fueron pequeños trabajos cuyo importe ascendía "como mucho" a unos 200 euros.

El caso se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros producido sobre la cantidad presupuestada para la reforma de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. Así, numerosos responsables y gestores de las empresas de esta UTE se encuentran encausados en este procedimiento, que indaga la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros.

"CASO GÜRTEL"; CORREA COBRÓ CINCO DÍAS ANTES DE APROBARSE EL PLAN URBANÍSTICO

Recibió 12,8 millones el 30 de junio de 2006 y Arganda validó el proyecto el 5 de julio

A. G. MADRID

El Ayuntamiento madrileño de Arganda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó definitivamente el plan parcial de la UE-124, promovido por Martinsa, el 5 de julio de 2006, lo que significó la consagración definitiva del proyecto para 2.600 viviendas. Cinco días antes, el 30 de junio, la sociedad Golden Chain, propiedad de Francisco Correa, había recibido en Suiza una transferencia de 12.870.000 euros. Basándose en los documentos remitidos por Suiza y como informó ayer Público, el instructor del sumario Gürtel sostiene que esos 12.870.000 euros escondían "el cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda relacionado con la sociedad Martinsa". Tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López como el ex consejero delegado de la sociedad de suelo Benjamín Martín Vasco están imputados en el caso Gürtel.

Martinsa, que niega cualquier irregularidad, adquirió en diciembre de 2004 los terrenos que conformaban la Unidad de Ejecución 124 (UE-124) de Arganda, localizados junto a la única estación local de metro y hasta entonces propiedad del municipio. La inmobiliaria se alzó con la adjudicación a cambio de 77 millones. Fue un auténtico pelotazo: porque, en 2006, vendió un tercio del suelo por 73 millones, el triple de lo pagado dos años antes. La venta de ese tercio se produjo entre noviembre y diciembre de 2006, es decir, cuando el plan parcial de la zona la hoja detallada de ruta urbanística ya era una realidad.

Tanto la adjudicación de los terrenos a Martinsa como la aprobación del plan fueron posibles gracias a la intervención de Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Porto fue quien, a través de su empresa privada Plarquin, elaboró para Arganda un informe que primaba la oferta de Martinsa sobre las de las otras dos empresas que pujaban por los terrenos. Según Plarquin, la propuesta de Martinsa era la que más se adecuaba "a los objetivos establecidos por el Plan General".

Menos plazas de parking Los hechos posteriores refutaron el dictamen de Plarquin. Porque, una vez adquiridos los terrenos por Martinsa, la dirección general de Porto, que luego dimitió por otro escándalo, emitió un informe favorable al plan presentado por Martinsa. Y lo hizo pese a que preveía sólo una plaza de parking por cada 100 metros cuadrados edificables. La Ley del Suelo de Madrid preceptúa que, por cada 100 metros, habrá 1,5 plazas.

A pesar de que ese déficit de equipamientos vulneraba la ley, y de que el PSOE alertó de ello, la comisión regional de urbanismo de Madrid dio vía libre al plan el 31 de enero de 2006. En lugar de postergar su decisión, lo aprobó por unanimidad a condición de que se subsanase a posteriori el "error".

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