miércoles, 24 de febrero de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX EDIL CRESPO TESTIFICA QUE TORRIJOS CONOCÍA LOS "ENTRESIJOS" DEL MERCADO

Declara que todos apoyaron el pliego

Efe | Sevilla

El ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, imputado por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de suelos de Mercasevilla, ha dicho este miércoles a la juez que su vicepresidente Antonio Rodrigo Torrijos (IU) conocía los "entresijos" del mercado y que todos en el consejo y la junta aceptaron el pliego del concurso.

El ex edil socialista y presidente entonces de la empresa pública ha declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga esa adjudicación en 2006 a Sando del derecho de opción de compra sobre todos los terrenos de Mercasevilla, al "prepararse", según la juez, un pliego de condiciones que "penalizó la oferta de Noga" de 158,6 millones, frente a los 106 de Sanma, filial de Sando.

En su declaración, ha negado los hechos que le imputa la juez y ha dicho que "no pueden sostenerse de ninguna forma", que "en ningún caso participó en ningún concierto o acuerdo de voluntades para que el concurso lo ganara Sanma" y que no se le ofreció "ningún tipo de recompensa", ni ha recibido ninguna.

Ha indicado que en el consejo y la junta de accionistas del 30 de noviembre de 2005 nadie "se quejó" de falta de información ni puso "ninguna objeción al procedimiento de licitación ni al pliego", que incluyó una cláusula de limitación al alza que penalizó las ofertas superiores al 10% de la media aritmética de las presentadas.

Confianza en los técnicos
Cuestionado por si Torrijos asumía la dirección y el cargo de presidente era institucional, el ex edil del PSOE lo ha negado y también ha afirmado que, cuando lo nombraron en mayo de 2005, ya estaba en marcha el litigio con Larena 98 -poseedora de un derecho de superficie sobre algunas parcelas del mercado que luego se subrogó Sanma, lo que le favoreció en el concurso-.

Ha asegurado que desconocía "los detalles de dicho desacuerdo" y como político "lo único que quería es que se buscara una solución", que sólo supo en una ejecutiva del 15 de julio de 2005 que Sando estaba en contacto con Mercasevilla para subrogarse ese derecho de Larena y que no tiene "ni idea de por qué Sanma estaba interesada".

También ha defendido que fue en la Comisión Ejecutiva donde se acordó encargar un pliego de condiciones a los técnicos para el concurso y que en sus 40 años de vida política "jamás" ha "leído un pliego de condiciones", salvo su resumen final.

Crespo ha aseverado que siempre "ha atendido a las explicaciones que han dado los técnicos en los órganos colegiados" y que, en este caso, eran de su "absoluta confianza, y lo siguen siendo".

Luchar contra la especulación
La juez le ha preguntado si cree que "podría estar el concurso predeterminado para que lo ganara finalmente Sanma en virtud de un acuerdo previo", a lo que ha contestado que "en absoluto" y que "eso no es cierto de acuerdo con la información que ha ido obteniendo a lo largo del proceso del concurso".

Sobre la cláusula de limitación al alza del pliego, ha declarado que un eje del programa electoral del PSOE es "luchar contra la especulación" y, cuando ésta se planteó y como dijeron los técnicos, de inmediato la relacionó con ello.

Ha recordado que Torrijos "comentó en la Comisión Ejecutiva que efectivamente" esta cláusula "podía servir para evitar la especulación, y ello fue compartido por todos los miembros, incluidos los representantes de la oposición que estuvieron presentes en el Consejo y en el Pleno del Ayuntamiento".

Crespo sólo ha respondido a las preguntas de la juez, del fiscal y de su defensa, y no a las del resto de las partes, entre ellas a las 17 que el PP ha hecho constar.

Además
* Los 13 imputados de Mercasevilla

elmundo.es

"CASO ANDRATX"; EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN PIDE CASI 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA EUGENIO HIDALGO

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. La fiscalía anticorrupción reclama 8 años y 8 meses de privación de libertad para Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el Partido Popular (PP) y actualmente encarcelado por una condena por delito urbanístico. Los fiscales imputan a Hidalgo los delitos continuado de prevaricación; continuado de cohecho pasivo; negociaciones prohibidas a funcionarios; e infidelidad en la custodia de documentos. En el mismo sumario están acusados el constructor Manuel Zapata y el suspendido celador municipal de obras de Andratx Jaime Gibert, representado por Juan Luis Matas y que hace meses llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción.

La nueva acusación contra Hidalgo se ha presentado cuando el juez sustituto que se ocupa del caso Andratx, Francisco Pérez, vuelve a tener en el aire su renovación para seguir instruyendo el voluminoso caso.

41 piezas vivas

De las 73 piezas separadas en las que se dividió el caso Andratx, la mayoría por construir chalés o fincas de pisos, en suelo protegido como rústico, área natural de especial interés o área de interés paisajístico, 41 continuan en fase de investigación.

Otras 18 se han sobreseído al estimarse que las irregularidades urbanísticas investigadas no tenían la gravedad para ser consideradas delitos, dadas las diferentes interpretaciones sobre las normas y/o la convalidación de las licencias por parte del Consell de Mallorca.

Negocios en Andratx

Hidalgo será juzgado en esta pieza separada por una serie de negocios inmobiliarios que realizó con el promotor Manuel Zapata, que habría pagado algunos sobornos al entonces alcalde y al celador municipal. Para Zapata, la fiscalía solicita 5 años de prisión, mientras que Gibert se enfrenta a una multa de 5 meses. La fiscalía reclama para los 3 acusados más de 1,6 millones de euros para cubrir las posibles penas económicas.

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; DESAPARECE EN EL CONSELL UNA CARTA QUE DEMOSTRARÍA LA TRAMPA EN UN CONCURSO

El documento alababa a la empresa que se adjudicó un convenio del Inestur

La misiva fue incorporada al expediente para adjudicar a dedo un contrato millonario

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE PALMA. Una carta que podría demostrar las trampas hechas para amañar un concurso de un millón de euros para montar en Balears un sistema de información turística basado en nuevas tecnologías de reconocimiento de voz telefónica (IVR), un expediente que se investiga dentro del sumario del caso Voltor, ha desparecido de un departamento del Consell de Mallorca. La misiva fue escrita en inglés por la multinacional Intervoce, líder mundial en plataformas de esa naturaleza, y postulaba que la empresa mallorquina Minser era el único grupo español con capacidad para ofrecer el servicio de información turística que querían montar el Inestur y el Consell de Mallorca.

El pasado día 4 una comisión judicial, encabezada por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, registró durante varias horas las oficinas del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), un organismo dependiente del Consell de Mallorca y cuyo responsable hasta hacía pocas semanas había sido Miquel Àngel Flaquer, ex conseller en dicha institución por UM y uno de los imputados en el sumario.

Cilma, en la anterior legislatura y bajo la presidencia de Francesc Buils, había adjudicado a Minser (Mallorca Informática de Servicios Administrativos) un primer contrato de unos 600.000 euros para crear un sistema de información turística a escala insular basado en reconocimientos de voz.

En esta legislatura, y desde el Inestur, el Instituto de Estrategias Turísticas de Balears dependiente de la conselleria de Turismo dirigida entonces por Francesc Buils, se decidió ampliar este servicio a todas las islas. Para ello se firmó un convenio con el Cilma, al que se le transfirieron después el millón de euros. El Cilma firmó un contrato con Minser a la que adjudicó el servicio por un procedimiento negociado y sin publicidad.

Entre los méritos de la adjudicataria se incluyó la carta de Intervoce ahora desaparecida y que debería de estar en el expediente.

La fiscalía sospecha que ese contrato fue amañado y que pudo encubrir una supuesta malversación de caudales y otros delitos. Flaquer, que dimitió de conseller el 22 de diciembre por su imputación en Maquillaje, aseguró durante su detención por Voltor ignorar el paradero de ese documento. La fiscalía piensa que la carta demuestra que Minser ya sabía que iba a ser la adjudicataria.

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diariodemallorca.es

"CASO ASTAPA"; LA POLICÍA INTERVINO MÁS DE 850.000 EUROS, 33.000 DÓLARES Y 27.000 FRANCOS

En los registros

Europa Press | Málaga

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional intervinieron durante los registros efectuados el 17 de junio de 2008 en Estepona a raíz de la operación 'Astapa' un total de 852.553 euros, 33.981 dólares, 27.820 francos y 7.630 libras esterlinas, todas ellas cantidades en efectivo.

De estas cantidades la más abultada, 660.557,99 euros, fueron localizados en la vivienda del constructor Félix Delgado, que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros después de que se le imputaran los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, según se desprende de la parte del sumario levantado este miércoles al que tuvo acceso Europa Press.

Por otro lado, los agentes reflejan en su informe que encontraron 85.501,20 euros en la delegación de Cultura y 62.755 euros en la sede social de Valle Romano Beach Club" ubicada en Madrid, lugar este en el que también intervinieron 27.820 francos y 7.630 libras esterlinas.

En el caso de la vivienda del que fuera jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Arturo Flores, el sumario recoge que los agentes intervinieron 16.100 euros en metálico "en 28 billetes de 500 euros" además de "6 esmeraldas y una sortija de oro blanco con esmeralda y brillantes". Flores fue detenido y quedó en libertad sin fianza.

Respecto al concejal del PES Manuel Reina, que conserva su acta, en su despacho profesional los investigadores intervinieron 10.090 euros, así como "facturas de toda índole, que se podrían corresponder a las que José Flores, entre otros, indicaban que Reina se había llevado para que no pudieran pagarse".

En su domicilio particular, además, los policías encontraron "un dispositivo de vídeo oculto en un bolso que vendría a corroborar las grabaciones que éste realizaba de las reuniones particulares mantenidas con diferentes personas".

Reina permaneció seis meses en prisión y salió en libertad en diciembre de 2008 tras abonar una fianza de 150.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.

Al margen de estas cantidades, se procedió al bloqueo de 95 cuentas bancarias, 13 fondos de inversión, acciones y un plan de pensiones. Según se contempla en el tomo XV del sumario, cuyo secreto quedó levantado parcialmente ayer, estas intervenciones supusieron "el embargo provisional de 13.609.973,88 euros".

Además
* Levantan el secreto de nuevos tomos del sumario

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"CASO GÜRTEL"; EL PSPV SE PERSONARÁ COMO ACUSACIÓN POPULAR ANTE EL TSJ DE MADRID

VALENCIA | Después de que el TSJCV se considerara no competente

* La personación en la causa madrileña no irá acompañada de una nueva querella
* Los socialistas valencianos cuentan con el respaldo de la dirección nacional

Valencia

El portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, ha anunciado este miércoles que los socialistas valencianos se personarán como acusación popular en la causa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se investiga el caso 'Gürtel'.

Luna, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos de Las Cortes, ha explicado que la personación tiene como objetivo "hacer el seguimiento" e "impulsar" las actuaciones del TSJM, después de que el juez instructor, Antonio Pedreira, señalara en un auto la "complejidad" de esa causa.

La decisión de los socialistas, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se declararse no competente para investigar la querella presentada por el PSPV contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otras personas y empresas relacionadas con el caso "Gürtel".

El portavoz socialista ha recordado que Pedreira emitió el pasado lunes un auto en el que afirmaba que queda "todavía voluminosa documentación por analizar por los servicios de auxilio judicial", así como nuevas líneas de actuación "por iniciarse", lo que lleva al PSPV a querer personarse en este proceso.

Personación sin querella
La personación, que se formalizará en los próximos días, no irá acompañada de una querella ya que, según ha puntualizado, no pueden iniciar acciones legales en Madrid "contra aforados de la Comunidad Valenciana", pero sí "hacer el seguimiento de estas actuaciones que parece que van a ser largas en el tiempo", ha puntualizado.

Asimismo, esa personación, que será asumida por la dirección del grupo socialista, se hará en calidad de acusación popular "con la legitimación" que les confiere "el hecho de ser diputados autonómicos, y por tanto tener como misión estatuaria y constitucional defender los intereses de los ciudadanos valencianos".

Preguntado sobre cómo puede afectar esta decisión a la querella que ya han presentado, ha indicado que en estos momentos está "en 'stand by'", y precisamente por eso quieren "saber qué es lo que se está investigando en Madrid" para poder "volver a intentar reabrir el asunto aquí o en el Tribunal Supremo".

"Estaremos al tanto del procedimiento que se está desarrollando en Madrid y, o bien intentaremos reproducir la querella ante el TSJCV, o ante el Supremo si se remiten allí todas las actuaciones", ha afirmado Luna.

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* El PP advierte que usar 'Gürtel' tendrá un 'coste electoral'
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