jueves, 23 de junio de 2011

"CASO IBATUR"; EL JUEZ CITA AL EMPRESARIO QUE DIJO HABER PAGADO COMISIONES A ALÍA

Un 10% sobre el importe del contrato
Efe | Palma

El juez instructor del caso Ibatur ha citado a declarar la próxima semana como imputado a Bartolomé Morey, el empresario que afirmó haber pagado comisiones al exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía a cambio de recibir contratos de este organismo público.

Según han informado fuentes jurídicas, Morey tendrá que comparecer el martes 28 ante el juez que investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Ibatur durante la legislatura 2003-2007, cuando el PP gobernaba en Baleares.

Morey, administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa, declaró en julio de 2010 ante el juez que Alía le había cobrado comisiones de alrededor del 10 % por conseguirle contratos con el Ibatur, lo que motivó que el magistrado decretase el ingreso en prisión del exgerente del organismo.

Después de unos tres meses, el juez dictó libertad bajo una fianza de 150.000 euros para Alía, el único imputado en este caso que ha estado en prisión provisional.

En febrero de este año, el abogado de Alía, José Ignacio Herrero, pidió la rebaja o cancelación de su fianza por falta de pruebas contra él, pero el juez rechazó su petición.

El letrado de Alía pidió asimismo que Morey volviera a declarar para poder preguntarle sobre sus afirmaciones, pero el empresario presentó entonces un escrito en el que se acogió a su derecho a no declarar.

Además de Morey, también está citada el día 6 de julio Enriqueta Castelló, proveedora del Ibatur cuya declaración prevista para el día 16 de este mes se tuvo que suspender.

Castelló tendrá que dar explicaciones sobre un supuesto fraccionamiento de contratos a la hora de contratar con el instituto público, que habría servido para evitar publicidad y dar los servicios a dedo.

La instrucción del caso Ibatur comenzó en febrero de 2009 y dio lugar en junio de ese año a la operación policial denominada Pasarela, dentro de la cual se detuvo a al menos 16 personas.

Entre los detenidos estaban los directores gerentes del Ibatur en la legislatura 2003-2007, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, y el exsecretario del organismo Miquel Àngel Bonet.

También figura como imputado en esta causa de supuesta corrupción el exconseller de Turismo Joan Flaquer, que dirigió este departamento del Govern durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.


elmundo.es

"CASO MINUTAS"; LA DEFENSA DE ROCA DICE QUE NO HAY PRUEBAS Y QUE LA OPERACIÓN FUE LEGAL

* El fiscal solicita seis años de prisión y 15 de inhabilitación para Roca
* La defensa afirma que los cambios fiscales han vulnerado el derecho de defensa

Europa Press | Málaga

La defensa del exresponsable de la sociedad municipal de Marbella (Málaga) Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, ha asegurado este jueves que hay "una clamorosa ausencia de pruebas" respecto a su cliente en el caso 'Minutas' y que la operación por la que se le acusa, el pago de 80.000 euros a una asesoría en relación a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, fue legal.

En esta causa, sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella al letrado José María del Nido, el fiscal acusa a Roca de un delito de malversación de caudales, solicitando seis años de prisión y 15 de inhabilitación, en relación con el pago a un asesoría para supuestamente hacer alegaciones al anteproyecto de fiscalización sobre tres sociedades.

En su informe final, el letrado de Roca ha explicado que el fiscal "no cree a unos testigos y a otros sí, no cree a unos acusados y a otros sí, pero no se nos dice por qué", lo que lleva, en su opinión, "a errores de bulto por los que se sienta en el banquillo al señor Roca cuando no había indicios de que la operación fuera ilícita". "Fue perfectamente lícita y no había nada que ocultar", ha dicho.

Ha entendido que al margen de si Roca era apoderado o gerente de la sociedad "no se ha acreditado deberes de control, que además no tenía". "Con independencia de que en otro juicio el fiscal quiera sostener que el señor Roca controlaba todo en Planeamiento 2000, aquí no", ha apuntado el letrado, quien añade que no se puede confundir el control sobre una cuenta con el control sobre un pago.

La defensa de Roca ha insistido en que "tal y como dice el fiscal, el pago de los 80.000 euros está perfectamente contabilizado y documentado" y ha apuntado que no se ha probado la voluntad por parte de su cliente de cometer el delito, preguntándose "qué interés iba a tener si no se hubiera hecho el trabajo o se hubiera hecho mal, de que cobraran unos señores que no conoce y sin que él cobrara nada".

El abogado se ha referido a la "calificación imposible del fiscal", indicando que primero pone en duda que el trabajo por el que se pagó dicha cantidad se hubiera realizado, pero "acto seguido", ha manifestado la defensa, apunta que lo realizado "tiene defectos". Además, ha dicho que éste no realizó un informe jurídico, sino "de hechos, sin citar el precepto por el que se le acusa".

Modificaciones del fiscal
En su opinión, la calificación "deja al desnudo la debilidad acusatoria y la clamorosa falta de pruebas". Ha aludido a que "a estas alturas del plenario, no tiene claro cuáles son los hechos punibles por los que esta Sala tendría que condenar" y a que ha desaparecido el delito de fraude y el fiscal ha modificado el tipo de malversación por el que se acusa "sin decirlo en el informe".

Ha señalado que sobre estas modificaciones realizadas por el fiscal "por vía de informe final" no se ha podido solicitar ni practicar prueba, por lo que se ha vulnerado el derecho de defensa. Ha aludido a que "hay derecho penal de autor, porque no se cree nada de lo que dice el señor Roca" y porque se mantiene la petición de seis años a pesar de haber cambiado la calificación.

"No hay otra posibilidad que absolver al señor Roca, salvo que asumamos esta calificación que entendemos son resquicios, no con mala fe, pero el ministerio público también está influido por el juicio mediático, por otros juicios y en esta operación desde luego el señor Roca tiene que salir absuelto", ha concluido el letrado defensor.

La alusión al derecho penal de autor ha provocado la respuesta del fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, que al término de la exposición del letrado ha considerado "inadmisible que se utilice esa referencia para criticar una acusación, porque es una teoría elaborada durante el Régimen Nacional Socialista del III Reich". Sobre las modificaciones, ha dicho que están explicadas, aunque el letrado "ha debido de escuchar sólo una parte del DVD".

Otras defensas
También han informado las defensas de la exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, negando cualquier responsabilidad penal de su cliente y defendiendo su actuación profesional en la segregación de San Pedro; y la del que fuera edil de Marbella Tomás Reñones, quien ha lamentado que éste haya sido juzgado "sin que exista ni un solo indicio" y ha considerado que el delito de malversación del que se le acusa, por el que se piden cuatro años de cárcel, está prescrito.

Ha apuntado que su cliente "no era la persona que habitualmente hacía los pagos y comprobó y controló dentro de sus posibilidades que los trabajos se habían realizados" y ha recordado que Reñones declaró en el juicio que el propio interventor le dio el cheque para pagar a Del Nido. En este punto, ha hecho hincapié en que personas "que autorizan y ordenan vienen como testigos".

En este sentido, el letrado se ha referido a una "desigualdad" de su cliente respecto a otras personas que han autorizado pagos y ha dicho que se ha tratado "de diferente forma a quien es concejal, porque no ha llegado a entender que en el grupo político al que pertenecía mi representado existen personas buenas, malas y regulares".

"Algunas personas han creído actuar correctamente basados en el principio de confianza y buena fe", ha manifestado el abogado de Reñones, quien ha instado al fiscal a reflexionar sobre la idea de que "muchas de estas personas quieren colaborar con la justicia, pero no a golpe de imputaciones constantes". "Tomás Reñones lo único que hizo fue cumplir la orden de pago dada por una persona no acusada", ha dicho.

Faltan por exponer sus informes finales tres defensas, que lo harán este viernes, según prevé la Sala, jornada para la que también está previsto citar a todos los acusados para que los que quieran hagan uso de su derecho a la última palabra, tras lo que el juicio, que comenzó en abril del pasado año, quedará visto para sentencia.


elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA DE SEVILLA DECLARA QUE LAS ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO NO SON SECRETAS

Las actas del Consejo de Gobierno, tal cual las envió la Junta al juzgado.
Revés judicial al Gobierno andaluz

* La juez Alaya las solicitó en su investigación sobre la trama de los ERE
* El Ejecutivo de Griñán se las denegó alegando que eran "secretas"
* La Junta dice que el conflicto deber resolverlo del Tribunal Supremo

S. Torres | A. Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha declarado que las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, solicitó estos documentos al Gobierno andaluz en su investigación de la trama de los ERE, pero el Ejecutivo de Griñán se los denegó alegando que su contenido era reservado.

En un auto fechado el 20 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla considera que sólo los documentos elevados al Consejo de Gobierno son reservados y sus deliberaciones secretas, pero no así las actas, que según se desprende de la ley andaluza no pueden tener esta naturaleza.

"Leidos los articulos 30.3 y 31 de la Ley del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucia", asegura el auto al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, "se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer en las actas, que son lo único reclamado por la instructora".

Esta decisión supone un espaldarazo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, a quien, desde el inicio de la instrucción, algunas de las partes personadas en la causa del caso Mercasevilla y la trama de los ERE han intentado desacreditar con acusaciones y críticas a su labor como instructora.

Las actas, en dependencias judiciales
Por contra, el auto constituye un severo revés a la posicion jurídica que venía defendiendo la Junta de Andalucía, que tras varios requerimientos de la juez, sólo entregó las actas previamente precintadas, y así se hallan aún en las dependencias judiciales.

Por su parte, La Junta de Andalucía considera que la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno a la juez debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, este conflicto que ha sido planteado por la Junta de Andalucía "todavía no ha sido tramitado por el Juzgado de Instrucción numero 6", cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya y que investiga las ayudas de la administración andaluza a los ERE irregulares.

El Gobierno andaluz recalca que "la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno" a la juez, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

También pone en cuestión que la juez suspendiera la tramitación del conflicto de jurisdicción ante el Supremo, tal como le había planteado la Junta, "ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización".

Además


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ AMPLÍA LOS DELITOS DE PANERO E IMPUTA A SU EXMUJER POR DELITO FISCAL

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Sobre el exalcalde de Boadilla pesan cinco acusaciones de corrupción por Gürtel

TONO CALLEJA - Madrid 

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ampliado la imputación al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero por un supuesto fraude fiscal de 365.000 euros. El juez imputa también, por este mismo delito, a la exesposa del regidor, Elena Villarroya. Pedreira ha citado para declarar al exalcalde el próximo miércoles. Los investigadores de Gürtel han descubierto que González Panero y su ahora exesposa tenían una sociedad en Suiza, Longgridge Internacional, con una cuenta en el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC-Private Bank Suisse), no declarada al fisco español.

Pedreira fija en 365.000 euros el dinero no declarado por el matrimonio

La apoderada de la sociedad era la exmujer y él figuraba como gestor. El juez atribuye a González Panero, además de este nuevo delito contra la Hacienda pública, otros de tráfico de influencias y cohecho. Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar futuras garantías económicas. A causa de la trama Gürtel, Boadilla ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso Gürtel. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor. González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP. Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras la decisión del juez, y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba.

El 29 de octubre de 2009, González Panero y su exesposa firmaron ante notario una escritura de capitulaciones para modificar el régimen por el que se regía su ya extinto matrimonio, pasando de gananciales a separación de bienes, cuyo valor superaba el millón de euros.

González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, hasta ahora había sido acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
 
elpaís.com

"CASO PALAU" EL JUEZ IMPUTA A ROSA GARICANO Y A ÁNGEL COLOM

Àngel Colom en una convención municipal de Barcelona de CiU.- MARCEL.LÍ SÁENZ
La exdirectora general del Palau y el secretario de Inmigración de CDC declararán en julio

JESÚS GARCÍA - Barcelona 

El nuevo juez del 'caso Palau' se ha puesto manos a la obra y ha dado un ritmo más trepidante a la investigación sobre el saqueo perpetrado por Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, en el Palau de la Música. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijoan, ha citado a declarar el próximo 18 de julio como imputados a la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, y al secretario de Inmigració de Convergència Democràtica de Catalunya, Àngel Colom.

La fiscalía había solicitado la imputación de Garicano al considerarle conocedora de la estafa en la institución musical. El juez que hasta ahora llevaba el caso admitió que Garicano era uno de los directivos con mayor poder de decisión y que mantenía una relación de "especial confianza" con Millet. Pero apreció que no había indicios suficientes para tomarle declaración como imputada. La exdirectora ya declaró al juez, pero en calidad de testigo, para explicar que solo se ocupaba de lanzar la marca Palau. Y que si en sus tarjetas de visita aparecía el cargo de "directora general" era solo para tener mayor capacidad de maniobra en las negociaciones con los patrocinadores.

Colom declarará en calidad de responsable civil subsidiario, aunque con las garantías de un imputado (o sea, que asistirá a la vista con abogado). El dirigente deberá aclarar por qué Millet le entregó 75.000 euros que fueron a parar al extinto Partit per la Independència (PI) que él mismo dirigía.
   
Más información:
* La fiscalía pide de nuevo que se impute a cargos de CDC por el 'caso Palau'
* Àngel Colom: "Millet me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista"
* El juez imputa al extesorero de CDC por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial



elpaís.com

EL JUEZ REMITE AL TSJCV LA CAUSA DE BELLVER POR SU CONDICIÓN DE AFORADO

El concejal y diputado está imputado por autorizar un aparcamiento junto al BIC de los Jardines de Monforte sin informe de patrimonio

EL PAÍS - Valencia

El titular del juzgado de lo Penal número 4 de Valencia ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa de los jardines de Monforte ante la condición de aforado del edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver.

La causa contra Bellver y otros cuatro funcionarios del consistorio por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte se abrió antes de las últimas elecciones locales de 2011 en el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que en enero de este año acordó la apertura de juicio oral por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa.

Tras varios recursos interpuestos por Bellver -contra el que el ministerio fiscal pide la pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público-, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que existían "bastantes razones" para considerar que el hecho de no haber pedido una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir el aparcamiento podía constituir, dadas las características de las obras, "una manifiesta contravención o incumplimiento de la legalidad".

La Audiencia también señalaba que no era descartable que los técnicos municipales imputados y el secretario municipal, también imputado, conocieran, por su dedicación profesional y su formación, la "necesidad" de pedir esa autorización a Patrimonio.

Seguidamente, en junio de este año, el ministerio fiscal presentó un escrito ante el juzgado de lo Penal en el que informaba de que Bellver fue proclamado diputado electo de las Corts Valencianes tras las elecciones del 22 de mayo. Así, solicitaba que elevase el caso al TSJCV para que valorase su competencia para enjuiciamiento y fallo.

El juez ha decidido aceptar esta petición al considerar que es competencia de la Sala instruir y enjuiciar las causas penales que resulten imputables a quienes ostentan la cualidad de diputado de las Corts. Asimismo, cree necesario hacer un examen conjunto de los hechos y de los autores, "pues de otra forma se rompería la continencia de la causa, primando la especialidad del aforamiento frente a la competencia ordinaria".

elpaís.com

GÜRTEL Y BRUGAL DEJAN SIN PODER A LOS IMPUTADOS

Camps y Castedo son los únicos bajo sospecha que quedan en un gobierno

MARÍA FABRA - Castellón

La corrupción cala. Las alegrías de los imputados e implicados en los casos Gürtel y Brugal han durado lo mismo que unas vacaciones escolares. Poco más de dos meses después de que el presidente del PP valenciano, Francisco Camps, decidiera incluir en las listas autonómicas al grueso de ambas tramas, con el beneplácito de la dirección nacional, las expectativas han quedado reducidas a "diputado raso". Todos, o muchos de ellos, pensaron que traspasar el primer gran obstáculo de aparecer en una candidatura electoral, cuando el triunfo electoral del PP era evidente, era garantía de repetir o entrar en un Gobierno autónomo que iba a estar liderado por otro imputado, un igual, jurídicamente hablando. Sin embargo, no ha sido así.

Las urnas avalaron a implicados en corrupción que no conservan el cargo

Camps quiere distanciar su imputación de las del resto del PP

Pese a las graves acusaciones de cohecho, financiación irregular y delito fiscal, entre otras, las urnas avalaron estas candidaturas otorgando a los populares valencianos una nueva mayoría absoluta que, en cualquier caso, se obtuvo con la pérdida de casi cuatro puntos respecto a las anteriores elecciones, cuando el tsunami azul aún no había arrasado en todo el panorama español.

Pero la corrupción no es buena carta de presentación y pesa. Y en el caso del PP valenciano ha sido como la fina lluvia, que ha ido salpicando y mojando hasta calar.

Hasta las elecciones, y desde que se destapó el caso Gürtel y el grueso del caso Brugal, la huella y consecuencia pública de la corrupción se habían hecho ya evidentes en el PP madrileño. Un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero y un senador, además de cinco alcaldes, fueron forzados a dejar sus cargos e incluso expulsados del partido. En el PP valenciano todo parecía seguir igual y, muy al contrario, todo apuntaba a que, incluso, el estar imputado contabilizaba como mérito para seguir manteniendo un cargo, para seguir siendo un administrador del dinero público. Para no dejar solo al líder, tanto del partido como de la Administración con los que se ha relacionado a las tramas corruptas. Pero no ha sido así.

Francisco Camps se ha deshecho de todos los imputados o implicados en casos de corrupción política y los ha dejado con el aforamiento que les dispensa su condición de parlamentarios pero sin ningún otro cargo. Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, al igual que Luis Díaz Alperi, permanecerán en la bancada popular de las Cortes valencianas pero como meros espectadores de lo que decide el nuevo Gobierno. El ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tampoco podrá optar a la reelección. Ninguno de ellos volverá a administrar dinero público.

Hay dos excepciones: la del propio Camps y la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que fue reelegida con una abrumadora mayoría antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte del caso Brugal en el que está implicada y que desvela su connivencia con el más importante constructor de Alicante, Enrique Ortiz.

Fuentes consultadas aseguran que la decisión de Camps se basa en dos premisas: la primera, la necesidad de desprenderse de la marca de corrupción con la que está etiquetada la Comunidad Valenciana, tanto en su imagen pública como en el mismo seno del PP. "Daba igual que habláramos de los ERE de Andalucía, en la Comunidad Valenciana siempre era más", sostiene un dirigente popular. En el caso del partido, al requisito de cambiar esa imagen se uniría la exigencia de la dirección de evitar la reedición de la avalancha de críticas que supuso la inclusión de 11 implicados en casos de corrupción en las listas y la incomodidad del propio Mariano Rajoy por tener que respaldar esas decisiones.

La segunda intención de Camps es distinguir su implicación judicial de la del resto de quienes han sido sus hombres de confianza, con la idea de marcar distancias. Pese a que la trama corrupta, liderada por Francisco Correa y su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, El Bigotes, entró de su mano, tanto en el PP como en la Generalitat valenciana, el reelegido presidente pretende que las referencias a su imputación se mantengan en el "caso de los tres trajes" y no se pueda hablar de la cúpula de Camps vinculada a los otros asuntos judiciales, como el de la financiación irregular del PP.
  
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel


elpaís.com