domingo, 20 de enero de 2013

"CASO GÜRTEL"; BETORET CULPA A CAMPS DE SUS RELACIONES CON "EL BIGOTES"

Rafael Betoret, a la derecha, con su abogado en el 'caso de los trajes', en 2011 / JORDI VICENT
El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo está imputado en el 'caso Gürtel'
Su abogado mantiene que el expresidente dio instrucciones sobre el pabellón de Fitur
Ve “muy razonable” pensar que presentó Orange Market como empresa “a tener en cuenta”

EP / Valencia

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El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, ha recurrido su procesamiento dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market en relación con Fitur, incluida en el caso Gürtel, al alegar que no tenía capacidad de contratación. Asimismo, ha atribuido su “buena empatía” con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Alvaro Pérez, El Bigotes, a la amistad que mantenía éste con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Así consta en el recurso presentado por el abogado de Betoret, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez instructor de este procedimiento, José Ceres. Recientemente en este caso, tanto Fiscalía como el PSPV han presentado sus escritos de calificación provisionales. En concreto, el ministerio público pide para el acusado una pena de 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de falsedad de documento oficial, y como cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

El defensor de Betoret se muestra convencido de que la conformidad a la que llegó Betoret en la causa de los trajes, en la que aceptó pagar una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio, ha sido “determinante” a la hora de deducir indicios de cargo contra él en este procedimiento. “Y ello no sería justo ni garante”, asevera.

Al respecto, recuerda que Betoret, en su última declaración, explicó que su defensa anterior alcanzó un acuerdo procesal “con todas las demás” para conformarse y declararse culpable. Indicó que quería evitarse un juicio “extenuante”. También dijo que contra esas prendas regaladas no había habido ninguna contraprestación lesiva para nadie. En este sentido, el abogado reitera que no hubo “nada más” que “amabilidad”, porque nunca estuvo entre sus cometidos el de contratar, fiscalizar, seleccionar o adjudicar cualquier oferta de cualquier proveedor.

Por este motivo, defiende que la “buena empatía” que mantuvo su cliente con El Bigotes, además de tratarse éste de un “encantador de serpientes”, “se debió al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat, lo que le convertía en un interlocutor totalmente fiable”. En esta línea, mantiene que resulta “muy razonable” pensar que Camps presentó Orange Market como empresa “a tener en cuenta” por su “excelencia o su buena ejecutoria”, y de hecho, indica que Betoret pudo constatar que los montajes de esta entidad eran “excelentes”.

En resumen, sobre este asunto, el abogado alega que Betoret nunca tuvo funciones de contratar a cualesquiera proveedores ni pudo decidir sobre los eventos que pudiera realizar la AVT. “Todo ello dependía y depende de decisiones políticas o trámites administrativos en los que no pudo tener intervención”, incide el letrado, quien subraya que cualquier adjudicación “correspondía de la Mesa de Contratación y, a la postre, a la propia consejera”.

El abogado dedica una parte del recurso a explicar cómo fue el nombramiento de Betoret y a justificar sus cometidos. Así, recuerda que fue nombrado jefe de gabinete de la AVT a finales de septiembre de 2004, tras la remodelación del Consell. Ese verano, Milagrosa Martínez tomó posesión de su cargo como consejera “en una calurosa tarde”. Betoret interrumpió sus vacaciones para acudir al nombramiento, acto en el que ofreció un abanico a Martínez.

Al finalizar la toma de posesión, reanudó sus vacaciones y no regresó hasta mediados de septiembre. Paralelamente, Martínez hizo averiguaciones para devolver el abanico a su propietario, y averiguó la identidad y la “eficaz ejecutoria” previa de Betoret, se indica en el escrito. Por ello, cuando Betoret se reincorporó de vacaciones a su trabajo, fue llamado por la consejera y le ofreció, entonces, con ocasión de devolverle el abanico, la jefatura de gabinete de la AVT, con las funciones propias de dicho puesto, principalmente de gestión, control y coordinación de la agenda de la Presidencia.

Tras su nombramiento, desde la Generalitat se dio importancia a la promoción turística. Así, el nuevo equipo se puso a trabajar inmediatamente en el próximo Fitur, “que había de ser impactante, mucho más elaborado y, por tanto, más gravoso que los anteriores”. Y todo ello “siguiendo expresas instrucciones políticas de la propia Presidencia de la Generalitat”. Betoret afirma que se acordó, en beneficio del resultado final del evento, ofertar de manera conjunta el diseño y la ejecución del espacio con que se contaba para exponer, y defiende la contratación con Orange Market.

Al respecto, señala que “de la propia valoración que realiza la Mesa de Contratación, y de las puntuaciones que alcanzaron las distintas ofertas, se aprecia que aún en el supuesto de que el peso de la oferta económica hubiera sido otro, la adjudicataria habría resultado igualmente Orange”. Respecto al almuerzo organizado en Fitur en 2005, el letrado indica que la realidad del gasto “resulta incuestionable”, y mantiene que no solamente el precio del catering resultó ajustado, “sino que incluso lo fue con precios muy inferiores a los normales de mercado”.

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"CASO GÜRTEL"; BETORET ATRIBUYE SU "EMPATÍA" CON "EL BIGOTES"; A LA AMISTAD DE ÉSTE CON CAMPS

Recuso en el caso Fitur
El ex jefe de gabinete de la AVT afirma que no podía contratar
Achaca su procesamiento a la condena por el 'caso de los trajes'
La Fiscalía le pide 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación

Europa Press | Valencia

El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, ha recurrido su procesamiento dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market S.L. en relación con Fitur, incluida en el 'caso Gürtel', al alegar que no tenía capacidad de contratación. Asimismo, ha atribuido su "buena empatía" con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', a la amistad que mantenía éste con el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Así consta en el recurso presentado por el abogado de Betoret al juez instructor de este procedimiento, José Ceres. Recientemente en este caso, tanto Fiscalía como el PSPV han presentado sus escritos de calificación provisionales. En concreto, el ministerio público pide para el acusado una pena de 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de falsedad de documento oficial, y como cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

El letrado alberga la "convicción" de que la conformidad a la que llegó Betoret en la 'causa de los trajes', en la que aceptó pagar una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio, ha sido "determinante" a la hora de deducir indicios de cargo contra él en este procedimiento. "Y ello no sería justo ni garante", asevera.

Al respecto, recuerda que Betoret, en su última declaración, explicó que su defensa anterior alcanzó un acuerdo procesal "con todas las demás" para conformarse y declararse culpable. Así, indicó que quería evitarse un juicio "extenuante". También dijo que contra esas prendas regaladas no había habido ninguna contraprestación lesiva para nadie.

En este sentido, el abogado reitera que no hubo "nada más" que "amabilidad", porque nunca estuvo entre sus cometidos el de contratar, fiscalizar, seleccionar o adjudicar cualquier oferta de cualquier proveedor.

Por este motivo, defiende que la "buena empatía" que mantuvo su cliente con 'El Bigotes', además de tratarse éste de un "encantador de serpientes", "se debió al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat, lo que le convertía en un interlocutor totalmente fiable".

En esta línea, mantiene que resulta "muy razonable" pensar que Camps presentó Orange Market S.L. como empresa "a tener en cuenta" por su "excelencia o su buena ejecutoria", y de hecho, indica que Betoret pudo constatar que los montajes de esta entidad eran "excelentes".

En resumen, sobre este asunto, el abogado alega que Betoret nunca tuvo funciones de contratar a cualesquiera proveedores ni pudo decidir sobre los eventos que pudiera realizar la AVT. "Todo ello dependía y depende de decisiones políticas o trámites administrativos en los que no pudo tener intervención", incide el letrado. Así, incide en cualquier adjudicación "correspondía de la Mesa de Contratación y, a la postre, a la propia consellera".

La historia del abanico
El abogado dedica una parte del recurso a explicar cómo fue el nombramiento de Betoret y a justificar sus cometidos. Así, recuerda que fue nombrado jefe de gabinete de la AVT a finales de septiembre de 2004, tras la remodelación del Gobierno valenciano. Ese verano, Milagrosa Martínez tomó posesión de su cargo como consellera "en una calurosa tarde".

Betoret interrumpió sus vacaciones para acudir al nombramiento y éste ofreció un abanico a Martínez. Tras el acto, reanudó sus vacaciones y no regresó hasta mediados de septiembre. Paralelamente, Martínez hizo averiguaciones para devolver el abanico a su propietario, y averiguó la identidad y la "eficaz ejecutoria" previa de Betoret, se indica en el escrito.

Por ello, cuando Betoret se reincorporó de vacaciones a su trabajo, fue llamado por la consellera y le ofreció, entonces, con ocasión de devolverle el abanico, la Jefatura de Gabinete de la AVT, con las funciones propias de dicho puesto, principalmente de gestión, control y coordinación de la agenda de la Presidencia.

Tras su nombramiento, desde la Generalitat se dio importancia a la promoción turística. Así, el nuevo equipo se puso a trabajar inmediatamente en el próximo Fitur, "que había de ser impactante, mucho más elaborado y, por tanto, más gravoso que los anteriores". Y todo ello "siguiendo expresas instrucciones políticas de la propia Presidencia de la Generalitat".

Betoret afirma que se acordó, en beneficio del resultado final del evento, ofertar de manera conjunta el diseño y la ejecución del espacio con que se contaba para exponer, y defiende la contratación con Orange Market.

Al respecto, indica que "de la propia valoración que realiza la Mesa de Contratación, y de las puntuaciones que alcanzaron las distintas ofertas, se aprecia que aún en el supuesto de que el peso de la oferta económica hubiera sido otro, la adjudicataria habría resultado igualmente Orange".

Respecto al almuerzo organizado en Fitur en 2005, el letrado indica que la realidad del gasto "resulta incuestionable", y mantiene que no solamente el precio del catering resultó ajustado, "sino que incluso lo fue con precios muy inferiores a los normales de mercado".

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"CASO NÓOS"; LINARES NIEGA QUE MATAS ORDENASE QUE NO SE CONTROLASE EL GASTO DE LOS FOROS

Nuevas declaraciones

Europa Press | Palma

Dulce Linares, quien fuera jefa de gabinete del expresidente del Govern Jaume Matas, ha negado ante el juez instructor del caso Nóos que el exmandatario balear le ordenase que no se realizase control alguno de los Illes Balears Forum, eventos sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en 2005 y 2006 y por los que el Ejecutivo autonómico pagó a Nóos un total de 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en la que ha aseverado que cuando fueron rubricados los convenios de colaboración de estos foros entre Nóos, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundació Illesport pensaba que no incurrían en ningún tipo de irregularidad, y nadie le dijo que así fuera.

De hecho, tal y como han informado fuentes jurídicas a Europa Press, ha recordado que cuando Matas hizo el encargo de que se pusiera en marcha el evento propuesto anteriormente por Nóos, estaba convencida de que "era dentro de la legalidad".

En concreto, Linares, según explicó en una anterior comparecencia ante el juez Castro, estuvo presente en una reunión en el Consolat de Mar -sede de la Presidencia del Govern- a la que también asistieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres, Matas, los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig y el ex director general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester.

En este encuentro, según apuntó, era Torres quien llevaba "la voz cantante" y en él explicó el proyecto que quería desarrollar en las islas, detallando la organización del foro y los posibles invitados "de prestigio" que podrían acudir, a fin de despertar el interés del Ejecutivo balear en la celebración del cónclave. Tras ello, Matas ordenó que se firmase el convenio para llevar a cabo la primera edición del Illes Balears Forum.

Al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Facturas presentadas para justificar el gasto
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".

Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.

Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó esta semana un extenso dictamen jurídico con el que intenta avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.

Con 56 páginas y un minucioso análisis de los convenios investigados, el dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, fue entregado al instructor de las investigaciones después de que la defensa del encausado presentase el pasado martes sus alegaciones contra la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, y sobre la que el magistrado prevé pronunciarse en las próximas semanas.

"CASO PINILLO"; JULIÁN MUÑOZ Y ROCA, OTRA VEZ ACUSADOS POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Están implicadas 19 personas más por un supuesto delito de enajenación del patrimonio municipal.

Europa Press | Málaga

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz; al presunto cerebro del caso 'Malaya' y exgerente de Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, y a 19 personas más, entre ellas exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios, por la operación urbanística en la finca 'El Pinillo', en Marbella, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.

Así, en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Entre los acusados, además de Muñoz y Roca, está el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes y también el exinterventor Juan Antonio Castro, así como seis exconcejales marbellíes.

También hay acusados tres administradores de empresas y supuestos testaferros de Roca, dos de ellos abogados, que han sido juzgados en el caso 'Malaya'; la hija de Jesús Gil y empresarios que fueron interviniendo en la operación urbanística. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.

A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que además de prisión solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones par alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales, al que ha tenido acceso Europa Press, una pena de 15 años de cárcel.

En lo que respecta al exalcalde marbellí, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.

La acusación sostiene que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros", en el caso de Muñoz "desde su posición de alcalde accidental y persona de confianza del regidor para firmar decretos, convenios y escrituras públicas indiscriminadamente".

Se precisa que en el caso de Roca este control se hacía "desde la dirección de la sociedad municipal Planeamiento 2000 y su condición de máximo artífice de la revisión del planeamiento del municipio hasta el mes de marzo de 2006". Su posición, señala el fiscal, le permitía "negociar los términos y aspectos relevantes de convenios urbanísticos y destino del patrimonio del suelo municipal, con margen para negociar con empresarios "en beneficio de éstos o de sí mismo".

En este caso, la acusación sostiene que Roca promovió "la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados". Añade que realizó "negocios a la sombra de su posición de dominio" en el urbanismo municipal.

Asimismo, el ministerio público dice en su escrito, de casi 250 folios, que Muñoz "tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin"; mientras que los concejales integrantes de la comisión de Gobierno, también acusados, "ratificaban de manera tan automática, como consciente de su carácter manifiestamente ilegal, produciendo por la vía de hecho un grave perjuicio del patrimonio municipal de Marbella".

Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, dice el fiscal, estuvo "lejos de promover la utilidad pública".

Así, la Fiscalía Anticorrupción indica que Muñoz, "de común acuerdo con Roca", y con la participación del entonces secretario municipal, "tras desapoderar los legítimos titulares de la finca 'El Pinillo', no solo no promovieron la construcción del palacio de congresos que justificó la expropiación de dicha finca, sino que llevaron a cabo actos encaminados a transmitirla a terceros interesados en realizar una promoción inmobiliaria".

Se apunta que esta actuación fue "desde un doble ámbito". Primero, Roca y Gil "actuaban a través de una sociedad de mera pantalla promoviendo sucesivas cesiones del crédito hipotecario que gravaban la finca con vistas a borrar las huellas de su intervención en la adjudicación directa final". Al tiempo, éstos "impulsaban la revisión del PGOU, diseñada por Roca, negociando en su propio interés con los nuevos parámetros urbanísticos de dicho inmueble".

De hecho, la finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el propio Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". Posteriormente, el fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.

Para la Fiscalía Anticorrupción, Roca, "abusando de su posición de gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000", a través de sociedades gestionadas o controladas por abogados o testaferros, "realizó actos de tráfico jurídico-mercantil en relación con bienes municipales", en este caso concreto sobre 'El Pinillo', incurriendo con ello en "una prohibición expresa de contratación por funcionario público".

Esta acusación sostiene que este acusado "tenía planeado adquirir dicho crédito y, con él, la propia finca gravada para cederla a un promotor con vistas a su desarrollo urbanístico". Así, una parte de la operación fue "revestida de un desnaturalizado contrato de arras o señal", lo que daba entrada "en la maquinación fraudulenta planeada para adquirir la finca" a sociedades del entorno de un empresario, también acusado.

El escrito del fiscal relata también la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida; con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, así como la enajenación directa a una sociedad "de mera pantalla" y las diferentes ventas realizadas. Asimismo, se alude a una infravaloración de los terrenos que se cifra en 6,7 millones.