jueves, 21 de octubre de 2010

AGUIRRE SE DESMARCA DE LA "GÜRTEL" Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO

Insiste en que su equipo no organizó la campaña de 2003

YOLANDA GONZÁLEZ MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al frente del PP de Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes policiales apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos los actos de las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata.

"Una vez que se sabe que todos los actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red Gürtel, ¿mantienen en el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones a Pío García-Escudero, su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a Pío-García Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y actual portavoz del partido en el Senado.

El argumentario
No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa de su predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de Fundescam, fue contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en el partido]. O sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del PP de Madrid, hasta noviembre de 2004.

Según ha informado este periódico, Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel.

Las siglas E. A. se refieren a la presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea también de la citada fundación.

Transcurridas las autonómicas, las empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de actos de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid.

"Enorme transparencia"
Una vez más, la presidenta madrileña restó ayer valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de manifiesto la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en todo momento".

Mañana, Esperanza Aguirre y Pío García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz conservador en el Senado será uno de los participantes en la convención regional del PP de Madrid. Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio de Madrid para debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación local, economía e ideología.

El plato fuerte ha sido reservado para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y Mariano Rajoy.

público.es

"CASO SON OMS"; LA "LOCURA" IMPIDE A MONTIS "RECORDAR GRANDES PAGOS" PERO NO GESTIONAR SUS BIENES

Nuevo informe médico
 
* El dictamen sostiene que su rastorno mental le lleva a inflar los beneficios
* Su familia pide la incapacidad pero dice que puede gestionar su patrimonio

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Una vez más el testaferro de la antigua cúpula de Unió Mallorquina (UM) se ha negado a contestar a las preguntas del juez Juan Ignacio Lope Sola que instruye el caso Son Oms sobre quiénes son sus socios ocultos en el pelotazo entre los que dejó por escrito que repartió las comisiones del 15% a cambio de la recalificación del polígono industrial de Palma.

Según un nuevo informe sobre su 'trastorno mental' es posible que el abogado "en ocasiones no recuerde pagos realizados de grandes cantidades de dinero". En cuanto a los beneficios de las operaciones, presuntamente ilegales, que se llevaron a cabo, el citado informe esgrime que "al parecer tampoco en los negocios ha obtenido las ganancias reales que según él ha presentado", señala el Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de la Clínica Universitaria de Navarra. Y es que, "en el último año sus redacciones son incoherentes y su capacidad de análisis jurídico y numérico ha disminuido de manera importante".

Tanto es así que su demencia le provocaría que las cifras que dejó por escrito que registró con la venta de los solares de los 15% no se ajustan a la realidad.

La declaración de Montis podría implicar de lleno a la ex presidenta del Parlament. En la documentación incautada en el despacho del abogado constan las iniciales que dejó por escrito junto a los lotes que hizo con las comisiones del polígono y entre las que se incluye una misteriosa 'M.' que sólo él puede identificar.

Su familia pide la incapacidad
En cambio, a sus limitaciones para hacer frente a sus responsabilidades para con la justicia, un segundo informe del médico Tomás Blanes, establece que pese a su 'locura', Montis está en disposición de "poder tomar decisiones sobre su persona, su patrimonio y sus finanzas" para poder hacer frente a la demanda de incapacitación que su esposa y su hijo presentaron en 2009, alegando los mismos argumentos que el abogado presenta ante el juez, en el marco de lo que podría convertirse en un costosísimo divorcio para el testaferro de UM.

Ante esta situación, el juez Lope Sola ha encargado ya un informe al Instituto de Medicina Legal para que determine el estado mental real del imputado.

elmundo.es

"CASO IBATUR"; ALÍA VUELVE A PRISIÓN TRAS DECLARAR

Único imputado en prisión de la causa
Palma

El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, ha regresado a prisión esta mañana tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola. Alía es el único imputado en este caso de supuesta corrupción que está en prisión preventiva. Alía ha sido trasladado desde prisíon esta mañana a primera hora para declarar, ya que estaba citado a las 10 de la mañana.

El juez Lope Sola decretó el pasado mes de julio el ingreso en prisión de Alía, que se encontraba en libertad bajo fianza, tras tomar declaración al dueño de la productora audiovisual Espiral y al administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa. Uno de los publicistas afirmó al juez que Alía le exigió comisiones a cambio de contratos del Ibatur, las cuales cifró en torno a un 10 por ciento.

El abogado de Alía, Juan Ignacio Herrero, recurrió ante el juez esta decisión apelando la inexistencia de riesgo de fuga y Lope Sola rechazó sus argumentos, tras lo cual la Audiencia de Palma celebró una vista de apelación en la que también rechazó la excarcelación del ex gerente del Ibatur. La defensa de Alía presentó entonces varios documentos con los que intentó probar que el ex director del Ibatur no cobró comisiones a cambio de adjudicar contratos, pero la Fiscalía defendió la necesidad de que permaneciera en la cárcel alegando riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado pudiera interferir en las investigaciones del caso.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA IMPUTA AL EX GERENTE DE URBANISMO POR LA VENTA ILEGAL DE LOS SUELOS

También ha imputado a una técnico
* El empresario Antonio Pardal declaró haber recibido 'presiones' de Urbanismo

María Rionegro | Sevilla

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mecasevilla ha imputado al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Marchena Gómez, por la presunta 'venta ilegal' de los suelos del mercado central de abastos, según ha sabido ELMUNDO.es.

En el auto, la jueza cita literalmente a Marchena "por su presunta participación en los hechos investigados en la presente causa, pudiendo personarse en las actuaciones mediante abogado y procurador, a quienes se les dará traslado de las actuaciones para su conocimiento y efecto".

La jueza Mercedes Alaya ha imputado igualmente a otra trabajadora de la Gerencia de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, también por la presunta venta ilegal de los terrenos. Se trata de la subjefa del servicio de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El auto que imputa a estos dos nuevos acusados en la venta de los suelos les está siendo notificado a las partes en estos momentos.

Por otro lado, la jueza, en su auto, cita como testigos al secretario general de Mercasa, propietaria del 48% de Mercasevilla, Arturo Cortés de la Cruz, y a Ángel Gil Pascual, director del staff de Presidencia de Mercasa y miembro del consejo de administración y la comisión ejecutiva de Mercasevilla.

El nombre del ex gerente de Urbanismo apareció durante la investigación el 'caso Mercasevilla', tras la declaración ante la Policía Judicial del empresario Antonio Pardal, dueño de la constructora Larena 98, según el cual Marchena le ofreció la adjudicación de varios concursos para la construcción de VPO a cambio de renunciar a los derechos de superficie de unos terrenos de Mercasevilla, los mismos que finalmente fueron adjudicados a una filial de Sando en un concurso que la juez Alaya considera irregular.

Antonio Pardal aseguró en su día, en su declaración ante la juez instructora, que recibió "presiones" para que resolviera el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003, ya que existía una entidad -Sanma, filial de Sando- que estaba esperando a subrogarse en dicho derecho. En su declaración, ratificó su declaración policial y narró cómo, tras firmar el contrato de derecho de superficie y realizar los proyectos para la construcción de una serie de naves industriales, la Gerencia Municipal de Urbanismo le comunicó que estos proyectos no eran viables.

Según dijo Pardal, seis meses antes de la subrogación de Sanma en el derecho de superficie, tuvo una reunión con el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, quien "le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres, y aunque no se le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, así lo entendió implícitamente".

Marchena en el juzgado
El 15 de febrero, el ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena intentó un golpe de efecto acudiendo de forma voluntaria e inesperada al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla con la pretensión de prestar declaración sobre su presunta implicación en el 'caso Mercasevilla'. La juez Mercedes Alaya, que instruye estas diligencias, no lo recibió.

Marchena acudió al juzgado en torno a las 11 de la mañana y apenas permaneció unos quince minutos en el interior del edificio. Ante la imposibilidad de ser recibido por la juez, que en ese momento presidía una vista y con la que no había concertado cita alguna, el actual vicepresidente de las empresas municipales dejó constancia de su disposición a declarar ante los funcionarios del juzgado.

 

CARGOS DEL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD IMPUTADOS POR TRAMAS URBANÍSTICAS

DENUNCIA | Ecologistas en Acción

    * El terreno en cuestión está protegido e impide su uso terciario
    * Los implicados cambiaron el uso del terreno para eludir las prohibiciones
    * A pesar de ello, se siguieron desarrollando usos terciarios del mismo

Efe | Madrid

Cuatro cargos del Ayuntamiento de Madrid y cinco de la Comunidad de Madrid han sido llamados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 50 de la capital, tras una denuncia de Ecologistas en Acción, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental.

Ecologistas en Acción presentó una querella el pasado mes de julio en relación con una autorización administrativa que considera irregular en la finca La Muñoza, situada dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, junto al monte de El Pardo, y propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

Según ha informado la organización ecologista, el pasado día 14 fueron citados el director general de Ejecución y Control de la Edificación del Ayuntamiento, Norberto Rodríguez, el jefe de Sección de Licencias, Manuel Benítez, y el jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, Ángel del Palacio.

También fue llamado el Jefe de Sección de Licencias y Adjunto Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Mora Hipólito.

Además, este viernes declararán el ex director general de Urbanismo y Planificación Regional Domingo Menéndez; la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental María Jesús Villamediana; y el técnico del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Miguel Díaz Villar.

Igualmente están citados mañana la jefa del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Cristina Bustamante; y el ex director-conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares Antonio Sanz Palomo, todos ellos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
 
Terrenos protegidos

La organización ecologista denunció que diferentes departamentos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid emitieron en 2006 autorizaciones y licencias que permiten que una edificación rehabilitada y una carpa de esta finca se utilicen como salón de banquetes y para espectáculos musicales hasta las cinco de la madrugada.

Y ello a pesar de que se trata de un terreno clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como no urbanizable de protección ecológica, en el que "ni la carpa, ni los espectáculos, ni el uso terciario (salón de banquetes) son autorizables".

Asegura Ecologistas en Acción que para eludir las restricciones ambientales, la Fundación solicitó autorización para realizar actividades formativas y educativas, uso que sí se permite en el espacio protegido, y que en el acceso principal hay un cartel que cataloga las instalaciones como Centro Especial de Empleo Subvencionado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo constan 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones, aunque las denuncias interpuestas han sido archivadas y las actas de la policía se acumulan sin que se les de trámite alguno.

A juicio de Ecologistas en Acción, las relaciones de la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce con miembros de los gobiernos regional y municipal "podrían haber influido" en las autorizaciones e informes favorables que ha recibido.

Por ello, esta organización intentará que las responsabilidades penales, si las hubiera, no recaigan sólo sobre los técnicos y cargos que han firmado las correspondientes licencias e informes.

elmundo.es

LA JUEZ ALAYA IMPUTA AL EX GERENTE DE URBANISMO EN EL "CASO MERCASEVILLA"

Manuel Marchena es investigado por la supuesta venta irregular de los suelos de la empresa

EP - Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha emitido un auto en el que imputa al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamento de Sevilla, Manuel Marchena, en el caso Mercasevilla. Le investiga dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.


elpaís.com

UN INFORME POLICIAL CONCLUYE QUE LA RED GÜRTEL PRESTÓ VEHÍCULOS A RICARDO COSTA Y AL EX DIRECTOR DE CANAL 9

El ex secretario general del PP valenciano "disfrutó" presuntamente una motocicleta, y Pedro García Gimeno un Mini Cooper

BRUNO G. GALLO - Madrid

La policía ha informado al juez de que uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, compró dos vehículos para que los usaran el ex director de Canal 9 Pedro García Gimeno y el ex número dos del Partido Popular valenciano Ricardo Costa, implicados en la causa por haber beneficiado presuntamente a la red corrupta desde sus cargos.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía Nacional remitió el pasado 11 de octubre un informe al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira sobre operaciones de compra-venta de vehículos presuntamente llevadas a cabo por Pérez. Pedreira instruye la investigación sobre los supuestos lazos de esta red empresarial con altos cargos del Partido Popular y de las Administraciones regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Mini Cooper del director de Canal 9. Los investigadores concluyen que Isabel Jordán hizo uso de un Mini Cooper blanco entre septiembre y noviembre de 2007, contratado por la empresa de la que era administradora, Special Events (una de las principales compañías de la trama), en régimen de renting. Ese coche fue comprado a continuación por una sociedad intermediaria de la red, Imperauto, con sede en Valencia, que a su vez se lo entregó a Álvaro Pérez por 31.000 euros pagados en efectivo.

Pérez nunca llegó a poner a su nombre el coche. Entre enero de 2008 y mayo de 2009 siguió matriculado a nombre de Imperauto. En un primer momento la empresa aseguró que el vehículo nunca había salido del concesionario, que pasó esos 16 meses expuesto para su venta al público. Luego, toda vez que existía un recibo de compra por parte de Pérez, su administrador explicó que éste había comprado el coche para regalárselo a su mujer; siguió a nombre del concesionario porque "no sabía a nombre de quién matricularlo".

Meses después, según el relato de la empresa, el empresario les devolvió el coche para que lo vendieran, "lo que [se] hizo pasado un tiempo a un particular que vino acompañado del propio Álvaro Pérez". En mayo de 2009, tres meses después de haberse iniciado la operación judicial contra la trama corrupta, el coche fue matriculado a nombre de Francisco Xavier Senin Fernández, un gallego de 61 años que "casualmente" es padre de Adrian Senin Rico, empleado de Orange Maket (otra empresa clave de la red) e imputado en la causa. Se pagaron 16.200 euros mediante transferencia bancaria, que fueron a parar a los bolsillos de Pérez. Seis meses después, fue vendido de nuevo.

Según la investigación policial, Pérez no compró el coche para dárselo a su mujer sino a Pedro García Gimeno, a la sazón director de la televisión pública valenciana (Canal 9) hasta agosto de 2009. Lo deduce del hecho de que García Gimeno fue multado en agosto de 2008 en Valencia por una infracción de tráfico cometida al volante de ese vehículo, del que era al parecer "su usuario real".

El triciclo de Ricardo Costa. Entre otros vehículos, Pérez tenía una motocicleta Bombardier Can Am Spyder de color amarillo matriculada en mayo de 2008. Orange Market compró por esas mismas fechas otro triciclo del mismo modelo. En los registros efectuados en las oficinas de la trama, los investigadores encontraron una póliza de seguro para esa motocicleta, a nombre de la empresa pero con un papelito post-it adherido en el que se podía leer, escrito a mano: "Seguro original entregado a Ricardo el 21-7-08".

La policía deduce "a tenor de los documentos analizados" que se refiere a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado autonómico de esa formación, que tuvo "el uso y disfrute particular y privado al menos temporal" del vehículo.


elpaís.com