sábado, 4 de julio de 2009

ACUSAN A MATOS DE ORQUESTAR COMISIONES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA


Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía | ABC

Transcripción de las escuchas de la Guardia Civil

DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil al alcalde de Santa Lucía durante el año 2007 extrajeron una serie de posibles irregularidades legales de alta trascendencia, varias de ellas en paralelo con la trama de la Operación Palmera.

Según las investigaciones que la Benemérita entregó al juez y a las que ha tenido acceso ABC, el Equipo de Delitos Urbanísticos podría haber encontrado indicios de pago de comisiones fraudulentas por parte del máximo responsable del consistorio sureño, Silverio Matos, a empresarios y personas allegadas.

Ante las conclusiones arrojadas por las intervenciones telefónicas, varias de estas operaciones se habrían realizado, presuntamente, en algunos recintos públicos de la comarca de Santa Lucía como el gimnasio municipal, orquestandóse varias de estas secuencias a altas horas de la madrugada.

Otras operaciones
La denuncia de Rufino Pérez (cursada el 9 de mayo de 2007) había sido el acicate para reactivar las pesquisas del cuerpo armado, el cual movilizó una serie de escuchas.

Algunas de las más llamativas se produjeron entre el mes de mayo y junio de 2007. En una de las conversaciones llevada a cabo entre Silverio Matos y Marcial (supuestamente Marcial Sánchez, uno de los implicados por los famosos convenios del caso eólico) se alude al citado gimnasio, en el que presuntamente se había truncado una reunión espontánea entre ambos al filo de las cinco de la mañana. Una cita que se debía producir tras la resolución de los resultados electorales, en el que Nueva Canarias (actual socio del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria) se impuso con autoridad en el municipio de Santa Lucía.

En esa interlocución, Marcial -evidenciando una clara relación de amistad- le asegura coloquialmente que «al gimnasio no fuiste porque yo estaba caminando y no te vi».

Ante esta afirmación, Matos se excusa: «No, no, no, no fui no fui no... porque ir al gimnasio a las cuatro era levantarse a las cinco y media (de la mañana)». Más adelante, el alcalde se muestra agradecido por su presunto apoyo en los comicios de la comarca: «Venga, Marcial, un abrazo y gracias...gracias porque has colaborado, que sé que has colaborado, vale».

Cifras llamativas

El 12 de junio de 2007, Matos realizó una llamada a un tal Fausto (que, según la Benemérita, sería Fausto Saavedra, el director de la Escuela Taller Municipal), en la que se habla claramente de dinero, sin especificar la naturaleza de la transacción.

«Mira, ayer vino aquel a buscar los tres mil», le asegura el alcalde. Inmediatamente, su interlocutor le pregunta si le había «hecho un pequeño recibí». Matos contesta que «no, no, se lo di directamente ...él no vino a buscarlo, vino un hermano».

Posteriormente, el 27 de julio de 2007, el máximo responsable del consistorio vuelve a ponerse en contacto con Fausto, en una conversación de claro trasfondo económico. «Buenos días,mira, me llama ahora este... Juan... el director de la Caja... ¿no?...Rural...», empieza a relatar Matos.

«Sí, claro, en esto días vencía una... una de las cuotas», le responde Fausto. Posteriormente, el alcalde empieza a hablarle de cifras: «Que hay allí 17.000 euros, ¿no?».

Su compañero de diálogo le apostilla que «sí, sí, claro, para allá era una de 17 (mil) y otra era de 19 (mil). La de la Caja Insular es anual».

Es entonces cuando Matos le hace una pregunta muy ambivalente: «¿Y de donde vamos a pagar eso?».

Ante este interrogante, Fausto se limita a decir que «el hermano de Juan Martel me está llamando porque... necesita más o menos tres mil. Hay que buscarle algo, tío, hay que...eso, tenemos que hacer aunque sea alguna chapuza o algo para... para solucionar eso ahora en agosto y después ver que hacemos», agrega.

En esos momentos, Matos parece desesperarse y le vuelve a preguntar «¿De donde lo sacamos ahora? Porque ya me llamó Juan Trujillo y me llamará Tino hoy también».

Datos reveladores
Para la Guardia Civil, estas conversaciones fueron calificadas de relevantes, al estar solapadas con otras escuchas realizadas por esas fechas en las que aparecen los nombres de los empresarios relacionados con los convenios fraudulentos del parque eólico.

Bajo dichas diligencias, hay una dilatada lista de imputados que se desglosa entre ediles del consistorio santaluceño, funcionarios y comerciantes de la zona, argumentándose con ello posibles delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documentos, encubrimiento y tráfico de influencias.

ABC.ES

EL ALCALDE DE ESPARTINAS NIEGA IRREGULARIDADES EN LA AMPLIACIÓN DE SU CASA

SEVILLA. El alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), prestó ayer declaración en calidad de imputado ante el Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar la Mayor, donde ante la denuncia elevada por el PSOE por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos, ha alegado que se abstuvo «en todas las votaciones» relacionadas con la operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad.

En declaraciones a E.P., Domingo Salado explicó que se ha defendido de las acusaciones formuladas por la portavoz municipal del PSOE, Matilde Marín, quien había elevado al juez una denuncia en la que advertía de que una «ampliación» de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas. Marín, igualmente, aseguraba que la obra habría sido consumada tras una operación urbanística en cuya tramitación el alcalde no se habría abstenido de votar.

En su denuncia, el PSOE relataba que entre 1999 y 2002, vecinos de la urbanización La Juliana habían solicitado sin éxito al Ayuntamiento la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que colindaban con sus respectivas viviendas al objeto de ampliarlas, pero «el Ayuntamiento se negó en todo momento», toda vez que el propio alcalde es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización.

No obstante, y pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora «Acimentar SL» en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaban 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 «vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones», una parcela que fue «vendida» por «Acimentar» al propio alcalde por 39.065,79 euros.

ABC.ES

EL TSJA CONFIRMA LAS CONDENAS DE LAS FACTURAS FALSAS

EFE - Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las condenas de hasta cuatro años de cárcel impuestas por las facturas falsas del distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, pues considera demostrado que los trabajos se cobraron y no se hicieron. El TSJA confirma la condena de cuatro años y tres meses de cárcel para José Marín, ex secretario del distrito Macarena, por el pago de seis facturas falsas por obras menores, en un fallo que incluye tres años y nueve meses de prisión para el contratista José Pardo.

Pardo fue condenado porque a finales de 2002 y comienzos de 2003 presentó al Ayuntamiento varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido solo parcialmente" y lo hizo aparentando actuar por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que no tenía la representación de la misma.

En cuanto al secretario del distrito, que tenía la condición de funcionario, la sentencia de la Audiencia afirmó que "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado". El TSJA dice que la sentencia de la Audiencia de Sevilla, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, está "perfectamente motivada", y niega el argumento de las defensas de que el jurado se viese influido.

La sentencia confirma el importe de la defraudación, 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, en una condena que incluye para Marín una multa de 2.400 euros y una inhabilitación para cargo público durante seis años.

ELPAÍS.COM

EL QUÍMICO DEL "CASO FABRA" NO SABÍA QUE SUS ANÁLISIS SE FALSIFICABAN

MARÍA FABRA - Castellón

Hadmi el Azouzi, uno de los químicos imputados en el llamado caso Fabra, por supuesta falsificación de análisis de fitosanitarios, aseguró ayer en el juzgado que no sabía que sus informes se usaban para presentar solicitudes ante el Ministerio de Agricultura y que creía que se limitaban a un trabajo "interno". El Azouzi alegó que analizaba los productos que le facilitaba el empresario Vicente Vilar, también imputado en la causa, y que no sabía que sus informes se falsificaron con sellos y cuños de empresas indias y chinas.

El propio Vilar explicó que, ante las dificultades para obtener autorizaciones para fabricar herbicidas y pesticidas, optaron por falsificar los análisis que pedía el Ministerio de Agricultura para conceder las licencias. Según Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, estaba al tanto de las falsificaciones, ya que las autorizaciones se obtenían a nombre de Artemis 2000, la empresa que compartían las ahora ex esposas de Vilar y Fabra. Por ello, la juez imputó a Fabra por un supuesto delito de falsedad documental. El fiscal pide dos años de cárcel.

ELPAÍS.COM

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE JUSTIFIQUE LA SUBVENCIÓN

CASO MATSA

Abre diligencias de investigación penal


Manuel Chaves responde a los periodistas este jueves en Madrid. |Efe

* Chaves tiene diez días de plazo para presentar sus alegaciones
* La denuncia de Manos Limpias sigue su trámite en el Supremo

Antonio Salvador | Sevilla
La Fiscalía del Tribunal Supremo reclama a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía que explique la concesión del incentivo de casi 10,1 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), apoderada por la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves.

La Fiscalía del Supremo abre así diligencias de investigación penal (8/2009) tras la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios independientes Manos Limpias contra el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Estas diligencias fueron incoadas inicialmente (con el número 40/2009) por la Fiscalía Superior de Andalucía , que acordó remitirlas al Supremo por la condición de aforado de Manuel Chaves. Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo acuerda dar diez días de plazo al vicepresidente tercero del Gobierno para que formule las alegaciones que considere oportunas a la denuncia.

En su denuncia, Manos Limpias entiende que concurren en el caso los elementos subjetivos (Chaves como alto cargo de la Junta y su hija como apoderada de Matsa) y objetivos (relación de parentesco entre ambos y que el alto cargo conociera el asunto), así como el nexo del tipo penal (coincidencia en el tiempo), que justificarían la comisión de un delito de tráfico de influencias.

El sindicato de funcionarios ha interpuesto también una denuncia administrativa contra Chaves, al entender que el ex presidente andaluz cometió una «infracción muy grave» de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta, al no inhibirse en la ratificación de la ayuda.

ELMUNDO.ES

LA AGENDA DE CAMPS LE SITÚA EN VALENCIA EL DÍA QUE DICE QUE PAGÓ LOS TRAJES EN MADRID

Los abonos coinciden con fechas en las que Presidencia tenía programados actos oficiales en la Comunitat Valenciana

El presidente Francisco Camps saluda al público que le recibió el día que fue a declarar/ fernando bustamante

REGINA LAGUNA VALENCIA

La agenda del Presidente de la Generalitat ha dejado sin coartada a Francisco Camps al situarle en Valencia, en actos oficiales, en las distintas fechas en las que fueron cobrados los trajes, entre enero y febrero de 2007. Este abono lo realizó personalmente y en efectivo en una tienda de Forever Young en Madrid, según manifestó el mismo Presidente ante el juez que investiga la trama Gürtel en Valencia, por un presunto delito de cohecho, cuando declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Al menos esto es lo que se desprende de la comprobación entre el arqueo de caja de Forever Young y la agenda del Presidente. Las fechas que figuran en el pago global de los trajes de todos los imputados coinciden con varios actos oficiales del Presidente en la Comunitat Valenciana. Hay que recordar que el resto de imputados coincidieron al reconocer que encargaron el pago a Álvaro Pérez, consejero de Orange Market, tras abonarle los trajes.

Lo que el magistrado instructor, José Flors, intenta averiguar es si unos trajes valorados en 30.000 euros fueron regalados por Francisco Correa y Álvaro Pérez, gerentes de Special Events y Orange Market, a cambio de contratos públicos con la Generalitat. Los imputados como posibles receptores de estos regalos son el mismo presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret.

De esta forma, la agenda del Presidente desmiente al mismo Camps. Con la llegada de esta prueba, se ha puesto de manifiesto que el Presidente no pudo pagar personalmente y en efectivo los trajes que compró en Forever Young en Madrid, ya que se encontraba en la Comunitat Valenciana participando en actos oficiales y públicos.

En concreto, aparecen unos pagos globales realizados en varias fechas entre enero y febrero de 2007. Estos pagos, que corresponden al conjunto de los cuatro imputados, coinciden en todos los casos con fechas en las que el presidente Francisco Camps se encontraba participando en actos oficiales en Villena y Alcoi, entre otros.

Camps explicó ante el juez que no podía presentar la factura de los trajes porque los pagó en metálico con dinero que cogió de la caja de la farmacia de su mujer, ya que no quiso utilizar la tarjeta de crédito oficial. Al menos, así se desprende del cotejo de su agenda con el arqueo de caja de Cortefiel, matriz de Milano y Forever Young, remitido a través de su empresa contable, Castellana Inmuebles.

Otra de las pruebas pedidas por el juez, las transferencias bancarias con que se pagaron los trajes, ha venido a confirmar que se realizaron a través de las empresas de la trama de Correa, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. Los pagos estaban firmados como apoderada por María Inmaculada Mostaza Corral, administradora de la primera de estas empresas y remitidos a Castellana Inmuebles.

LEVANTE.COM