miércoles, 29 de abril de 2009

ROCA NIEGA QUE SE RECALIFICARAN LOS SUELOS QUE COMPRÓ A SANDRA BISMARCK


CASO 'MALAYA' | Ha declarado ante el juez *

Dice que la compra fue legal y que el asunto ha prescrito
Efe | Marbella

La defensa del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, que ha declarado este miércoles como imputado en una pieza separada del caso 'Malaya', ha asegurado que el suelo que adquirió en una operación urbanística no fue recalificado y ha apuntado que el asunto está prescrito.

Roca ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella por una causa relacionada con los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, por la que también han declarado como imputados la condesa Sandra Von Bismark y los abogados Francisco y Juan Luis Soriano Pastor, así como otro letrado.

El juez había citado además por este procedimiento separado del caso 'Malaya' a un ciudadano francés ya fallecido, según ha explicado el abogado de Roca, José Aníbal Álvarez.


En declaraciones a los periodistas, Álvarez ha destacado que los terrenos adquiridos por una sociedad en la que el ex asesor urbanístico participaba al 50% no fueron recalificados, por lo que más de una década después de su adquisición "ese suelo sigue siendo rústico".


El letrado ha asegurado que el asunto "está prescrito", dado que la operación tuvo lugar hace trece años, y ha resaltado que la compra de los terrenos se hizo de forma legal a través de cheques bancarios.


Ha señalado que en las comparecencias no se ha mencionado los presuntos delitos imputables a los declarantes y se ha mostrado convencido de que el procedimiento será archivado, aunque ha apuntado que era necesaria la toma de declaraciones para "argumentar jurídicamente" dicho archivo y no "cerrar en falso" la causa.

Álvarez ha indicado que tras la comparecencia, su cliente ha mantenido una reunión con los administradores judiciales de sus empresas, encuentro que volverá a repetirse el próximo 13 de mayo.


La pieza separada por la que ha prestado declaración el ex asesor urbanístico tiene su origen en un informe elaborado por la Udyco Costa del Sol sobre la sociedad Investbardulia SL y una operación urbanística llevada a cabo a través de la misma.

El informe, de cerca de 500 páginas y al que ha tenido acceso Efe, establece que Investbardulia, gestionada por el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, constituye "una más de las entidades" destinada a "ocultar el patrimonio de Roca a partir de su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella".

Según los investigadores, el único activo de la sociedad lo constituyen unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros en diciembre de 1997 a la entidad Pingüe SL, propiedad de la condesa alemana radicada en Marbella Sandra Von Bismarck.


Estos terrenos fueron objeto de un convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella firmado un año antes y ratificado en el pleno municipal en febrero de 1997, por el cual se recalificó como suelo urbanizable programado una superficie de casi 173.000 metros cuadrados.


El informe apunta que la nueva calificación del terreno y las condiciones urbanísticas contempladas en el convenio "hacían previsible el logro de importantes plusvalías" para los propietarios a partir de los incrementos de edificabilidad previstos.


La Policía calcula que las expectativas de ganancias derivadas de los 17.000 metros cuadrados adquiridos por Investbardulia ascenderían como mínimo a más de 1,8 millones de euros.


Biscmarck dice que no se lucró con la operación

ELMUNDO.ES

EL EX ALCALDE FINANCIÓ CON DINERO PÚBLICO LOS TEJEMANEJES DE SU HERMANO


En la Mérida del PP: corrupción, sexo y televisión (I)

Durante el mandato del popular Pedro Acedo (en la foto) en el Ayuntamiento extremeño de Mérida, todas las voces apuntaban a que su hermano, el abogado Ángel Acedo, era quien realmente gozaba del poder en la sombra. Los socialistas arrebataron la alcaldía al PP en las municipales de 2007, después de que el propio Ángel Acedo protagonizara un escándalo de corte sexual en el que también estaban implicadas la entonces concejala de Hacienda y una presentadora de la televisión local TeleMérida. Un informe de una auditoría para el Ayuntamiento sobre los últimos años del PP en la capital extremeña (de 2003 a 2007) revela el pago por parte del consistorio de facturas injustificadas a esta televisión local, así como a otras empresas dependientes del hermano del ya ex alcalde.

Ángel Acedo, hermano del ex alcalde popular de Mérida Pedro Acedo, ha sido, y aún es, una persona muy conocida e influyente en la capital extremeña, debido a sus vínculos con empresas de medios de comunicación y con el mundo jurídico. Tanto que en la ciudad (gobernada por el PP desde 1995 hasta 2007) todas las voces le señalaban como el verdadero ideólogo de las políticas, una especie de alcalde en la sombra. Pese a que ya era un personaje conocido, su nombre saltó aún más a la actualidad cuando en julio de 2005 aparecieron en internet varias fotografías y vídeos de corte sexual en las que la entonces concejala de Hacienda, Gloria Constantino, y una periodista del canal local TeleMérida, Mar Pérez de las Heras, practicaban sexo con él.

Mar Pérez de las Heras y Gloria Constantino, protagonistas de los escándalos sexuales con Ángel Acedo

La participación de Acedo en TeleMérida
El escándalo provocó la salida del Ayuntamiento de Constantino, casada con el director de informativos de la cadena, David Vigario. La periodista también dejó su trabajo, se divorció y abandonó Mérida después de interponer una demanda contra Ángel Acedo, que fue archivada. El hermano del ex alcalde popular corrió mejor suerte, ya que siguió participando de TeleMérida a través de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mérida (APYME), promotora de la cadena, y de la que es vicepresidente y secretario general.

Favores municipales para la emisora
Esta emisora, que comenzó a emitir en septiembre de 2001, recibió por parte del Ayuntamiento cuantiosas sumas de dinero, la mayoría de ellas, según el citado informe de la auditoría, sin tener justificación alguna. Además, la emisora recibía enormes sumas por publicidad del Consistorio, así como honorarios por retransmisiones de eventos de la ciudad muy por encima de los pagos que recibían otros medios locales.

Beneficiada por otras empresas
Pero no solo el Ayuntamiento popular efectuaba estos pagos a TeleMérida, sino que la cadena se beneficiaba también de las concesiones municipales hechas a otras empresas. Así ocurrió, por ejemplo, con la empresa Culturex, una sociedad creada –o al menos inscrita en el Registro Mercantil- dos días después de que el Consistorio sacara a concurso la gestión del dinero procedente de los Fondos Europeos para impulsar el turismo en Mérida.

Un 10% para publicidad
Pedro Acedo concedió a esta empresa un contrato de cuatro meses que después se amplió un año más para que Culturex desarrollase acciones innovadoras en el campo turístico, organizase actividades culturales y promocionase la ciudad. Un 10 por ciento de los Fondos Europeos destinados a estos fines lo destinaba esta empresa a publicidad, que solo se contrataba en TeleMérida y en el periódico local La Capital, dirigido precisamente por David Vigario, y también ligado a Ángel Acedo a través de la APYME.

Facturas mensuales firmadas por Constantino
Además, Culturex emitía facturas mensuales al Ayuntamiento que eran aprobadas y autorizadas por la propia Gloria Constantino y en las que en ningún caso se especificaban los actos por los que se estaba pagando. A día de hoy, ni siquiera la página web conjunta de las ciudades de Mérida y Évora que se creó en su día desde este proyecto permanece operativa.

El despacho SELEX
Pero TeleMérida no es la única empresa vinculada con el hermano del ex alcalde popular que ha recibido pagos sin justificar por parte del Ayuntamiento. Ángel Acedo, además de dar clases de Derecho Privado en la Universidad de Extremadura (UEX) y coordinar las Prácticas Jurídicas de la UNED, es el dueño de un bufete de abogados, Servicios Legales de Extremadura (SELEX), que también se ha beneficiado de los contratos municipales.

Socios capitalistas
SELEX cuenta entre sus socios capitalistas, según documentos privados de la constitución del despacho, con el propio ex alcalde, Pedro Acedo, su hermano Francisco Acedo, los concejales populares Gonzalo García de Blanes y Manuel Gámez Lázaro, el empresario de telecomunicaciones Juan José Nieto, o el director de TeleMérida, el ya mencionado marido de la ex edil Gloria Constantino, David Vigario, además del propio Ángel Acedo.

Facturas por un total de 73.656 euros
Según el estudio de la asesoría municipal, el Consistorio de Acedo pagó en 2005 un total de 25.092 euros a SELEX por trabajos supuestamente de asesoría jurídica (aunque el Ayuntamiento cuenta con sus propios técnicos jurídicos) pero que no tienen “justificación documental alguna, factura o similar”. De hecho, según marca el informe, los pagos que se hicieron entre 2003 y 2005 a SELEX por servicios que no están recogidos en ningún tipo de contrato o de factura ascienden a 73.656,57 euros.

Pagos mensuales y “otros trabajos”
La mayoría de estos pagos se abonaban de manera mensual, dando a SELEX una cantidad fija. Así, en 2003, el Ayuntamiento pagó cada mes 730,79 euros al bufete (un total de 8.769,48 euros). En 2004 y 2005 los honorarios mensuales ascendieron a 2.091,51 euros al mes y a esa cifra se sumaron 1.997,55 y 12.693,3 euros respectivamente por concepto de “otros trabajos”, que no llegaron a especificarse.

ELPLURAL.COM

EL SECRETARIO PERSONAL DE AZNAR TRABAJÓ PARA CORREA


Nuevas evidencias acercan la trama Gürtel al entorno del ex presidente

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Este martes, El País desveló que el imputado y ex segundo teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, envío una misiva al que fuera secretario personal del ex presidente José María Aznar, Antonio Cámara Eguinoa, para organizar (utilizando medios públicos), la famosa boda entre Ana Aznar y Alejandro Agag. Hoy, El Plural muestra nuevas evidencias que acercan la trama Gürtel al entorno del ex presidente del Gobierno.

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Una vez que el Partido Popular perdió las elecciones generales del año 2004, Antonio Cámara empezó a trabajar en Special Events, sociedad dirigida por Francisco Correa que ha organizado en los últimos años numerosos actos para el Partido Popular y que está siendo investigada por la Justicia al formar parte de la trama de corrupción vinculada al PP.

Paraíso Fiscal
Special Events tiene sus principales acciones en el paraíso fiscal de la Isla de las Nieves, territorio que se independizó del Reino Unido en 1983 y que está situado entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Esta isla Caribeña prevé fuertes multas y hasta penas de prisión si se revela el nombre o los datos de los empresarios extranjeros que operan allí.

Sin respuesta
En 2005, el Departamento de de Estado americano señaló a la Isla de la Nieves como un paraíso fiscal convertido en “centro de blanqueo y narcotráfico”. La Cadena Ser se hizo eco por aquel entonces del informe emitido por el Gobierno de Estados Unidos. Fue entonces cuando la citada emisora Prisa se puso en contacto con el ex secretario de Aznar, para indagar sobre Special Events, a la que el PP confiaba la mayoría de sus actos de partido. Cámara aseguró no conocer la identidad de los verdaderos dueños de la empresa para la que había trabajado durante casi un año.

El origen de la empresa
Special Events se constituyó, con un capital social de 500.000 pesetas, en septiembre de 1994 por José Luis Izquierdo López y Victoria Romero (ambos están imputados en el caso Gürthel). La administradora única de esta empresa era María del Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer de Francisco Correa.

Ampliación de capital
En junio de 2002, la empresa que tantos eventos ha organizado en los últimos años para el Partido Popular elevó su capital social en 39.990 euros, que fueron suscritos por una sociedad domiciliada en Londres denominada Windrate Limited, y cuyos misteriosos accionistas están radicados en la Isla de Nieves.

Más empresas
Según desveló el pasado mes de febrero Europa Press, la empresa para la que trabajó el secretario de Aznar no es la única sociedad del entramado Gürtel vinculada a este paraíso fiscal.

Inyecciones de capital
Al igual que Special Events, Inversiones Kintamani y Welldone 2002 también recibieron fuertes inyecciones de capital mediante sucesivas ampliaciones de capital provenientes de accionistas radicados en la citada isla del Caribe.

Inversiones Kintamani
Desde su creación en 1994, Inversiones Kintamani ha tenido varios administradores únicos, entre los que destaca José Luis Izquierdo y el también imputado en el caso Gürtel, Ramón Blanco Balín.

Welldone 2002
Por su parte, Welldone 2002, empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, se creó en 2002. El ex secretario de organización del PP Gallego, Pablo Crespo, era su representante cuando sufrió una ampliación de capital de 151.465 euros que, como no podía ser de otra forma, fue suscrita íntegramente por una sociedad radicada en la Isla de las Nieves.

Conexiones
En definitiva, nos encontramos ante una cadena de sociedades opacas interpuestas que hacen prácticamente imposible averiguar quienes son los verdaderos dueños de estas empresas. Lo que está claro es que gente muy ligada a la cúpula del Partido Popular jugó un papel muy activo en este gigantesco entramado de corrupción.

Con Aguirre en Caja Madrid
A estas más que sospechosas relaciones del entorno de Aznar con la trama Correa son denunciadas hoy por Enric Sopena en su Cabos sueltos, donde añade además otra significativa coincidencia: en la actualidad, Antonio Cámara es presidente de la Comisión Permanente de Control de Caja Madrid. En la durísima batalla entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, el ex secretario de Aznar defiende los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

jmgarrido@elplural.com

TRES EX GILISTAS, CONDENADOS A DEVOLVER 234.000 EUROS


Los ediles gestionaron mal dos sociedades de Estepona

J. VIÚDEZ - Málaga


El Tribunal de Cuentas ha condenado al concejal posgilista implicado en el caso Astapa contra la corrupción, José Ignacio Crespo (en la foto), y a los ex gilistas Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho a indemnizar con 234.000 euros a las arcas de Estepona (Málaga) por el perjuicio causado en la gestión de dos sociedades municipales, ahora en proceso de liquidación.

El alcalde pide al concejal José Ignacio Crespo que dimita


La condena es susceptible de aumentar porque el órgano fiscalizador les hace responsables subsidiarios del pago de otros 389.000 euros que le correspondería abonar al fallecido Antonio Fernández Quero, gerente de las sociedades. Esta cantidad tendrían que asumirla los antiguos ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en caso de que los herederos de Fernández no respondan por esta cuantía, algo que parece muy probable, según fuentes municipales.


El alcalde del municipio, David Valadez (PSOE), dio a conocer ayer los fallos del Tribunal de Cuentas sobre cinco sociedades municipales en las que no se justificó convenientemente la salida los fondos reclamados. "Queremos recuperar hasta el último céntimo", aseguró. El municipio solicitará una "ejecución provisional" de las sentencias para que las cantidades vuelvan cuanto antes a las arcas municipales.


Los tres ex ediles del GIL pertenecían a los consejos de administración de las sociedades implicadas. En el caso de Servicios Estepona XXI, SL, y Planeamiento Estepona XXI, SL, se les considera "responsables directos" de un saldo deudor injustificado de 234.150 euros y subsidiarios de otros 305.000 euros. Habían sido condenados a pagar esta suma el 16 de abril de 2008, pero recurrieron la sentencia en apelación. El fallo que se dio a conocer ayer puede recurrirse en el Tribunal Supremo.


Las sentencias por las sociedades Imagen Estepona XXI, Empleo Estepona XXI y Control Servicios Estepona XXI les condenan al pago de 82.942 euros con carácter subsidiario y tienen carácter firme.

El regidor aprovechó la comparecencia de ayer para pedir la dimisión de Crespo, en la oposición, "por higiene y dignidad democrática". El concejal, en libertad con fianza de 150.000 euros por el caso Astapa, se negó a renunciar a su acta y anunció que recurriría la decisión judicial. "Desde el principio tengo garantizados esos importes. No debería de procederse a ninguna ejecución de sentencia hasta que no se pronuncie el Supremo", dijo a Europa Press.

ELPAÍS.COM

LA GENERALITAT HA CONTRATADO A CINCO EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA

Orange Market, Down Town, Easy Concept, Rialgreen y Good and Better

MIGUEL OLIVARES - Valencia

Orange Market es considerada la terminal valenciana de la trama de empresas corruptas que destapó el juez Baltasar Garzón en la investigación del caso Gürtel y ha logrado adjudicaciones de la Generalitat por unos seis millones de euros. Hasta el grupo parlamentario del Partido Popular asume que Orange Market tiene "trascendencia pública" y acepta preguntas sobre sus relaciones con la Generalitat. Pero la investigación del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià sobre los contratos menores de la Consejería de Presidencia ha detectado adjudicaciones directas por importes inferiores a 12.020 euros a Down Town Consulting, en 2005 y a Easy Concept en 2007. Down Town Consulting cambió de nombre para denominarse Easy Concept en marzo de 2005, un mes después de que se le recortaran las facultades en la sociedad a Isabel Jordán Goncet, cuya declaración fue clave para imputar a Francisco Camps.

El PP rechaza 4.200 preguntas sobre sociedades incluidas en el 'caso Gürtel'

Compromís ha detectado un tercer contrato con Boomerang Drive, una sociedad que Garzón no incluye en la relación de sociedades de la trama corrupta, pero que está vinculada a Orange Market y a Easy Concept. Boomerang Drive, Orange Market y Easy Concept tuvieron el mismo administrador único, Luis Miguel Pérez, que fue consejero secretario de Special Events y Pasadena Viajes. Boomerang Drive optó junto a Orange Market y Easy Concept -entonces, Down Town Consulting- a la adjudicación de una campaña publicitaria por parte de la empresa pública Vaersa en noviembre de 2004. El adjudicatario de aquella campaña fue Orange Market por un montante de 136.678 euros. Pero Down Town Consulting y Boomerang Drive obtuvieron dos adjudicaciones paralelas de la Consejería de Presidencia en 2005. La primera, un contrato de 10.500 euros por la "creatividad y serigrafiado de 1.200 unidades de memoria USB". La segunda, un contrato de 12.020 euros por el "montaje, manipulado y envío de 1.200 unidades de USB".

Easy Concept cobró otros 6.761 euros de la Consejería de Presidencia en 2007, pero es imposible determinar el concepto de la factura porque se cobró a través de la caja fija de la consejería, el fondo disponible para pagos menores de todo tipo de servicios, desde taxis hasta restaurantes.

Compromís ha comprobado, además, que la Generalitat tiene dados de alta los datos bancarios de las sociedades Rialgreen y Good and Better, que sí aparecen relacionadas en el auto de Garzón, lo que implica que han remitido facturas alguna vez a la Administración autonómica.

La difusión de los pagos a varias empresas de la trama corrupta coincide con la nueva negativa de los integrantes del PP en la Mesa de las Cortes a admitir a trámite 4.200 preguntas formuladas por el Grupo Socialista sobre posibles contratos de la Generalitat con empresas vinculadas al caso Gürtel.

Tanto Ángel Luna, portavoz socialista, como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, subrayaron que el PP antepone el Reglamento de las Cortes a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que exige a la Mesa "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para rechazar preguntas al Consell.

ELPAÍS.COM

EL DIPUTADO DE AGUIRRE ACUSADO DE COBRAR 250.000 EUROS DE CORREA SE NIEGA A DECLARAR

Los escándalos de corrupción vinculados al PP

JOSÉ A. HERNANDEZ - Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid inició ayer los tres primeros interrogatorios de implicados en el caso Gürtel, donde hay casi 60 personas imputadas en relación con la trama de corrupción que afecta a altos cargos del PP. Alfonso Bosch Tejedor, parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid y a quien el juez Garzón atribuía, antes de inhibirse del caso, haber recibido unos 250.000 euros de la supuesta trama, se acogió ayer a su derecho a no declarar hasta que sea levantado el secreto del sumario y pueda conocer las imputaciones que existen sobre él, según fuentes de las partes. La Fiscalía Anticorrupción le imputa varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y cohecho.

El nuevo juez instructor del caso, Antonio Pedreira, mantuvo ayer los cargos contra él a pesar de su negativa a declarar, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A su salida del tribunal, Bosch eludió las preguntas de los numerosos periodistas que le aguardaban. Sólo manifestó: "Lo que tenía que decir lo he dicho ante el juez". Bosch intervino en la organización de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad madrileña de la que era en 2002 segundo teniente de alcalde.

Otro de los citados ayer fue el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Madrid Juan Carlos Clemente, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", aseguró. El abogado de Clemente señaló que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido al juez, el pasado 15 de abril, declarar. También estaba citado ayer el abogado Santiago Lago Borstein, quien negó su intervención en la trama.

El juez interrogará mañana a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins y Enrique Carrasco, además de al cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, que se halla en la cárcel y a quien el juez Garzón imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

ELPAÍS.COM

EL PSOE CREE QUE "ALGO HUELE A CHAMUSQUINA" EN LOS PAGOS DE BÁRCENAS A CORREA

Ha considerado "alucinante" la explicación que el tesorero del PP ha dado sobre el crédito que solicitó de 330.000 euros

EFE - Madrid

El PSOE ha mostrado hoy su sorpresa por la "coincidencia" entre el crédito de 330.000 euros pedido por el tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y los pagos que le hizo al jefe de la trama de corrupción destapada en la operación Gürtel, Francisco Correa, y ha opinado que "esto huele a chamusquina".

* Hacienda investigó al tesorero del PP por ingresar 330.000 euros en billetes de 500
* Bárcenas: "Lo de mi sueldo es una barbaridad que no se cree nadie"
* Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas

Así lo ha indicado en una nota el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien ha considerado "alucinante" que al tesorero del PP le parezca normal "pedir un crédito de 330.000 euros para gastarlo en cuadros, cobrar el crédito en efectivo, llevarse los 600 billetes de 500 euros a su casa, meterlos en un cajón y devolverlos al mes siguiente". Eso será habitual para un senador del PP, que además es tesorero del Partido presidido por Mariano Rajoy, pero "es algo que ni los ciudadanos ni los políticos se pueden tragar como una explicación normal", ha apuntado Hernando.

El diputado socialista ha ironizado sobre la explicación dada por Bárcenas, quien ha dicho que pidió el crédito de 330.000 euros para comprar cuadros, al señalar que "teniendo en cuenta que tiene múltiples propiedades, es lógico que necesite muchos cuadros para decorarlas". Ha añadido que hasta ahora se conocía su afición por las propiedades inmobiliarias y, ahora, también se sabe que es un gran amante del arte.

Cada nueva información que aparece sobre el tesorero del PP y sus "tejemanejes" es "más rocambolesca", ha asegurado Hernando, quien se ha preguntado "cómo es posible que con el sueldo de senador se pueda uno gastar 60 millones de las antiguas pesetas en cuadros". El dirigente socialista ha señalado lo "llamativo" que resulta el elevado número de cargos del PP que pagan en efectivo enormes cantidades de dinero.

"Un vicepresidente del PP paga sus viajes en efectivo, el tesorero del PP paga sus cuadros en efectivo, los alcaldes pagan los coches en efectivo", ha precisado Hernando, quien ha estimado que sorprende que tan altos dirigentes aún no hayan descubierto las tarjetas de créditos, los cheques y las transferencias. Para Antonio Hernando, "algo huele a podrido en los trasiegos de billetes de 500 euros, en los pagos en efectivo, en las compras millonarias de cuadros y de coches de lujo, y las explicaciones de los implicados sólo generan nuevas sospechas.

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