lunes, 19 de marzo de 2012

"CASO PALMA ARENA"; LA INVESTIGACIÓN ACREDITA CUATRO DELITOS PARA SENTAR EN EL BANQUILLO A URDANGARÍN

El juez llevará al banquillo al yerno del Rey por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. El duque de Palma se libra por poco del delito fiscal

Andreu Manresa Palma de Mallorca


Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey, será juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según interpretan fuentes próximas a la investigación judicial a partir de las pruebas obtenidas en los últimos nueve meses. El delito de evasión fiscal, que también se está investigando por un cobro no declarado de 375.000 euros a través de una cuenta en Suiza, no formará parte de la acusación a Urdangarin porque lo supuestamente defraudado no superaría la cuota mínima de 120.000 euros que estableció la reforma del Código Penal de 2003.

La estrategia de Urdangarin de atribuir a su socio Diego Torres todas las anomalías en la gestión del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que conseguía el dinero público para eventos, no ha dado resultado, a juzgar por las nuevas pruebas solicitadas por el instructor. En su último auto, el juez José Castro rebate la coartada del duque de Palma sobre su desvinculación de los negocios sospechosos a raíz de que la Casa del Rey se lo ordenara en primavera de 2006. El juez sostiene que hay múltiples pruebas documentales y testimonios que acreditan todo lo contrario. Cuando todavía quedan algunos meses para cerrar la instrucción, la investigación considera acreditados al menos cuatro delitos para sentar al duque de Palma en el banquillo.

» Fraude a la Administración. Urdangarin negoció con dirigentes políticos del PP que gobernaban en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que, según la fiscalía, no respetaron la normativa sobre contratación. Gracias a esos contratos a dedo, el duque de Palma ingresó casi seis millones a través de Nóos, de los que una gran parte acabaron en empresas privadas de su propiedad o de su socio, Diego Torres. La Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso han sostenido que Torres y Urdangarin se apropiaron indebidamente de fondos públicos al utilizarlos para enriquecer a sus empresas privadas y no para costear los servicios que prestaron a las Administraciones públicas. El fraude, según el sumario, consistiría en que Urdangarin y Torres cobraron con sus empresas dinero público a través de Nóos por servicios que no prestaron.

» Prevaricación. El duque de Palma, a través del Instituto Nóos que presidía, logró sin concurso previo diversos encargos de las Administraciones públicas por casi seis millones de euros en apenas dos años. Aunque el delito de prevaricación está pensado para la autoridad o funcionarios que dictaran una resolución injusta a sabiendas, también cabe atribuir ese delito a un particular que haya inducido a la prevaricación. El expresidente de Baleares Jaume Matas llegó a declarar a Diario de Mallorca: “Urdangarin nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real. Era impensable que el Gobierno balear respondiera a la oferta de colaboración realizada por el duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara”.

» Falsedad documental. Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres desviaron gran parte del dinero recibido para organizar eventos a través del Instituto Nóos a empresas privadas de su propiedad. Esas sociedades facturaron a Nóos grandes cantidades de dinero con conceptos genéricos como “apoyo logístico” y similares. Cuando el juez que investiga el caso solicitó las facturas que justifican los gastos realizados en la organización de los eventos, se encontró con que algunas no correspondían al servicio realizado; otras tenían fechas anteriores a la firma del contrato. Además, la investigación detectó la falsificación de firmas en la presentación de ofertas a un concurso para la promoción del equipo ciclista patrocinado por el Gobierno balear. Estas pruebas documentales servirían, según fuentes de la investigación, para fijar el delito de falsedad documental.

» Malversación de caudales públicos. Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, recibieron más de seis millones de euros de dinero público para organizar distintos eventos a través de un instituto que no tenía ánimo de lucro El precio de los eventos, según la investigación, no alcanzó ni la mitad de esos seis millones de euros recibidos. Las empresas privadas de Torres y Urdangarin se quedaron con la mitad de ese dinero público para su lucro, según la Fiscalía Anticorrupción.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL CGPJ ESTUDIARÁ EL MARTES LA DENUNCIA DE UN JUEZ DE LUGO CONTRA JORGE DORRIBO

Denunció al empresario por extorsión
Denuncia que le pidieron dinero para que Dorribo no declarara contra él

Efe | Madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) verá este martes el escrito en el que el presidente de la Audiencia de Lugo, Jose Antonio Varela, denuncia un intento de extorsión por parte de Jorge Dorribo, el imputado en la 'operación Campeón' que dice haber pagado al ex ministro José Blanco a cambio de gestiones.

Este es uno de los asuntos que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tiene previsto analizar este martes la Comisión Permanente del CGPJ, después de que el pasado miércoles el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) le remitiera el escrito presentado por Jose Antonio Varela Agrelo.

El presidente de la Audiencia lucense, según confirmó él mismo, presentó el pasado martes una denuncia ante la Fiscalía de dicho tribunal por un presunto delito de intento de extorsión contra el propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, que en la 'operación Campeón' asegura haber entregado 200.000 euros para que Blanco hiciera gestiones en favor de sus empresas.

En el escrito, el magistrado denuncia que días antes de que Dorribo compareciera el pasado 9 de marzo como testigo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -que investiga delitos relacionados con la prostitución en el llamado 'caso Carioca'-, una persona le pidió dinero en nombre del empresario a cambio de que éste no declarara contra él.

Comparecencia
Según varias informaciones periodísticas, en esa comparecencia el empresario aseguró que en el verano de 2011 había negociado con el presidente de la Audiencia Provincial para salir de prisión y dijo también que el magistrado iba a participar en una empresa eólica que quería instalar en Camerún.

La juez de guardia de Lugo, Sonia Fernández, abrió al día siguiente unas diligencias sobre estos hechos argumentando que había tenido conocimiento "de la intención" del presidente de la Audiencia de interponer una denuncia por extorsión.

Las diligencias, sin embargo, fueron archivadas de inmediato, ya que Varela decidió no interponer denuncia en ese momento y limitarse a redactar un escrito relatando los hechos que envió al TSJG, órgano que a su vez lo remitió al CGPJ.

Posteriormente, el presidente de la Audiencia de Lugo sí denunció formalmente a Dorribo, mediante un escrito presentado el pasado miércoles ante la Fiscalía.

Además

"OPERACIÓN TRISTÁN"; LIBERTAD PARA TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DEL CATASTRO EN MÁLAGA


TRIBUNALES

Efe | Málaga

Todos los detenidos en la operación "Tristán", que ha destapado una trama que alteraba fraudulentamente el Catastro a cambio de comisiones ilegales en Málaga, han quedado en libertad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que de los ocho detenidos por la Guardia Civil en esta operación, seis han pasado a disposición judicial, mientras que dos quedaron en libertad después de declarar en la Comandancia del instituto armado en Málaga.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, ha puesto en libertad sin fianza a los seis detenidos a los que interrogó, y únicamente está pendiente de decidir si impone una fianza a uno de ellos, el abogado arrestado.

La juez les ha imputado los delitos de falsedad documental, cohecho, estafa, prevaricación y prevaricación urbanística.

Esta investigación constituye una pieza separada del caso "Arcos" contra la corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín, también instruido por Urbón, y ha supuesto de nuevo, la detención del exalcalde de este municipio José Manuel Martín Alba, además de funcionarios, un abogado y un promotor inmobiliario.

Según la Guardia Civil, funcionarios del Catastro y del Patronato de Recaudación -coordinados por un abogado- "modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable".

Tras prestar declaración, Martín Alba, ha manifestado que él no entiende de la nueva línea de investigación sobre el Catastro y que el Ayuntamiento de Alcaucín siempre informó a este organismo "conforme a los datos obrantes, y -ha añadido- si eso ha dado lugar a los registros, eso lo desconozco".

Martín Alba ha criticado su nueva detención y ha afirmado que estaba "con la expectativa de que hubiese algo nuevo", pero ha indicado que ha vuelto a declarar sobre licencias de obras, "nada nuevo", y por eso, le ha sorprendido que haya tenido que ser arrestado para esto.

También ha sido detenido y puesto en libertad el arquitecto de la Diputación José Francisco Mora, exjefe del servicio de Arquitectura de esta institución, cuyo abogado, José Carlos Aguilera, ha explicado que su cliente no tiene ninguna relación con esta nueva fase de la investigación y que no se han presentado más cargos contra él.

Su implicación en esta pieza separada del caso "se reduce a lo que ha sido hasta ahora su intervención en este asunto, que serían posibles alteraciones de certificaciones catastrales que datan de muy antiguo y por tanto, se trata de delitos que serían menos graves y algunos de ellos habrían prescrito", ha argumentado el letrado.

Aguilera ha indicado que la detención de Mora ha sido "absolutamente gratuita, innecesaria y difícilmente justificable desde el punto de vista de la legalidad constitucional".