lunes, 21 de febrero de 2011

PSOE Y PP EVITAN EXCLUIR DE SUS LISTAS A TODOS LOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN

Los populares tantean un acuerdo "para preservar la presunción de inocencia"
BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid       

La corrupción "puede anidar en cualquier institución", según Esperanza Aguirre, y lo importante "no es que se produzca, sino qué se hace para evitarlo". Las elecciones municipales y autonómicas de mayo decidirán más del 90% de los cargos electos del país, que en su mayoría corresponden al PSOE o al PP. Los dos grandes partidos han convertido en arma arrojadiza cualquier sombra de corrupción en los candidatos rivales que se van conociendo, pero mantienen una ambigüedad moral más o menos calculada para juzgar a los suyos.

- El mínimo común múltiplo. Lo impone la ley electoral, que en su última redacción de enero impide el ejercicio del sufragio pasivo (ser candidato) a los condenados por delitos contra la Administración. Antes solo estaban excluidos terroristas o traidores a la patria, pero una modificación legislativa impulsada por UPyD sumó a los reos por cohecho, malversación, tráfico de influencias, etc.

- Primera divergencia. Los socialistas asumen la restricción, y van más allá: no podrán ser candidatos los imputados por corruptelas destinadas al enriquecimiento propio. O como apostilló el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "el que haya metido la mano tiene que estar a mil leguas de una lista". En esa región, el PSOE presenta a la alcaldía de Plasencia a Elia María Blanco, imputada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Vara la defiende: "Nadie va a poder decir que haya habido ningún tipo de enriquecimiento". En efecto, según la investigación el supuesto beneficiario fue un constructor.

- ¿Y el resto de casos? Hay varios aspirantes socialistas imputados por corrupción, que sin embargo se librarían a priori de esa restricción porque supuestamente no fueron ellos quienes sacaron tajada de las componendas. El responsable de Política Municipal, Antonio Hernando, cree que "no hay corrupción si no se mete la mano en la caja para llevarse el dinero al bolsillo". Pero apunta: "La norma general se aplicará estrictamente, pero habrá que examinar cada caso en el que haya habido aprovechamiento particular por parte de terceros". Es decir, que si un alcalde enriquece a un constructor, quedará en manos de la Comisión Federal de Listas, última responsable para decidir si hubo "mala fe" y apartar al candidato, aunque haya sido refrendado en la localidad o la región. El portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, dijo el martes: "Ningún implicado en casos de corrupción va a ir o debe ir [en las listas]". ¿Dónde está pues el límite entre "lo justo y lo inflexible"?

- Un tercer baremo. El PSOE balear tiene otro listón: quedan excluidos los imputados sobre los que pesen medidas cautelares (retirada de pasaporte, fianza), tanto si es por enriquecimiento propio como por otros motivos. Su secretaria de Organización, Rosa María Alberdi, ve necesario un "indicio judicial más severo que una mera imputación", pero aplica un código más estricto para presumir de "transparencia" tras los sonados casos de corrupción en las islas. Su líder en Ibiza, Xico Tarrés, está imputado por un supuesto cobro de comisiones. Por ahora cumple los criterios locales y nacionales: podrá presentarse.

- Un 0,1% corrupto. Las líneas rojas del PP son más etéreas. Haberlas, haylas. Pero nadie se atreve a ponerlas negro sobre blanco, por si pudiera quedar alguien importante fuera de juego. Como en el PSOE, la decisión última depende de la dirección nacional y promete tomarse caso a caso. El coordinador de Política Autonómica y Municipal, Juan Manuel Moreno, admite que llevan en sus listas a "imputados que no están condenados y tienen derecho a defenderse, pero condenados nunca. Pero en principio hay una resistencia interna muy fuerte a que concurra gente procesada, con condena firme, en una situación compleja". De nuevo esa vaguedad, que oscila entre una riña vecinal y una sentencia del Tribunal Supremo. Pero aclara: "Se va a permitir que vayan imputados de todo tipo, aunque a día de hoy no hay ninguno que lo esté por enriquecimiento personal". Según sus cuentas, de unos 30.000 candidatos no hay más de 30 imputados.

- Cuestión de peso. Los alcaldes de Mazaricos, José Manuel Santos, y de Fisterra, José Manuel Traba, ambos en A Coruña, ambos diputados provinciales del PP, están imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Según su líder provincial, Carlos Negreira, no se puede ni siquiera hablar de corrupción porque las dos localidades no superan los 10.000 habitantes. La Comunidad Valenciana tiene más de cinco millones. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio por recibir regalos de la trama Gürtel; el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y revelación de secretos en el caso Brugal (el portavoz socialista en Alicante, Roque Moreno, dimitió al verse salpicado); y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por cohecho, tráfico de influencias y fraude. Camps y Ripoll quieren ser candidatos en mayo (Fabra ya ha dicho que se retira). La dirección nacional del PP se inclina por permitírselo al primero y, probablemente, al otro.

- Tolerancia cero a prueba. En el extremo contrario estaba hasta ahora el otro nudo gordiano del PP, las Islas Baleares, cuna de decenas de escándalos a cuenta de los Gobiernos de Jaume Matas (1996-1999 y 2003-2007). Su sucesor al frente del partido, José Ramón Bauzá, prometió que no habría imputados en sus listas y, pese a más de un disgusto político, lo ha cumplido. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, vio "acertada" esa tolerancia cero, pero con matices, pues en su opinión "hay personas imputadas y luego la imputación queda en nada". La inflexibilidad de Bauzá ha vuelto a ponerse a prueba estos días, con la imputación del portavoz parlamentario adjunto, Francesc Fiol. Por ahora se ha desmarcado con vaguedades, pero su principal vocero, Toni Fuster, ya ha dicho: "La decisión [de no aceptar imputados] no ha cambiado".

- Cinco exalcaldes corruptos. Igual de tajante se mostró Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, la otra comunidad más afectada por el caso Gürtel con 60 imputados (políticos, empresarios, funcionarios). Entre ellos tres exmiembros (pero aún diputados) de su Gobierno, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco; y los ex alcaldes de Boadilla Arturo González Panero y Juan Siguero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; de Majadahonda, Guillermo Ortega; y de Arganda del Rey, Ginés López. Todos los imputados han sido excluidos de las listas.

De ello se felicitaba el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón (PP): "Soy partidario de establecer reproches muy severos ante cualquier desviación de poder en ese sentido de beneficios personales". Una vez más, medidas solo contra el que mete la mano en la caja y se la lleva al bolsillo. Ejercer de hada madrina para constructores y empresarios de todo pelaje sigue saliendo (políticamente) barato.

Las líneas rojas
- El código ético del PP. A fines de 2009, asediado por el escándalo de la red Gürtel de corrupción, el PP aprobó un código de buenas prácticas: sus candidatos deben evitar "cualquier conducta, aun plenamente legal, que pueda dañar la imagen" del partido; y a "comunicar la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Pero la decisión sobre lo que hacer en ese caso no es automática: queda en manos del Comité Nacional de Derechos y Garantías.

- Los excluidos del PSOE. Los socialistas prometen no incluir en sus listas a políticos condenados por incumplir la ley, para enriquecerse o por otros motivos. Así quedó excluida Trinidad Rollán, mano derecha del líder madrileño, Tomás Gómez, y sentenciada por prevaricar: como alcaldesa de Torrejón de Ardoz, votó en 2001 un convenio urbanístico ilegal. Renunció "por ética y responsabilidad, para no perjudicar al partido", pero es secretaria de Organización aún "pues la pena no la inhabilita para ese cargo orgánico".

- ¿Un pacto? El dirigente del PP Javier Arenas apostó el viernes por un acuerdo de las fuerzas políticas sobre la figura del imputado para "preservar la presunción de inocencia".

Más información:

Organismo: PP Partido Popular

Organismo: PSOE Partido Socialista Obrero Español

 

"CASO GÜRTEL"; EL PP RECURRE A LA DESESPERADA PARA EVITAR MÁS DAÑOS A CAMPS EN VALENCIA

Pide que se revoque un auto de Pedreira que agravaba los delitos del presidente
JOSE A. HERNÁNDEZ / CARLOS E. CUÉ - Madrid -

Así lo ve Peridis

En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.

La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy

El PP alega en su recurso que el envío a Valencia le obliga a pagar un procurador

Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.




Tema: Caso Gürtel