domingo, 4 de diciembre de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA XUNTA DIO SIETE MILLONES A EMPRESAS DE LA ESPOSA DE UN ALTO CARGO DEL IGAPE

La juez del 'Campeón' investiga las ayudas a la mujer del imputado Carlos Silva

PABLO LÓPEZ - Santiago

En apenas un año, las empresas de Josefa Otero Río, esposa de Carlos Silva, el exsubdirector del Igape imputado en la Operación Campeón, logró de este organismo ayudas por casi siete millones de euros. Al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol, sociedades como Procesoil, Valorización de Residuos Gallegos o Galimed Trata obtuvieron del instituto en el que Silva era responsable de Información Especializada sucesivos créditos al 0%, de los que no tendrá que devolver ni un euro hasta pasados cinco años del ingreso de los fondos.

La Xunta puso una de estas sociedades como ejemplo del éxito del Plan Ferrol

El entramado empresarial de Josefa Otero está siendo investigado por la juez Estela San José en la Operación Campeón, que destapó una presunta red de corrupción en las ayudas para las empresas del industrial lucense Jorge Dorribo. En el centro de la trama de la esposa de Silva se encuentra la sociedad Vector Digital, SL, de la que Josefa Otero poseía el 40% y otro tanto estaba en manos de Humberto López García. López es colaborador de Carlos Silva, estuvo contratado por el Igape y se asoció con Otero en todas las empresas de esta que fueron subvencionadas por la Xunta.

A través de esa sociedad, ambos poseían el 50% de las participaciones de Procesoil, que en 2010 logró 1,3 millones de préstamo con cargo al Plan Ferrol. No fue la única ayuda que el Igape concedió a esta empresa, que el 7 de julio del pasado año accedió a 250.742 euros más. Otros créditos entonces tramitados siguen cayendo a favor de la sociedad, que el 29 de octubre logró 6.174 euros adicionales para un programa de innovación.Si el Plan de Reindustrialización de Ferrol de 2010 supuso un buen pellizco para las empresas de Josefa Otero, el negocio mejoró sustancialmente este año. El pasado marzo, el Igape hacía públicas las ayudas del plan de 2011 en el que dos de los principales créditos eran para otras tantas empresas participadas por la esposa de Silva y por Humberto López. Se trata de Valorización de Residuos Gallegos, SL, y de Galimed Trata, SL, que lograron ayudas por el 50% del total de sus respectivas inversiones. Los préstamos fueron de 2,65 millones de euros en el primer caso y de 2,7 millones de euros en el segundo.

Carlos Silva y el exdirector del Igape, Joaquín Varela, son los dos altos cargos de este organismo detenidos e imputados en el marco del caso Campeón, en el que también están implicados los exdiputados Pablo Cobián, del PP, Fernando Blanco, del BNG, y el ministro de Fomento en funciones, José Blanco. Varela y Silva fueron apartados temporalmente de sus responsabilidades, pero mientras el primero ha cesado de forma definitiva, el segundo fue premiado por la consellería que dirige Javier Guerra con el cargo de técnico responsable de la Oficina Norte del Igape, con competencias en la gestión en las provincias de A Coruña y Lugo. Se trata de un cargo de confianza de libre designación.

Las ayudas del Plan de Reindustrialización de Ferrol son fruto de un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Galego de Promoción Económica de la Xunta. Las ayudas parten del ministerio y de fondos europeos, pero es al Igape al que corresponde la evaluación y la selección de las ayudas, que se conceden sin garantías ni aval de ningún tipo.

Josefa Otero aseguró a este periódico que ya no posee participaciones de ninguna de las empresas subvencionadas, que sostiene que vendió "para pagar al abogado" de su marido tras su imputación en el caso Campeón. La empresaria, cuya única actividad empresarial anterior era una escuela infantil en Cambre, sostiene que no cometió "ninguna ilegalidad" e insiste en señalar que su marido "no participó" en la concesión de los créditos.

Con Carlos Silva al frente de una subdirección del Igape y su esposa como socia de Procesoil, los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y Economía e Industria, Javier Guerra, eligieron esta empresa para escenificar con una visita a su sede en Narón los frutos del Plan Ferrol. Acompañados por el entonces delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, por el director del mismo Plan Ferrol, Alejandro Langtry, y por el presidente del Puerto, Ángel del Real, los conselleiros se fotografiaron el pasado mes de febrero con los responsables de la empresa.

Alfonso Rueda y Javier Guerra alabaron la "creación de empleo" surgida al amparo de los proyectos del plan de reindustrialización.

La trama empresarial de Josefa Otero
- Vector Digital, SL. Josefa Otero Río constituyó la empresa con Humberto López García en 2006. Cada uno de ellos poseía el 40% de las participaciones.

- Procesoil, SL. Creada el 29 de junio de 2009. Josefa Otero y Humberto López participaban con el 50%, a través de Vector Digital, cuando Procesoil logró 1,3 millones de euros del Igape.

- Valorización de Residuos Gallegos, SL. Josefa Otero y Humberto López poseían el 24,4% y el 15,2% de las participaciones, respectivamente. Obtuvo 2,65 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Galimed Trata, SL. La participación de Josefa Otero era del 22% y la de Humberto López, del 13,7%. En ese momento, logró 2,7 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Vórtice Estudios, SL. Creada por Humberto López. En 2010 consigue contratos directamente asignados por Carlos Silva, marido de su socia Josefa Otero, por 200.000 euros
  

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA DA DIEZ DÍAS PARA QUE LE REMITAN DOCUMENTACIÓN QUE AFECTA A GRIÑÁN EN LOS ERE

La magistrada da 10 días de plazo a la Junta de Andalucía

* Reclama expedientes tramitados por Hacienda cuando Griñán era consejero
* La juez asegura que hay indicios para asegurar que se aprobaron sin control
* También impone una fianza de 4,6 millones a 16 imputados en los ERE

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de prejubilaciones ilegales en los ERE, ha dado a la Junta de Andalucía un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que era consejero el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

En este sentido, conviene recordar que fue la representación procesal del PP quien, por medio de un escrito elevado a la juez el pasado día 17 de noviembre, interesó que se requiriera a la representación de la Administración autonómica para que aportara todos los expedientes "íntegros" tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda "para su aprobación por el Consejo de Gobierno", una diligencia de prueba que ha sido admitida "parcialmente" por la magistrada.

En un auto fechado este mismo viernes, la juez Mercedes Alaya pone de manifiesto, en sus razonamientos jurídicos, que "debe partirse de la premisa de que, pese a los informes de la Intervención General y más específicamente tras el informe definitivo de cumplimiento correspondiente a 2003 y el informe adicional que al mismo se acompaña -fechado el 25 de julio de 2005-, se siguió utilizando" por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros "la figura de la transferencia de financiación, realizando mediante las mismas, que específicamente estaban destinadas a financiar gastos corrientes de las empresas públicas, verdaderas subvenciones excepcionales".

A su juicio, todo ello se llevó a cabo "sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas, prescindiendo -según tales informes de la Intervención General- de forma absoluta del procedimiento establecido y generando, entre otras consecuencias, la adopción de compromisos de obligaciones por parte de la Junta, superando los límites de los créditos presupuestarios".

Por otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone fianzas a 16 de los imputados en el procedimiento por un importe global de 4.797.561 euros.

EL SUMARIO DEL "CASO TERESITAS" MUESTRA UN "PELOTAZO" DE 120 MILLONES DE EUROS

CORRUPCIÓN | Según denuncia el concejal de Por Tenerife

* Según la Policía, 'se produjo una asociación ilícita' en la compra de terrenos
* El ex alcalde Zerolo adquirió en 15 días 145 décimos que salieron premiados
* 'Hubo un plan preconcebido' por empresarios y Zerolo, denuncia un concejal

Efe | Santa Cruz de Tenerife

El concejal del partido Por Tenerife (que agrupa a IU, Los Verdes, Socialistas por Tenerife), José Manuel Corrales, ha asegurado hoy que el sumario del llamado 'caso Las Teresitas' demuestra que hubo un "pelotazo" de 120 millones de euros en la compra y venta de terrenos en la playa de la capital tinerfeña.

Según revela 'La Opinión de Tenerife', el que era alcalde de Santa Cruz de Tenerife en 2001, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) compró una finca con lotería premiada. La 'suerte' le sonrió a Zerolo especialmente: en apenas 15 días se embolsó el dinero de 145 décimos premiados. Con ese dinero, compró una finca que luego fue permutada por unos terreros que el regidor vendió por 668.277 euros, multiplicando por 10 su inversión inicial.

Ahora, tras conocer estos hechos a raíz del levantamiento del sumario, José Manuel Corrales indica que es demasiada casualidad que una persona compre en dos semanas 145 décimos de lotería y todos le toquen, en alusión al ex alcalde Zerolo, el principal imputado en el caso.
 
Informe policial
El concejal destaca un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que afirma que en el caso Las Teresitas "se produjo una asociación ilícita, dado que un determinado grupo de personas actuó coordinadamente para la comisión de unos hechos presuntamente delictivos", que generaron un "pelotazo" de 120 millones de euros con la compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera.

Explica Corrales que, según el informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "la consecución de los hechos que han motivado el caso Las Teresitas no ha obedecido a una sucesión fortuita".

El concejal añade que el caso se debe, según el informe policial, al "desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito solo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes".

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo como alcalde, "compró a los empresarios el frente de playa por un valor de 52 millones de euros, que además se hace mediante un convenio urbanístico que recalifica el resto de los terrenos, lo que permite a Inversiones Las Teresitas vender por 92 millones de euros más la otra parte del suelo comprado inicialmente por 33 millones".

Corrales opina que fue un negocio "redondo" que, según la Policía, permitió a los empresarios "que en siete años consiguieran un beneficio aproximado de 120 millones" de euros.


elmundo.es

EL FISCAL ACUSA A URDANGARÍN DE EVASIÓN A PARAÍSOS FISCALES DE BELICE Y REINO UNIDO

JUSTICIA | Por un importe de al menos 650.000 euros

* La Policía halló un plan manuscrito para crear 'una estructura fiduciaria'
* En la documentación figuran I.U. y D.T. como destinatarios del dinero
* Nóos transfirió al menos 650.000 euros a una sociedad con matriz en Belice

Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción acusa de manera directa por primera vez al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de evadir fondos a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido.

Los fiscales calculan que el esposo de la Infanta y su socio, Diego Torres, llegaron a transferir al menos 650.000 euros a Belice y a otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido. Dichas transferencias se efectuaron a través de una "estructura societaria fiduciaria".

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida en la sede del Instituto Nóos y de las empresas instrumentales empleadas por Urdangarin y sus socios. En la documentación intervenida figuran las iniciales de los dos destinatarios del dinero: I.U. y D.T.

Una parte del plan manuscrito para evadir capitales al exterior fue intervenido en la caja fuerte del despacho que hace las veces de sede social de Aizoon, la promotora que comparten Urdangarin y la Infanta Cristina.

Tanto el juez que investiga la trama, José Castro, como la Fiscalía consideran que Urdangarin y sus socios confeccionaron recibos ficticios desde sus sociedades patrimoniales para vaciar la fundación que dirigían.

Desde su fundación, el Instituto Nóos, desde la que accedieron a contratos con el 'Govern' balear, la Generalitat Valenciana y un sinfín de administraciones públicas y privadas, que llegaron a pagar importantes cantidades de dinero a Urdangarin por informes, charlas o estudios 'inflados'.

Además
* Cronología del caso: La pieza de Urdangarin

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL GOVERN BALEAR PAGÓ 445.000 EUROS A NÓOS POR UN OBSERVATORIO QUE NUNCA FUNCIONÓ

Jaume Matas junto a su abogado tras declarar por el caso Palma Arena (Efe)
El Govern balear pagó en 2007 un total de 445.000 euros al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín, por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que no llegó a funcionar. Así lo muestran dos facturas contenidas en el sumario de la pieza del caso Palma Arena que investiga el supuesto entramado de empresas que tejieron Urdangarín y su socio Diego Torres para desviar dinero público a través de Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que ambos presidieron.

El Govern balear pagó un total de 2,3 millones de euros a Nóos para organizar dos congresos de turismo y deporte en 2005 y 2006. En el caso de este último, el convenio entre el instituto y el Ejecutivo también contemplaba la creación del observatorio con vocación permanente, cuyo coste estaba incluido en los 1,1 millones que se comprometió a pagar el Govern a Nóos y que el Ejecutivo fue desembolsando en varias facturas. Las cuatro primeras, en las que se especifica que son por la celebración del congreso, el Govern abona, a través de la Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear, 250.000 euros en octubre, 100.000 euros en noviembre 150.000 euros en diciembre de 2006, así como otros 140.000 euros en enero de 2007.

Tres meses después, en abril de 2007, el Govern pagó a Nóos otras dos facturas por 306.000 y 139.000 euros como honorarios correspondientes al Observatorio Permanente de Deporte y Turismo.

Un observatorio para generar información estratégica

La iniciativa de este observatorio surgió del primer foro sobre turismo y deporte celebrado en 2005 y el organismo tenía la vocación de contar con el impulso del Govern, la colaboración de la Universidad de las Islas Baleares y de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), así como el patrocinio de empresas privadas.

La labor del observatorio era generar información estratégica sobre la evolución a nivel mundial de las sinergias entre el deporte y el turismo y ofrecer una perspectiva comparada de los destinos internacionales más innovadores en este campo. En la celebración de las jornadas de 2006 se explicó que ya se contaba con este observatorio permanente y se presentó un estudio elaborado por él, pero a partir de ese momento no se registró ninguna actividad más por parte de este organismo.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" de Urdangarín y su socio para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos. Según un auto del juez Castro "la única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro".

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elconfidencial.com