domingo, 29 de noviembre de 2009

"CASO MILLET"; LA MANSIÓN QUE PAGÓ EL PALAU

Millet amplió su casa con piscina, domótica y un auditorio a costa de la entidad

LLUÍS PELLICER - Barcelona

Los auditores del Palau de la Música siguen investigando por qué la rehabilitación del edificio costó el doble de lo presupuestado. Pero de momento han acreditado que el ex presidente de la institución Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, arañaron al menos 2,3 millones de euros para las obras de sus domicilios particulares. Un pellizco suficiente para que Millet pudiera construir un minipalau en su casa de L'Ametlla del Vallès entre 2005 y 2008. Sólo las obras de ampliación de la casa, que la empresa Triobra facturó al Palau, costaron 899.045,38 euros. De una tacada.

Los saqueadores arañaron al menos 2,3 millones de euros para las obras

Sólo la ampliación de la casa de Millet costó más de 800.000 euros

Un total de 642.000 euros costaron los equipos de imagen sonido y reparaciones

Millet y Montull gastaban más en una noche de hotel que todo el coro del Palau


La Fundación del Palau de la Música, según la auditoría de Deloitte, pagó de principio a fin todas las obras de la ampliación: desde los estudios geotécnicos, que costaron cerca de 4.000 euros, hasta la carpintería exterior, que ascendió a más de 130.000 (véase el gráfico adjunto). De acuerdo con el proyecto de ampliación del chalet familiar, firmado por el arquitecto Jordi Ventosa, Millet incluso amplió el presupuesto en 150.000 euros para varios arreglos, como rematar las chimeneas, enyesar las paredes de la cocina, restaurar ventanas, pintar los techos e instalar persianas.

La certificación, que Triobra remitió a los auditores, explica con sumo detalle toda la ejecución de obras en la residencia de Millet. Para ampliar la zona tuvieron que derribarse algunas paredes de la antigua casa. Pero debió ser soportable, porque los nuevos espacios cuentan con aire acondicionado, aparatos de domótica, falsos techos y puertas enrollables que, según la memoria del proyecto, eligió personalmente Marta Vallès, la esposa de Millet, y ascendieron a 13.264 euros. A la vivienda tampoco le faltan sistemas de vigilancia, garaje y piscina, ni se reparó en aislar bien la casa y elegir las mejores baldosas.

Pero las obras en las residencias de los Millet y los Montull no terminan ahí. La auditoría contiene una compleja maraña de facturas de otras empresas. Parte de éstas fueron falsificadas e indican trabajos que nunca se realizaron en el Palau, y otras corresponden a instalaciones que se efectuaron en casa de los imputados pero que corrieron a cuenta de las tres instituciones que gestionan el Palau.

La investigación ha concluido que, salvo una sociedad que se dedica al interiorismo, todas las firmas que trabajaron para Millet estaban vinculadas a través de Francisco Mañaricua, socio de FM2 y Triobra.

Las facturas por instalaciones de equipos de imagen, sonido y varias reparaciones ascienden a 642.276,6 euros, y los imputados las pagaron, según las auditorías, a través del consorcio -que agrupa a las administraciones públicas-, la fundación -formada por empresarios- y la Asociación Orfeó Català. Muchas de ellas fueron admitidas por los imputados en su carta de confesión al juez, aunque los abogados defienden que sus clientes no han incurrido en todos los gastos que les imputa la auditoría de Deloitte.

El trabajo pericial indica que Millet abonó estos pagos a través de pequeñas facturas, que raramente superaban los 14.000 euros. El ex presidente del Palau, por ejemplo, informatizó su casa con ordenadores portátiles que no se han hallado en las dependencias de la entidad e instaló Internet inalámbrico. Luego, en varias ocasiones, Millet requirió a la empresa de mantenimiento para varias reparaciones y configuraciones del ordenador.

Además de equipos informáticos, Millet se dejó dinero del Palau en monitores, proyectores, reproductores de DVD y varios focos para iluminar adecuadamente el minipalau. No reparó en cambiar el receptor de televisión digital o encargar a los instaladores que reprogramaran los canales. Éstos, además, hacían otras chapuzas, como arreglar y purgar la caldera, que además se averiaba con cierta frecuencia. Por ejemplo, Millet mandó repararla en octubre de 2008, con vistas a la llegada del invierno, pero en noviembre los técnicos de la empresa tuvieron que acudir de nuevo a repararla.

La última empresa que también contribuyó al desvío de fondos, según la investigación, es Clos Interiors, que el mes pasado remitió una carta al Palau con la documentación requerida. "Nos gustaría seguir colaborando una temporada más", dice la misiva, incorporada al informe pericial.

La empresa emitió facturas para cobrar estanterías, archivadores de libros y vídeos, armarios y varias cortinas venecianas.

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* La vuelta al mundo de dos familias

Félix Millet I Tusell
A FONDO

Nacimiento:
08-12-1935

Lugar:
Barcelona


elpaís.com

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA DEUDA AHOGA A LAS SUBCONTRATAS DE LA EMPRESA CORRUPTA DE EL EJIDO

Las compañías deben 780.000 euros a sus trabajadores y a la Seguridad Social

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

A Jesús Fatuarte, dedicado a tareas de jardinería en El Ejido (Almería), la empresa para la que trabaja le debe las dos últimas nóminas y la paga extra que por convenio debía percibir en octubre. En la misma situación se encuentran otros 84 trabajadores de Jardines del Poniente, Jardines del Alcor, Lobelia Gestión y Energías Renovables. Todas estas empresas son subcontratas de Elsur, sociedad sobre la que se tejió la trama corrupta de la localidad, destapada el 20 de octubre, y pertenecen a Juan Antonio Galán, encarcelado junto a los otros tres supuestos cabecillas de la red: el alcalde de El Ejido, Juan Enciso; el interventor accidental, José Alemán; y el ex director de producción de Elsur, José Amate. Las mercantiles de Galán acumulan deudas de 300.000 euros con sus trabajadores y de 480.000 con la Seguridad Social por impago de cotizaciones, lo que ha motivado su embargo.

Los trabajadores han convocado una huelga general para el miércoles

"Han dejado el municipio pelado y nosotros sufrimos las consecuencias", afirma Fatuarte, quien reclama al Ayuntamiento y a la empresa subcontratista que asuman parte de la deuda. "Los trabajadores viven en una situación dramática, y muchos son jóvenes mileuristas que hacen malabares para pagar la hipoteca", afirma.

Reticente a admitir el saqueo perpetrado en el municipio, el consistorio achaca los impagos a la "parálisis económica" actual. "El dinero no fluye con la alegría de antes", afirma el alcalde accidental, Ignacio Berenguel, del Partido de Almería (PAL), quien se reunió el viernes con los representantes de los trabajadores y con el gerente de Elsur, Mario Pulido. En ese encuentro se aportó como única opción para pagar las nóminas el levantamiento parcial del embargo decretado por la Seguridad Social.

"Se están olvidando de nosotros, hablamos de neveras vacías en muchas familias", se indigna Fatuarte. Hartos de aguardar soluciones, los trabajadores de las subcontratas, que han sido ya advertidos de que se avecinan recortes de personal, iniciarán mañana una serie de paros que darán paso el miércoles a una huelga general. Ésta sólo será desconvocada si la Seguridad Social admite la preferencia de cobro de los salarios, o si acepta aplazar la deuda con la garantía del Ayuntamiento y de Elsur. En esta empresa matriz, con 243 trabajadores, la intranquilidad empieza a cundir.

La situación de las subcontratas de Galán es la punta del iceberg de los problemas de tesorería de Elsur. Tras garantizar pingües beneficios a los cabecillas de la trama, la empresa de servicios municipales sufre verdaderos problemas para pagar a sus empleados al haber dejado de percibir un canon de 3,5 millones, señala Antonio López, responsable del comité de empresa.

La misma inseguridad invade a los 97 trabajadores de Arborimar y Maviroad, otras dos de las firmas subcontratadas, propiedad de José Amate Rueda, ex directivo de Elsur. "Más de cuatrocientos trabajadores nos veremos afectados por el mismo problema de impago", aventura Antonio López, algo más optimista que el empleado Jesús Fatuarte, quien augura despidos ante el plan de saneamiento que el equipo de gobierno llevará a pleno el próximo mes de diciembre.

Mientras aguardan con incertidumbre los próximos movimientos del consistorio, los empleados de las subcontratas de Juan Antonio Galán digieren con dificultad la paradoja de que aquellos sobre los que pesa la sospecha de haber esquilmado el municipio, entre ellos la hija de Galán o el empresario Ambrosio Cuevas, se declaren incapaces de pagar sus nóminas a pesar de haber hecho frente a fianzas de entre 50.000 y 100.000 euros para eludir su ingreso en prisión.

elpaís.com

"CASO MALAYA"; LA AUDIENCIA REVISA EL SEGUNDO AUTO DE PROCESAMIENTO

TRIBUNALES | Desde este lunes

Europa Press | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto revisar desde este lunes el segundo auto de procesamiento dictado en el 'caso Malaya', por el que el instructor Óscar Pérez amplió en 17 el número de procesados en esta causa contra la corrupción municipal en la localidad malagueña de Marbella. Así, la vista se prolongará hasta el próximo miércoles.

Según la providencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, son 26 los recursos que se van ver en total en estos tres días. Entre ellos, estaba previsto el del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, aunque su defensa tiene incompatibilidad por otro procedimiento que tiene preferencia, por lo que se tendrá que fijar nueva fecha.

No obstante, está previsto que se vean los recursos presentados por otros procesados. Así, para este lunes se han fijado los de seis personas, entre ellos el ex concejal Tomás Reñones; mientras que el martes están previstos 11 recursos, entre ellos el del ex alcalde Julián Muñoz, los ex ediles Rafael González y José Luis Fernández y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Para el miércoles, la Sala ha fijado los recursos de ocho procesados, entre los que están empresarios como Carlos Sánchez, Andrés Liétor, el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffmann y el que fuera jefe de la Policía Local marbellí Rafael del Pozo.

Argumentos del fiscal
Además, en estos días expondrán sus argumentos tanto el fiscal como las acusaciones particulares, en representación del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía. La Sala precisa que la citación se ha hecho genérica, como se hizo con el primer auto, para que los letrados que deseen puedan asistir a las sesiones que les interesen más.

El juez Óscar Pérez decidió en marzo pasado nuevos procesamientos tanto dentro de los hechos principales del caso como por los hechos investigados en piezas separadas. De esta forma, se amplió a 103 el número de procesados en esta causa. La mayor parte de los nuevos procesamientos, en concreto 13, procede de una pieza separada que posteriormente se unió al núcleo principal.

Se trata de supuestos testaferros que habrían actuado como administradores de empresas presuntamente vinculadas a Roca. A éstos, que son empresarios, abogados o economistas, se les procesa por un delito de blanqueo de capitales, al igual que al ex asesor de Urbanismo, que suma, además, delitos de tráfico de influencia.

Asimismo, en esa resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se acordó ampliar el procesamiento del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por delitos fiscales y nuevos hechos investigados que constituyen delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude y prevaricación, así como inducción a la falsificación.

Además
* Roca, en la prisión de Villena

elmundo.es

"CASO VIAJES"; DECLARA EL EX EDIL DE FUENGIROLA CRISTÓBAL CALVO

TRIBUNALES | Este lunes

Europa Prss | Fuengirola

El ex edil de Turismo en el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) Cristóbal Calvo está citado este lunes a declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad por el presunto desvío de dinero de un viaje organizado a Melilla en 2003, según ha informado el grupo municipal socialista, personado como acusación.

El origen del que ha pasado a denominarse 'caso Viajes' se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento organizó un viaje a Melilla por un precio de 33 euros por persona, aunque en el Consistorio no figura ningún ingreso bajo este concepto.

Además de Calvo está imputado Pedro Gossatti, jefe de las campañas electorales de la alcaldesa, Esperanza Oña (PP), en las municipales de 1999 y 2003, ha recordado el viceportavoz del PSOE en el Consistorio fuengiroleño, Javier García León.

Ante esto, García ha indicado en un comunicado que "los socialistas confiamos plenamente en la labor de la justicia en este caso y en que se depuren responsabilidades".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX DIRECTOR IMPUTADO POR EXIGIR COMISIONES ILEGALES DENUNCIA ACOSO LABORAL

CASO MERCASEVILLA | Recurso de Daniel Ponce contra su despido

Daniel Ponce, saliendo de los juzgados después de una declaración suya.

* Asegura que sufrió "acoso y mobbing" y reclama la nulidad del despido

Europa Press | Sevilla

La defensa del ex director adjunto de la sociedad pública Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por un intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios, alega en el recurso elevado contra su despido ante los juzgados de lo Social, que el propio convenio colectivo de Mercasevilla exige "una sentencia firme por delito" para resolver la relación contractual, por lo que "la simple imputación" no podría ser causa de despido.

Según el recurso, entregado el 19 de noviembre y recogido por Europa Press, "la simple inclusión" de Ponce en el procedimiento judicial incoado por la juez Mercedes Alaya, "no puede, en modo alguno, ser causa de despido", sobre todo porque el propio convenio colectivo "exige una condena firme por delito" para disolver la relación contractual.

A tal efecto, el recurso recuerda que Ponce "es despedido por estar incurso en un procedimiento judicial, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales", porque de la carta de despido firmada por el nuevo director gerente, Jordi Maymó, se desprende que "la sola inclusión en el procedimiento parece ser" la causa del despido.

Igualmente, en el recurso, la defensa de Ponce niega que este omitiese la justificación de gastos de viaje cargados a la empresa, porque los gastos aludidos en el expediente disciplinario incoado contra Ponce por Mercasevilla "fueron reintegrados" pese a que la empresa los contabilice como "entrega no justificada". Los hechos, no obstante, "no constituyen causa de despido". Niega también la defensa que Ponce entregase dinero "a un tercero ajeno a la empresa" en concepto de una 'Beca Talentia'.

Por eso, la defensa de Ponce insiste en que el aludido ha sufrido "acoso" y "mobbing" desde que fuera cesado tras la dimisión de Fernando Mellet, antiguo director gerente, a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales.

Así, la defensa advierte de que los hechos que han motivado el despido "están totalmente prescritos en virtud del convenio colectivo", por lo que reclama la nulidad del despido y la readmisión del ex directivo.

Fue el pasado 6 de octubre cuando el nuevo director gerente de Mercasevilla, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento hispalense y en un 48 por ciento por Mercasa, entregó a Daniel Ponce su carta de despido, solución que deriva del expediente disciplinario incoado en su contra por los hechos investigados por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

Daniel Ponce, cesado como director adjunto al poco de que el ya ex director de Mercasevilla Fernando Mellet dimitiera, seguía figurando en la plantilla de esta sociedad pública y, según había denunciado públicamente el PP, gozaba de un sueldo de 5.488,56 euros al mes pese a su imputación en los hechos investigados por la juez de Instrucción número seis, Mercedes Alaya.

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"CASO SON OMS"; VICENS Y NADAL COBRARON DINERO PÚBLICO CAMUFLADOS COMO LOCUTORES

CASO SON OMS | 'La Piñata' audiovisual de UM

* Los líderes de UM cobraron de la sociedad que explota la radio del Consell
* Aparecían como "trabajadores" entre presentadores y técnicos de sonido


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los testaferros que utilizó Bartomeu Vicens para cobrar sus comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms realizaron pagos periódicos con dinero público tanto al ex conseller de Ordenación del Territorio como al actual conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal desde la radio pública del Consell de Mallorca.

El actual directivo de IB3 Televisión Alfredo Conde y su mujer Elisabeth Diéguez, funcionaria de la Seguridad Social, camuflaron a quienes eran, en el momento de los ingresos, líderes uemitas y cargos de la institución insular, como si fueran "trabajadores" de la emisora pública y procedieron de esta forma a realizarles los ingresos.

El matrimonio formado por Conde y Diéguez canalizó estas operaciones a través de la sociedad a la que le fue adjudicada la radio que puso en marcha el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar, Studio Media Comunicació, S.L., y estos emolumentos fueron declarados oficialmente por la pareja, que mantiene una estrecha relación de amistad con Vicens, en concepto de rendimientos profesionales. Entremezclados con el resto de pagos a sus locutores, administrativos y técnicos de sonido.

Como si Nadal y Vicens, que eran los responsables políticos de Ona Mallorca, fueran los presentadores de alguno de sus espacios o dispensaran algún tipo de servicio particular a esta contratista pública. Una condición que sería completamente incompatible. Y es que un alto cargo del Consell de Mallorca no puede cobrar de un contratista sea cual sea el concepto.

Además
* Opinión: La piñata audiovisual de UM

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EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DE LÓPEZ VIEJO, IMPLICADO EN EL "CASO GÜRTEL

López Viejo, ex consejero de Deportes, imputado por el 'caso Gürtel'. | A. Cuéllar

* Ni él ni Martín Vasco han pagado todavía las fianzas
* También requisará los bienes de otros cuatro imputado en la trama
* La medida se empezará a ejecutar cuando haya sentencia firme sobre el caso

Europa Press | Madrid

El magistrado que instruye la rama madrileña del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha ordenado embargar los bienes de cinco de los imputados en la trama que aún no han pagado las fianzas que se les había impuesto, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De este modo, se embargarán los bienes de los diputados Alberto López Viejo (con una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000 euros).

Las mismas fuentes precisaron que este embargo se empezará a ejecutar cuando haya sentencia sobre el caso y ésta sea firme. En ese momento se ejecutará el embargo y se alzarán los bienes para llevarlos a subasta.

El pasado 6 de noviembre, Pedreira dio un plazo de 24 horas a López Viejo y a Martín Vasco para que depositaran las fianzas que les impuso bajo la amenaza de embargar sus bienes si no pagaban el dinero establecido.

Por otra parte, el magistrado impuso ayer al ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López una fianza de 1,5 millones para que haga frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del procedimiento judicial.

'El muñidor de la operativa'
López Viejo fue imputado por el magistrado por su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa. Según las investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el ex consejero, que dimitió de su cargo el pasado 9 de febrero, habría realizado operaciones con la trama dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros.

La mecánica consistía en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa, ya que, según el magistrado, "para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público".

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona "que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros".

Según el testimonio del propio Correa, López Viejo, el que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre y ex consejero de la Comunidad de Madrid, era el "muñidor de toda la operativa" de la rama madrileña del 'caso Gürtel'.

Según una conversación de Correa transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, "cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto". La Comunidad de Madrid asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008. "(...) él decía 'Ahora en un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 11.900 IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico".

Además
* González Panero asegura que él 'queda muy bien' en el sumario
* Pedreira vuelve a buscar vínculos con 'Gürtel' en Boadilla

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; UN ALTO CARGO DE LA JUNTA, JUAN GALLO, LLAMADO A DECLARAR COMO TESTIGO

Es comisario para la Memoria Histórica

La juez quiere saber por qué retuvo 16 días la grabación del presunto cobro de comisiones a La Raza

Benito Fernández

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Ayala, ha citado a declarar el próximo viernes a Juan Gallo González, un alto cargo de la Junta de Andalucía y actual comisario para la Memoria Histórica, que fue el que recibió la primera denuncia de dos empresarios del restaurante La Raza por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros.

La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, se producirá a petición del PP en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, su adjunto, Daniel Ponce, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, y una funcionaria.

La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.

COLABORADOR DE CHAVES Y ZARRÍAS

Juan Gallo González (Sevilla, 1945) es el director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de la Presidencia. Su trayectoria en la Junta de Andalucía ha estado muy ligada tanto con el ex presidente y actual ministro de Política Territorial, Manuel Chaves como con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías. Es diplomado en Dirección de Empresas y perito industrial y tras pasar por UGT Vizcaya, como secretario general entre 1982 y 1987, y por el Gobierno vasco, como director general de Administración Industrial de 1987 a 1990, ese año recaló en el Ejecutivo andaluz, donde fue un estrecho colaborador del ex presidente de la Junta Manuel Chaves. Hasta 2008 ocupó el puesto de director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y a principios de 2009, el Consejo de Gobierno le puso a cargo del nuevo comisariado de la Memoria Histórica, un departamento adscrito a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas que en esta nueva andadura fue reforzado para coordinar e integrar todas las políticas del Gobierno andaluz en esta materia. Es, por lo tanto, el cuarto responsable de Memoria Histórica en Andalucía en apenas cuatro años.

Gallo fue la primera persona que recibió de los empresarios del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El PP ha investigado y se pregunta por qué Gallo, que recibió la grabación con la extorsión el 28 de enero de 2009, tardó dieciseis días en entregarlo al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le filtró su contenido y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial. El PP subraya en su escrito que Patricia Ren González. La esposa de Juan Gallo, así como dos cuñados de este alto cargo de la Junta, Laura y Manuel Ran González, son personas de confianza del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. La esposa de Gallo es asesora del alcalde desde 1999, mientras que sus hermanos Laura y Manuel ocupan puestos de trabajo de libre designación por el alcalde de Sevilla, según el Partido Popular.

EL EXPEDIENTE ÍNTEGRO

Por otra parte, en el auto de la jueza, ésta pide a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería, ante la «eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa». En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención «no se entienden», como el hecho de que «el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo».Por esa razón, solicitó numerosas declaraciones y documento que la juez rechaza pues «lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones», según el auto.

diariocrítico.com