martes, 11 de diciembre de 2007

INVESTIGAN EN OTRO AYUNTAMIENTO EN MURCIA POR UN PRESUNTO PELOTAZO

* Declararán como imputados el primer teniente de alcalde, un ingeniero y el secretario de Abanilla.

* El PSOE afirma que el ingeniero, funcionario en Murcia, preparó una recalificación en Abanilla sin tener competencias.

* Le acusa de comprar terrenos en la zona antes de la recalificación.

* CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE MURCIA.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (En la foto), concejal de Economía y Hacienda; el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López.

Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.

Estos ediles observaron "una extraña manipulación" en un certificado supuestamente emitido por el Ayuntamiento de Murcia (PP), donde se afirmaba que Pérez González tenía compatibilidad para trabajar en Abanilla. Ante la sospecha de manipulación de ese certificado, el PSOE presentó la denuncia.

El ingeniero bajo sospecha es el redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Abanilla, que supuso la recalificación de 20 millones de metros cuadrados. Según el PSOE, Pérez González compró 360.000 metros cuadrados de terrenos en la zona dos meses antes de la aprobación del Plan General, tras lo que pasaron de ser agrícolas a urbanizables.

Abanilla (6.333 habitantes) es la localidad murciana donde el presidente del PP, Mariano Rajoy, acude a descansar en verano y algunos fines de semana.

Además:
* Corrupción,
* PP

20MINUTOS.ES

sábado, 8 de diciembre de 2007

EL TSJ NIEGA EL AMPARO AL EX ALCALDE DE TOTANA

Juan Morales, diputado del PP, investigado por irregularidades urbanísticas

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido no admitir la petición de amparo del ex alcalde de Totana y actual diputado del PP, Juan Morales, que está siendo investigado por presuntas irregularidades urbanísticas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) acordó, mediante un auto de 5 de diciembre de 2007, notificado ayer, archivar "sin más trámite" la petición de amparo presentada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Morales, ante la situación "de indefensión" en la que se encontraba tras "conocer que está siendo investigado a través de los medios de comunicación", señaló en su momento. Juan Morales está siendo investigado en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana.

No hay lugar para declaraciones
El TSJRM señala que "no hay lugar a declarar su competencia para resolver sobre la petición formulada por Juan Morales" por lo que remite las actuaciones, "junto con testimonio del presente al decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Totana, para que en su caso lo remita al órgano judicial que esté tramitando la investigación a la que se refiere la petición formulada". La Sala resuelve así sobre el escrito firmado por el ex alcalde de la ciudad murciana de Sotana, Juan Morales, y dirigido al presidente de la Sala de lo Civil y Penal que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Superior de Justicia el pasado 29 del pasado mes de noviembre.

Persecución
Según el propio Morales lo que pretendía era saber "si se le imputan cargos y por qué motivos está siendo objeto de dicha persecución, ya que hasta el momento carecía de notificación oficial de ningún órgano competente", según indicó en un comunicado en su día.

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martes, 4 de diciembre de 2007

EL ALCALDE DE TOTANA, EN PRISIÓN SIN FIANZA, PRESENTA SU BAJA "CAUTELAR"

Sospechoso, junto con el jefe de Policía local, de robar documentos judiciales

V.V.
El concejal de Urbanismo y primer teniente alcalde de la localidad murciana de Totana, Juan Carrión, asumió la dirección del consistorio municipal tras conocerse en la madrugada de antes de ayer que el alcalde popular, José Martínez Andreo (en la foto), ha ingresado en prisión provisional sin fianza. Martínez Andreo, quien ahora es también sospechoso de sustraer documentos judiciales, presentó su baja “cautelar” para evitar que su detención perjudique la imagen del PP.

La titular del juzgado número 1 de Totana (Murcia) decretó ayer el ingreso en prisión provisional sin fianza del alcalde de la localidad, el popular José Martínez Andreo. De manera provisional, su puesto será ocupado por el primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Carrión. La decisión la ha tomado el consistorio municipal “por protocolo de funcionamiento”.

Baja "cautelar"
Por su parte, el edil popular presentó su baja “cautelar” para evitar que su detención “dañe la imagen” del PP. La junta directiva del partido ha aceptado suspenderlo de manera provisional, y también al ex alcalde y diputado regional Juan Morales, que solicitó la misma medida. El PSOE, no obstante, ha pedido la dimisión de ambos por encontrarse procesados en la operación anticorrupción.

Sospechosos de robo
Por otro lado, tanto Martínez Andreo como el jefe de la Policía local, Alfonso Canales, también imputado en la trama de corrupción que se destapó en el municipio la pasada semana (operación Tótem), son sospechosos de haber robado documentos judiciales. Según informó la Cadena SER, la guardia civil encontró diversa documentación en la caja fuerte del despacho del mando policial.

Libertad con cargos
Al parecer, el propio Canales, acusado de un presunto delito de falsificación documental, habría sido el encargado de sustraer documentos penales del juzgado de Totana, y la guardia civil habría recuperado dichas diligencias en los registros efectuados. El jefe de la Policía se encuentra ahora en libertad con cargos.

Petición de excarcelación
El abogado José Antonio Ramos, que asumirá la defensa del edil, anunció que presentará un recurso contra la decisión de la juez y que perseguirá que sea excarcelado cuanto antes. El abogado espera que esto sea posible puesto que, según explicó, el alcalde “siempre ha mantenido una posición de colaboración” con la justicia.

12 detenidos y 4 imputados
De momento no se ha levantado el secreto de sumario de una operación que cuenta ya con 12 detenidos y 4 imputados entre los que se encuentran, además del alcalde y el jefe policial, el anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales, principal sospechoso de presuntos cobros de comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. También están implicadas, entre otros, la ex mujer y la actual compañera sentimental del ex edil, en una operación en la que ha habido detenidos en Murcia, Galicia y Madrid.

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jueves, 29 de noviembre de 2007

EL PP DE MURCIA CUENTA YA CON 19 IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El Diputado popular y ex alcalde de Totana, Juan Morales, señalado como el cabecilla

Ante el último caso de corrupción urbanística destapado en Murcia, en concreto en la localidad de Totana, el presidente popular de la Región, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que el PP se personará en los casos abiertos contra cargos del partido para seguir “de cerca” los procesos. Según sus palabras, tendrá que personarse en 22 casos que afectan a catorce municipios. La Comunidad Autónoma acumula ya 19 imputados del PP por presuntos casos de corrupción urbanística. Además, la investigación del caso murciano acaba de dar un giro, ya que se señala como principal cabecilla al diputado Juan Morales, ex alcalde de Totana.

Según informó la SER, la investigación acaba de dar un giro al señalar a Juan Morales, diputado del PP en Murcia y alcalde de Totana hasta el pasado mes de mayo, como el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística de Murcia. Si no ha sido detenido es por su condición de aforado. Es más, el objeto de la investigación es el presunto cobro de comisiones de Morales a cambio de facilitar la firma de un convenio urbanístico con una empresa constructora gallega para recalificar 200 hectáreas de terreno.

Nuevas detenciones
Además, este lunes fueron detenidas en la localidad de Totana seis personas relacionadas con el PP murciano por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Con este son ya 22 los casos de corrupción urbanística en los que está implicado el PP en esta comunidad, y ya hay 19 imputados en el PP de la región por este tipo de delitos.

Se personará
El presidente murciano aseguró a este respecto que el PP se personará en todos los casos en que un miembro del partido se encuentre imputado para “seguir muy de cerca las actuaciones y la evolución en los tribunales, y actuar en consecuencia”. No obstante, aseguró que “todavía no hay una sola acusación firme, y ninguna sentencia firme”, y que ya han sido archivadas 32 dos causas en las que estaban implicados miembros del partido.

19 imputados
Según informó El País, el PP tiene imputados 4 alcaldes y 4 directores generales en Murcia, y 11 cargos más que militan en el partido. El proceso más importante es el destapado en la finca La Zerrichera, en Águilas, donde siete cargos populares están acusados por la presunta recalificación de terrenos. Por el mismo motivo hay cinco imputados del PP en Fuente Álamo y otros seis en Torre Pacheco.

El alcalde del municipio costero de Mazarrón, también del PP, está implicado en un proceso por presuntos pagos a un concejal de un partido local a cambio de favores urbanísticos. Y a un socio del hermano de Valcárcel se le investiga en San Javier por su presunta vinculación con las tramas de Torre Pacheco y Fuente Álamo. A ellos hay que sumar las 6 detenciones de Totana.

Respuesta "inmediata" y dimisión
IU de Murcia han sido los primeros en exigir a Valcárcel una respuesta “inmediata” ante el caso de corrupción destapado el lunes. Para ellos “cualquier silencio político sería un signo de complicidad por omisión”. Por su parte, el PSOE regional advirtió que el proyecto urbanístico de Totana ya había sido tachado de “desmesurado” por su grupo, y exigió la dimisión del anterior alcalde de la localidad, cuya esposa es una de las detenidas en la operación.

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martes, 27 de noviembre de 2007

UN DIPUTADO POPULAR Y EX ALCALDE DE TOTANA, INVESTIGADO POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Seis detenidos en una operación contra la corrupción en Murcia

En el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Totana (Murcia), la Guardia Civil detuvo ayer a seis personas y realizó varios registros en domicilios por su presunta relación con el pago de cantidades millonarias a cambio de licencias de favores para construir. La investigación se centra en el ex alcalde de la localidad y actualmente y diputado popular en el Parlamento murciano, Juan Morales.

Las investigaciones de la Guardia Civil se centran en el popular Juan Morales y se han hecho registros en su domicilio, en el de su ex mujer y en la asesoría fiscal de su ex esposa, según informa la cadena SER.

Detenidos: intermediarios y constructores
Los detenidos hasta el momento son seis, tres en Murcia (presuntos intermediarios), un constructor en Madrid y dos más en Galicia, relacionados con la empresa Nuaria, entre ellos el presidente de la compañía, Manuel Núñez Arias.

Macroproyecto de 5.000 viviendas
Esta es la primera operación del grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil y se inició hace más de tres meses tras una denuncia ante la Fiscalía de Murcia. Los hechos investigados están relacionados con el pago de cantidades millonarias para agilizar la tramitación del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Totana, en Murcia. El plan contemplaba construir más de 5.000 viviendas en 200 hectáreas de terrenos, un macroproyecto que incluía campo de golf y spa y que duplicaría la población de la localidad, de 25.000 habitantes.

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miércoles, 24 de octubre de 2007

LA SOSPECHA SE EXTIENDE EN LOS MUNICIPIOS DEL ARCHIPIÉLAGO

La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos:

* El ex alcalde de Telde y otras 10 personas, detenidos por corrupción

- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.

- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.

- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.

elpaís.com

miércoles, 19 de septiembre de 2007

EL GOBIERNO DE VALCÁRCEL DESFILA ANTE LA JUSTICIA POR EL PELOTAZO DE LA ZERRICHERA

Tres altos cargos del PP murciano, los primeros en declarar como imputados
F.M. MARTÍNEZ/VMPRESS

Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular (PP), de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal.

Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.

Otros implicados
Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).

Enormes plusvalías
Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.

Cambios y traslados
Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor Trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de “cobarde” y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.

Proyectos paralizados
Se da el caso de que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia.

Imputados premiados
Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este “granero” socialista murciano.

Numerosos delitos
En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros.

El Gobierno regional, salpicado
El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.

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sábado, 19 de mayo de 2007

FABRA COBRÓ 841.000 EUROS POR ASESORAR A EMPRESAS SIENDO PRESIDENTE DELA DIPUTACIÓN



ADOLF BELTRAN / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón

Carlos Fabra cobró entre 2000 y 2004 un total de 841.021 euros por asesorar a siete empresas mientras era presidente de la Diputación de Castellón, según se desprende de la documentación que obra en poder del Juzgado número 1 de Nules, en el que se investiga al líder del PP castellonense y jefe de la corporación provincial por supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal. Esa cantidad, que supera con creces los ingresos recogidos en sus declaraciones individuales a Hacienda, fue recaudada a través de la empresa Carmacas, SL, de la que era administrador único hasta que en 2004 le sustituyó una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández.

* "Intachable" o "indecente"
* La juez atribuye a Fabra un delito de falsedad castigado con hasta seis años de cárcel

Francisco Camps y Carlos Fabra

Fabra abonó retribuciones de hasta 32.000 euros a sus hijos a través de la sociedad de la que era administrador único

La asesoría del jefe de la corporación castellonense pagó 739.545 euros a Urbanizadora Somosaguas

El político del PP recibió a través de Carmacas 163.581 euros del empresario que lo denunció por cobrar comisiones

Según Vicente Vilar, el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas para agilizar la aprobación de productos fitosanitarios que él fabricaba, una parte del dinero fue ingresado a través de Carmacas, la firma de asesoría de la que era titular el político castellonense. En la documentación de Hacienda, en efecto, figuran ingresos de Naranjax, SL por valor de 107.707 euros en dos pagos de 24.046 euros en 2000 y de 83.660 en 2001, así como 55.773 euros en 2000 procedentes de Comercial de Industrias Químicas Arcavi, SL. Ambas sociedades son propiedad de Vilar. Por otra parte, Artemis, 2000, SL, una empresa de la que eran accionistas al 50% las esposas de Fabra y Vilar, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente, pagó a la asesoría del dirigente del PP de Castellón 83.660 euros en 2003.

Además de esas dos firmas, en la contabilidad de Carmacas, cuya sede social estaba situada en el propio domicilio de Carlos Fabra en Castellón, hay ingresos de 209.152 euros entre 2000 y 2003 procedentes de Cottocer, SL, firma vinculada al empresario de la conocida industria cerámica Pamesa, Fernando Roig; de 316.183 euros entre los años 2000 y 2004 de la Unión de Mutuas, en la que Fabra era consejero; de 60.101 euros correspondientes a Libel XXI, SL, una empresa vinculada a María José Arquimbau y Francisco Molina, cuya firma Viveros Azahar Jardinería y Riegos, SA, es beneficiaria de concesiones de parques y jardines en la ciudad de Castellón, y de 8.441 euros en los años 2001 y 2003 procedentes del Despacho Tirado y Asociados, del vicepresidente de Bancaja Antonio Tirado.

La asesoría de Fabra, a la que Hacienda llegó a devolver 7.772 euros en el ejercicio de 2002 porque la declaración del impuesto de sociedades resultó negativa, dedicó la mayor parte de sus beneficios a una compra inmobiliaria en Madrid y al pago de diversos préstamos. Así, entre 2001 y 2003, Carmacas desembolsó un total de 739.545 euros a Urbanizadora Somosaguas (el pago de 2003 fue especialmente voluminoso: 530.543 euros en un solo ejercicio). Una hija de Fabra, Andrea, tiene residencia en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Otra residencia de la familia Fabra en la capital madrileña, en la plaza de las Salesas, costó más de 900.000 euros en esos años. La sociedad Carmacas pagó 33.764 euros en 2000, 10.037 en 2001 y 9.200 en 2002 a Santander Consumer, así como 22.198 en cada uno de los años entre 2002 y 2004 a Bancaja. Ambas líneas de gasto corresponden a liquidaciones de préstamos bancarios.

La sociedad de Carlos Fabra, de otro lado, satisfizo retribuciones salariales a varios miembros de su familia. Borja Fabra Fernández cobró 2.604 euros en 2000, 21.636 en 2001, 28.608 en 2002, 32.424 en 2003 y 32.424 en 2004 de la empresa de su padre. Su hermano Carlos Fabra Fernández cobró 1.974 euros en 2001, 14.350 en 2002, 16.506 en 2003 y 6.091 en 2004. Ese último año, la propia esposa del dirigente castellonense del PP, María Amparo Fernández, recibió una retribución de 10.362 euros.

La descoordinación y la lentitud en las investigaciones del llamado caso Fabra, que ha cambiado siete veces de jueces y fiscales, quedan de nuevo patentes en la documentación remitida por los peritos judiciales. Entre los 2.549 folios que recogen la información de "trascendencia tributaria" no se ha incluido la referente a uno de los cuatro hijos de Fabra. Concretamente, falta la de Andrea, casada con el consejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes. El olvido podría retrasar el informe pericial definitivo.

En cualquier caso, la documentación revela que los sueldos de la familia del líder del PP de Castellón no alcanzaban, ni de lejos, al del padre de familia y, sin embargo, soportaban créditos hipotecarios millonarios. Se dan casos, como el del ejercicio de 2001, en el que, con retribuciones de apenas 6.000 euros, hacían frente a créditos de más de 140.000. La información incluye el movimiento patrimonial de Amparo Fernández y la adquisición de una masía a la Fundación Blasco de Alagón, una entidad que rehabilita patrimonio bajo el protectorado de la Generalitat valenciana de cuyo órgano de gobierno forma parte la Diputación que preside Fabra.

ELPAÍS.COM

miércoles, 21 de marzo de 2007

EL ALCALDE DE PONFERRADA Y CINCO MIEMBROS DEL PP, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN

Están llamados a declarar ante el juez en los próximos días

V.V.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.

Tal y como reveló elplural.com el pasado 15 de febrero, representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.

Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.

López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.

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ELPLURAL.COM

martes, 27 de febrero de 2007

CASO LA ZERRICHERA: EL FISCAL JEFE DEL TSJ SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE ÁGUILAS, UN EX CONCEJAL Y CUATRO ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Ya se abrió el melón! El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, presenta querella por prevaricación en el caso La Zerrichera contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto (PP), una querella que también va dirigida contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas, y el ex concejal de Águilas, José López.
Desde el PSRM-PSOE ya se ha pedido el cese del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, así como de los cuatro altos cargos de la Comunidad que están imputados. Su portavoz parlamentaria, Teresa Rosique, ha demandado además la comparecencia urgente del presidente, Ramón Luis Valcárcel, para que ofrezca las explicaciones oportunas.

Y desde IU, su coordinador regional, José Antonio Pujante, dice que la querella "obliga al presidente de la Región a salir a la opinión pública, dar la cara, pasar las oportunas facturas políticas a sus amigos implicados". Pujante considera que tales explicaciones "deben ser convincentes o de lo contrario la querella de la Fiscalía acabará por llevarse también por delante a Valcárcel".



El propio presidente Valcárcel aseguraba a primera hora de esta tarde que está convencido de la "honorabilidad" de todas las personas a las que el fiscal López Bernal imputa delito de prevaricación en el caso La Zerrichera.

Valcárcel advierte que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", criticando lo que él estima como falta de información oficial de la Fiscalía sobre el contenido de la querella.

Recordemos que el grupo inmobiliario Hispania pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra, parte de las cuales cuentan con protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el propio PSRM-PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.

ELCONFIDENCIALDEMURCIA

jueves, 15 de febrero de 2007

EL ALCALDE DE PONFERRADA, DEL PP, ACUSADO DE PREVARICACIÓN

El ex edil del caso Nevenka, otro posible implicado

V.V.

El alcalde del municipio leonés de Ponferrada, el popular Carlos López Riesco, está acusado de un presunto delito de prevaricación por la enajenación irregular de suelo en la localidad. López Riesco, junto con otros cinco consejeros de la empresa municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), cedieron presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal la cesión del suelo.

Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, han presentado esta mañana una querella contra López Riesco, y los cuatro consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusan de sendos delitos de prevaricación.

Caso Nevenka
En el texto de la querella, al que ha tenido acceso elplural.com, también se menciona, aunque no como imputado, a Ismael Álvarez Rodríguez, ex alcalde popular de Ponferrada, que en 2002 se vio obligado a dimitir tras verse envuelto en un escándalo de acoso sexual hacia la concejal de su propio grupo Nevenka Fernández. Ismael Álvarez fue presidente de Pongesur hasta 2002, por lo que no está probado, por el momento, que tuviese relación con la adjudicación irregular de los terrenos, aunque no se descarta una imputación cuando se inicien las diligencias del caso.

Condiciones de cesión del suelo
En enero de 2002 la empresa municipal Pongesur, de la que López Riesco, alcalde popular de Ponferrada, es vicepresidente, fijó las condiciones para la enajenación de suelo destinado a la construcción de viviendas en Ponferrada, por las que se establecía que podían acceder a concurso “todas las personas físicas o jurídicas” que, entre otros requisitos estuvieran “al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social”, una premisa que no cumplía la constructora UFC.

UFC, sin registrar en la Seguridad Social
Pese a que la ley indica expresamente la prohibición de contratar empresas que no estén inscritas en el régimen de Seguridad Social, Pongesur adjudicó en febrero de 2002 a UFC una parcela para 539 viviendas, a las que posteriormente se sumó la venta directa de otras 626 viviendas más. En el registro de la propiedad de la constructora figuran, además, un total de otras 1058 viviendas más adquiridas por medio de otros concursos.

Las operaciones tuvieron lugar en 2002, pero, a 25 de octubre de 2005, según marca un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social incluido en la querella, UFC “no figura inscrita como empresario en el sistema de Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado código de cuenta de cotización en ningún régimen del sistema de Seguridad Social”.

Responsabilidad directa
López Riesco, junto con el resto de consejeros de Pongesur, tendrían responsabilidad directa en la adjudicación del terreno a UFC, ya que votaron favorablemente a la cesión de las parcelas y autorizaron que las empresas Pizarras Fravinsa, Fernández de la Mata, Aplicación Urbana y CRS, adjudicatarias originales de otros terrenos, se los vendieran a la constructora. La implicación de Ismael Álvarez es más complicada, puesto que cesó de su cargo de presidente de la compañía en las mismas fechas en que se produjo la adjudicación.

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lunes, 8 de enero de 2007

EL "CASO MERCALICANTE" ESTÁ PENDIENTE DEL INTERROGATORIO A UN FUTBOLISTA RUMANO

El sumario, con 15 imputados, sigue abierto a los cinco años de destaparse el desfalco

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El sumario del caso Mercalicante -un desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa agroalimentaria pública- sigue abierto cinco años después de destaparse las irregularidades contables, en julio de 2002 cuando el consejo de administración destituyó al gerente de la entidad, José Emilio Clavero. El ex directivo es el primer acusado de la lista de 15 imputados, entre los que también se encuentra el alcalde de Alicante y presidente del consejo de administración, Luis Díaz Alperi. La instrucción de la causa está pendiente del interrogatorio al futbolista rumano Cosmin Marius Contra.

La acusación popular sostiene que el sumario está suficientemente instruido

Poco antes de trascender el escándalo financiero, el futbolista rumano compró un ático, sito en la avenida Diagonal de Barcelona, que era propiedad de Clavero. La diligencia pretende delimitar si la operación se enmarca en la estrategia del ex gerente de simular su insolvencia económica. Clavero fue arrestado en septiembre de 2002 como principal acusado del desfalco. Precisamente, la práctica de una prueba testifical solicitada por el abogado de Mercalicante en relación con el trasiego del patrimonio del ex directivo de la firma es la causa del nuevo parón de la instrucción. La juez que dirige la investigación, Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, está pendiente de tomar declaración, en calidad de testigo, a Cosmin Marius Contra, en la actualidad en la plantilla del Getafe. El defensa internacional rumano compró un ático propiedad al ex gerente. La lujosa vivienda de Barcelona, que está valorada en 340.000 euros, había sido adquirida por Clavero meses antes de estallar el escándalo financiero. La magistrada ha cursado un exhorto a un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda para que tome declaración al futbolista el próximo día 5 de febrero.

La defensa de Mercalicante persigue probar que el ex directivo de la entidad ideó una trama, meses antes de descubrirse el agujero en la empresa pública, para simular su insolvencia económica y eludir así su responsabilidad a la hora de afrontar una hipotética indemnización que fijen los tribunales. También en esas fechas previas a su destitución como gerente, Clavero pactó la declaración de bienes con su mujer, y transfirió diversas cantidades, que la policía judicial aún no ha precisado, a cuentas corrientes de su madre.

El escándalo por el supuesto desfalco de Mercalicante trascendió a la opinión pública en julio de 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades contables en la firma pública entre los ejercicios de 1999 y 2001. Entonces, el consejo de administración de la entidad, presidido por el alcalde Luis Díaz Alperi, destituyó al gerente de la empresa, José Emilio Clavero, como primer responsable de la quiebra contable. Dos meses, más tarde, el fiscal, a raíz de una denuncia de un vecino, arrestó a Clavero. María Cristina Costa, la juez le imputó, entre otros, los delitos de apropiación indebida y estafa, y acordó su libertad provisional. Entre 1999 y 2001, la empresa construyó nuevas naves frigoríficas y un sistema de venta electrónico. La investigación judicial constató, más adelante, que ambos proyectos fueron la tapadera para ejecutar el desfalco.

Tras la imputación de Clavero y, a raíz de una querella presentada por el PSPV, la magistrada amplió la acusación a los representantes del comité ejecutivo -máximo órgano del control de la firma por encima incluso del consejo de administración- El ente estaba integrado por el alcalde, el también edil del PP, Juan Zaragoza, y el ex edil del PP y, ahora, director de la Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, y dos representantes del socio del Ayuntamiento la mercantil Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Precisamente, los recursos presentados por las partes a raíz de la imputación del alcalde han motivado los mayores retrasos en la instrucción de la causa. El juzgado tardó 10 meses en tramitar una apelación del PSPV a la Audiencia de Alicante.

La acusación popular sigue manteniendo que el sumario está ya "suficientemente" instruido y pide la apertura de juicio oral y de esta forma poder delimitar los procesados. Esa parte y la acusación pública que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante mantendrán las imputaciones hasta el cierre del sumario, salvo que la juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.

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