jueves, 12 de abril de 2012

VICENS NIEGA HABER FORMADO PARTE DEL PLENO QUE APROBÓ LA VENTA DE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | Defiende que prevaleció la estética


Europa Press | Palma

El exconseller insular de Territorio y exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha negado, a través del escrito de defensa que sus letrados han presentado en el marco del caso Can Domenge, que actuase de forma irregular en el proceso de venta de los terrenos palmesanos, adjudicados a la mercantil Sacresa por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la querellante Núñez y Navarro. La defensa solicita de esta forma su libre absolución de cara al juicio que prevé celebrarse por esta causa.

El escrito incide así en que Vicens no incurrió en delito alguno por lo que "no cabe hablar de autoría ni de otras formas de participación" en los hechos investigados, rebatiendo de esta forma las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para el inculpado seis años de prisión por los presuntos delitos de fraude a la administración, revelación de secretos, y prevaricación, además de ocho años de inhabilitación absoluta, al postular que participó personalmente en la ideación y clausulado del concurso.

Y es que, tal y como, entre otros argumentos, alega la defensa de Vicens, ejercida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, el exconseller no era miembro electo del Consell ni formaba parte del pleno, por lo que de forma singular no participó en la sesión plenaria del 5 de junio de 2005, cuando por 19 votos a favor (del PP y de UM), se aprobó la adjudicación del expediente de contratación para la enajenación de Can Domenge. Tampoco el exconseller, agregan, formó parte de la mesa de contratación.

Es más, los abogados aseveran que fue el propio Vicens quien solicitó, por medio de un escrito fechado el 11 de enero de 2006, "la ampliación del plazo por término de 15 días más para la presentación de ofertas", lo que facilitaba que un mayor número de empresas pudieran concurrir a la convocatoria, tal y como han señalado fuentes jurídicas.

El escrito incide en que el exdirigente 'uemita', quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por una pieza separada del caso Son Oms, presidió el jurado técnico que estudió y deliberó las distintas propuestas presentadas, deliberación de la que, precisa, se ausentó Vicens "para garantizar la libertad y exclusivo carácter técnico" de las mismas.

Fue este jurado el que, señala, acordó valorar como la mejor propuesta técnica la presentada por Construcciones Ferrà Tur-Sacresa, a la que se le otorgó la suma de 45 puntos, de los que 30, subraya, corresponden al apartado del pliego de prescripciones relativo a cuestiones arquitectónicas y más en concreto a "la adaptación del proyecto al entorno y la composición estética y diseño de las soluciones presentadas", incidiendo de esta forma en la importancia que se dio a este aspecto a la hora de decidir la adjudicación.

De hecho, el imputado ya manifestó ante la juez que instruyó la causa, Carmen González, que la intención del concurso era asegurar un proyecto singular por lo que su intervención en el proceso fue la de interesarse por que se valorara la estética del conjunto de viviendas que iban a ejecutarse en el solar. Sin embargo, la magistrada mantenía que Vicens conversó con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y que comenzaron de este modo a trabajar en el concurso "mucho antes" de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares.

El caso, por el que también serán juzgados los exdirigentes de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, se centra de esta forma en averiguar si la UTE adjudicaria dispuso de información privilegiada y gozó de un trato de favor en el proceso, después de que los terrenos fuesen vendidos por el Consell a Sacresa por un total de treinta millones de euros, pese a tratarse de la mitad de su valor en el mercado (57,8 millones de euros) y de lo que ofrecía Núñez y Navarro.

Cabe recordar que el caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que Munar dimitiese como presidenta del Parlament el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.

"CASO MERCASEVILLA"; EL TSJA AVALA LA DECISIÓN DE MERCASEVILLA DE NO INCLUIR A PONCE EN EL ERE DE 2007

Daniel Ponce, a la izquierda, llegando al juzgado, en una imagen de archivo. | J.M.
'No ha existido discriminación'

Europa Press | Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la desestimación de la demanda promovida por Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla e imputado en varias de las causas que investiga la juez Mercedes Alaya en torno a esta empresa, contra la decisión de la directiva del mercado central de abastos de Sevilla de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

En la sentencia, el Alto Tribunal andaluz confirma la decisión del Juzgado de lo Social número 4, que desestimó la demanda de Ponce y resolvió que el plan de prejubilaciones del ERE en cuestión es un "contrato" cuyos actos requieren de "mutuo acuerdo" entre las partes, así como que en esta decisión del mercado central "no ha existido discriminación en los términos exigidos legal y jurisprudencialmente" al haber sido denegada la pre jubilación a otros 12 empleados.

En su demanda, Ponce rememoraba que, el 29 de marzo de 2007, el comité de empresa y la dirección de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, pactaron el derecho de los trabajadores a prejubilarse "voluntariamente" siempre que se alcanzasen los 50 años de edad, medida cuya vigencia se extendía del 2 de mayo de aquel año al 31 de abril de 2010. El 25 de marzo de 2010, Ponce cumplía 50 años y solicitaba su adhesión al procedimiento con visos a su pre jubilación.

Ante la negativa de la empresa a permitir su adhesión al ERE, el ex director adjunto promovió una papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), medida cuyo fracaso motivó la demanda, que fue rechazada por el Juzgado de lo Social en una decisión recurrida ante el TSJA por el propio Ponce, que alegó que "la adscripción al Plan de Prejubilación era voluntaria para los trabajadores, no precisando el consentimiento empresarial".

Las circunstancias de la empresa "han cambiado"
En su sentencia, la Sala de lo Social del TSJA pone de manifiesto que Ponce "pretende que se le incluya en el ERE como trabajador afectado por el mismo", y "no impugna la resolución de la autoridad laboral, sino la decisión empresarial de no incluirlo como afectado en el ERE", y explica que "la prejubilación es una figura que no aparece regulada en nuestro Derecho positivo, y por lo tanto se regirá por lo pactado válidamente entre las partes".

El TSJA rechaza también que se haya vulnerado el principio de igualdad y no discriminación, ya que en el presente caso "las circunstancias y la situación de la empresa y de la entidad aseguradora han cambiado, siendo relevante que incluso se han incumplido los acuerdos sobre el abono de las prestaciones pactadas".

El expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en Mercasevilla constituye la mayor losa financiera de la compañía al haberse desligado de su financiación la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados a tal efecto entre finales de 2007 y comienzos de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero.

Además

SALGADO SE ACOGE AL PRIVILEGIO DE DECLARAR POR ESCRITO SOBRE EL "CASO CAMPEÓN"

Elena Salgado, el día del traspaso de cartera a Luis de Guindo | Sergio Pérez / Reuters
JUSTICIA | Investigación en el Tribunal Supremo


María Peral | Madrid

La ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Economía Elena Salgado no comparecerá personalmente en el Tribunal Supremo el próximo día 19 para declarar como testigo en la investigación que se sigue contra su antiguo compañero José Blanco. Salgado se ha acogido al privilegio de declarar por escrito que la ley concede a los miembros del Gobierno cuyo testimonio reclamen los tribunales cuando se trata de hechos conocidos en el ejercicio de sus cargos.

El instructor de la causa abierta a Blanco, José Ramón Soriano, ha dado cinco días de plazo al fiscal y a las defensas para que formulen por escrito las preguntas que quiera hacer a la ex vicepresidenta del Gobierno.

El testimonio de Salgado fue solicitado por el fiscal Manuel Dolz, que quiere conocer si Blanco se interesó ante ella, o ante algún otro cargo del Ministerio de Economía, por la concesión de un crédito del Banco Europeo de Fomento a Laboratorios Nupel. El dueño de esta empresa, Jorge Dorribo, ha declarado que pagó 240.000 euros al ex ministro de Fomento a cambio de diversas gestiones favorables a los intereses de sus sociedades.

Además

EL ALCALDE DE SANTIAGO REITERA QUE NO HUBO DELITO FISCAL Y EVITA HABLAR DE SU DIMISIÓN

JUSTICIA | Declaración ante el juzgado
Está acusado por el impago de 291.000 euros del IVA de 61 viviendas
Asegura que 'no tuvo intención de defraudar a la Hacienda pública'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

El alcalde de Santiago, el 'popular' Gerardo Conde Roa, volvió este jueves a negar que haya cometido un delito fiscal, pero, a diferencia de los últimos días, lo hizo en calidad de imputado y ante el magistrado Antonio Vázquez Taín. Y es que el alcalde de Santiago se enfrenta a una acusación en relación al impago de más de 291.000 euros del IVA de 61 viviendas de la firma Gestlander, de la que es administrador.

En su declaración ante el juez, el alcalde compostelano insistió en que, en ningún momento, "tuvo la intención de defraudar a la Hacienda pública". "Ha ido bien y todo correcto. Ha sido una declaración completa", dijo en una rueda de prensa improvisada en la sede de su partido para evitar, de este modo, la protesta delante de los juzgados de Santiago de una veintena de vecinos que lo increparon a la salida de su declaración judicial.

"He explicado todos los pormenores que nos pedían y he cumplido el trámite. Queda alguna diligencia por practicar pero lo más importante es que mi declaración ha sido completa y clara", subrayó al tiempo que quiso dejar claro que "no hubo engaño, sino colaboración" con la Justicia.

En su declaración ante el juez, Conde Roa subrayó que no cometió "ningún delito fiscal" y que su empresa no tuvo nunca la "intención" de defraudar a la Hacienda pública. "Estoy muy tranquilo y era un trámite que hay que pasar", apuntó en relación a su declaración judicial.

Por eso se mostró en todo momento "muy tranquilo" y espera que su problema se resuelva en breve. "No me he sentido en ningún momento presionado, ni por lo que han publicado los periódicos, ni por nadie de mi partido", señaló al apuntar que "la peor presión" ha sido su declaración ane el juez que "ha sido en todo momento coherente".

Dimisión
De esta forma, el regidor compostelano no quiso hablar sobre su dimisión. "No quiero mezclar consideraciones de tipo político con las consideraciones que me han traído aquí", indicó para atajar las insistentes preguntas de los periodistas. "No ha habido engaño, sino colaboración", repitió.

También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió hoy a este asunto y apuntó que su partido actuará "con claridad" y será "coherente y consecuente" con lo que dictamine la Justicia y lo que digan los Estatutos del PP a la hora de determinar el futuro político del alcalde de Santiago. No obstante, el jefe de filas del PPdeG dio por buena las explicaciones del alcalde y afirmó, tras el Consello de la Xunta, "que -Conde Roa- no tenía medios porque sus empresas se arruinaron y que estaba en proceso de pago cuando se le notificó la denuncia por impago".

Por su parte, el regidor compostelano, que en ningún momento quiso hablar sobre una posible dimisión, señaló que "estará a disposición" de lo que decida el PPdeG y Núñez Feijóo.

'No hay juicio abierto'
Tras la declaración de Conde Roa ante el Juzgado número dos de Santiago también habló su abogado, Ramón Sabín, para aclarar que, por el momento, "no hay ningún juicio abierto" contra el alcalde. "Por eso, esperamos que se archive el caso", indicó.

Y es que Sabín, al igual que hizo su defendido, insisitió en que "no hubo ánimo de ocultar nada" porque las actividades y las cuentas de la empresa Gestlander "son públicas".

En todo caso, Jorge Fernández de Aranguiz, fiscal del caso, precisaba a la salida de la declaración que el proceso continúa. "La Fiscalía le atribuye un hecho y estamos en fase de instrucción y hay que acreditarlo. Después se verá si hay que llevarlo a juicio y escuchar sus opiniones y ese es nuestro trabajo", dijo al tiempo que recordó que el juez ya admitió a trámite la querella y que Conde Roa testificó este jueves en calidad de imputado.

Precisamente, y para recaudar más información sobre este caso, el juez citó también a declarar al asesor fiscal de Geslander para ver si procede o no abrir juicio oral.

Madrugador
El alcalde de Santiago llegó temprano a los juzgados de Santiago, en torno a las 09.00 horas, para asistir a la declaración de un inspector de Hacienda en relación a su caso. Posteriormente, y tras un receso, sobre las 12.00 horas comenzó la declaración de Conde Roa que se prolongó durante más de una hora.

Precisamente, sobre la declaración del inspector de Hacienda, el regidor subrayó que "fue meridianamente clara". A las puertas del juzgado compostelano se concentraron, también, una veintena de vecinos con pancartas en las que se acusaba al alcalde de ser un "ladrón".

Críticas del PSdeG
Por otra parte, el parlamentario autonómico del PSdeG Xaquín Fernández Leiceaga pidió a la Xunta que investigue la posibilidad de que la promotora Geslander haya vendido 61 viviendas de protección oficial en Santiago con "una discrepancia notable entre las cantidades consignadas ante notario y las facturas". Ha cifrado este posible "sobreprecio", del que ha recibido "informaciones" que todavía no ha comprobado, en "más de 200.000 euros".

Por eso, en una rueda de prensa pidió la dimisión de Conde Roa porque, dijo, "no puede seguir un día más" en su cargo debido a su "defraudación consciente y voluntaria". "La imagen de Santiago es un intangible simbólico, que se compromete cuando el mensaje que se traslada es el de un alcalde defraudador acusado de un delito fiscal y con riesgo de ingresar en prisión".

EL JUEZ IMPUTA AL EDIL DE URBANISMO DE TORREVIEJA POR LA BASURA


La secretaria municipal también está imputada por una licencia de obras para la planta de residuos

Alicante

El Juzgado de Instrucción número dos de Torrevieja ha citado a declarar como imputados al concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, del PP, y a la secretaria municipal. Los dos están imputados por la concesión de una licencia de obras el 12 de octubre de 2011 para la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que Acciona-La Generala Torrevieja UTE había solicitado en 2005, meses después de que le fueran adjudicadas la recogida de la basura y la limpieza viaria y fecha desde la cual la empresa ha estado ejerciendo la actividad sin licencia y sin control municipal.

La actuación judicial es consecuencia de la denuncia presentada por el Grupo Socialista a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, que investigó y posteriormente dio traslado al juzgado de la actuación municipal. Según la oposición, desde hace siete años la adjudicataria de la recogida de la basura deposita 80 toneladas diarias en un recinto no autorizado, para su posterior traslado en camiones de mayor tonelaje al vertedero de La Murada-Abanilla, propiedad de Ángel Fenoll, cabecilla de la trama de basuras que originó el caso Brugal.

Informe en contra
La denuncia del PSPV especifica que la licencia de la planta de transferencia recogida en el contrato de adjudicación se concedió con el informe contrario del jefe del servicio de Urbanismo, la arquitecta municipal y dos arquitectos técnicos municipales, ya que, según concretaron, la planta estaba pendiente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Tres de ellos han sido citados como testigos en el mismo procedimiento.

La adjudicación de este contrato de recogida de basura ya está instruyéndose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana tras una denuncia de Los Verdes porque el entonces alcalde del PP y hoy diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández Mateo, adjudicó la contrata utilizando el informe de un letrado asesor externo relacionado con la empresa beneficiaria. Hernández Mateo declaró como imputado el pasado 27 de febrero por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque negó su participación en cualquier amaño.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

"CASO EMARSA"; EL JUEZ IMPUTA A DOS ALTOS CARGOS DE LAS DEPURADORAS DE LA GENERALITAT

Vicente Ríos pide que se averigüe el patrimonio de Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer
El magistrado atiende la solicitud del fiscal, la acusación particular y el letrado de la Generalitat

Ignacio Zafra Valencia

El juez Vicente Ríos que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba el agua de Valencia, elevó ayer la implicación de cargos públicos a la Generalitat. El instructor dictó la imputación de José Juan Morenilla, que fue hasta 2010 gerente de Epsar, la empresa del Gobierno autonómico responsable de financiar y vigilar a las depuradoras valencianas. Y de Ignacio Bernácer, que sigue siendo director de explotación de la misma. Su imputación fue solicitada inicialmente por los socialistas, petición a la que se sumó la fiscalía y el resto de acusaciones. En un ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta el Consell por el continuo avance de causas judiciales ligadas a la corrupción, la imputación de Bernácer fue solicitada por el mismo abogado de la Generalitat. Es decir, por la Administración que sigue pagándole la nómina y que ayer no anunció medidas al respecto.

El juez basa su decisión en dos elementos. De un lado, Morenilla y Bernácer formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. “La empresa encargada de gestionar los lodos”, señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, “era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich”. Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.

La información era remitida semestralmente a la Consejería de Medio Ambiente de la que depende Epsar. Y la fiscal considera por ello que “no es posible creer que los responsables de Epsar no tuviesen conocimiento de que las empresas que facturaban a Emarsa por la gestión de lodos no eran las que realizaban el servicio realmente”.

Tanto Etwas como todo un abanico de empresas que la sucedieron en dicha función de mera intermediación eran de Jorge Ignacio Roca, imputado en la causa y huido de la justicia. Todas ellas “aparecen en Emarsa como por arte de magia, desaparecen de la misma manera y la única huella que dejan es la facturación de 16,9 millones de euros \[a Emarsa\] por un servicio que no han prestado”, continúa el juez en línea con la fiscal.

La sospecha de adónde fue a parar ese exorbitante sobrecoste es el segundo motivo que ha llevado al instructor a ampliar la investigación a Morenilla y Bernácer. Dos imputados declararon ante el juez que los dos directivos recibían cada mes una parte del dinero que el empresario de lodos entregaba a los responsables de Emarsa, y que habría alcanzado los 180.000 euros mensuales. Al principio, afirmaron estos dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García, Roca entregaba el dinero en cajas de cartón y más adelante a través de tarjetas de crédito a nombre de sus empresas que los imputados sacaban en cajeros.

Los otros dos beneficiarios habrían sido Enrique Crespo, dimitido vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. Cuesta corroboró en parte dicha versión al declarar que extrajo 60.000 euros con las tarjetas de Roca y le entregó la mitad a Morenilla “en su oficina o en algunas cafeterías de Valencia”.

El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marí, consideró ayer “una prueba de la implicación del PP” en el caso el hecho de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra mantenga en su puesto a Bernácer “a pesar de los numerosos indicios” que existen contra él.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS