miércoles, 27 de mayo de 2009

EL TSJ CANARIO DESESTIMA EL RECURSO CONTRA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA CONTRA SORIA

CASO SALMÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar otro revés a Carlos Sosa y ha desestimado el recurso del fiscal contra el archivo de la causa contra el popular canario José Manuel Soria.

Esta semana este mismo tribunal archivó el caso conocido como "Salmón".



















José Manuel Soria, presidente del PP canario. (Archivo)

(Libertad Digital) Según informa el diario Canarias7, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha considerado que la denuncia del periodista Carlos Sosa roza "el fraude procesal".

De hecho, el Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el fiscal Luis del Rio contra el archivo de la causa de Sosa contra el popular José Manuel Soria, Luis Soria, María del Carmen Benítez y José Manuel Arnáiz en relación al "caso Salmón".

Caso Salmón

La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, ha dictado un auto en el que archiva el llamado 'caso salmón', en el que figura como imputado por presunto delito de cohecho el presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, además del también secretario general del partido, Manuel Fernández, como supuesto cooperador necesario de cohecho, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El 'caso salmón', que se inició a raíz de una denuncia del periodista Carlos Sosa, del grupo de comunicación Canarias Ahora, investiga el viaje del también vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional a Noruega y Austria en agosto de 2005, acompañado por el empresario turístico ya fallecido Björn Lyng, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

LIBERTADDIGITAL.COM

SORPRESA POR QUE SEA LA UCO QUIÉN INVESTIGUE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN LANZAROTE

IMPLICADOS POLÍTICOS DEL PSOE

Pese a no ser lo habitual, la UCO de la Guardia Civil se ha trasladado a Lanzarote para investigar la trama de corrupción que afecta a cargos del PSOE en Arrecife de Lanzarote.

Según las primeras pesquisas, también se vería implicado Carlos Morales, marido de la Princesa Alexia de Grecia.

(Libertad Digital) La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha trasladado a Lanzarote tras la detención el lunes de dos socialistas en Arrecife de Lanzarote en el marco de la Operación Unión, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística.

El desplazamiento de la UCO no es un procedimiento habitual; como tampoco que lo esté llevando esta unidad y no la Brigada de Información de la Policía. Según informa la prensa local, los agentes están centrando las investigaciones solamente en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arrecife.

Según fuentes consultadas por Canarias Ahora, las pesquisas policiales pretenden llevar al juez documentos y pruebas que certifican presuntos "amaños y adjudicaciones irregulares" entre políticos y arquitectos relacionados con el citado plan urbanístico. Además, la UCO cree que en esta trama estaría implicado el despacho profesional del arquitecto Carlos Morales, sobrino político de la Reina doña Sofía ya que está casado con la Princesa Alexia, hija mayor del Rey Constantino de Grecia.

"Estamos cotejando la información obtenida de este despacho con otras pruebas que teníamos en nuestro poder y con el resultado de los interrogatorios a los detenidos", señalaron fuentes consultadas por Canarias Ahora, que puntaron que el plazo para prolongar estas detenciones expira a las 72 horas, las cuales se cumplen el jueves.

libertaddigital.com

LA JUNTA IGNORÓ EL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA TRAMITAR LA SUBVENCIÓN A MATSA

Y ADEMÁS, PAGÓ POR ÉL 48.000 EUROS

El caso Matsa suma y sigue. El estudio de viabilidad exigido para conceder la subvención a la empresa apoderada por Paula Chaves, la hija de Manuel Chaves, lo pagó la Junta de Andalucía. Sin embargo, no esperó al resultado iniciando antes de plazo los trámites para la subvención.

* Solchaga y un ex consejero andaluz mediaron para la empresa apoderada por Paula Chaves
* El Gobierno negó a MATSA las ayudas que la Junta de Andalucía le concedió
* "Riesgo elvado de impago" al recibir la subvención

El PP exigirá una comisión que investigue la subvención de Chaves a MATSA

(Pedro de Tena) Con fecha 27 de junio de 2007, la Junta de Andalucía suscribió un Convenio de Colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), del Ministerio de Fomento, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la realización de un estudio y dictamen sobre el proyecto de “Ampliación de la actividad de la mina de Aguas Teñidas, perteneciente a la empresa apoderada por Paula Chaves, con la construcción de una planta de tratamiento de mineral y un depósito de estériles”.

La Junta pagó por el estudio un total de 48.000 euros, IVA incluido, que fueron ingresados en la cuenta del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Banco de España, que fue quien realizó el estudio. Pero antes de que terminara el plazo para entregar el estudio, la Junta admitió la viabilidad de la subvención y Matsa la pidió, iniciando los trámites correspondientes.

MATSA se ahorró al menos esa cantidad porque el objeto del estudio, según la cláusula primera del convenio, era "el estudio sobre el proyecto de ampliación de la actividad de la Mina de Aguas Teñidas, que incluye la construcción de una planta de tratamiento de mineral y un depósito de estériles, y de otro el dictamen sobre la adecuación del proyecto a la normativa vigente en materia de seguridad."

Este convenio fue firmado antes de la petición de Minas de Aguas Teñidas de la subvención de la Junta, subvención que pidió antes de que el informe fuera concluido. Fue el 11 de octubre de 2007 cuando tuvo inicio el expediente con la solicitud de un incentivo directo a fondo perdido para la Construcción de una Planta de Tratamiento Mineral por Matsau ( nº registro: 21541).

Sin embargo, el estudio del Estado y de la Junta comenzó en septiembre de 2007 y tenía como plazo hasta fin de año para estudiar el proyecto de Minas de Aguas Teñidas. Parece imposible que el Ministerio de Fomento, regido por Magdalena Álvarez, terminara sus trabajos en poco más de un mes. Sin embargo, el 11 de octubre de 2007, la empresa ya había solicitado la subvención que exigía disponer del estudio de viabilidad y la Junta accedió a tramitar la misma el día 18, cuando previsiblemente no dispondría de dicho estudio que tenía como plazo hasta fin de año para ser entregado por el Ministerio. Además, y como ya hemos informado, la tramitación de esa subvención en aquella fecha era ilegal.

En la Orden de 19 de abril de 2007, vigente en aquel momento, establecía en su exposición de motivos:

Art 4.4 “Sólo serán incentivables los proyectos del sector minero que consistan en inversiones en las labores de acceso a los yacimientos de las industrias extractivas con el propósito de iniciar su explotación, no incluyéndose las labores que se inicien en la fase de explotación del yacimiento. Asimismo serán incentivables los proyectos de mejora de las condiciones medioambientales o que promuevan la seguridad y la calidad de las explotaciones extractivas”

Vean el documento del Boletín Oficial del Estado de 17 de agosto sobre el convenio de colaboración suscrito en junio del mismo año:













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LIBERTADDIGITAL.COM

EL CONTABLE DE FOREVER YOUNG DICE QUE "LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA HA SIDO SUFICIENTE"


JUSTICIA | Caso 'Gürtel'


Vista de la tienda forever young en la calle Concha Espina. | E.M.


* También ha comparecido el representante legal de la tienda Milano en Madrid

Gema Peñalosa | Valencia





El magistrado instructor de la rama valenciana del caso Gürtel ha reservado la quinta, y por ahora última, jornada de declaraciones para la comparecencia del contable de la tienda Forever Young —donde se encargaron y confeccionaron los trajes que pudieron recibir como regalo Francisco Camps y Ricardo Costa— y para el representante legal de Milano. El primero ha llegado al juzgado a las 10 de la mañana; el segundo a las 11.38 horas.

A las 12.26 ha finalizado la declaración del primero. "Todo ha ido muy bien", es todo lo que ha dicho el contable de Forever Young, que se ha negado a hacer declaraciones, pero sí ha aclarado que "con la documentación que he aportado al juez ha sido suficiente".

Ambos estaban citados a declarar en calidad de testigos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La comparecencia del interventor responde al requerimiento del juez de contar con una pericial para arrojar luz sobre si en la tienda podría haberse estado llevando una doble contabilidad o, por el contrario, los trajes pudieron no pagarse. Cabe recordar que la querella contra el sastre, José Tomás, tras una denuncia de su empresa en la que le acusaban de no declarar algunos ingresos de la caja está incorporada a la causa.

El contable del establecimiento de Forever Young lleva varios años desempeñando esta función, por lo que su testimonio será clave en el proceso judicial. Tras su comparecencia, el magistrado instructor, José Flors, tomará declaración al representante legal de la tienda Milano.

Después de estas dos comparecencias, es muy posible que el juez señale más declaraciones de personas que pudieran arrojar luz a versiones tan contradictorias como las que se han producido en la Sala Civil y Penal del TSJ desde que arrancaron las comparecencias el martes de la semana pasada. La intención del magistrado augura una instrucción extensa y dilatada.

El pasado día 19, el secretario de Organización del PPCV, Ricardo Costa, aseguró ante el magistrado que nunca recibió regalos en forma de trajes por parte de Orange Market y que pagó la ropa a 'El Bigotes'.

El ex vicepresidente, Víctor Campos, y el actual jefe de Protocolo de la Diputación Provincial de Valencia, Rafael Betoret, también relataron al magistrado que abonaron el importe de los trajes a Álvaro Pérez. El presidente de la Generalitat, por su parte, aseguró que pagó al contado la ropa que adquirió y que incluso, en una ocasión tuvo que pedirle prestado a su escolta 150 euros para pagar una chaqueta.

Camps precisó que nunca suele usar la tarjeta de crédito y que es su mujer, farmacéutica de profesión, la que le suministra dinero en efectivo cuando sale de viaje. No usaba la tarjeta, dijo, para evitar infundir sospechas de que usaba el crédito oficial para sus gastos protocolarios.

El sastre de las tiendas Milano y Forever Young, en su comparecencia en calidad de testigo ante el instructor, aseguró que nunca ninguno de los imputados le abonó la ropa. Tomás indicó que Camps nunca le pagó en metálico los trajes y que el resto de implicados, tampoco. Asimismo, atribuyó el continuo cambio de versiones que ha dado sobre este asunto —primero señaló que la ropa se pagó y ante Garzón dio marcha atrás— a la presión que suponía para él el mobbing al que su empresa le sometía.

El sastre puntualizó que todos los pagos de ropa los satisfacía Pablo Crespo —socio del director de orquesta de la trama, Francisco Correa, y ex secretario del PP en Galicia— en los meses de febrero y de julio. La declaración del contable puede ser determinante para la causa.

Además

* De la Vega: 'Se hacen trajecitos a costa de los recursos públicos'
* Los funcionarios niegan presiones para contratar a 'El Bigotes'
* Álbum: Desfile de altos cargos en el Tribunal Superior
* Declaración: Camps | Costa | Campos | El Bigotes | J. Tomás
* La rama valenciana del caso 'Gürtel', paso a paso

ELMUNDO.ES

EL PP ACUDIRÁ COMO ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL JUICIO POR LAS FACTURAS DE ELCHE

ALICANTE | No tendrá que pagar fianza para ello

David Alberola | Elche

El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha admitido la personación del PP en la causa abierta por cuatro presuntos delitos de malversación, otros cuatro supuestos delitos de prevaricación y tres presuntos delitos electorales.

El PP actuará en la causa como acción popular, también conocida como acusación popular, y, según el auto judicial dictado, no precisará para ello depositar ningún tipo de fianza, como sí ocurrió en la causa que instruye el juzgado número 4 contra el alcalde de Elche, Alejandro Soler.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche investiga las facturas que el PP asegura que se pagaron con dinero público y que fueron trasladadas en un primer momento al Fiscal Anticorrupción, si bien éste las devolvió posteriormente a los juzgados ilicitanos.

Mientras que en el caso de las dos facturas que investiga el juzgado de instrucción número 4 las órdenes de pago están firmadas por el actual alcalde de Elche, Alejandro Soler (PSOE), en calidad de concejal de Hacienda, las órdenes de pago de las facturas que están en poder del juzgado de instrucción número 1 de Elche están rubricadas por la ex edil de Hacienda en el Ayuntamiento, Maria Ángeles Avilés, quien renunció en abril a su acta de concejal para concurrir a las Elecciones Europeas en la lista del PSOE. Días después, el partido decidió retirarla de la candidatura electoral.

ELMUNDO.ES

UN CAMBIO EN LA NORMA PERMITIÓ QUE LA JUNTA CONCEDIERA LA AYUDA

Manuel Chaves, ayer, en el Pleno del Senado junto a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado. | José Ayma

* Cuando Paula Chaves entró en la empresa, la Junta pasó de subvencionar sólo industrias extractivas a financiar también la transformación de mineral

Manuel María Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía, bajo la presidencia del ahora número cuatro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Manuel Chaves, alteró una orden autonómica para posibilitar la subvención, con más de 10 millones de euros, al proyecto de la empresa minera de la que es apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del ex presidente autonómico.

Sin esa reforma legal, operada sólo un mes antes de que el ex jefe del Ejecutivo andaluz rubricara el multimillonario incentivo en su Consejo de Gobierno, la Junta se habría visto abocada a denegar la ayuda al proyecto original presentado por Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), la firma de la que tiene plenos poderes su hija.

Como publicó el martes EL MUNDO, el Gobierno andaluz aprobó la ayuda dos meses después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa. La modificación legal se efectuó entre el nombramiento y la concesión.

Además, después de ese apoderamiento, que aparece en el Registro Mercantil de Huelva con fecha 12 de noviembre de 2008, la propuesta de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva se vio incrementada en más de tres millones de euros, pasando de 6,9 a casi 10,1 millones.

Pero había un inconveniente legal: la orden de 19 de abril de 2007, que establecía las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía hasta el 30 de diciembre de 2009, sólo permitía subvencionar en minería proyectos de "industrias extractivas", que no transformadoras, para el acceso a los yacimientos "con el propósito de iniciar su explotación", excluyendo las labores ya en la fase de explotación del yacimiento.

Matsa solicitó a la Junta andaluza el 11 octubre de 2007 (expediente número 21.541) un incentivo directo a fondo perdido para la construcción de una planta de "tratamiento mineral", no de extracción.

Previamente, la sociedad anónima hizo lo propio ante el Gobierno central, reclamando una ayuda para el mismo proyecto industrial ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El 24 de abril de 2008 este instituto nacional (dependiente del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián) denegó la subvención a la empresa en la que, por entonces, aún no figuraba la hija de Chaves. Alegaba, entre otros motivos, que Matsa había iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda, una de las salvaguardas establecidas por la orden andaluza de 2007 de fomento a la innovación y el desarrollo empresarial.

Nueva orden de incentivos

Sin embargo, la Junta aprobó una nueva orden de incentivos el 9 de diciembre de 2008, un mes después de inscribirse en el Registro Mercantil de Huelva el apoderamiento de Paula Chaves y uno antes de que su padre firmara en Consejo de Gobierno la ayuda. En la nueva orden se alteraban providencialmente los supuestos subvencionables a explotaciones mineras por parte de la Administración autonómica.

Desde el pasado 18 de diciembre (fecha de entrada en vigor de la nueva regulación), son ya subvencionables todos los proyectos mineros siempre que generen una "transformación del material" extraído en productos de valor añadido y/o incorporen medidas para una adecuada protección ambiental y de seguridad con los trabajadores.

Desaparece, además, la alusión directa a las labores que se inicien en la fase de explotación del yacimiento.

El círculo se cierra con la disposición transitoria única de esta segunda orden, publicada en el BOJA del 17 de diciembre, que establece que solicitudes sobre las que no se hubiera dictado aún resolución -como era el caso de la de Matsa- "les será de aplicación el régimen de tramitación, gestión, resolución, justificación y reintegro regulado en la presente orden".

Se salvaban así los obstáculos legales que habían impedido la subvención por parte del Gobierno central a la empresa.

Como adelantó EL MUNDO, el pasado 20 de enero el Gobierno andaluz aprobó, a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un incentivo de 10.093.472,70 euros a Matsa. Según consta en el expediente, IDEA había dado luz verde al proyecto justo una semana antes, el 13 de enero. En el expediente que llegó al Consejo de Gobierno figuraba que Paula Chaves había sido nombrada apoderada de la empresa el 14 de enero, cuando, según el Registro Mercantil de Huelva, el apoderamiento se produjo dos meses antes.

Además

* 'Esta empresa creó 450 empleos, uno de ellos el de mi hija'
* Griñán considera legal la subvención
* El comunicado de la empresa
* Matsa dice que Paula Chaves 'tramita ayudas y subvenciones'

ELMUNDO.ES

LA POLÉMICA FUNDESCAM TAMBIÉN GESTIONÓ FONDOS PARA LA CAMPAÑA DE RAJOY EN LAS GENERALES DE 2004

Varias empresas donaron al líder del PP al menos 154.260 euros en los comicios del 14-M

V.V.

Nuevos datos en el caso de Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid que habría subvencionado de forma irregular la campaña electoral de Esperanza Aguirre en los comicios del tamayazo. Según informa hoy Público, la misteriosa fundación también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios en plena campaña electoral de los comicios de 2004, los primeros que Mariano Rajoy perdió contra José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra conseguida en donativos, según muestran notas manuscritas en los documentos, asciende al menos a 154.260 euros y entre los pagadores se incluyen firmas como Hotetur Club o Aerolíneas Baleares, vinculadas al actual presidente de la CEOE; Unión Fenosa o Iberia.

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Parece que Fundescam no solo financió gastos de la campaña electoral del tamayazo, sino que también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios de cara a la campaña de las elecciones generales de 2004, por valor de al menos 154.260 euros. Según informa hoy Público, los extractos de Fundescam con fecha de 4 de marzo (diez días antes de que se celebraran los comicios, en plena campaña) detallan transferencias que habían llegado a la fundación en esas fechas e incluso incluyen anotaciones a mano junto a las cifras más relevantes.

Aportaciones de Díaz Ferrán y Arturo Fernández
Así, tras sendas aportaciones de 12.000 euros, aparecen los nombres de las empresas Hotetur Club, Aerolíneas Baleares y Cantoblanco respectivamente. Las dos primeras firmas estaban en la órbita empresarial del entonces presidente de la patronal madrileña y actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. La tercera es propiedad de su cuñado y sucesor al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Ambos donantes, a través de otras empresas, también había aportado importantes cantidades a Fundescam en los días previos a la campaña de Aguirre de 2003.

Los pagos de Iberia
En los recibos también hay una nota manuscrita en la que se detalla que el “total recibido hasta la fecha” asciende a 154.260 euros, una cifra a la que se llega a través de otras aportaciones como la de la compañía eléctrica Unión Fenosa –acreditada en otra factura- , con un pago de 36.000 euros, la misma cifra aportada por Iberia, una compañía cuyo nombre aún no había sido vinculado con este escándalo. La compañía aérea ya había sido privatizada en la fecha en la que realizó la donación, aunque en marzo de 2004 el Gobierno de José María Aznar aún mantenía las acciones necesarias para tener derecho de veto.

Cheques
En los mismos documentos de Fundescam se acreditan también varios pagos a través de cheques con destino desconocido. El más llamativo de ellos es uno con valor de 45.679 euros, fechado el 6 de febrero de 2004. También se incluye un ingreso por valor de 17.130.000 euros con una anotación al margen que reza: “desconocido”.

Denuncia del PSM
Los socialistas madrileños dieron ayer el primer paso en el marco de las denuncias anunciadas por su secretario general, Tomas Gómez. La portavoz del PSM, Maru Menéndez presentó la primera de las cuatro actuaciones anunciadas, y pidió a la Junta Electoral que examine las cuentas del PP, y reclamaron los balances de Fundescam para 2003 y 2004. Menéndez apuntó que se podría “haber incurrido en un delito electoral”, y aseguró que algunas de las empresas que donaron fondos a Fundescam han sido después adjudicatarias de contratos públicos en la región.

ELPLURAL.COM

LA EMPRESA DE PAULA CHAVES "VIVE" DE LAS SUBVENCIONES DE LA JUNTA: SÓLO INGRESÓ 6.000 EUROS EN 2007

Manuel Chaves, Junta de Andalucía

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves (Efe).

@Agustín Rivera

Mina de Aguas Teñidas (Matsa) se mantiene ‘viva’ gracias a los avales y subvenciones de la Junta de Andalucía. Esta empresa onubense, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra, hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, tan sólo declaró ventas de 6.492 euros en 2007, según datos del Registro Mercantil consultados por El Confidencial. Matsa, ubicada en la localidad de Almonaster La Real (Huelva), tuvo unas ventas en 2005 de 27.281 euros. En 2006 fueron de 19.698 euros.

La compañía, constituida en diciembre de 1995 y 100% filial de la canadiense Iberian Minerals Corporation, que cotiza en la Bolsa de Toronto, recibió el pasado 20 de enero una subvención a fondo perdido del Gobierno andaluz presidido por Chaves de 10,1 millones de euros para una planta de tratamiento de mineral, como publicó ayer El Mundo.

El total de ayudas concedidas por la Administración autonómica y central se eleva a 15,3 millones de euros, lo que, según un comunicado de la empresa, sólo supone un 5,8% de la inversión realizada (257 millones de euros): “Estas ayudas son inferiores a las concedidas a otros proyectos mineros e industriales, tanto de Andalucía como del Estado”, asegura.

Sorprenden los 257 millones de euros de inversión, sobre todo teniendo en cuenta las bajísimas cifras de ventas de la compañía que reflejan los datos del Registro Mercantil. Un portavoz de Matsa no quiso aclarar las cuentas de la firma. “En Ginebra [donde está la Dirección de Comunicación europea de la empresa] me han dicho que me remita exclusivamente al comunicado”, zanjó.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, tendrá que dar explicaciones hoy en el Parlamento andaluz. Pero no fue Soler sino su antecesor en el cargo, Francisco Vallejo, destituido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y fiel discípulo político, perteneciente al clan de Jaén, del también derrocado vicepresidente Gaspar Zarrías (ahora es secretario de Estado en el ministerio de Chaves), quien llevó al Consejo de Gobierno la propuesta de ayuda a la empresa apoderada por la hija del ex presidente andaluz.

Mucho capital social, mucha inversión, pocos ingresos

Paula Chaves, licenciada en Derecho y especializada en Laboral, es empleada de Matsa desde el 2 de julio de 2007, donde ejerce de responsable del departamento jurídico de la compañía. ¿Cuáles son sus funciones? “Gestión de contratos, asesoramiento legal interno a todas las áreas, gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaría, registro o Administración Pública”, señalan desde su propia empresa.

Fue en octubre de 2007 cuando Iberian Minerals Corporation reabrió Matsa, de un capital social de 59,6 millones de euros, con el objetivo de situar a la compañía como “una de las principales explotaciones mineras de Europa”. Según la compañía, han creado más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos “en una comarca especialmente deprimida y con escasas alternativas productivas”.

La firma pretende explotar las reservas de mineral de la zona, de unos 20 millones de toneladas, en dos líneas de producción: mineral de zinc, y mineral de cobre y plata. La viabilidad de la explotación se sitúa, en proyección de Matsa, en “11 años de vida útil, confiando en que se amplíe de forma importante este periodo en función del éxito de las prospecciones que se está realizando”. O de las subvenciones de la Junta o del Gobierno Central…

ELCONFIDENCIA.COM

EL PSM DENUNCIAA GRANADOS POR PAGAR FOLLETOS ELECTORALES CON DINERO PÚBLICO

El ex alcalde de Valdemoro y vicepresidente lo niega y anuncia una querella

EL PAÍS - Madrid

Los socialistas madrileños anunciaron ayer que acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que investigue la "supuesta financiación irregular" de la campaña electoral de 2003 del PP en Valdemoro, que revalidó a Francisco Granados, hoy consejero de Presidencia, Interior y Justicia, en la alcaldía.

El secretario de Economía de los socialistas, Antonio Carmona, y la portavoz socialista en Valdemoro, Margarita Peña, acusaron en rueda de prensa a Granados de haber sufragado los folletos electorales con dinero del Ayuntamiento. Para ello, entregaron un albarán fechado el 14 de mayo de 2003 en el que consta que en el Consistorio se entregaron 50 cajas con 100 ejemplares cada una de los folletos de campaña. "En el albarán figura el NIF del Ayuntamiento de Valdemoro", recalcó Carmona.

Granados negó ayer que el Ayuntamiento hubiera costeado los folletos y exigió a los socialistas que presentaran las facturas, en lugar de albaranes. La diferencia entre estos documento es que el segundo es únicamente un registro de entrega de mercancia, que no demuestra que el receptor lo haya pagado.

"Los folletos se entregaron en el Ayuntamiento porque mi jefe de Gabinete lo pidió, pero es mentira que desde el Ayuntamiento se hayan pagado las facturas del PP porque es imposible", explicó. "El interventor municipal nunca paga una factura por un concepto que es un folleto electoral". Además, el ex alcalde recordó que las cuentas electorales del PP de Valdemoro han sido "auditadas y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas". Y anunció que se querellará contra Carmona. Los socialistas también vincularon otro albarán, en este caso por la compra de 5.000 litros de aceite a la empresa Aceites del sur, en Dos Hermanas (Sevilla), a nombre de la empresa Distribución y Servicios Cid, SL. Carmona vinculó este albarán con las botellas de aceite, con el lema 100% Valdemoro, que Granados regaló en campaña. No ofreció ninguna prueba que explicara que se trata del mismo aceite.

Según Carmona, el dueño de la empresa "es un constructor que ha hecho obras en Valdemoro y, por tanto, ha disfrutado de trato de favor".

Granados afirmó que el aceite que él regaló "se compró en Valdemoro y ni mucho menos en esas cantidades" y retó a Carmona a "probar" lo contrario.

LOS ALBARANES DE LA CAMPAÑA

- Los socialistas mostraron ayer dos documentos. El primero es el albarán donde queda constancia de la entrega en el Ayuntamiento de los folletos de campaña. El segundo es el albarán a nombre de Distribuciones y Servicios Cid, que habría comprado 5.000 litros de aceite.

ELPAÍS.COM

LA POLICÍA DETIENE POR MALVERSACIÓN AL EX ALCALDE SOCIALISTA DE LORCA



El juez que investiga el desvío de fondos deja a Navarro en libertad con cargos

TONO CALLEJA - Murcia

El que fuera alcalde socialista de Lorca (Murcia) durante 14 años, hasta 2006, Miguel Navarro (en la foto), fue detenido ayer por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la policía como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos en el seno de la empresa municipal de la limpieza (Limusa), según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El juez lo puso en libertad provisional pasadas las 11 de la noche, aunque permanece imputado.

El PSOE de Lorca tramita la expulsión del partido de Miguel Navarro

Junto a Navarro también fue arrestado el que fuera entre 1999 y 2003 el concejal delegado de la empresa investigada, Jesús Molina, por un posible delito contra la Hacienda Pública. La policía investiga la desviación millonaria de fondos que invertían en negocios inmobiliarios. El PSOE de Lorca anunció ayer que la Comisión Ejecutiva Regional ya tramita un expediente de expulsión del partido.

La acción policial se enmarca en la llamada Operación Reciclaje, que se inició en marzo con el arresto del anterior director de Limusa, Francisco Gil, que permanece en prisión por orden del titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Lorca, Sergio Romero. Con estas dos detenciones, ya son ocho las personas implicadas en la presunta trama de corrupción que, según la investigación, se adueñó de la empresa municipal de limpieza.

Además de Navarro, Molina y Gil también ha sido detenido el notario Sebastián Fernández Rabal, quien ya había sido arrestado el pasado día 5 como presunto autor de un delito de cohecho en relación al caso La Zerrichera, en el que estaría implicado el ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Francisco Marqués. También están implicados en este asunto el dentista Urbano Alejo, el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez, el ex concejal socialista Miguel Miras y el que fuera hasta hace dos años interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos.

Según las primeras pesquisas, iniciadas tras la denuncia de un trabajador de Limusa (quien llegó a aportar información de la trama en soporte informático), varios de los arrestados serían socios en la sociedad Cabo Cope Naturaleza, mediante la cual estarían desarrollando delitos relacionados con el fraude al IVA y el Impuesto de Sociedades.

La investigación apunta a que los detenidos operaban con el permiso de sus superiores en las dependencias de Limusa, en las que se llevaba la contabilidad A y B de las sociedades privadas. "Incluso el dinero de las sociedades compartía espacio en la caja fuerte con el dinero de la empresa municipal de limpieza. Para diferenciarlo se utilizaban sobres de distinto tamaño y con otro membrete", según un informe de la investigación que cita el diario de La Verdad de Murcia. Dicho informe, hecho por la Agencia Tributaria, incluye datos sobre más de 60 sociedades relacionadas con la trama.

Miguel Navarro Molina, de 57 años, está casado y tiene cinco hijos. Es profesor de Educación Primaria, profesión que abandonó en el año 1976 por la política. En ese año ingresó en el PSOE. Desde 1983 fue concejal de Lorca y entre 1983 y 1999 ocupó escaño como diputado regional. Fue presidente de la Asamblea Regional entre 1987 y 1993, y alcalde de Lorca desde este último año hasta 2006, durante 14 años.

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ELPAÍS.COM

EL 70 % DEL GOBIERNO VALENCIANO DIO CONTRATOS A LA TRAMA CORRUPTA

La investigación del 'caso Gürtel'

El juez toma declaración a 35 altos cargos de una decena de consejerías

M. OLIVARES / L. GARRIDO - Valencia

El 70% del Gobierno valenciano adjudicó contratos a empresas de la trama corrupta que destapó el juez Baltasar Garzón, según se deduce de la identidad de los 35 cargos que desfilaron ayer ante el juez para hablar de las concesiones a las empresas de Francisco Correa. La actividad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, como organizador de la mayoría de los actos del PP de la Comunidad Valenciana se fue extendiendo como una mancha de aceite que alcanzó a casi todos los departamentos de la Generalitat.

* Uno de los testigos pasó de la Generalitat a Orange Market
* El PSPV se querella para personarse en la causa
* El Parlamento valenciano dilata la elección de Leire Pajín como senadora
* El entorno de Camps y de Rajoy cree en el archivo inminente de la causa

Todos los testigos negaron presiones para favorecer a la firma de El Bigotes

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye la causa contra el presidente Francisco Camps por un supuesto delito de cohecho, tomó declaración ayer a 35 cargos y funcionarios de alto nivel de una decena de consejerías que adjudicaron contratos a Orange Market. El Consell que preside Camps tiene 14 consejerías.

Desfilaron ante el juez nueve directores o ex directores generales, cargos de confianza que en la Administración valenciana no tienen por qué ser funcionarios de carrera. Tres secretarios autonómicos y un subsecretario completaron la nómina de cargos de designación política. El resto fueron funcionarios de carrera que formaron parte de mesas de contratación que adjudicaron concursos públicos.

La fiscalía repitió la misma pregunta a todos los altos cargos y funcionarios, según fuentes judiciales. "¿Recibió usted alguna presión, indicación o insinuación para actuar en favor de Orange Market?". No hubo ninguna sorpresa en las respuestas: 35 veces la palabra fue no a distintas modalidades de pregunta.

Las citaciones tenían intervalos de un cuarto de hora y los interrogatorios se presumían cortos. Pero los altos cargos y funcionarios de las consejerías de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, e Infraestructuras tardaron más de lo previsto. Otros apenas declararon durante tres minutos.

Después de comparecer ante el juez, los comentarios a las puertas del Palacio de Justicia tuvieron el mismo tenor. Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional, dijo: "No puedo decir nada, pero estoy encantada, como todos". Auxiliadora Hernández, directora general de Evaluación Educativa, apuntó: "He salido tranquilísima, igual que entré". David Serra, que fue director general de Deportes durante la pasada legislatura y ahora es vicesecretario de Organización del PP valenciano, concluyó: "Fenomenal, mi declaración ha durado lo que estaba previsto".

Puertas adentro, la fiscalía se interesó por aquellos contratos de servicios que se adjudicaron a dedo por cantidades inferiores a 18.000 euros, los denominados contratos menores que se adjudican sin convocar concurso público. La fiscalía intentó identificar, además, adjudicaciones que aparentan ser independientes pero en realidad responden al mismo objeto.

Mientras los abogados de los imputados insistían en la ausencia de presiones para las adjudicaciones a Orange Market, el ministerio público reclamaba detalles sobre la ejecución de los servicios contratados.

Orange Market se adjudicó a través de concurso público el montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, desde 2005 hasta 2009, por un total unos 5,5 millones de euros. Pero el resto de adjudicaciones que obtuvo fueron a través de procedimientos negociados, cuando se requieren ofertas a tres empresas; o por adjudicación directa en el caso de los contratos menores.

El Consell se ha negado sistemáticamente a ofrecer detalles sobre los contratos menores adjudicados a Orange Market y otras empresas de la trama corrupta. Todos los que se conocen han sido arañados por la oposición parlamentaria, singularmente por el grupo Compromís, o por los medios de comunicación. El monto de todos los contratos de la Generalitat valenciana con la empresa Orange Market suma unos ocho millones de euros.

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EL ENTORNO DE CAMPS Y DE RAJOY CREE EN EL ARCHIVO INMINENTE DE LA CAUSA

La investigación del 'caso Gürtel' Dirigentes valencianos prevén que será cerrada poco después de las elecciones

CARLOS E. CUÉ - Granada

Tanto en la dirección nacional del PP como en el entorno de Francisco Camps se ha instalado un optimismo sin apenas matices sobre el futuro del caso Gürtel en la parte que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana. Prácticamente todos los dirigentes consultados aseguran que sólo quedan unos pocos días, unas semanas como mucho, para que el caso sea archivado y Camps pueda así exhibirlo como un triunfo, aunque seguramente no sucederá antes de las elecciones europeas.

* El 70% del Gobierno valenciano dio contratos a la trama corrupta

Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Los populares creen que Camps tiene más información que su abogado

La estrategia del PP es obviar el hecho de que el presidente no haya podido demostrar que pagó los trajes. A efectos políticos, podría ser más relevante incluso la mentira -Camps ha asegurado que él pagó todos sus trajes- que el propio juicio. Pero los dirigentes valencianos están convencidos de que el juez no verá indicios de cohecho -esto es, que a cambio de esos trajes Orange Market recibió trato de favor- y preparan la estrategia para utilizar ese supuesto archivo inminente como una gran victoria política. El centro de la estrategia está, pues, como desde el principio, en los tribunales y no en las explicaciones políticas, más complejas y arriesgadas de manejar.

La declaración ayer de los 35 altos cargos de la Administración valenciana no ha hecho sino reforzar esa idea instalada en el PP. Los dirigentes están convencidos de que mientras el sastre José Tomás fue llamado como un testigo de cargo (esto es, como uno de los principales elementos probatorios de la tesis de la fiscalía), esos 35 cargos de libre designación (políticos dependientes del poder del presidente) son testigos de descargo. Es decir, que su declaración sirve para despejar la posibilidad del cohecho, creen los populares, porque uno tras otro han declarado que no hubo nada extraño en las adjudicaciones a Orange Market (más de ocho millones de euros a una empresa que antes de llegar Camps a la Generalitat no había trabajado nunca en la Comunidad Valenciana). Según esta tesis instalada en el PP, el instructor, José Flors, está haciendo un trabajo completo para evitar que prosperen los recursos de uno u otro lado, pero todo camina hacia el archivo definitivo.

Los dirigentes consultados, especialmente en Génova, la sede central del PP, demuestran tener una información detallada de las perspectivas del caso. Camps informa regularmente a Rajoy. Pero entre muchos cuadros se ha extendido la convicción de que el presidente valenciano no sólo tiene la información de su abogado. Varios coinciden en destacar algo que nadie desconoce en los ambientes políticos valencianos: la estrecha amistad de Camps con Juan Luis de la Rúa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y por tanto superior jerárquico de Flors, el instructor. Formalmente, Flors no tiene por qué informar del desarrollo del caso a su superior, pero todos los populares asumen que en privado le estará ofreciendo al menos una impresión.

La relación de Camps y De la Rúa, que aún no ha intervenido formalmente en el caso pero presidirá la sala que tenga que resolver los recursos de uno u otro lado que se presentarán con seguridad ante cualquier resolución, es tan estrecha que el pasado septiembre, en un acto institucional, el propio presidente autonómico llegó a decir en público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del presidente del TSJCV fue definitiva: "Me siento feliz de esa relación".

Rajoy está tan convencido de que el caso Camps quedará judicialmente en nada que ha decidido concentrar esta campaña electoral en esa comunidad. Si el domingo estuvo en Alicante, donde denunció a los "inquisidores, Torquemadas del siglo XXI" que investigan a Camps, el viernes irá a Castellón, a un acto con Camps y Carlos Fabra, otro imputado para el que la fiscalía pide cárcel. Para el martes siguiente se prepara el acto más importante de la campaña: un mitin en la plaza de toros de Valencia que será la aclamación definitiva del president.

A pesar de toda la euforia que trasladan los dirigentes valencianos, otros muchos cuadros del PP, ya fuera de la doctrina oficial, recuerdan que el entorno de Camps ya se ha equivocado varias veces al trasladar un optimismo infundado sobre este asunto. Por eso no descartan que el juez acepte abrir juicio oral, algo que sin duda pedirá la fiscalía. Aunque finalmente el presidente acabara absuelto, sería después de un largo proceso de deterioro político.

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EL JUEZ COTEJA LOS DATOS DEL SASTRE DE CAMPS



Declaran en el Tribunal Superior representantes de las tiendas donde se compraron las prendas



El abogado de Milano huye de las cámaras. - EFE
B. T. - VALENCIA

El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia interrogó ayer a dos representantes de las tiendas en las que se vendieron los trajes que Francisco Camps, presidente autonómico, recibió presuntamente como regalo de la trama corrupta. La información aportada servirá al instructor para comprobar la veracidad del testimonio del sastre de Camps y ex director de ambas tiendas, José Tomás, que la pasada semana describió cómo los supuestos cabecillas de la trama Gürtel abonaban habitualmente la ropa que el presidente se probaba.

El primero en comparecer ayer fue el perito contable de la cadena de lujo Forever Young, que a la salida del tribunal rehusó hablar del contenido del interrogatorio. Sólo contestó con un "suficiente", cuando se le preguntó si el juez se había dado por satisfecho con la documentación que había traído sobre las cuentas del establecimiento. Fue entonces el turno del abogado de Milano. El letrado, obsesionado con evitar las preguntas de la prensa, salió del Palacio de Justicia por una puerta secundaria y corrió durante varias manzanas, sin poder evitar que los fotógrafos le dieran caza. Camps recibió más de 12.000 euros en trajes de ambas tiendas, según el juez Garzón.

El perito contable de Forever Young entrega documentos al instructor

Ambos testigos completaron la ronda de testimonios anunciada por el juez, José Flors. El martes, el magistrado intentó averiguar si la empresa que presuntamente regaló los trajes a Camps, Orange Market, recibió a cambio un trato de favor de la Generalitat en forma de contratos públicos. Para ello, Flors interrogó a 35 altos cargos y funcionarios de libre designación (aquellos cuya permanencia en su puesto depende del criterio del político que dirige su departamento). Cada uno compareció cinco minutos, en los que, según se publicó ayer en varios medios de comunicación, negaron ante el juez haber recibido presiones de sus superiores para contratara Orange Market.

La trama ha recibido al menos 5,5 millones de euros de la Generalitat. Es imposible conocer el montante total de las adjudicaciones, ya que el Gobierno de Camps se niega a facilitar la información a la oposición. El Ejecutivo remite a quienes preguntan a una plataforma de contratación en Internet, en la que es imposible acceder a los contratos porque no existe la opción de buscar por empresa adjudicataria.

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