miércoles, 25 de noviembre de 2009

EX ALCALDE DE LOS ALCÁZARES SALE "SATISFECHO" TRAS CASI 6 HORAS DE DECLARACIÓN ANTE LA JUEZA DE LA "OPERACIÓN NINETTE"

SAN JAVIER (MURCIA), (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Los Alcázares Juan Escudero salió hoy "muy contento" de las dependencias judiciales de San Javier, tras declarar durante casi seis horas ante la jueza que lleva la instrucción de la operación 'Ninette' por su supuesta implicación en la trama, en la que se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en dicho municipio. Asimismo, Escudero aseguró a los medios allí congregados que se iba "muy satisfecho".

Ha sido, explicó, "una ampliación de la declaración anterior", realizada, apostilló, "de forma detallada". "Afortunadamente hemos podido contestar a todas las preguntas de la jueza, el fiscal, y de la acusación popular y me voy muy satisfecho", añadió.

Preguntado sobre la declaración del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, que al parecer manifestó el lunes en su comparecencia ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, que conoció al empresario Juan Antonio Roca en el despacho del que fuera alcalde de Los Alcázares, el propio Escudero sólo indicó que "está todo, de forma precisa y detallada, en las declaraciones de hoy".

Escudero, vestido de traje chaqueta oscuro, sin corbata y con cartera amarilla en mano, entró a los juzgados sobre las 9.53 horas, pocos minutos antes de su cita con la magistrada que dirige la instrucción de esta operación, asegurando que se encontraba "muy tranquilo".

A la cita acudieron también los abogados de los empresarios Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier Garcerán y el del ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez; así como las dos letradas del arquitecto municipal, Mariano Ayuso.

Además del ex concejal socialista Sergio Gil, ahora gerente de Protección Civil en el municipio de Los Alcázares, quien estuvo en las inmediaciones de los juzgados durante toda la jornada en compañía de otros ex ediles, concejales del municipio costero y amistades de Escudero.

MAÑANA DECLARA ROCA

Dentro de una nueva ronda de comparecencias por el caso 'Ninette', el lunes declaró el arquitecto municipal Mariano Ayuso, quien sólo aseguró a su salida que había ido "muy bien", y está previsto que mañana declare el empresario Juan Antonio Roca, imputado también por presuntos delitos relacionados con la malversación de fondos y blanqueo de dinero en el municipio marmenorense.

En el marco del caso 'Ninette' cumplieron prisión el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; su hermano, Ignacio Ayuso; y los empresarios Valero Garcerán y su hijo, Francisco Javier Garcerán. El ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, así como el ex alcalde, Juan Escudero, quedaron en libertad bajo fianza.

En concreto, la jueza decretó en enero de 2008 prisión comunicada y sin fianza para Ayuso, mientras que para Escudero y Sánchez, prisión provisional con fianza de 60.000 y 27.000 euros, respectivamente. Ambas se hicieron efectivas.

En su anterior declaración el que fuera alcalde de Los Alcázares aseguró que durante dos años ha sido "continuamente vilipendiado, insultado y desprestigiado socialmente", así como su confianza en que "la justicia pone a cada cual en su lugar". Además dijo no tener palabras de "rencor" para nadie.

Tras la jornada de mañana, la toma de declaraciones continuará el próximo 9 de diciembre. Está previsto que acudan a los juzgados de San Javier cuatro testigos relacionados con las mercantiles Inversiones Hipotecarias Mediterráneas S.L., Peinsa y Villas Don Quijote S.A.

La ronda de declaraciones terminará el 14 de diciembre donde acudirán el representante de la empresa Prolimar S.L. y otros testigos.

europapress.es

EL EX ALCALDE DE LOS ALCÁZARES COMIENZA A DECLARAR POR EL "CASO NINETTE"

EP | CARTAGENA

El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, llegó este miércoles "muy tranquilo" a las dependencias judiciales de San Javier para declarar por su supuesta implicación en la operación 'Ninette', en la que se investigan los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en el municipio costero.

Escudero, vestido de traje chaqueta oscuro, sin corbata y con cartera en mano, llegó pasadas las 9.50 horas acompañado de su abogado, Aurelio Llanes. Preguntado por como se presentaba el día, el que fuera alcalde del municipio costero matizó a los medios congregados a las puertas de los juzgados que las declaraciones las hará "cuando terminemos".

Dentro de una nueva ronda de comparecencias por el caso 'Ninette', el lunes declaró el arquitecto municipal Mariano Ayuso, que sólo aseguró a su salida que había ido "muy bien", y está previsto que mañana la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, que dirige la instrucción de esta operación, llame a declarar al empresario Juan Antonio Roca, imputado por presuntos delitos relacionados con la malversación de fondos y blanqueo de dinero en el municipio marmenorense.

En el marco del caso 'Ninette' cumplieron prisión el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; su hermano, Ignacio Ayuso; y los empresarios Valero Garcerán y su hijo, Francisco Javier Garcerán. El ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, así como el ex alcalde, Juan Escudero, quedaron en libertad bajo fianza.

La toma de declaraciones continuará el próximo 9 de diciembre. Está previsto que acudan a los juzgados de San Javier cuatro testigos relacionados con las mercantiles Inversiones Hipotecarias Mediterráneas S.L., Peinsa y Villas Don Quijote S.A.

La ronda de declaraciones terminará el 14 de diciembre donde acudirán el representante de la empresa Prolimar S.L. y otros testigos.

abc.es

IGNACIO GONZÁLEZ SUBVENCIONÓ A FUNDESCAM SIENDO MIEMBRO DE SU PATRONATO

Vicepresidencia otorgó 536.000 euros a la organización en un trienio

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, otorgó a Fundescam subvenciones por 536.096 euros entre 2005 y 2008, es decir, siendo miembro del patronato de esta fundación adscrita al PP. Tal como informa hoy el diario Público, González firmó las cuantiosas subvenciones desde la Consejería de Vicepresidencia, aunque nunca las publicitó en ningún Boletín Oficial; ni siquiera lo hizo en la web oficial de la Comunidad. Por una acusación similar, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, se enfrenta a una querella por prevaricación y malversación de una asociación ultraderechista. El PP ha venido pidiendo la dimisión del socialista, pero, ¿será coherente con González?

Ignacio González entró en el patronato de Fundescam, fundación presidida por Esperanza Aguirre, el 28 de febrero de 2005. Ejerció como portavoz del grupo hasta el 12 de junio de 2008, cuando certificó su renuncia ante un notario, recoge Público.

Juez y parte
Durante este periodo, su Consejería de Vicepresidencia subvencionó con más de medio millón de euros (536.096 euros) a la organización, aunque el dato nunca se publicitó en ningún Boletín Oficial ni en la web de la Comunidad. La cifra es, además, superior a la de las otras dos fundaciones subvencionadas juntas, la Fundación para los Estudios de los Problemas de las Ciudades (del PSOE) y la Fundación para los Estudios Municipales Territoriales (de IU). Entre estas dos sumaron 477.293 euros.

Cierre de filas
El Ejecutivo regional ha negado que González influyese en la decisión respecto a Fundescam, a pesar de que el BOCM del 30 de noviembre de 2005 le cita como la persona que “resolverá el concurso”. “La Comunidad de Madrid, a través de la vicepresidencia, otorga anualmente subvenciones a la fundación que cada partido (PP, PSOE e IU) presenta a la convocatoria, como ya se venía haciendo con anterioridad a este Gobierno regional. Es decir, el vicepresidente Ignacio González ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a ninguna”, han justificado desde el Gobierno madrileño.

Sin publicidad
Otra cuestión que podría analizarse es el por qué no se publicitó la decisión, como sí se hizo con las convocatorias. Según un portavoz oficial del Ejecutivo, “la página web no es el medio de información oficial de la Comunidad. En ella no se publica cada ayuda que otorgan los organismos dependientes de la Comunidad”. Pero tampoco se reflejó el fallo en ningún boletín oficial. El Ejecutivo consideró suficiente “un acto público en el que están presentes los representantes de los partidos políticos” en el que se “abren los sobres con la propuesta de cada formación política y así se le da la publicidad a estas ayudas, así como su remisión anual a la Asamblea de Madrid.

El caso de López Garrido
Cabe mencionar que Diego López Garrido se enfrenta a una querella del ultraderechista Centro Jurídico Tomás Moro por razones similares: hace diez días, el citado grupúsculo le denunció por otorgar a la Fundación Alternativas dos ayudas por 78.000 euros siendo vocal de la misma. El secretario de Estado para la UE ha negado que esto sea cierto y ha rechazado dimitir, aunque el PP no ha tardado en hacerse eco de los acontecimientos: los populares quieren que abandone el cargo “para no manchar” la imagen de España ni “perjudicar” la presidencia de turno de la Unión. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se atrevió a comparar su caso con el de Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, y pidió la “misma vara de medir” para Garrido.

Fundescam
Fundescam es la fundación que presuntamente sirvió para canalizar fondos privados a varias campañas de Esperanza Aguirre incluida la del tamayazo de 2003. Como ya hemos informado, el grupo habría canalizado los donativos de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández o Antonio Basagoiti padre, quienes después recibieron 300 millones en contratos de la Comunidad de Madrid. Un último dato: entre los principales organizadores de actos contratados por Fundescam estaban las empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel.

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elpaís.com

LA FISCALÍA ACUSA A UN EDIL DE LA VILA DE INTENTAR SOBORNAR AL DUEÑO DEL ATRIUM

S. N. - Alicante

El Juzgado número 4 de Alicante ha abierto diligencias por un supuesto cohecho de Pedro Lloret, concejal independiente de La Vila Joiosa, al empresario del hotel Atrium. El complejo se levantó en primera línea del mar, con un exceso de obra de 53.000 metros cuadrados sobre lo autorizado por el planeamiento.

El propietario de Atrium, el empresario Francisco García Martínez, denunció los hechos en la Fiscalía de Alicante en junio de este año. El pasado 5 de octubre la Fiscalía remitió la denuncia al juzgado al entender que "pueden ser constitutivos de delito". De acuerdo con la denuncia del promotor, en el verano de 2004 un supuesto intermediario de Lloret lo citó en Alicante. En la reunión, esa persona le comunicó que el edil estaba dispuesto a retirar los recursos judiciales contra el proyecto a cambio de dinero (una cifra millonaria, según algunas fuentes). El supuesto intento de soborno está grabado.

La ilegalidad urbanística del complejo se destapó en septiembre de 2003 a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres obreros. En paralelo, Lloret inició un constante litigio contra el promotor para frenar el proyecto y demoler el exceso de la obra. El concejal declinó ayer comentar la denuncia: "Me defenderé", señaló. "Tengo la conciencia tranquila, evidentemente que nunca envié a nadie en mi representación", añadió.

Mientras, fuentes de la empresa hotelera han señalado que no acudieron antes a los juzgados a denunciar los hechos, porque el edil nunca cesó en sus litigios.

elpaís.com

MILLET Y MONTULL COMPRARON LAS EMPRESAS DE SUS ESPOSAS TRAS CONOCERSE EL SAQUEO

Las cónyuges cobraron del Palau más de un millón de euros en 2009

PERE RÍOS - Barcelona

Fèlix Millet y Jordi Montull intentaron borrar el rastro para que el saqueo del Palau no arrastrara también a sus respectivas esposas por haber cobrado de la institución musical más de un millón de euros en 2009. El que fue presidente de la entidad y su mano derecha acudieron a un notario de la Rambla de Catalunya de Barcelona a primeros de septiembre y en un pispás rubricaron una serie de actos para transmitirse las participaciones de diversas sociedades administradas por sus esposas, cambiar la propiedad de las sociedades y modificar sus órganos.

Las sociedades fueron adquiridas cinco días antes de la carta de confesión

La visita al notario se produjo el 10 de septiembre, un día después de que el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, entregara un informe en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona en el que desvelaba que esas sociedades habían percibido cuantiosas sumas de dinero del Palau de la Música a lo largo de este año y que en muchas ocasiones esos pagos correspondían a trabajos de más que dudosa utilidad.

Lo que más sorprende de la visita al notario es que se produjo cuando el caso estaba todavía bajo secreto de sumario y, por tanto, ni los acusados ni sus abogados tenían por qué conocer el escrito del fiscal ni su contenido. Cinco días después de ir al notario, Millet y Montull enviaron al juez su carta de exculpación, pero nada dijeron de la vinculación de sus esposas a la trama hasta que se les preguntó cuando fueron a declarar el pasado 19 de octubre.

La visita al notario se describe en un breve informe entregado al juzgado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. En uno de esos actos notariales, Millet compró 3.005 acciones de la sociedad Aysen Producciones, SL, a razón de un euro cada una, convirtiéndose así en socio único. La administradora era hasta entonces su esposa, Marta Vallès, pero ese mismo día dejó de serlo en favor de Millet y revocó todos los poderes que tenía en favor de su marido. Esa empresa ha cobrado del Palau de la Música 682.915 euros este año, según ha demostrado la investigación. Una parte del dinero corresponde a trabajos de apariencia tan inútil como un "estudio sobre el impacto de la celebración del centenario del Palau en las instituciones catalanas" por el que se pagaron 107.151 euros procedentes del Orfeó.

Ese mismo día Millet compró, también por un euro cada una, 2.405 participaciones de Belfort Baix, SL, la sociedad a través de la cual se intentó el pelotazo urbanístico con la compra al Orfeó de un local por tres millones, cuando estaba tasado en la mitad. Millet le compró las acciones a un hombre de paja. La misma visita al notario sirvió también para que Montull comprara, también por un euro cada una, 1.503 acciones de la sociedad Aurea, SA, y pasara a ser administrador único, en sustitución de su esposa, Mercedes Mir. Esa sociedad cobró 338.956 euros del Palau en 2009. El fiscal considera que las esposas de los imputados deberían ser consideradas, como mínimo, responsables civiles a título lucrativo, pero el juez lo ha rechazado.

El Gobierno catalán revocó ayer la Creu de Sant Jordi que había concedido a Millet.

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elpaís.com

EL ALCALDE DETENIDO POR EL CRIMEN DE POLOP FUE DENUNCIADO POR EXTORSIÓN

El regidor asesinado rechazó un plan de su sucesor para hacer 5.000 viviendas

ARTUR BALAGUER / EL PAÍS - Benidorm / Alicante

El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato a tiros del alcalde de Polop (4.100 habitantes, en el prelitoral de Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP, hace dos años. El último arrestado por este crimen ha sido su sucesor en el cargo, Juan Cano, también del PP. Cano, edil de Urbanismo desde 1995 (salvo el mandato 2003-2007), fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato.

El sospechoso contactó en un prostíbulo con el resto de la trama

Cano, séptimo arrestado por estos hechos, fue detenido la madrugada de ayer en su domicilio. Antes de ser conducido a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los agentes realizaron sendos registros en el Ayuntamiento y en la casa del regidor. El PP reaccionó al arresto del primer edil con su suspensión cautelar de militancia. La investigación continúa, aunque no están previstos arrestos de forma inminente, según señaló ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.

El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.

Juan Cano fue el concejal de Urbanismo desde 1995 hasta 2003. No repitió en el siguiente mandato por un oscuro asunto que nunca llegó a ser desvelado públicamente: en 2002, fue grabado en un supuesto intento de cobro de comisiones a un constructor y a un vecino por la instalación de un vado. Ambas cintas están en poder de la Guardia Civil. La grabación provocó la salida provisional de Cano de la política, bajo la amenaza de que trascendiera la cinta.

En 2003, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, que prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete su población.

Hasta el nuevo PGOU, Polop era un nido de infracciones urbanísticas. En 2003, Cano y Ponsoda comparecieron como testigos en un juicio contra el constructor y el promotor de una vivienda en suelo no urbanizable por un supuesto delito urbanístico. El proceso, según la declaración del constructor a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en que el Consistorio permitía la construcción ilegal a cambio de que se pagaran las tasas municipales por una licencia que no se podía conceder. En el caso del juicio al que el Ayuntamiento llevó a este constructor, el empresario pagó 1.230 euros por las tasas y casi 6.000 por la infracción urbanística. Pero la obra ilegal no se derribó.

En 2006, se detectó en el Ayuntamiento la desaparición del libro de resoluciones de la Concejalía de Urbanismo en la que se registraban las segregaciones de parcelas, los proyectos y las licencias de construcción. Allí estaban todos los trámites de Cano mientras fue concejal del área hasta junio de 2003. La consecuencia es que no se puede certificar que algunas construcciones de Polop dispusieran del correspondiente permiso. La división interna que vivió el PP local producto de las tensiones entre el sector campista y el zaplanista acabó con el retorno de Cano a la lista electoral del PP en 2007. Y Cano volvió a ser nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda cuatro años después.

El tiempo, sin embargo, no había curado las heridas de entonces. El último enfrentamiento interno conocido en el seno del Gobierno de Polop fue a cuenta de un proyecto urbanístico fuera de la ordenación. El alcalde detenido intentaba aprobar la construcción de otras 5.000 viviendas a los pies del macizo de Ponoig por encima de la cota actualmente construida, a lo que se opuso categóricamente Ponsoda.

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LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES RECLAMAN EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DOCUMENTOS VINCULADOS A LA "TRAMA GÜRTEL"

El juez Pedreira encarga un registro en Boadilla

DANIEL BORASTEROS - Madrid -

El Ayuntamiento de Boadilla ha recibido visita hoy por sexta vez en los últimos meses de los funcionarios judiciales. Un registro o "petición de información", como prefieren matizar desde el consistorio, ordenado por el juez Antonio Pedreira, encargado del caso Gürtel (la trama de corrupción liderada por Francisco Correa e imbricada en el PP madrileño y valenciano). En esta ocasión las carpetas solicitadas, según una fuente municipal, han sido los contratos con la asesoría jurídica (un grupo de profesionales ligados al despacho que asesora el ex ministro José María Michavila), alguno de los contratos suscritos con un grupo por trabajos de jardinería y reforestación y el pliego de gestión de un centro de empresas.

"Todo es falso, no ha habido ningún registro", ha declarado a este periódico el alcalde del pueblo, Juan Siguero, que sustituyó al imputado por la trama Arturo González Panero. El caso es que los funcionarios judiciales se han presentado a las diez de la mañana y han solicitado una serie de información para el juzgado de Pedreira. "Una formalidad" según un portavoz de Boadilla. Una formalidad que en opinión de la oposición, liderada por el socialista Pablo Nieto, "huele a más contratos con empresas de la trama".

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Caso Gürtel
A FONDO

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EL ALCALDE DE ALMOGIA NO DIMITE Y VE "MALA FE" EN LAS DENUNCIAS DEL CASO

TRIBUNALES |
Está imputado por prevaricación

El alcalde de Almogía a su llegada a la Ciudad de la Justicia. | N. Alcalá

Efe | Málaga

El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), que ha declarado este miércoles ante la jueza que instruye el caso por presuntas irregularidades urbanísticas, ha afirmado que no dimitirá porque "no hay nada raro" y que ve "mala fe" en las denuncias que originaron la investigación.

Respecto a si esa "mala fe" es de carácter político, el regidor ha manifestado a los periodistas a la salida del juzgado que no lo sabía y que no quería "ir más lejos".

"He ratificado la declaración que hice anteriormente y se me ha preguntado sobre ocho licencias concedidas por el Ayuntamiento", ha precisado Torreblanca, que, imputado por prevaricación, ha respondido que esas licencias contaban con informes favorables del arquitecto y del secretario municipal.

Respecto a la imputación por falsedad documental, relativa a un certificado al que el alcalde dio el visto bueno y que al parecer era falso, su abogado, José Carlos Aguilera, ha explicado que Torreblanca simplemente certifica que la firma es del secretario municipal, que es el responsable del documento.

"Estaba tranquilo y lo sigo estando, porque creo que las cosas se han hecho bien", ha aseverado el regidor, que ha sido citado este miércoles a declarar al Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga junto a dos policías locales de Almogía, un funcionario que en contadas ocasiones ejerció de secretario accidental, dos concejales y un técnico.

El abogado defensor ha recordado que la investigación "acaba de empezar y una vez que avance, cabe esperar que se archive, opción en la que confío, o bien continúe con el procedimiento penal correspondiente".

Aguilera ha aprovechado, en su declaración ante los periodistas, para criticar que irregularidades urbanísticas de este tipo se traten directamente por la vía penal, en vez de por la vía administrativa, "que ofrece mecanismos suficientes como para atajar estos casos".

Por otra parte, el secretario municipal del Ayuntamiento de Almogía declaró este martes ante la jueza que él no tenía capacidad para cuestionar informes técnicos de licencias de obras y que su función era "procedimental".

En este sentido, el imputado precisó que emitió esos informes jurídicos entendiendo que se cumplen los aspectos formales y procedimentales, que son los que le competen, e insistió en que, respecto al proyecto técnico, no tiene conocimientos para valorarlos.

La investigación judicial, que se centra en la presunta prevaricación de ediles y funcionarios, se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente como consecuencia el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, el pasado 20 de octubre.

En los últimos seis años, el Consistorio de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; SÁNCHEZ MONTESEIRÍN DICE QUE LO "ENGAÑARON" CON LAS CUENTAS

Anima a 'arrimar el hombro' para salvar a la empresa

* El alcalde estaba al tanto del caso 13 días antes de aprobarse las cuentas
* El Registro Mercantil devolvió las cuentas de 2004 a 2007 por 'defectuosas'

Sebastián Torres | Sevilla

El calendario no miente. El día 4 de febrero de 2009, el alto cargo de la Consejería de Presidencia Juan Gallo informó al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), del caso Mercasevilla. El 12 de febrero, la Junta de Andalucía comunicó al alcalde la existencia de una grabación en la que, presuntamente, se exigían comisiones ilegales. El 17 de febrero, el consejo de administración, con la representación del gobierno que preside Monteseirín, aprobó las cuentas anuales y el informe de gestión del año 2008. Y el 1 de abril, con el caso Mercasevilla en los titulares de prensa, los representantes del gobierno municipal en la junta general de accionistas volvieron a aprobar las cuentas de 2008. El 24 de noviembre, o sea ayer, Monteseirín declaró públicamente: "Nos engañaron con las cuentas a todos, a todos".

Antes de todo eso, de que estallara el escándalo del mercado de mayoristas de Sevilla, el alcalde debía de saber, como presidente de Mercasevilla, que ésta llevaba cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, incumpliendo así una obligación legal. El registrador devolvió las cuentas de 2004, 2005, 2006 y 2007, "que fueron calificadas defectuosas", según el propio Registro Mercantil. Pero el alcalde Monteseirín declaró ayer: "Nos engañaron con las cuentas a todos, a todos".

Con esas palabras, el regidor volvió a desmarcarse del escándalo y señaló como únicos responsables al menos al ex director general, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, ambos imputados por un supuesto delito de cohecho al pedir, presuntamente, comisiones ilegales a empresarios a cambio de una subvención.

Se trata del mismo Mellet cuya "dimisión" al frente de Mercasevilla lamentaron los concejales del gobierno Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Alfonso Mir del Castillo (PSOE), en el consejo de administración del 17 de febrero (el alcalde llevaba 13 días al tanto del caso), en el que suscribieron que "será difícil que el nuevo gestor que sea nombrado para sustituirle alcance ese nivel".

El calendario no miente y, por eso, pueden resultar difíciles de explicar las palabras de Torrijos y Mir en ese consejo de administración y de Monteseirín, ayer, sintiéndose engañado por Mellet, cuando su propio gobierno refrendó por dos veces las cuentas de 2008 de Mercasevilla y el Ayuntamiento, como accionista mayoritario de la sociedad, debía estar al tanto de que la empresa llevaba cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.

El Juzgado de Instrucción número 6 mantiene imputadas a cuatro personas por la supuesta petición de comisiones ilegales: Mellet, Ponce, la directiva de Mercasevilla Regla Pereira y el delegado de Empleo en Sevilla y dirigente del PSOE, Antonio Rivas.

Mientras prosigue la instrucción por esta rama del caso y por la venta "ilegal" y "fraudulenta", según la juez Mercedes Alaya, de los terrenos de Mercasevilla al grupo Sando Inmobiliaria, el ambiente laboral en el mercado de mayoristas continúa enrarecido, con protestas de mayoristas y de empleados.

Los mayoristas de pescado han anunciado un nuevo cierre patronal para el próximo sábado para pedir la revisión de los cánones que pagan a la empresa. Y los trabajadores, por su parte, se sentarán este miércoles con la Consejería de Empleo para después de los retrasos en el pago de las nóminas a los 40 prejubilados con cargo al expediente de regulación de empleo.

Monteseirín dijo el martes que Mercasevilla está "viviendo momentos muy convulsos" por lo que animó a "arrimar el hombro" a todo el mundo. "Todos tenemos que arrimar el hombro para que, efectivamente, Mercasevilla salga adelante", dijo el alcalde, que animó a "empezar una nueva etapa" en la empresa tras el escándalo.

elmundo.es

"CASO MATSA"; LA JUNTA NIEGA QUE EXISTA UN LIBRO DE VISITAS EN LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN

Asegura que no se lleva ningún control de acceso

* Ni en la sede de Innovación ni en su Delegación Provincial en Huelva
* El PP solicita una 'copia literal' de los libros de visitantes


Manuel M. Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía ha asegurado al PP que no lleva a cabo ningún control de visitas en el acceso a sus dependencias, por lo que alega que no puede falicitar los libros de visitantes a la sede central de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ni a la Delegación Provincial de la misma en Huelva desde junio de 2007 hasta la actualidad.

El Partido Popular quería comprobar si Paula Chaves Iborra, la hija del ex presidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, pudo acudir personalmente a realizar gestiones a favor de Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa que apodera y que obtuvo un incentivo de casi 10,1 millones de euros aprobado en enero por su propio padre.

Hay que recordar que Chaves alega –al menos hasta que el ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio reveló a EL MUNDO.es todo lo contrario– que él no estaba obligado a inhibirse en el Consejo de Gobierno que aprobó la ratificación de la subvención porque su hija no habría tenido relación alguna con el expediente de la citada ayuda hasta el día en que, en calidad de apoderada, firmó su aceptación , algunas semanas después de que no se inhibiera el ahora número cuatro del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Con la solicitud de la «copia literal» de los libros de visitantes a la Consejería de Innovación, tanto en su sede central como en su delegación onubense, el parlamentario andaluz por Huelva del PP José Luis Rodríguez pretendía verificar que, efectivamente, no hay motivo alguno para sospechar que la hija de Chaves pudiera haber jugar un papel clave en la resolución favorable del incentivo otorgado por la Junta a través de la Agencia de de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA

Además
* Chaves: 'Nunca he mentido; son otros los que mienten'
* Lo que Chaves dijo en el Congreso
* La Junta rechaza de nuevo abrir expediente por la ayuda
* La hija de Chaves 'validó' informes del expediente

elmundo.es

"CASO BAENA"; FACTURAS FALSAS CON CARGO A GASTOS DE BENEFICIENCIA PARA IRSE DE PUTAS

CÓRDOBA | Libradas en nombre de una asociación benéfica de Baena

Manuel M. Becerro | Sevilla

Las grabaciones realizadas por la Policía Judicial a la presunta red de corrupción del Ayuntamiento de Baena, que supuestamente dirigía Rafael Santano (el secretario personal del alcalde y senador del PSOE, Luis Moreno Castro), demuestran cómo aquél llegó a ordenar la elaboración de facturas falsas —para lograr el dinero con el que sufragaban sus visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace— con cargo a gastos de beneficiencia.

EL MUNDO.es ha tenido acceso a todas las escuchas incorporadas al sumario judicial abierto contra los suspuestos cabecillas de la trama corrupta. Éstas reproducen los aspectos más reseñables de un total de 62 conversaciones telefónicas que tuvieron lugar entre el 30 de julio y el 4 de octubre de 2007. Sobre las mismas no rige a día de hoy el secreto de sumario.

«Me tienes que hacer dos facturas»
En uno de los diálogos intervenidos (fechado el 13 de agosto de 2007), se puede escuchar a Santano conversando con un tercero al que le hace las siguientes indicaciones: "Me tienes que hacer dos facturas... Una es de 550 euros IVA incluido... Y otra de 1.100 con el IVA incluido... Pones gastos de diversas actividades protocolarias o de protocolo; y en la otra pones regalos celebración... Actividades Virgen de los Desamparados... Me las subes mañana con la otra".

La Virgen de los Desamparados es una asociación de vecinos de Baena. Ubicada en el casco antiguo, organiza actividades para luchar contra la exclusión social de los más desfavorecidos de esta ciudad cordobesa de 22.000 habitantes. En su nombre, se libraron supuestamente facturas falsas de las que permitían a Rafael Santano y a Juan Díaz Pérez, el otro trabajador de confianza de Luis Moreno, irse de picos pardos a Marbella.

Por otra parte, hay otra escucha muy comprometedora para el citado alcalde y senador socialista. En 2007, cuando se investigaba la red de facturas falsas, Moreno les había encargado a Santano y Juan Díaz que le buscaran compradores para un adosado, aunque finalmente el regidor encontró un comprador, algo que hizo temer a su secretario personal que se le fuera a acabar el margen de maniobra para seguir malversando fondos públicos.

«Al alcalde le daba por aquí o por allí»
El 1 de octubre de 2007, justo tras apalabrarse la venta del adosado de Moreno, la Guardia Civil —siempre por orden del Juzgado de Baena— interceptó una conversación entre los dos imputados que se desarrolló en los siguientes términos:

"Santano: Al alcalde le han vendío el adosao.

Díaz: Ole, qué bien, ¿en cuánto?

S: Mira qué bien, por eso tiene dinero, y al tener dinero, pues a mí me dice que averigüemos las cuentas y no sé qué no sé cuánto, con lo cual ahora es más complicao hacer... temas...rollosos, ¿entiendes o no?

D: Bueno, pues enhorabuena, hombre, por lo menos de que hayan vendío parece que es que...

S: Sí, pero no hemos sío nosotros.

D: ¿Ehn? Bueno, pero parece ser que cuando hemos empezao nosotros a movernos es cuando eso se ha vendío, curiosamente.

S: Será así, pero que eso a mí me sirve de poco. Al contrario, ahora tengo que andar con los pies de plomo. Porque ahora tiene dinero.

D: Je.

S: Entonces ninguna choriza... que antes no es que yo hiciera chorizas, pero...

D: Que sí, que antes a lo mejor te permitía más que le dijeras: «Por aquí podemos sacar esto, sacar lo otro».

S: Claro, porque eso es, porque a él le daba por aquí o le daba por allí; ahora no me va a dejar ni que le dé ni na.

D: Ahora ya te corta de cuajo.

S: Eso es.

D: Ahora ya te dice: «Eh, Santano, no te equivoques», y como tampoco le pue...».

S: Ahora entiendo lo del otro día.

D: Claro".

Moreno puso "la mano en el fuego" por ellos
Pese a que de la conversación se deduce claramente que Luis Moreno podría haber cobrado parte del dinero presuntamente malversado, el senador no está imputado ni ha sido llamado a declarar por el juez. Como alcalde, tampoco ha sancionado disciplinariamente a los dos trabajadores imputados. Al contrario: cuando estalló el escándalo, dijo que ponía "la mano en el fuego" por ellos. Y atribuyó todo a una "trama orquestada por IU" para dar un "golpe de Estado" en Baena.

En la tarde noche de este jueves, Luis Moreno tendrá la oportunidad de desdecirse de sus palabras: hay pleno municipal, e Izquierda Unida volverá a pedirle que asuma responsabilidades por este caso de corrupción que sigue convulsionando a la ciudad.

Además
'Le pones Virgen de los Desamparados'
'Antes le daba chorizas por aquí o por allá'

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; BAUZA; "MATAS ES UNA ETAPA DEL PASADO"

Reacciones en el PP

* Aplicarán 'las medidas necesarias' si demuestran que cometió algún delito

Europa Press | Palma

El presidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, asegura que el ex-presidente del Govern y de esta formación, Jaume Matas, es una "etapa del pasado", si bien remarca que "no habrá ningún tipo de ambigüedad" a la hora de aplicar contra él "cualquier medida en el futuro", en caso de que se demuestre que cometió algún delito en la pasada legislatura.

En una rueda de prensa, en la que anunció que el PP ha presentado en el Senado un total de 23 enmiendas parciales con contenido económico (más 9 al articulado) a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que suponen una inversión de 122 millones de euros para Baleares, Bauzá ha expresado su "absoluto respeto" a la Justicia y a la presunción de inocencia como "principio de base de todo ciudadano".

Tras ser preguntado por el hecho de que un constructor afirmara ayer ante el juez que instruye el caso Palma Arena que Matas le entregó, a través de su cuñado Fernando Area 70.000 euros en negro al comienzo de las obras de reforma que efectuó en su vivienda de Palma, Bauzá ha manifestado que el ex-presidente del Govern "tendrá la oportunidad de explicar lo que considere que tenga que hacer" cuando declare como imputado por este caso el próximo 23 de marzo.

En este sentido, recalca que su responsabilidad como presidente del PP comenzó el pasado 11 de septiembre, por lo que dijo que su compromiso y su responsabilidad es de "cara al futuro", sin "prescindir del pasado", de forma que insistió en que "asumiremos las consecuencias cuando sea el momento oportuno en función de lo que defina la evolución de los acontecimientos".

Además
* Font: 'Hay que dejar trabajar tranquilamente a jueces y fiscales'

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"OPERACIÓN PRETORIA"; LOS CINCO ENCARCELADOS LLEGAN EN UN BUS DE PRESOS ORDINARIO

CORRUPCIÓN | Traslado de Soto del Real a Brians II

* Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta y Luis García
* Han ingresado sobre las 11.45 horas de este miércoles en la cárcel Brians II
* En el vehículo viajaban otros presos procedentes de la cárcel madrileña
* Durante el trayecto, hicieron escala en otras cárceles aragonesas
* Están en régimen ordinario y podrán recibir visitas los fines de semana
* No se ha podido captar ninguna imagen de los detenidos durante su llegada


Héctor Marín | Sant Esteve Sesrovires

Los cinco detenidos por el caso 'Pretoria 2', los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el supuesto cerebro de la red de corrupción urbanística, Luis García ('Luigi'), y el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco han ingresado sobre las 11.45 horas de este miércoles en la cárcel Brians II, ubicada en la localidad barcelonesa de Sant Esteve Sesrovires.

El viaje de vuelta a Cataluña de los cinco presos se inició la noche del martes en la prisión madrileña de Soto del Real, donde llevaban ingresados desde el 30 de octubre, después de que el juez de la audiencia Nacional Baltasar Garzón les detuviera en relación a una red de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet y otros municipios barceloneses. Están acusados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.

Los presos han llegado a Brians II a bordo de una autobús de línea regular de la Guardia Civil, procedentes de otras prisiones de la comunidad de Aragón, en las que han hecho escala antes de su llegada a Cataluña. De hecho, los cinco detenidos formaban parte de una conducción ordinaria del Instituto Armado junto a otros reclusos.

El vehículo policial fue dejando escalonadamente a los presos que acompañaban a Prenafeta, alavedra, Dobarco, Muñoz y García en diversos centros penitenciarios aragoneses. Los cinco detenidos pasaron la noche en una de estas prisiones, según confirmaron fuentes judiciales.

Ese fue el motivo por el que el traslado a Cataluña de los cinco imoputados por el último gran escándalo de corrupción empezara en Madrid durante la noche del martes y no ha podido ser completado hasta este mediodía. El largo camino de vuelta a casa de los presos se desarrolló con plena normalidad, según han señalado fuentes policiales.

A los cinco detenidos se les esperaba en Brians II entre las 11.00 y las 14.00 horas, por lo que se cumplieron las previsiones iniciales. No obstante, equipos de reporteros de diferentes medios de comunicación se apostaron ininterrumpidamente frente a las puertas de la prisión desde la noche del martes. Algunos pasaron la noche entera allí, el resto fueron llegando durante la mañana de forma escalonada.

En ningún momento se ha podido ver a los detenidos. Desde su llegada a los accesos a la prisión hasta que las cámaras lo han perdido de vista apenas han transcurrido unos 50 segundos, en un trayecto de 150 metros.

Visitas los fines de semana

El traslado de estos cinco imputados a cárceles catalanas había sido solicitado por sus defensas y se ha llevado a cabo con el visto bueno del juez Garzón, que no tiene previsto llamarles a declarar de nuevo o practicar otras diligencias que requieran su presencia próximamente en la Audiencia Nacional.

Los cinco presos se integrarán en la cárcel catalana en régimen ordinario, según fuentes del departamento de Justicia, lo que supone, entre otras cuestiones, que con toda probabilidad estarán en celdas compartidas y que tan solo podrán recibir visitas los fines de semana.

Además
* Mas sospecha que la trama es 'mucho menos de lo que se dice'

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA OPOSICIÓN DICE QUE ENCISO SIGUE MANEJANDO EL EJIDO

El alcalde cumple 32 días de cárcel, imputado en la operación Poniente

ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, cumplió ayer su primer mes encarcelado por urdir presuntamente la trama corrupta gestada en torno a la empresa mixta Elsur, que saqueó durante años las arcas de esta próspera localidad almeriense. Pese a su ingreso en prisión incondicional motivado por una retahíla de acusaciones -blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias- pocos dudan en El Ejido de que el regidor, que ha hecho oídos sordos a las múltiples voces que claman por su dimisión, continúa hoy por hoy "manejando desde el centro penitenciario de El Acebuche los hilos" del Ayuntamiento.

La opinión del secretario del PP en la localidad, Ángel Escobar, la apuntala Izquierda Unida, cuyos responsables afirman que Enciso recibe en prisión frecuentes visitas de sus compañeros del personalista Partido de Almería (PAL), en las que "les marca las directrices a seguir" en el Consistorio. El Ejido "merece un alcalde que no mire de reojo lo que pasa en la cárcel", sostiene la portavoz municipal del PSOE, Guadalupe Fernández, en referencia al regidor en funciones, Ignacio Berenguel, quien, aparentemente ajeno a la efeméride, presidió una reunión del Consejo Local de Mayores en la jornada de ayer, en la que declinó hacer declaraciones relacionadas con la operación Poniente y sus efectos sobre la gestión municipal.

Fuentes de su gabinete señalaron no obstante que el encarcelamiento de Enciso y del que fuera interventor accidental, José Alemán, a quien se apunta como ideólogo de la trama corrupta, no ha afectado a la actividad del Ayuntamiento que sigue, aseguran, "con su ritmo de trabajo habitual".

Ausencia de decisiones
Los representantes de todas las fuerzas políticas de El Ejido, a excepción del PAL, insisten en pedir el cese de Enciso, ponen en entredicho esta afirmación y subrayan la falta de iniciativa del equipo de gobierno, que ha sido incapaz de adoptar decisiones "fuertes y firmes", entre ellas la suspensión de empleo y sueldo de la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, funcionaria del Ayuntamiento que figura entre los 20 detenidos por la trama.

"Lo único que hace el PAL es esperar que papá vuelva a ocupar su sillón", apunta Rosalía Martín, coordinadora provincial de IU, único partido que ha pedido la disolución del Ayuntamiento, que acumula una deuda superior a 180 millones de euros.

Pese a lo anterior, el equipo de gobierno ha declinado por el momento realizar una auditoría de sus cuentas, tal y como reclaman el PP y el PSOE de El Ejido, localidad en la que los vecinos que antes respaldaban mayoritariamente a Enciso, alcalde desde 1991, no ven ahora con buenos ojos que éste continúe gobernando desde la cárcel.

elpaís.com

"CASO TECONSA"; LA FISCALÍA VE FALSEDAD Y ESTAFA EN LAS FACTURAS DE TECONSA A MÁLAGA

La constructora supuestamente infló certificaciones de obras por 531.000 euros

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El caso Teconsa avanza en los juzgados. La Fiscalía de Málaga aprecia que existen indicios de falsedad en documento mercantil y de estafa en la actuación de la constructora leonesa Teconsa, que supuestamente presentó al Ayuntamiento de Málaga certificaciones de obras por un importe seis veces superior a lo realmente ejecutado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga se hará cargo de la investigación, después de que la Fiscalía enviara las diligencias al juzgado decano para su reparto, informaron ayer fuentes judiciales.

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Málaga adjudicó a Teconsa las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce, la actuación más costosa, 4,38 millones de euros, de las financiadas por el llamado Plan Zapatero en la provincia.

La constructora subcontrató los trabajos con otras seis empresas, que iniciaron los movimientos de tierra en junio. Según la denuncia de uno de los subcontratistas, hasta el mes de agosto, Teconsa presentó al Ayuntamiento certificaciones de obras por valor de 531.312 euros, de los cuales 444.927 fueron pagados por el Consistorio. Sin embargo, el montante facturado en ese mismo periodo a Teconsa por las subcontratas por los mismos trabajos era sensiblemente inferior: sólo 86.385 euros.

Un juzgado investigará ahora a qué obedece ese desfase.

El caso Teconsa se inició el pasado 14 de octubre cuando la Fiscalía recibió una denuncia en la que se contaba que la constructora había certificado, entre mayo y agosto de 2009, obras por un total de 531.312 euros y que para justificarlos podría haber inflado los trabajos realmente ejecutados. El denunciante, Francisco Tendero, gerente de Servicios Auxiliares Las Nieves, una de las seis subcontratas, especificaba que en las facturas Teconsa supuestamente incluyó el doble de superficie de pavimento demolido, 11 veces más de volumen de suelo excavado y un suelo que nunca se llegó a poner. El fiscal inició diligencias de investigación.

De los 531.312 euros facturados hasta agosto, Teconsa cobró del Ayuntamiento un total de 444.927 euros. Sin embargo, la constructora no usó esta cantidad para abonar los trabajos de sus subcontratas. Ante la falta de pago, estas pequeñas empresas dejaron paralizada la obra de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando apenas se había ejecutado el 10% de los trabajos. Esta circunstancia, unida al hecho de que Teconsa se había declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) hicieron que el Ayuntamiento rescatara el sustancioso contrato el pasado 30 de octubre. Antes de resolver el contrato, el Consistorio tuvo la precaución de incautarse de la fianza de 188.000 que puso Teconsa para hacerse con la obra.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), remitió a la Fiscalía el expediente completo de la obra, antes incluso de que le fuera requerido. Esta documentación también ha sido puesta en manos del Juzgado de Instrucción, según fuentes de la Fiscalía. El regidor malagueño siempre ha sostenido que "nunca se ha pagado ni un euro más que no esté hecho".

Teconsa se vio salpicada por el caso Gürtel, que afecta a administraciones del PP en Madrid y a las comunidad valenciana y de Castilla y León. Según la investigación, la empresa pagó supuestamente comisiones al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones en Castilla y León. En Valencia, la constructora, sin experiencia previa en montajes audiovisuales, montó la sonorización de los actos de la visita del Papa en julio de 2006, por lo que cobró de la administración valenciana 6,4 millones de euros.

Posteriormente, subcontrató estos trabajos por 3,1 millones de euros. Tras la visita de Benedicto XVI, José Luis Martínez Parra, responsable de Teconsa, retiró de dos cuentas bancarias 900.000 euros en billetes de 500. Poco después, Francisco Correa ingresó supuestamente esa cantidad en su caja B.

El grupo municipal de IU en Málaga consideró "insuficientes" las explicaciones del alcalde De la Torre sobre las facturas infladas de Teconsa. El portavoz de la coalición, Pedro Moreno Brenes consideró "imprescindible" que el equipo de gobierno "facilite toda la información y dé explicaciones en una comparecencia durante el próximo pleno ordinario".

Moreno Brenes reclamó un cambio en la estructura de contrataciones tanto del Ayuntamiento como de las sociedades municipales para evitar "irregularidades como muchas adjudicaciones directas a determinadas empresas, concentración de las contrataciones de obras menores, sobrecostes enormes en proyectos municipales o la presunta sobre valoración de los trabajos de excavación, así como la emisión de certificaciones de obras por importe muy superior al realmente ejecutado".

Anomalías
- La dirección de obras de Teconsa certificó supuestamente 67.906 metros cúbicos de desmonte cuando se ejecutaron 5.841.

- Se facturó la demolición de 41.083 metros cuadrados de asfalto, cuando sólo eran 13.512 metros cuadrados.

- Teconsa certificó 3.648 metros cuadrados de un suelo de cemento que "no existe", según la denuncia.

elpaís.com

"CASO MILLET"; EL JUEZ RECLAMA TODAS LAS AUDITORÍAS QUE SE HICIERON DEL PALAU ENTRE 2000 Y 2008

Solaz pide la entrega "expresa" de las notas internas de los auditores

PERE RÍOS - Barcelona

Ahora que Fèlix Millet y Jordi Montull han confesado una pequeña parte del saqueo del Palau de la Música, no falta quien asegura que era un secreto a voces. Pero lo cierto es que el caso ha evidenciado que fallaron los controles de la Fundación Orfeó Català y de la asociación, empezando, muy probablemente, por las auditorías que anualmente se realizaban de las cuentas de esas entidades, que se aprobaban de forma rutinaria.

Después de algunos desencuentros, el juez accede a la demanda del fiscal

Si los nuevos gestores del Palau han descubierto en unas semanas los detalles del saqueo cometido entre los años 2000 y 2008 y lo han cuantificado en 23,7 millones de euros, ¿cómo es posible que no advirtieran de ello los auditores de la época? ¿O es que advirtieron y no se les hizo caso?

La mejor manera de esclarecer esas dudas sería analizar directamente el contenido de las autorías de aquellos años. Por ello el juez que investiga el caso, Juli Solaz, ha solicitado que se entreguen todos los informes de auditoría realizados entre los años 2000 y 2008 sobre la contabilidad del Orfeó y del Palau.

La decisión se produce después de que lo solicitara el fiscal Pedro Ariche, "a los efectos de comprobación que fueren procedentes". La fiscalía pedía, además, que la entrega de esos informes se realizara "con expresa aportación de las notas internas que los señores auditores que hubieran confeccionado los informes de auditoría pudieran haber verificado en el ejercicio de su actuación". Es decir, que no sólo se aportasen los estadillos contables, sino las recomendaciones o reflexiones que hicieron los auditores. El juez ha accedido también a esa reclamación en los mismos términos en que se lo pidió la fiscalía.

La empresa que elaboró esos informes es Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. En un principio no se pudo localizar la dirección donde tenía su sede, pero ese impedimento ya ha sido superado.

En el escrito del fiscal que solicitaba la entrega de las auditorías también se pedía al juez que fuesen citados a declarar todos los testigos que se citaban en la querella del pasado día 10 que dio origen al proceso, pero el juez considera que es preciso esperar primero a que se ratifiquen en sus informes los auditores que los han realizado a instancias de los nuevos gestores y que se entreguen también las auditorías que ahora reclama.

Del mismo modo, el juez ha accedido a que declaren como imputados el próximo día 30 Gemma Montull, ex directora financiera, así como Pau Duran y Enric Álvarez, ex tesoreros de las entidades implicadas. Se acaba así con la situación de "limbo jurídico" en la que se encontraban, en expresión del fiscal, pues aparecían en la querella inicial, pero todavía no habían sido imputados de manera forma. El 2 de diciembre también declararán como imputados los abogados Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana, acusados de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil por elaborar facturas falsas para eludir una inspección de Hacienda.

elpaís.com

UN CONSTRUCT0R DECLARA QUE MATAS PAGÓ PARTE DE LA REFORMA DE SU PALACET

El encargado de abonar en metálico y sin factura los 70.000 euros fue el cuñado del ex ministro del PP, imputado en otras investigaciones

ANDREU MANRESA - Palma

El constructor que llevó a cabo las labores de albañilería en la reforma del palacete que el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tiene en Palma de Mallorca ha declarado hoy ante el juez que este pagó la mitad de sus honorarios en dinero negro. Así, Juan Serra ha asegurado que Matas le abonó 70.000 euros en metálico y sin factura.

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En una declaración ante el juez que instruye el caso contra el también ex ministro del Partido Popular por un supuesto delito de cohecho impropio, José Castro, y ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Serra ha reconocido que fue el cuñado de Matas, Fernando Areal, quien realizó dicho pago en negro. Areal está acusado, a su vez, por uso de 71.058 euros de dinero negro para pagar a la agencia Nimbus la campaña electoral del PP de 2007.

Precisamente el propio Juan Serra fue el encargado de llevar a cabo los trabajos de albañilería en la obra de remodelación de la sede del PP balear que fue diseñada por los mismos arquitectos que también desarrollaron el proyecto del velódromo Palma Arena, obra que también investiga la justicia.

En su declaración, Serra ha asegurado que se siente abandonado por Matas y que siente mucho no haber declarado a Hacienda todos los ingresos que generó su trabajo en dicha obra.

Por otro lado, también ha declarado el joyero que vendió a la mujer de Matas, Maite Areal, unas joyas por las que percibió 70.000 euros, esta vez sí con factura pero con un descuento del 20%.

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