miércoles, 25 de mayo de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; UNA TRAMA DEDICADA A CAPTAR SUBVENCIONES ILEGALES PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS

Al menos 15 detenidos en la 'Operación Campeón'

* La empresa Proitec gestionaba ayudas públicas y hacía planes de negocio
* La Agencia Tributaria detectó fraude fiscal y falsedad documental
* La farmacéutica Nupel, de Jorge Dorribo, pasaba por momentos delicados
* Joaquín Varela es un experto auditor del que 'todos hablan bien'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

Las empresas implicadas en el marco de la 'Operación Campeón' que este martes llevaron a cabo Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria) habían montado, presuntamente, una trama que recibía subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), un ente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, para fomentar nuevas inversiones en otras empresas.

La Agencia Tributaria considera que con las 15 detenciones practicadas, entre las que figuran directivos y personal de empresas lucenses a las que iban destinadas las subvenciones y empresas colaboradoras, queda desarticulada la trama de fraude en subvenciones públicas.

A los implicados en esta trama se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Agencia Tributaria atribuye a los cargos del Igape "presunto asesoramiento" a los directivos de los laboratorios farmacéuticos Nupel para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas "por un importe elevado", que no ha sido concretado. Precisamente, la misión del Igape es la distribución de ayudas públicas a empresas y proyectos emprendedores.

Actividades de Proitec
Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, la empresa Proitec, la otra firma investigada, a través de su servicio de subvenciones a Pymes gallegas, ofrecía a otras empresas servicios de gestión empresarial, presentación de IVA, IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, entre otros servicios.

Un sistema que la propia empresa asegura en su página web que "garantiza una correcta adecuación y validez legal tanto a empresas como autónomos de las diferentes modalidades de contratos y regímenes, ventajas e inconvenientes de unos y otros, así como los beneficios sociales y los costes salariales".

De esta forma, gestionaba el "día a día" de los contratos de empleados, seguros sociales, afiliaciones o bajas. Proitec realiza, además, planes de negocio, así como valoración de empresa o estrategias financieras para la elaboración de planes de negocio que "haga más rentables las inversiones de nuestros clientes".

Ayudas del Igape
Y como gancho utilizaban, presuntamente, las subvenciones de la Xunta, principalmente, las del Igape. Entre estas ayudas figuran las que, durante los tres últimos años, ha convocado este organismo de ayudas para el análisis empresarial de empresas gallegas de cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil o las subvenciones del Plan Re-brote de financiación de circulantes.

Estas ayudas están destinadas a autónomos, agrupaciones de personas físicas y microempresas (empresas con menos de 10 empleados y hasta 2 millones de euros de facturación con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma Gallega) y consisten en líneas de crédito o préstamos de entre 3.000 y 40.000 euros destinados al circulante de la empresa.

El destino de estas ayudas tiene que ser la financiación de circulante: pago de nóminas de los trabajadores, cuotas de seguridad social, impuestos, pagos a proveedores y acreedores, cuotas de 'leasing', reparaciones, cuotas de deudas bancarias a largo plazo o alquileres. Pero, según los propios requisitos de la Xunta, en ningún caso esta subvención se pueden aplicar a financiar inversiones en inmovilizado o en activos financieros, ni a la cancelación anticipada de pasivos bancarios. Una restricción que en este caso, y según las fuentes consultadas, no se cumplía.

Gestión de subvenciones
Proitec se ofrecía incluso a gestionar directamente las subvenciones que la Consellería de Innovación e Industria, del bipartito, concedió a pequeñas y medianas empresas. Estas subvenciones se plantearon para apoyar acciones de implantación y certificación de modelos de gestión y la elaboración y verificación de memorias de responsabilidad social empresarial según figura en la Orden del 28 de maio de 2008. De hecho, esta empresa decía realizar e implantar sistemas de gestión "en entidad colaboradora de la Xunta de Tipo 2" para la tramitación de estas subvenciones tal y como figura en este tríptico de Proitec.

La Agencia Tributaria analiza, ahora, el presunto asesoramiento que el personal del Igape, con su director general, Joaquín Varela de Limia Cominges, y el subdirector de Informaciones Especiales de este organismo, Carlos Silva Liste, al frente, realizaban para la tramitación de este tipo de subvenciones.

Laboratorios Nupel
La juez Estela San José, del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, no solo ordenó el martes el registro de la firma Proitec, sino también de la farmacéutica Nupel. Esta empresa fue la segunda de mayor facturación de Lugo en 2006, tras Aluma-Aluminio. Su gerente es el empresario Jorge Dorribo, que llegó a tener un jet privado y ser propietario de la escudería Nupel, de la que fue Director de Equipo el piloto de rallies Luis Moya, y que ha vendido este año al empresario Roberto Méndez.

Dorribo ha mantenido negocios en varias partes del mundo; con un holding de empresas con capital de varios países de Oriente Medio, con empresas con el Gobierno de Camerún y, más recientemente, ha invertido en Andorra.

Precisamente, y según las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria investiga las ayudas que el Igape ha concedido a este empresario para comprobar si, presuntamente, ha cometido fraude en subvenciones públicas, falsedad documental y fiscal o blanqueo de capitales.

En los últimos meses, la empresa estaba pasando por momentos difíciles y el propio Dorribo había salido al paso de varios rumores para asegurar que su grupo empresarial no se había retrasado en el pago de la nómina de sus trabajadores, ni tenía deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda y que mantenía su actividad en el polígono de O Ceao, en Lugo, en una nueva planta en Rábade y que realizaba una nueva inversión en Andorra. Recordaba, además, que en 2010 su grupo de empresas facturó 109 millones de euros.

Un directivo 'del que todos hablan bien'
Por su parte, Joaquín Varela, director del Igape, también detenido en esta operación, está muy vinculado al conselleiro Javier Guerra, que lo eligió para el puesto por sus "grandes cualidades empresariales". "Es un profesional del que todos hablan muy bien", apunta un dirigente político consultado por este medio, que no se explica cómo se ha visto envuelto en este presunto fraude.

Varela de Limia Cominges es especialista en auditoría -es miembro del ROAC-, desarrolló su actividad profesional, desde 1994, en la consultora PricewaterhouseCoopers, donde ocupó el cargo de Senior Manager en Auditoría. Posee una gran experiencia como auditor y un buen conocimiento del tejido empresarial de Galicia.

La juez ha empezado a tomar declaración
En el marco de esta operación, desarrollada principalmente en Lugo bajo la tutela de la juez Estela San José, se han practicado 15 detenciones y se han realizado 12 registros en las sedes de las empresas y en domicilios de los investigados, entre los que se cuentan directivos y personal de la empresa a la que iba destinada la subvención y directivos de las empresas que colaboraron en la trama.

La juez que dirige esta investigación tomará entre este miércoles y el jueves declaración a los 15 detenidos en el operativo. Las primeras en llegar al juzgado fueron dos empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, llevadas al juzgado sobre las 12.30 horas en un coche camuflado.

Poco después del mediodía también se descargó de otro vehículo documentación recopilada dentro de este operativo. Otras tres mujeres han sido trasladadas a los juzgados de Lugo en la tarde de este miércoles. Así, sobre las 17.00 horas las mujeres fueron llevadas en dos coches camuflados para pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 que dirige la jueza Estela San José.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; TRASLADAN AL JUZGADO AL EMPRESARIO DETENIDO POR LA TRAMA DE FRAUDE EN LUGO

El empresario lucense Jorge Dorribo, en segundo término, este martes. | Efe
La juez deja en libertad a cuatro mujeres tras declarar

* Se han practicado registros en la sede de la firma farmacéutica Nupel
* El arrestado es muy conocido en los círculos empresariales gallegos
* Dos de las mujeres que han prestado declaración han sido puestas en libertad
* Rueda descarta adelantar decisiones sobre la depuración de responsabilidades

Silvia Pena | Europa Press | Lugo

El empresario Jorge Dorribo, propietario de la empresa del sector farmacéutico Nupel, ha sido trasladado en la tarde de este miércoles a los juzgados lucenses para prestar declaración por su supuesta relación con una trama de fraude en subvenciones investigada en el marco de la 'Operación Campeón'.
Tras cuatro horas de comparacencia ante la juez, Dorribo ha salido de los juzgados esposado y en un coche camuflado de la Guardia Civil. Entre tanto, cuatro de las detenidas que también este miércoles han prestado declaración, entre ellas su mujer -muy afectada, además-, han salido en libertad.

Sobre las 18.00 horas Dorribo ha sido el sexto arrestado llevado a dependencias judiciales tras haber sido detenido el martes, jornada en la que se practicaron registros en su vivienda particular y en la sede de Nupel.

Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, ha dejado en libertad a las cuatro primeras detenidas en el operativo. Según han informado fuentes judiciales, dos de estas mujeres son empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, y han quedado libres en calidad de imputadas hasta que termine la instrucción.

Cinco personas, al juzgado
Tras estas dos personas, la juez ha llamado a declarar a otras tres mujeres de las 15 personas detenidas en el marco de la 'operación Campeón' desarrollada por la Agencia Tributaria a instancia de un juzgado lucense para desarticular una trama de fraude en subvenciones públicas.

Así, sobre las 17.00 horas estas tres mujeres fueron llevadas en dos coches camuflados para pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 que dirige la juez Estela San José, tras las que fue trasladado a la sede judicial el empresario.

Las primeras en llegar al juzgado, que han quedado libres, fueron las dos empleadas de los laboratorios farmacéuticos Nupel, llevadas al juzgado sobre las 12.30 horas en un coche camuflado. Poco después también se descargó de otro vehículo documentación recopilada dentro de este operativo que investiga un supuesto delito de fraude fiscal por el que, además de ser detenido un empresario de Lugo, propietario de Nupel, fueron arrestados dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

La juez que dirige esta investigación tomará entre este miércoles y el jueves declaración a los 15 detenidos en el operativo, entre los que figuran, además, directivos y personal de empresas luguesas supuestamente implicadas en una trama de fraude en subvenciones públicas.

Presunción de inocencia
El secretario general del PPdeG y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha rechazado "adelantar decisiones" sobre la depuración de responsabilidades en el caso del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), cuyo director xeral, Joaquín Varela, y el subdirector de Informaciones Especializadas, Carlos Silva, fueron detenidos. En todo caso, ha garantizado que cualquier paso que se dé se hará "sobre las circunstancias más objetivas posibles".

Rueda, que ha informado a los medios sobre el contenido del comité de dirección del partido, ha criticado la actitud de la oposición no sólo por pedir los ceses de los detenidos, sino por "laminar absolutamente" el derecho a la presunción de inocencia, pese a decir que lo "respetan". "Eso no lo vamos a hacer nosotros, ni con estos funcionarios ni con ninguna otra persona", ha apostillado.


PARAN EL CASO PALMA ARENA HASTA QUE EL ABOGADO DE MATAS ESTUDIE EL SUMARIO

Efe | Palma

La instrucción del caso Palma Arena de supuesta corrupción durante la legislatura 2003-2007 del expresidente balear Jaume Matas estará prácticamente parada hasta mediados de junio, cuando se cumpla el plazo de 26 días dado por el juez al abogado del exlíder del PP para que estudie el sumario.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, otorgó el pasado 4 de mayo 26 días hábiles al nuevo abogado de Matas, Antonio Alberca, para que se estudie el extenso sumario de este caso, dividido en 26 piezas diferentes.

Hasta que el abogado de Matas agote el plazo, cosa que ocurrirá alrededor del 10 de junio, el juez no puede practicar muchas diligencias, como la citación de imputados o testigos a declarar que estén involucrados en las piezas en las que figura el expresidente, han indicado a Efe fuentes jurídicas.

Dado que Matas está imputado en la mayoría de las 26 piezas, el magistrado solo podrá practicar otro tipo de diligencias, como la resolución de recursos.

Matas designó a principios de este mes a su nuevo abogado después de que sus anteriores letrados, el mallorquín Rafael Perera y el madrileño Manuel Ollé, dejaran de representarle por distintos motivos, tanto económicos como en la manera en que el expresidente llevaba su defensa.

En el caso Palma Arena se investigan supuestos desvíos de fondos públicos de la construcción del velódromo de la capital balear durante la anterior legislatura autonómica del PP, así como el incremento patrimonial que Matas experimentó en ese periodo.



elmundo.es

"CASO MALAYA"; PERITOS DE LA DEFENSA DICEN QUE LAS OPERACIONES DE ROCA "SON CORRECTAS"

Europa Press | Málaga

Peritos propuestos por una defensa del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella, han asegurado este miércoles que, según lo que refleja la contabilidad, las operaciones de las sociedades vinculadas a Juan Antonio Roca, gestionadas por el gabinete jurídico de Madrid, tienen "reflejo contable". Así, han asegurado que no se aprecia unidad de caja y los préstamos intersocietarios "están debidamente registrados, las salidas de unas y las entradas en otras".

El letrado y acusado Manuel Sánchez Zubizarreta, principal socio de dicho bufete encargado de la contabilidad de sociedades de Roca, ha propuesto esta pericial y asumido su defensa en el interrogatorio de los peritos, expertos en económicas y en auditoría, quienes han elaborado un informe según datos de los libros contables, extractos bancarios, liquidaciones de impuestos y las cuentas presentadas en el registro mercantil.

Han indicado que la contabilidad de las empresas "son correctas" y se llevaron "con respeto" a las distintas normativas y legislaciones. "Todas las empresas son independientes, están legalmente constituidas y cumplían los requisitos", han manifestado.

Han apuntado que se ha analizado "sociedad por sociedad, año por año, el diario de todas las operaciones registradas y podemos afirmar que la contabilidad es un fiel reflejo de la vida de las empresas".

Así, han incidido, a preguntas del letrado acusado, en que "no hay ninguna operación en principio" que fuera motivo para haber informado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), apuntando que "también sería una obligación de las entidades financieras y que yo tenga constancia, no lo han comunicado". Han negado que se pueda utilizar el concepto de "caja única", aunque se haya utilizado préstamos de unas a otras.

Han aseverado que se puede hablar de un grupo de empresas y que en cuanto a los préstamos hay coincidencia en la fecha tanto en la sociedad prestamista como en la prestataria, y una correspondencia con los extractos bancarios. Han asegurado que "no puede decirse que son operaciones desconocidas" si se ha visto las contabilidades, "asentadas en el registro" y han dicho que Hacienda "hasta los errores bancarios, los da como operaciones desconocidas".

"Es increíble pero es así", ha asegurado uno de los peritos. "Es inconcebible que los funcionarios de la Agencia Tributaria, que se les supone una calificación profesional, hayan tenido esa actuación interpretando erróneamente, no sé con qué sentido, conceptos contables y financieros. Para mi, diría que es un informe tendencioso e incompleto, porque no han revisado la contabilidad de las sociedades", ha indicado.

Otros documentos
Por contra, a preguntas del fiscal, han admitido que no han visto otras anotaciones contables al margen de las del gabinete ni los archivos intervenidos en Maras Asesores, donde se registran supuestos pagos por parte de empresarios. Preguntados por si modificarían su informe si conocieran una inyección de fondos a estas sociedades en dos años de 30 millones de euros, han respondido que tendrían que analizar esas operaciones, porque "siempre trabajamos con evidencias, no opiniones".

"Hemos hecho el informe que se nos ha encargado, no hemos visto otras sociedades, ni otras cosas como esto de Maras Asesores, ni hemos visto si existe una segunda contabilidad o una tercera, ni una caja B", han indicado.

También han comprobado, según han dicho, los ingresos en metálico en las cuentas del gabinete jurídico y han apuntado que éstos están "identificados", distinguiendo entre las sociedades que se vinculan a Roca y de otros clientes. Asimismo, han corroborado que el dinero percibido por este bufete procedente del presunto cerebro de la trama en concepto de honorarios suponen un 8,98 por ciento del total de los ingresos de este despacho.

Tras la declaración, el presidente del Tribunal encargado del enjuiciamiento del caso 'Malaya', José Godino, ha anunciado que la Sala se reserva la posibilidad de un careo entre los funcionarios de la Agencia Tributaria que han realizado informes y han prestado auxilio judicial en esta causa y estos peritos de parte.

También han declarado este miércoles dos testigos relacionados con la empresa que vendió dos barcos a Roca. Estos, uno de ellos asesor de la compañía, han coincidido en que en la operación de compraventa de una de las embarcaciones, llamada Thoroughbred, "no hay nada anormal" y se trata de "una venta normal con pagos correctos", habiendo sólo una partida en efectivo, supuestamente para el seguro y que se recogió en Maras Asesores, algo que también sucede.

El segundo testigo, que intervino en la operación en nombre de la empresa vendedora tanto en la venta de Thoroughbred como en la de Salduba II, ha asegurado que en ambos casos tuvo contactos con Roca para su adquisición.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ INVESTIGARÁ AL PPCV POR "DELITO ELECTORAL, COHECHO Y PREVARICACIÓN"

Francisco Camps, rodeado de todos sus consellers, en un acto de la Generalitat. | Efe
Acepta la inhibición parcial e investigará la presunta financiación ilegal

* Camps no será investigado 'sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción'
* A Rambla, Milagrosa Martínez y Betoret se les atribuye cohecho y prevaricación
* Los delitos electorales se asocian a Rambla, Costa, Serra y Yolanda García
* Investigará un posible delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007
* También la presunta falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008

Marisol Hernández | Rodrigo Terrasa | Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado aceptar la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, y asumirá la investigación por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', por el montaje del 'stand' de Fitur entre los años 2005 y 2009. Así como la investigación por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.

La Sala considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación que afectan al actual vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, la última presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Respecto a los delitos relacionados con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007, el Tribunal los considera atribuibles de manera directa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, y vincula en calidad de copartícipes al vicepresidente Vicente Rambla, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, David Serra, vicesecretario de organización, y Yolanda García, tesorera del grupo parlamentario popular, así como a dos personas "no identificadas" y mencionadas como 'El príncipe' y 'El cantante', los gestores de Orange Market y los gestores de las empresas FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF SL, todas contratistas del gobierno valenciano que presuntamente colaboraron en la financiación irregular del PP.

Idénticos responsables constan en el posible delito de falsedad de documento mercantil cometido durante las elecciones generales de 2008.

El auto, de 62 páginas, implica a casi toda la cúpula del Partido Popular valenciano en dichos delitos, pero no imputa al presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps. El escrito advierte que en los delitos de cohecho y prevaricación no se puede atribuir participación a Camps o a Ricardo Costa, "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción".

La Sala no se considera competente para investigar otras adjudicaciones diferentes a la de Fitur realizadas por la Generalitat y tampoco para investigar al ex director general de RTVV por cohecho y prevaricación por la visita del Papa a Valencia en 2006. Tampoco investigará delito fiscal porque dicho delito va "conexo" con lo que ya se investiga en Madrid y porque dicho delito fiscal es atribuido a Orange Market y otras sociedades y no a personas aforadas.

La financiación ilegal
El escrito del TSJ recurre a los informes elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para relatar los hechos que se investigarán.

Recuerda que los informes policiales del caso relataban cómo los líderes de la trama Gürtel entraron presuntamente en contacto con algunos líderes del Partido Popular para lograr "la obtención de favores por parte de autoridades públicas" mediante la "adjudicación de contrataciones públicas, la entrega a algunas de dichas autoridades de compensaciones económicas, la obtención de dinero opaco al sistema financiero legal llevando una doble contabilidad y blanqueando, finalmente, algunas de las cantidades obtenidos".

En el caso estricto de la Comunidad Valenciana, el auto se refiere a una presunta "financiación ilegal" del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a la que contribuirían presuntamente diversas empresas con "donaciones" y a unos "delitos fiscales" y de "falsedad instrumental".

En relación con los posibles delitos electorales, la Sala subraya que los hechos citados en la inhibición se referían a que un importante porcentaje de la deuda que el PP habría contraído con Orange Market se abonó "de forma opaca" bien pagando en efectivo "sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria" o bien pagando a través de empresarios que asumían el pago de facturas emitidas por Orange Market. "Estas facturas reflejarían servicios presuntamente inexistentes entre dichas mercantiles", recuerda el auto, "y todo ello con el fin de encubrir presuntas donaciones ilícitas de estas empresas al PPCV". Las alteraciones afectarían tanto a la deuda oficial con el PP valenciano como a la oculta, que ascendería a 2.565.891 euros.

La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ya puso de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'. La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'.

El auto también se refiere a un informe posterior de la Agencia Tributaria, que corroboraba el de la UDEF y subrayaba la "ocultación" de ingresos en Orange Market a cambio de la organización y gestión de la campaña electoral en las elecciones de 2007.

En este entramado, Ricardo Costa era, según dichos informes, "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema", David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" y Yolanda García, como tesorera, "cumplía las indicaciones de Costa".

Vicente Rambla, por su parte, no aparece participando en las conversaciones telefónicas, pero el auto de inhibición apela a la constante referencia a las siglas 'VR' y a conversaciones que aluden "a un posible conocimiento de parte de los hechos por el Sr. Rambla".

Respecto a Francisco Camps, el auto recuerda que no aparece mencionado "en concepto de autor ni partícipe" y, aunque su nombre aparece en "menciones episódicas y genéricas", estima el escrito que no existen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para imputarle.

Las deliberaciones
El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- comenzó sus deliberaciones antes de las elecciones autonómicas y reanudó sus reuniones el pasado lunes.

Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.

Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Al respecto la sala ha acordado dar un plazo de cinco días a las partes afectadas para que puedan realizar alegaciones.

Además
* Cronología: La rama valenciana 

"CASO SCALA"; EL FISCAL PIDE 21 AÑOS PARA UN EXCONSEJERO DE MATAS

A. M. - Palma de Mallorca

La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de cárcel para el exlíder del PP de Ibiza, José Juan Cardona, como supuesto autor de los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho. El político y abogado está acusado de dirigir, mientas era consejero de Industria del Gobierno de Baleares de Jaume Matas, entre 2003 y 2007, una supuesta trama que malversó siete millones de euros de fondos públicos.

El Tribunal Superior le fijó, cuando era aforado, una fianza civil de 2,94 millones de euros. El fiscal responsabiliza al exconsejero de "idear, planificar, desarrollar y ejecutar" un "robo sistemático" mediante una trama de empresas y compañías con "hombres de paja o testaferros".

La dirección del PP de Baleares vetó la presencia en las listas del 22-M del exconsejero de Matas por estar imputado en este escándalo de corrupción denominado caso Scala. José Juan se resistió hasta que se le forzó a dejar la militancia y el escaño de parlamentario balear, paso que finalmente dio en junio de 2010 tras estar unas semanas en la Cámara sin adscripción.

La fiscalía llevará a juicio antes de final de año este caso, en el que también está implicada, entre otros, la gerente de un consorcio público, Antònia Ordinas, persona de confianza de Jaume Matas en las dos etapas de gobierno.


elpaís.com

LOS ELECTORES VEN LA CORRUPCIÓN COMO UNA CUESTIÓN AJENA, SEGÚN LOS EXPERTOS

Elecciones municipales y autonómicas - Candidatos bajo sospecha

Los políticos con causas judiciales abiertas apenas tienen castigo en las urnas

M. FABRA / R. LIMÓN - Castellón / Sevilla

Apenas importa que sea una cuestión de enriquecimiento personal o de beneficio para el partido que representan. Es lo mismo que se trate de una maniobra urbanística que de adjudicaciones de servicios públicos. La corrupción no pasa factura.

Todos los expertos, y las encuestas, coincidían en que la que se considera como un cáncer en el sistema democrático no iba a ser una cuestión determinante en los resultados electorales. Y las previsiones se cumplieron. Pero ¿cómo se explica que los ciudadanos no castiguen actitudes que deterioran lo público?

Tras el análisis de los resultados electorales, catedráticos y profesores de Opinión Pública, Politología y Sociología, coinciden en que la corrupción no es clave en unos resultados electorales. Y a la vista está. Sin embargo, respecto a las causas, los argumentos varían.

- Cuestión ajena. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, considera que a la hora de emitir un voto, el ciudadano no tiene en cuenta la corrupción como cuestión determinante en su decisión sino que se fija más en la gestión "porque no son incompatibles". Apunta que los electores ven la corrupción como "ajustes de cuentas" entre miembros de un mismo partido o entre contrincantes políticos. En el mismo sentido, Susana Corzo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, esgrime que el castigo en las urnas no llega porque los electores no la conciben como uno de los principales problemas, sino como un instrumento electoral para desprestigiar al adversario político. De esta manera, la politóloga advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iríbar cree que más que ajena se ve como algo lejano y, en el fondo "como algo que haría cualquiera y, por lo tanto, se castiga menos". "No hay conciencia del deterioro de lo público", añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. "Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera", dice, "En cambio, la crisis sí se ha reflejado en su voto", añade.

- Castigo. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, lo tiene claro: "La corrupción en España no quita ni un voto, a la gente no le importa". Y, aún admitiendo lo exagerado de su afirmación, explica cómo en 1995 el PSOE no perdió las elecciones por los casos Roldán y GAL sino, "como ha ocurrido ahora, por el paro". Sin embargo, el profesor de Sociología de la Universitat de Valencia, Josep Pérez, cree que el castigo sí ha existido, aunque en una escasa medida, y traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Así lo interpreta de los resultados registrados en la Comunidad Valenciana, una de las más marcadas por la corrupción, donde la suma de estos alcanza casi el 5%. Manuel Villoria sostiene que para que un partido sea castigado se precisa de una alternativa. En caso contrario, se opta por la abstención y el voto a partidos minoritarios y pone como ejemplo lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes "que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera", han obtenido muy buenos resultados.

- La cuestión judicial. Susana Corzo rechaza que las acusaciones de corrupción terminen por decidir el voto de los ciudadanos porque los vecinos piensan que no son ellos quienes tienen que juzgar, que determinar la responsabilidad, sino los jueces. Achacar esta conclusión a los electores es, para Bouza, otorgarles una racionalidad que no asigna a la mayoría de los ciudadanos. Para Josep Pérez, la lentitud de la justicia se traduce en una apreciación de "impunidad judicial".

- Diferentes corruptelas. Para la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada Susana Corzo sí hay diferentes actitudes ante los casos. Según apunta, si los acusados son parte de la comunidad o si la consecuencia de la corrupción tiene algún efecto beneficioso en la población, como la construcción de algún servicio común (un polideportivo u otra instalación municipal), los ciudadanos suelen ser más tolerantes que con aquellos casos en los que se produce un enriquecimiento personal o del partido político. Y mantiene que el perdón en las urnas no solo se otorga a los acusados de corruptelas delictivas sino que también ocurre con el transfuguismo. "No pasa ni en Galicia ni en ningún sitio", afirma. Para Fermín Bouza la corrupción que no se perdona es la moral, "las mentiras", apunta, "porque se identifica con las ideas".

- La indulgencia. La indulgencia llega de todos lados. Bastos tampoco cree que el castigo de los votantes a la corrupción difiera según la tendencia de cada uno, sino que la falta de sanción se da en todo el electorado, "de todos los partidos". Según el sociólogo José Miguel Iríbar, "el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores. Y yo creo que tiene un trasfondo religioso", apunta. "Son pecadillos que se lavan", añade. Iribar tampoco cree que la tendencia política de los votantes condicione el sentido de su voto atendiendo a la corrupción y alerta de que Iribar apunta que "el peligro es que se genera la cultura del todo vale". Sin embargo, Manuel Villoria cree que el votante progresista sí castiga a sus corruptos en mayor medida que el PP y se remite a los "resultados demoledores de Sevilla".


elpaís.com