domingo, 20 de mayo de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA IMPULSA LA CAUSA POR CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DE AGUIRRE

Acto del día de la Constitución de 2004, organizado por la trama Gürtel para la Comunidad de Madrid. / CRISTÓBAL MANUEL
El juez Ruz reclama 362 contratos con la red Gürtel tras nuevos hallazgos
El juez sospecha que el exconsejero López Viejo recibía pagos de la red

Manuel Altozano Madrid


“Vídeo de la presidenta”, inauguraciones de colegios y centros de salud, “visita de los príncipes al ISES”, “aniversario 11-M”, “homenaje a Miguel Ángel Blanco”, “viaje Presidenta a Rumanía”… Así hasta 317 actos programados por la Comunidad de Madrid y supuestamente organizados por empresas de la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el mayor caso de corrupción ligado al PP, Pablo Ruz, ha pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que le envíe “en el plazo improrrogable de un mes” toda la documentación sobre su adjudicación y la facturación de esos eventos. El volumen de contratos indica que la contratación con la trama corrupta fue sistemática entre 2004 y 2006.

Las sospechas del juez se basan en la documentación hallada en el registro judicial del domicilio de Isabel Jordán, responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama e imputada en el caso. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía la ha analizado y cree que gracias al supuesto amaño de las adjudicaciones de esos actos pudieron enriquecerse el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exdiputado regional Alfonso Bosch que, entre otros cargos públicos, habrían recibido sobornos de la trama liderada por Francisco Correa.

El sistema de soborno, según la investigación, era la caja B de Easy Concept que, según Ruz, estaba controlada por Isabel Jordán pero siempre a las órdenes de Correa y de su lugarteniente, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El juez quiere conocer “los ingresos y salidas efectuados de dicha caja B, especialmente lo relativo a los pagos que se hubiera podido efectuar a altos cargos públicos” así como los movimientos de dinero entre empresas vinculadas a la trama corrupta.

Ruz también reclama al Ejecutivo madrileño todas las facturas que se pagaron entre 2007 y 2008 además de a Easy Concept, a Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas ellas empresas también controladas por la red. En total son 45 eventos entre los que destaca un acto con la FAES, la fundación de ideas vinculada al PP, la entrega de distinciones al equipo olímpico español, los actos del 2 de mayo, día de la Comunidad, o el sorteo de las semifinales de la Copa Davis de tenis.

Además del nuevo impulso al caso, el juez ha rebajado la fianza a Correa de 600.000 a 200.000 euros. El cabecilla de la trama es el único imputado que permanece en prisión después de que el supuesto número dos, Pablo Crespo, fuera liberado el pasado febrero tras abonar los 100.000 euros que le requería Ruz.

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EN OTROS MEDIOS

MUNAR PROTAGONIZA UN CASO DE CORRUPCIÓN SEMEJANTE AL DE JAUME MATAS

Antònia Munar y Miquel Nadal, en la tercera jornada del juicio del 'caso Maquillaje'. / ISAAC BUJ (EFE)

La expresidenta de Mallorca se estrena en el banquillo por un caso de corrupción relacionado con medios de comunicación, al igual que la causa contra el expresidente balear

Andreu Manresa Palma de Mallorca

Las dos principales autoridades políticas de Baleares en los últimos 20 años por la derecha y el centro regionalista, Jaume Matas (PP) y Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina, UM), se han estrenado en el banquillo de los acusados, como implicados, uno tras otro, en sendos episodios de corrupción relacionados con los medios de comunicación. Ha sido por las ayudas, subvenciones y contratos a empresarios y periodistas, mientras uno y otro presidían el Gobierno de Baleares y el Consell de Mallorca, en el pasado. Matas está condenado –provisionalmente- y Munar lleva una semana en un juicio que terminará en junio.

La Fiscalía Anticorrupción, por segunda vez en Baleares y en cinco meses en lo que va de año, ha llevado a la Audiencia de Palma a los dos antiguos líderes por actuaciones ilegales al frente de la Administración. "El estreno de los grandes casos de corrupción en esta etapa de Baleares es, precisamente, por asuntos con los medios", observó una fuente oficiosa de la fiscalía. Una decena de periodistas están imputados en los escándalos baleares. Tres profesionales han sido condenados inicialmente.

Tras el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas -condenado a seis años de cárcel en una sentencia pendiente del recurso al Tribunal Supremo- ahora es el turno de banquillo para Maria Antònia Munar, pareja política tanto de Matas como del socialista Francesc Antich.

Los principales acusados de la vista abierta del caso Maquillaje son Munar y Miquel Nadal, exlíderes de UM, por haber otorgado dos subvenciones que suman 240.000 euros, mientras eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del Consell de Mallorca (2003-2007). El dúo de poder de UM pagó con fondos públicos a empresas de medios que eran de su propiedad, según la acusación. Ambos, con su directora de Comunicación, Margarita Sotomayor, se enfrentan a una petición de la fiscalía de seis años de cárcel. Otros siete acusados –tres empresarios audiovisuales, un ex director de radio y tres testaferros- afrontan posibles condenas de hasta dos años y medio de cárcel.

Corrupción en medios de comunicación
El fiscal Juan Carrau interrogó en la Audiencia de Palma, el pasado viernes, como testigos, a dos exdirectores generales de la Radio Televisión de Mallorca, Antonio Moragues, político de UM, y la periodista Marisa Goñi, nombrada por la mayoría de izquierdas (2007-20011). Goñi cesó a los dos antiguos directores de Unió Mallorquina en los dos canales públicos, Miquel Oliver y Alfredo Conde, que están acusados.

Miquel Oliver, periodista y productor, es un arrepentido que retornó 120.000 euros y asume que se trató de un pago ilegal del Consell a su empresa VideoU, que poseía a medias con Nadal y Munar (representados por hombres de paja) y otros dos socios coimputados. Alfredo Conde tiene otra condena de un año, por el mismo papel de testaferro, en un caso de malversación de un excargo de UM, Tomeu Vicens.

La policía detalló ante el tribunal que Conde efectuó la paga y señal de un chalé con 40.000 euros en efectivo procedentes de posibles fondos de una subvención de 120.000 euros del Consell que no podía percibir. Su defensa alegó que su mujer vendió un piso en Cataluña.

El fiscal Carrau y los letrados interrogaron también a dos interventoras del Consell de Mallorca (Pilar García y Elena Montejo) para intentar demostrar el trámite excepcionalmente rápido del Consell y el origen delictivo de las subvenciones de 240.000 euros. Los pagos se destinaron a empresas ligadas a la trama de supuesta corrupción de UM, por programas no realizados en la radio y la televisión pública M tv y Ona Mallorca. El PP cerró en 2011 esas emisoras y despidió a sus 115 trabajadores.

Otra sección de la Audiencia de Palma, por la acusación probada de la Fiscalía Anticorrupción, condenó en marzo de 2012 al expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), a seis años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad, fraude, por pagos a profesionales y empresas. En la sentencia se ve delictiva la relación económica y contractual de Matas desde el Gobierno balear con Antonio Alemany, periodista editor, autor de los discursos del presidente, que lanzó una web y una agencia de noticias mientras recibía ayudas del Ejecutivo balear. Alemany es condenado inicialmente a tres años y cinco meses de cárcel. El director de Comunicación de Matas, Juan Martorell, recibió un año y medio de prisión, como arrepentido y por retornar parte del dinero público malversado.

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EL SECTOR RESIDENCIAL LANGUIDECE EN CASARES ENTRE LA CRISIS Y LA CORRUPCIÓN

Urbanización Majestic en Casares. | C. Díaz
URBANISMO | Destapada una trama de blanqueo y prevaricación
Cientos de pisos vacíos languidecen en la zona más urbanizada
Allí se encuentra la promoción que centra la operación 'Majestic'

Inma Mejías | Málaga

El municipio de Casares, cuyo urbanismo creció al ritmo de la burbuja inmobiliaria, ha pasado a engrosar la larga lista de lugares bajo la sospecha de la corrupción. Con la detención del ex alcalde Juan Sánchez se ha destapado una supuesta trama de blanqueo de capitales y prevaricación urbanística que tiene como eje central el proyecto residencial Majestic.

Éste se ubica en una zona al norte de la A-7, entre Manilva y Estepona, que hace unos siete años pretendía ser un paraíso con miles de viviendas de lujos rodeadas de campos de golf en las que habitarían, sobre todo, extranjeros. Sin embargo, ahora alberga cientos de casas vacías.

Con la crisis, muchas obras empezaron a quedar paralizadas ya en 2008 y las viviendas que se terminaron y que no habían sido vendidas sobre plano, fueron pasando de unos a otros hasta acabar, en su mayoría, en manos de entidades financieras.

«El residencial es estupendo y mantenemos las viviendas presentables siempre, pero los exteriores son otra cosa», comenta David, comercial de una inmobiliaria que tiene una promoción de viviendas en la zona y de las que sólo se han vendido la mitad.

David señala que no «hay interés ni visitas» de potenciales clientes, de lo que culpa a los bancos y a sus espectaculares ofertas. Esta acusación la comparte Ignacio Fernández, propietario de la inmobiliaria Bancasa, que lleva la comercialización numerosas viviendas en esta zona, desde la urbanización Doña Julia a la Duquesa, ya en Manilva.

Fernández comenta que, aunque desde se encuentre la casa ideal para el cliente, cuando llegan al banco a pedir la hipoteca «le quitan las ganas al comprador o te lo roban», ya que tienen descuentos de hasta el 65% y para sus propiedades en esa misma zona ofrecen todo tipo de ventajas de financiación, mientras que piden "garantías imposibles" para obtener una hipoteca para otros pisos. «Es una competencia que no es leal», recalca.

También apunta que a la dificultad que implica vender viviendas en urbanizaciones casi vacías se unen otros problemas, como que haya propietarios que no pagan los gastos de comunidad porque «compraron como inversión».

Una salida a la que están recurriendo algunas empresas propietarias para aguantar el tirón es el alquiler, de lo que dan fe numerosos portales inmobiliarios.

En la empresa Manilva3 (M3) la visión es diferente, sobre todo, porque se encarga de la comercialización de inmuebles de Banco Sabadell. «Llevamos un ritmo aceptable de ventas, tenemos visitas y llamadas, así que no podemos quejarnos», comenta José Jiménez, gerente de esta inmobiliaria que actualmente se encarga de la venta de 37 viviendas en la urbanización Casares Green.

Vaticina que para finales de años los precios habrán tocado suelo. En el caso de los pisos que él comercializa, asegura que hay casas que han bajado de 280.000 euros a 120.000 y que el 80% del público interesado en estas viviendas es nacional y de esos, la mitad malagueños.

El motivo, según él, es que antes «había precios prohibitivos» que sólo podían afrontar extranjeros con alto nivel adquisitivo y ahora «parejas jóvenes y gente que no se planteaba tener una vivienda así» pueden acceder a ella.

Además

"CASO GÜRTEL"; OTROS DOS EX DIRECTIVOS DE RTVV, IMPUTADOS POR LOS CONTRATOS DE LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Luis Sabater y Antonio de la Viuda
Pedro García los señaló como 'quienes propusieron la adjudicación a Teconsa'
Son jefe del Departamento Técnico de RTVV y el ex director de Antena

Efe | Madrid | Valencia

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado este viernes a dos responsables de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la adjudicación a empresas vinculadas a la "trama Gürtel" de la sonorización de los actos celebrados con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Los nuevos imputados son los entonces jefe del Departamento Técnico de RTVV, Luis Sabater, y director de Antena del ente público, Antonio de la Viuda, a quienes el ex director general de RTVV Pedro García Gimeno señaló el pasado día 8 ante el magistrado como responsables directos de la adjudicación.

García Gimeno, que en esa fecha compareció como imputado ante Ruz, afirmó que la intervención de Sabater y De la Viuda en la decisión de la elección de los procedimientos de adjudicación de los contratos y de las empresas finalmente adjudicatarias de los mismos "habría sido esencial".

También la Intervención General de la Administración del Estado concluyó en un informe que ambos fueron quienes "propusieron la adjudicación a Teconsa del contrato de suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para RTVV".

El juez ha citado a los dos responsables de RTVV para que declaren el próximo día 31 como imputados por delitos continuados de prevaricación y malversación.

También comparecerá ese día, imputado por fraude fiscal y falsedad, Carlos Ignacio Fragio Díaz, responsable de las empresas Apogee Telecomunicaciones y Wild Electronics, a las que Teconsa -una constructora sin experiencia en el sector del sonido o la televisión- encargó finalmente la realización de los trabajos que se le habían adjudicado.

El pasado día 7, un familiar suyo, Oscar Fragio, admitió ante el juez que pagó una comisión de 88.000 euros al considerado "número dos" de la trama Gürtel, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, por encargarse de la sonorización del evento.

Por último, el juez tomará declaración como testigo también el próximo día 31 a Francisco Javier Arnuncio, administrador único de Impacto Producciones.

Según Ruz, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Además

EL OCASO DEL MUNARISMO; EL TESTAFERRO DE VICENS SE QUEDÓ 120.000 EUROS DE VIDEO U

El rastro del dinero
Conde fue el beneficiario de la primera subvención por el programa fantasma
Dos policías explicaron hasta dónde les llevó el rastro del dinero

María J. García | Eduardo Colom | Palma

hasta dónde les llevó el rastro del dinero: «Los 120.000 euros los recibe Video U [ enero de 2005], Video U los traslada a una cuenta de Studio Media Comunicació en febrero, desde esa cuenta Alfredo Conde los transfiere a otra personal y al día siguiente saca un reintegro en efectivo de 20.000 euros y pocos días después otro de 24.000 euros», desgranó. Además, una agente explicó que «después de extraer el efectivo se compraron un chalet en Llucmajor para lo que el 18 de febrero entregaron unos 40.000 euros», aunque no recordó quién hizo la entrega.

Jaime Campaner, abogado de la mujer de Conde, Elisabeth Diéguez, preguntó a la agente si relacionaban la retirada en efectivo con la compra del chalet y ésta explicó que sólo «pusieron de manifiesto que ambos movimientos eran muy próximos».

La Fiscalía sostiene que «Conde y Diéguez [para los que pide 3 años y tres meses de cárcel respectivamente], como dueños de Studio Media Comunicació, habían intervenido en el origen y en la génesis de las subvenciones y habían exigido que se le entregase la totalidad de la primera subvención pues en caso contrario Video U no recibiría ninguna otra».

Así lo relató también el primer día de juicio Miguel Oliver, socio fundador de Video U, quien explicó que dado que Studio Media ya recibía dinero público para encargarse de la radio de Mallorca no podía recibir más por la misma radio y por eso se usó a Video U como titular.

Studio Media ya se había embolsado dinero público sin realizar trabajos a cambio. Por Elements patrimonials, un programa que ya había sido emitido y pagado, recibió 12.000 euros públicos por orden Bartomeu Vicens, el exconseller de Territorio del Consell, actualmente en prisión. Según el propio Vicens fue un regalo para agradecer los servicios a su testaferro.

Además

EL EX ALCALDE DE CASARES SALE DE PRISIÓN TRAS PAGAR LOS 200.000 EUROS DE FIANZA

El ex alcalde de Casares a su salida de la cárcel. | A. Pastor
CORRUPCIÓN | Trama de blanqueo de dinero en Casares
El ex regidor de IU puede salir de prisión en las próximas horas
Los vecinos, compañeros y amigos han aportado 'pequeñas aportaciones'
La alcaldesa de Casares, Antonia Morera, ha donado 10.000 euros

Agencias | Málaga

El ex alcalde de Casares Juan Sánchez, ha salido este viernes por la tarde de prisión, donde permanecía desde el pasado martes tras ser arrestado en el marco de la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, después de que se haya hecho efectivo el pago de la fianza de 200.000 euros impuesta por el juez.

La alcaldesa de Casares (Málaga), Antonia Morera, ha asegurado que recaudaron el dinero para pagar la fianza que el juez ha impuesto al ex regidor del municipio.

Según ha explicado la alcaldesa a Efe, la cantidad reclamada se ha reunido a través de "pequeñas aportaciones de compañeros, amigos y vecinos" del exregidor, incluso la propia Morera asegura que ha aportado 10.000 euros.

La familia de Sánchez realizó un llamamiento a la colaboración vecinal y muchos habitantes del municipio han ingresado sus aportaciones en una cuenta bancaria, dejando su nombre y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

En palabras de Morera, esta situación es muy difícil para el Consistorio, porque "es un compañero que ha estado muchos años de alcalde, por lo que el pueblo le tiene un cariño especial".

En este sentido, ha señalado que desde el Ayuntamiento están viviendo esta situación "como si fuera un sueño, esperemos que todo se aclare", ha indicado.

En cuanto a la relación que se le atribuye al exalcalde con la mafia rusa, la alcaldesa ha apuntado que esa información se está encajando "muy mal, porque eso no me lo creo", aunque "para eso están los juzgados, que busquen", ha dicho. En su opinión "Juan Sánchez ni como persona, ni como político está metido en redes".

Fuentes municipales han asegurado que, a primera hora de la mañana, más de 120 vecinos habían colaborado económicamente para ayudar a la familia de Sánchez, pero que se han hecho "algunas transferencias de última hora", por lo que "estamos pendientes de presentarla mañana -la fianza- para que decreten la libertad del exalcalde".

El pasado lunes se llevó a cabo en Casares la operación Majestic, una investigación conjunta llevada a cabo por la Policía y la Guardia Civil, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.

Al ex alcalde, Juan Sánchez se le imputan los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, blanqueo de capitales y cohecho, y el juez le ha impuesto una fianza de 200.000 euros en efectivo para eludir la cárcel.

Además

EL FISCAL PIDE 2,5 AÑOS DE CÁRCEL POR DELITO FISCAL AL CHÓFER ENCARCELADO POR LOS ERE

Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director de Trabajo. | C. Márquez
TRIBUNALES | Por no declarar a Hacienda una subvención de 450.000 euros
Se le acusa de no declarar una de las dos ayudas que recibió de la Junta
La Fiscalía le ha pedido además una multa y el pago a Hacienda

Efe | Sevilla

La Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para Juan Francisco Trujillo, el chófer encarcelado desde marzo por los ERE, acusado ahora de delito fiscal por no declarar una de las dos ayudas de 450.000 euros que recibió de su jefe, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también en prisión y con el que, según dijo, se gastaba hasta 25.000 euros al mes en comprar cocaína.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la Fiscalía de Jaén, como lugar de residencia de Trujillo, ha pedido además una multa de 99.402 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de la cuota tributaria de 165.067 euros que dejó de ingresar.

Además, solicita cuatro años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de subvenciones oficiales.

Junto a la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez sevillana Mercedes Alaya, que ordenó prisión sin fianza para Trujillo, el chófer está acusado en dos juzgados de Andújar (Jaén) por otros tantos delitos fiscales, por no declarar a Hacienda las dos ayudas de 450.000 euros que percibió de la Junta para sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena.

La juez Alaya cree que eran empresas ficticias y los juzgados de Andújar le acusan de haber eludido el pago de sendas cuotas de 165.067 euros por el Impuesto de Sociedades de 2004.

El asunto ahora calificado por la Fiscalía se refiere al delito fiscal que investiga el juzgado número 1 de Andújar, pero previsiblemente el fiscal presentará la misma petición en las diligencias abiertas por la segunda subvención en el juzgado número 3 de la localidad. La misma petición de condena ha presentado el Abogado del Estado en nombre de la Administración Tributaria, han añadido las fuentes.

LA AUDIENCIA INVESTIGA 317 ACTOS DE LA ÉPOCA DE AGUIRRE CON EL "GÜRTEL"

Aguirre entre el consejero de Servicios Sociales, Salvador Victoria, y Laura Valenzuela.| Efe
TRIBUNALES | El juez Ruz pide la documentación a la Comunidad
Alberto López Viejo fue consejero regional y Alfonso Bosch diputado

Efe | Madrid

El juez Pablo Ruz, que instruye el "caso Gürtel", ha reclamado hoy viernes a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación" de los esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores a finales de 2006.

Los actos cuya adjudicación se investiga son de todo tipo y van del primer aniversario de los atentados del 11-M (11/03/2005) al homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco (11/07/2005), pasando por la visita de Bill Gates (19/11/2004), la firma de un convenio con el Real Madrid (24/06/2005) o uno al que el auto se refiere como "cuadro Gallardón".

El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la "caja B" encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.

Ese archivo lleva el nombre "Pagos anuales ALV.xls", siglas que coinciden con las del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.

La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa -Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros-".

Ruz considera "pertinentes, necesarias y útiles" las diligencias solicitadas por el fiscal para indagar "los ingresos y salidas efectuados en dicha 'caja B', especialmente en lo relativo a los pagos que se hubieran podido efectuar a altos cargos públicos, así como en los movimientos de dinero efectuados entre mercantiles vinculadas a los imputados en la causa".

Además de los 317 contratos ya citados, el juez requiere a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de quince días, le remita toda la documentación que posea sobre 45 facturas giradas por las sociedades de la trama Easy Concept, Good&Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico por conceptos como "Belén 2007", "Euroliga 2008" o "Acto 2 de mayo".

También pide a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) la documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de dieciséis eventos, entre ellos la inauguración de la sede del PP en esa localidad en julio de 2006.

La empresa municipal también deberá aportar información sobre las adjudicaciones hechas en los años 2005 y 2006 a Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Kilda Producciones Fotográficas y Fotomecánica Doble, así como la referida a la inauguración del Auditorio Escuela de Música.

Ruz requiere asimismo a la Intervención General de la Administración del Estado que emita informes "sobre la regularidad y cumplimiento de los principios y preceptos de la contratación pública" en cinco expedientes de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Boadilla.

Por último, el juez ordena a Banesto para que, en un plazo de cinco días, identifique a la persona que retiró de una cuenta de esta entidad un total de 290.000 en diversas cantidades entre el 5 de diciembre de 2006 y el 11 de octubre de 2007.

En relación con las diligencias acordadas hoy, el magistrado ha citado como testigos para el próximo día 31 a los empleados de Easy Concept Pedro Fuste y Alejandra Lascary y a la trabajadora de Servimadrid Integral Rocío Perea.

Además