martes, 3 de noviembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; EL BIGOTES FACTURÓ CASI 100.000 EUROS AL PP EN EL CONGRESO DEL AÑO PASADO

La policía acredita que la trama Gürtel cobró el trabajo en 'dinero B'

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo negocios en el XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en junio del año pasado. Con su empresa Orange Market, una de las que integraban la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, facturó casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con ese evento. El PP de Mariano Rajoy ha negado siempre que Correa y El Bigotes tuvieran algo que ver con el ese acto, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional.

El PP de Rajoy negó que Orange Market tuviera relación con aquel acto

La trama corrupta de Correa, que llevaba más de cinco años, según la versión oficial, sin trabajar para la dirección nacional (antes, durante diez años, había organizado todos los actos durante el mandato de José María Aznar) volvió a trabajar con el PP de Rajoy en Valencia, un feudo donde El Bigotes se había instalado en 2004. Allí se había quedado en exclusiva con casi todos los actos del PP en esa región, la organización del pabellón valenciano en Fitur y decenas de pequeños contratos de todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps, quien también ha salido muy salpicado en el escándalo Gürtel por su estrechísima amistad con El Bigotes.

Así, del 20 al 22 de junio de 2008 se celebró en Valencia el XVI Congreso Nacional del PP, que encumbró de nuevo a Rajoy como presidente de esta formación política con el 84% de los votos. Contrariamente a lo manifestado por Rajoy, la investigación del caso Gürtel revela que la trama de Correa hizo caja. No obstante, el montaje escenográfico del evento fue adjudicado a la firma Free Handicap, presidida por Elena Sánchez, esposa del ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado Juan Costa.

Entre la documentación hallada por la policía en los ordenadores de Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se encontró un archivo con una hoja de cálculo sobre los servicios facturados en 2008, que lleva el nombre de "COBROS2008bis.xls hoja octubre: Actos".

En ese archivo, según la Policía, "se hace un resumen de los actos que se realizan en 2008 presentando el coste de ellos en dos grandes partidas, una que es Deuda A y otra que es Deuda B" (ésta segunda modalidad está cobrada sin factura ni IVA, fuera de los circuitos legales del dinero).

En el apartado correspondiente a los "últimos actos", aparecen los siguientes apuntes correspondientes al Congreso Nacional:

20-06-2008. "Stand PP congreso... 24.000".

"Stand Congreso sin/presupuesto... 2.800".

21-06-2008. "Fiesta PP congreso... 20.350".

"Catering fiesta... 51.681".

Además, existe otro apunte del 11 de julio de 2008 por 3.200 euros por un vídeo de una cena de Rajoy con militantes en Castellón.

La policía sostiene que esta relación de actos, supuestamente montados por Orange Market, la empresa de El Bigotes, para el Congreso Nacional del PP, reflejan unas fechas, conceptos e importes de los que "no se ha localizado ninguna factura emitida en esas fechas y por esos importes" que les permita deducir que "esas cantidades de dinero que aparecen en esos apuntes formen parte del circuito financiero legal".

Según fuentes del PP, El Bigotes no organizó el congreso, pero la dirección nacional sí le pidió a Camps que montara una fiesta tras la elección de Rajoy, a última hora de la tarde. Y como era costumbre, Camps decidió que se encargara a la empresa de su amigo. No consta que Génova opusiera ninguna resistencia. La fiesta consistió en un stand a la entrada del recinto de la Feria de Valencia donde Rajoy y Camps, ya anocheciendo, dieron unos discursos de agradecimiento a los compromisarios, y después hubo comida y bebida para todos, una manera de evitar que, como es habitual en los congresos, la gente se fugue después de votar.

Después de esa fiesta, Camps contrató unos fuegos artificiales para celebrar la victoria de Rajoy -contra nadie, porque no hubo candidato alternativo-, pero éstos no se le encargaron a la empresa de El Bigotes.

* La orden que no llegó

Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955

Lugar:
Santiago de Compostela


Francisco Correa
A FONDO






elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL DIRECTOR ACUSA A LOS MAYORISTAS DE QUERER ELUDIR PAGAR UN CANON

Irregularidades en el traspaso de puestos

Fernando Ruso

* El consejo de administración respalda la gestión del directivo del mercado

Europa Press | Sevilla

El director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, ha negado este martes ante el consejo de administración de esta empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, que indujese un falseamiento de cifras en la operación de compraventa de dos sextas partes de un puesto del mercado. De hecho, ha reclamado al comprador que "declare" las cuantías pagadas conforme a la negociación cuya grabación, en soporte digital, tachó nuevamente de "deleznable", sobre todo porque ha conducido a una "rotura de confianza" en el seno de la empresa.

En una grabación hecha pública por la Asociación de Mayoristas de Pescado, Maymó, supuestamente, proponía rebajar el precio de una operación de compraventa de dos sextas partes de un puesto del mercado de mayoristas para reducir el canon del 30 por ciento gravado por Mercasa para este tipo de traspasos.

La operación, según los mayoristas de pescado, se consumó por 50.000 euros, pese a que en el contrato figurase la cifra de 20.000 euros como precio definitivo y Mercasevilla cobrase un canon de sólo 6.000 euros según lo estipulado en la documentación, que según los mayoristas no reflejaría la realidad de la compraventa por designios del propio Maymó.

Respaldo del consejo
Jordi Maymó asegura que se siente "absolutamente" respaldado por el consejo de administración, ante el cual ha negado que hubiera "inducido" a las partes involucradas en la citada operación a falsear la "realidad" de la compraventa de dos sextas partes de este puesto. En concreto, la operación estaba protagonizada por un mayorista de pescado que posee una sexta parte de este puesto y, gracias a la transacción, se ha hecho con la mitad del puesto.

Según el director general de Mercasevilla, éste se limitó a "facilitar" el mencionado traspaso y que la "intención" de la directiva de Mercasevilla es "unificar" los puestos para propiciar la prosperidad del comercio en este mercado de mayoristas.

En ese sentido, se escudó en que como responsable de la empresa se aseguró de "aplicar" el canon del 30 por ciento estipulado para este tipo de operaciones y, en ese sentido, aseguró que ha reclamado al comprador que "declare" cuánto dinero ha pagado por estas dos sextas partes del puesto, dado que este empresario asegura que la operación se consumó por 50.000 euros y no por los 20.000 euros que rezan en el contrato de compraventa.

Al respecto, recordó que durante la negociación, el propio comprador había supeditado su participación en la operación a que el precio de las dos sextas partes del puesto se fijase en 20.000 euros. "Dijo que sólo compraría si lo hacía por 20.000 euros", dado que afrontar la compra por 50.000 euros implicaba un canon de 15.000 euros.

El canon
Maymó explicó que este canon "siempre se ha pagado" en este tipo de operaciones y que desconoce si el anterior director general, Fernando Mellet, omitía la imposición del canon a la hora de tramitar operaciones entre los propios mayoristas del mercado.

La federación de empresarios de Mercasevilla y el propio protagonista de la compraventa, por otro lado, alegan que desde 2004 existía un acuerdo "tácito" entre los agentes de Mercasevilla, gracias al cual dicho canon era ignorado cuando la operación se realizaba entre mayoristas del mercado.

Es por eso que consideró que entre los empresarios existe un "cierto interés" en convencerle de la realización de prácticas como esta, pero aseguró que desde la directiva de Mercasevilla "nunca" se ha inducido a falsear la realidad de las operaciones y sólo se ha intentado "llegar a acuerdos en los traspasos" de los puestos de venta.

Grabación 'deleznable'
En cuanto a sus manifestaciones públicas en las que tachaba de "mafia" a la Asociación de Mayoristas de Pescado, se disculpó por sus descalificaciones asegurando que ha atacado "a las prácticas, no a las personas", pues insistió a la hora de tachar de "deleznable" e "inaceptable" la grabación de la negociación sin su consentimiento, un caso que ha supuesto una "rotura de confianza" entre la directiva y los mayoristas. No obstante, dijo estar dispuesto a "suturar" las heridas ocasionadas por este asunto.

Finalmente, Jordi Maymó alegó que su cargo "siempre" está a disposición de la Presidencia de Mercasevilla, que ostenta por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), pero enfatizó su interés por trabajar por el "futuro" de Mercasevilla transformando, eso sí, "sus sistemas de gestión".

Una concentración, disuelta

La federación de empresarios de Mercasevilla, de su lado, ha celebrado una concentración "silenciosa" a las puertas de la sede administrativa de la empresa, sacudida por un intento de cobro de comisiones ilegales y supuestas irregularidades en la enajenación de los suelos de su antiguo mercado central. La concentración, no obstante, ha sido disuelta por efectivos de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional.

El colectivo de empresarios, de cualquier forma, ha emitido un comunicado en el que cree que el perfil de Maymó no es "idóneo" ni alcanza la "cualificación profesional" necesaria para gestionar Mercasevilla, toda vez que Maymó desembarca en la empresa tras haber gestionado el mercado central de mayoristas de Barcelona. Según la federación de empresarios, que lamentó la actuación policial, la gestión de Maymó está marcada por "confrontación dialéctica, la manipulación, los malos modos, la falta de respeto y el insulto".

De tal manera, el colectivo de empresarios, que defiende que desde 2004 se omitía el mencionado canon cuando la operación se realizaba entre mayoristas del mercado, mostró su "preocupación" ante un escenario en el que Maymó fuera "ratificado" por el consejo de administración, porque con ello "lo único que conseguiría es continuar con el bloqueo existente".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA AUDITORÍA EXTERNA REVELA POSIBLES DELITOS SOCIETARIOS, SEGÚN EL PP

Irregularidades en el mercado de mayoristas

* Los auditores han detectado "una manipulación" para ocultar "un gran défict"
* El concejal 'popular' Beltrán Pérez dice que las cuentas son "una ficción"
* El PP critica la ausencia de Monteseirín en el consejo de administración

Europa Press | Sevilla

La auditoría externa que la consultora 'Deloitte' realiza sobre las cuentas generales de Mercasevilla, cuyo contenido íntegro se conocerá en unas semanas, revela ya algunos aspectos que, según el PP, podrían ser constitutivos de delito societario debido a la "manipulación" de la contabilidad de gastos e ingresos, "especialmente" en los ejercicios 2007 y 2008.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la sesión celebrada por el consejo de administración a cuenta de la actuación del director gerente, Jordi Maymó. Supuestamente, Maymó indujo al falseamiento de las cifras en una operación de compraventa de dos sextas partes de un puesto para reducir, en beneficio del comprador, el canon del 30 por ciento que grava este tipo de traspasos.

Beltrán Pérez lamentó especialmente que el presidente de Mercasevilla y alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), no acudiese a esta sesión extraordinaria del consejo de administración y, en lugar de "dar la cara", haya "preferido esconderse". "Quienes sí han estado han sido los antidisturbios", lamentó nuevamente el edil 'popular' en cuanto a la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, que ha disuelto la concentración celebrada por la federación de empresarios de Mercasevilla a las puertas de la sede institucional de la empresa.

Maymó, equivocado
Para Beltrán Pérez, Jordi Maymó "se ha equivocado", pero destacó que a lo largo de la sesión, "nadie del consejo de administración" ha reclamado su cese o dimisión, por lo que acotó al "ámbito personal" las responsabilidades de Maymó por lo que a este caso se refiere, porque la mencionada negociación fue grabada sin su consentimiento por la Asociación de Mayoristas de Pescado para luego ser difundida a través de los medios de comunicación.

Así, consideró que si bien Maymó "por una parte, hace valer la norma" al asegurar el cobro del canon en la mencionada operación de compraventa, de la grabación "se deduce que sus consejos no se ajustan" a su condición de gestor de Mercasevilla, dado que la rebaja del precio de la operación conforma una merma en los ingresos de Mercasevilla en virtud del citado canon. De cualquier forma, Beltrán Pérez abogó por "corregir" determinadas "actitudes" para que la empresa recupere la "paz social", porque "se ha dado por hecho" que Maymó "continúa" como director gerente de la empresa.

Avance de la auditoría
Al margen del caso de Maymó, Beltrán Pérez explicó que durante el consejo de administración, el PP se ha interesado por el avance de la auditoría externa encargada a 'Deloitte', dado que Mercasevilla está sacudida por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales y presuntas irregularidades en el concurso público convocado para enajenar los suelos de su antiguo mercado central.

Sobre la auditoría, Maymó habría respondido que aún faltan "dos o tres semanas" para su finalización, pero ante el consejo de administración, como relató Beltrán Pérez, ha esbozado "determinadas cuestiones" relativas a la gestión de Mellet y Ponce que, según el PP, podrían ser constitutivas de un supuesto delito societario. En concreto, según Pérez, la auditoría ha puesto ya de relieve una "manipulación" de las cuentas de los tres últimos ejercicios, "especialmente" en lo que respecta a los años 2007 y 2008.

En tales ejercicios, la contabilidad de Mercasevilla se convierte en "una ficción, un cuento de chinos" porque los ingresos y los gastos son manipulados para "ocultar un gran déficit". Es por ello que el PP ha reclamado su inclusión en la comisión auditora e "información" en cuanto a los plazos del trabajo que desempeña 'Deloitte', porque "no queremos que prescriba ningún delito". Así, Pérez resumió el avance de la auditoría asegurando que las cuentas de Mercasevilla, cuya Fundación Sociasistencial está sometida a un proceso de disolución, fueron "falseadas".

elmundo.es

CASO BAENA; EL GOBIERNO AVALA LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL POR LAS FACTURAS FALSAS

El alcalde y senador Luis Moreno la calificó de 'golpe de Estado'

* El Ayuntamiento de Baena pagó servicios en un burdel con facturas falsas
* El Ejecutivo justifica que el alcalde no se debe al Código de Buen Gobierno


Manuel María Becerro | Sevilla

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha avalado la investigación llevada a cabo en 2007 por agentes de la Guardia Civil sobre la presunta red de facturas falsas en el Ayuntamiento cordobés de Baena, que habría servido a personal de confianza del alcalde (el senador del PSOE Luis Moreno Castro) para financiar visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace.

En una respuesta de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios (dependiente del Ministerio de Presidencia) a una serie de preguntas escritas efectuadas el pasado mes de marzo por el diputado nacional del PP por Córdoba Rafael Merino, se afirma que "las investigaciones de la Guardia Civil relacionadas con el 'caso Baena' fueron siempre conocidas por la Comandancia de Córdoba".

"En todo momento", agrega el Ejecutivo en su respuesta, "la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba entendió que las personas que habían llevado a cabo las citadas investigaciones estaban suficientemente facultadas para ello". Sólo se añade que uno de los agentes "estaba en comisión de servicio que posteriormente no se prorrogó", una decisión que se califica de "normal y correcta".

La tesis del 'golpe de Estado'
Conviene recordar que el alcalde baenense, Luis Moreno, ofreció una rueda de prensa el pasado 23 de febrero dutante la cual criticó duramente la labor desarrollada por los agentes de la Guardia Civil. "Esto parece un golpe de Estado", llegó a afirmar el senador del PSOE, quien aseguró haber sido víctima de una "trama política" orquestada desde IU "con la colaboración necesaria de la Guardia Civil", aunque luego Moreno ha matizado sus críticas.

Por contra, el Gobierno defiende la capacidad de los agentes encargados de la investigación y lo avala con la tutela de la Comandancia de Córdoba. No obstante, el Ejecutivo central evita hacer sangre con el alcalde de Baena, destacando que "no existen indicios ni evidencias suficientes respecto a su posible autoría en el caso de presuntas facturas falsas".

El diputado popular Rafael Merino preguntó también al Ministerio de Administraciones Públicas si, ante la presunta trama corrupta, se podía concluir que el Ayuntamiento de Baena había incumplido el Código de Buen Gobierno aprobado por Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura. Ahí La Moncloa directamente se encoge de hombros, alegando que "el Código sólo es aplicable a los miembros del Gobierno y a los Altos Cargos de la Administración General del Estado".

El Gobierno, por último, también se desentiende del chivatazo al Ayuntamiento de Baena, que obligó a suspender las escuchas ordenadas por el juzgado. Según Presidencia, "nunca se han producido filtraciones de este tipo" ni desde la Subdelegación del Gobierno de Córdoba ni desde la Comandancia de la Guardia Civil. "Al menos en estos últimos cinco años", agrega. "Y mucho menos relacionadas con casos delicados", concluye.

Éste es el primer pronunciamiento del Gobierno en defensa de la labor desarrollada por la Guardia Civil en Baena. Hay que recordar que el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, evitó pronunciarse al respecto cuando estalló en los medios de comunicación el escándalo de las presuntas facturas falsas, que se llegaron a justificar en donativos religiosos relacionados con la Semana Santa baenense.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; NADAL COMPRÓ SEIS PISOS A PRECIO DE GANGA EN PALMA SIENDO "NÚMERO DOS" DEL CONSELL

* Pagó por ellos ante notario 402.000 euros en mayo de 2006
* El mismo día el banco tasó la mitad de las propiedades en 612.191 euros

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Miquel Nadal adquirió a bajo precio siendo el vicepresidente del Consell de Mallorca al menos otros seis inmuebles. Los compró a la promotora Inversión y Comercio de Mallorca, S.L., desembolsando por ellos el 8 de mayo de 2006 un precio global de 402.000 euros. La operación la articuló a través de su empresa Consultair, S.L., registrada recientemente por la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en el marco de la denominada Operación Maquillaje, puesta en marcha por uno de los dos jueces que instruye el caso Son Oms al advertir indicios de delito en sus operaciones.

Entre estos nuevos inmuebles se encuentran, tal y como ha podido acreditar EL MUNDO/El Día de Baleares, al menos tres apartamentos situados en el número 38 de la calle Teniente Oyaga de Palma valorados a efectos de subasta por el banco el mismo día en que los compró Nadal en una cifra notablemente superior a la desembolsada oficialmente por el líder de Unió Mallorquina (UM).

Las referidas tres viviendas constan de "recibidor, distribuidor, dos dormitorios, cocina, sala-comedor y un baño" y disponen de una superficie de poco más de 65 metros cuadrados, tal y como ha acreditado a este periódico el Registro de la Propiedad número 7 de Palma. Y es que a día de hoy de aquella operación que englobaba media docena de propiedades sólo constan oficialmente a nombre de Consultair, S.L., –sociedad que comparte Nadal con su esposa María José Sard– estos tres pisos. De manera paralela a que se materializara la operación por parte del actual conseller de Turismo del Govern balear, La Caixa los tasó para conceder una hipoteca a la sociedad Consultair, S.L. El resultado arrojó una cifra exacta de 612.191 euros sólo por tres de los seis inmuebles por los que el líder uemita acababa de desembolsar un total de 402.000 euros que, según precisó el notario en la escritura pública, la promotora Inversión y Comercio de Mallorca, S.L., "confesó haberlos recibido".

Además
* Editorial:Un sexto sentido para los negocios
* Opinión: La corrupción no es casual

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; LA FISCALÍA DETECTÓ EN 2007 "ESPECULACIÓN" EN LLAVANERES Y NO ACTUÓ

Investigaciones más allá de 'Pretoria 2'

X. Siccardi | G. González | Barcelona

Algunas de las irregularidades urbanísticas que investiga ahora el juez Baltasar Garzón ya fueron detectadas por la Fiscalía de Cataluña en 2007, pero ante la ausencia de información concluyente por parte de los denunciantes -la Plataforma SOS Llavaneres-, decidió archivar dos de los casos. Se trataba de los proyectos urbanísticos del parque y viviendas en la zona de Can Rivière, y el edificio antiguo conocido como La Bodega cuyas reformas, a juicio de SOS Llavaneres, eran agresivas con el medio ambiente y sospechosas de esconder sendos pelotazos.

La Plataforma acudió a la Fiscalía el 17 de abril de 2007 para denunciar ambos proyectos, y la respuesta llegó a finales de noviembre del mismo año. En ella, la Fiscalía argumentaba que aunque se habían detectado "movimientos especulativos en la transmisión de fincas" en ambos proyectos, "no se desprende ninguna información de que pudiera concluirse con rigor que los propietarios de las fincas tenían relación con los responsables municipales con la finalidad de obtener un beneficio económico", por lo que no se apreciaba ningún hecho constitutivo de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Aquel año, el fiscal pidió a los denunciantes que aportaran más información sobre el caso para seguir investigando, cosa que no pudieron hacer. "Nosostros no somos Hacienda ni podemos pinchar teléfono"», explicó el presidente de la Plataforma y concejal de Llavaneres, Josep Ruiz, denunciante del caso.

Además
* PSC y CiU sueltan lastre y expulsan a los imputados
* Mas admite que medió entre Prenafeta y una concejal
* El presunto enlace de Badalona deja sus cargos económicos
* 12 millones para los conseguidores
* Proinosa logró más de 100 pisos 'a dedo' | Lea el auto (PDF)

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; SOS LLAVANERES ENTREGA A LA FISCALÍA NUEVA DOCUMENTACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

La denuncia de las organizaciones locales

El concejal de SOS Llavaneres presenta los documentos.Santi Cogolludo

* Se trata de una demanda que presentaron en 2007 y que había sido archivada
* Implica a una empresa que comparte apoderados con otras firmas del caso
* En su momento la Fiscalía no pudo seguir los 'hilos' de estas compañías

Europa Press | Barcelona

SOS Llavaneres ha presentado nuevas pruebas a la Fiscalía sobre una denuncia de corrupción urbanística que el grupo interpuso en 2007 y que ya había sido archivada. Según la entidad algunas de las empresas implicadas pueden relacionarse ahora con el caso 'Pretoria'.

El grupo denuncia que una empresa local compró una casa modernista por un millón de euros, sobre la que hizo una hipoteca, antes de revenderla a otra empresa, Cortijosa, por tres millones. Ésta última, que comparte los mismos apoderados que empresas del caso 'Pretoria', firmó un convenio con el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres para cambiar la casa por 6.000 metros cuadrados de terreno urbanizable, valorados, según SOS Llavaneres, en 12 millones de euros.

Además, el Ayuntamiento no tenía los terrenos, por lo que era necesario disponer de 60.000 metros cuadrados para poder quedarse con el 10%. En estos momentos el pacto estaba parado, mientras Cortijosa y el Ayuntamiento renegociaban los términos exactos del acuerdo.

Josep Ruiz, regidor de SOS Llavaneres, ha destacado que el Ayuntamiento realizó "un mal negocio", ya que podría haber comprado la casa por un millón de euros, sin la necesidad de cambiarlos por 6.000 metros cuadrados valorados en 12 millones. En su momento la Fiscalía no pudo seguir los "hilos" de las empresas que intervinieron en las compraventas.

Además
* Santa Coloma estudia personarse como acusación
* La Fiscalía detectó en 2007 'especulación' en Llavaneres
* Lea el auto de Garzón | Los imputados, expulsados

elmundo.es

DIMITE EL EDIL DE URBANISMO DE SAN CIBRAO TRAS PEDIR LA OPOSICIÓN DATOS DE SUS EMPRESAS

C. HUETE - Ourense

El teniente de alcalde y principal peso político del PP en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas (sede del polígono industrial y del Parque Tecnológico de Galicia), José Méndez Grande, presentó ayer la dimisión como concejal. Méndez, que posee empresas inmobiliarias, de instalaciones eléctricas y una estación de servicio, y que está vinculado a través de sus socios a las promotoras que operan en el polígono industrial, ha asumido hasta la fecha todas las competencias urbanísticas y de polígonos industriales del municipio que preside la veterana Elisa Nogueira.

El PSOE ha denunciado la existencia de una "trama empresarial" en San Cibrao das Viñas y ha responsabilizado a la alcaldesa y al concejal dimisionario de favorecer a promotores vinculados al PP mediante adjudicaciones "de dudosa legalidad" en perjuicio del interés general. Ayer, apenas un mes después de que el PSOE le reclamara en sesión plenaria que hiciera públicos los proyectos de más de 3.000 euros que realicen en el municipio las constructoras de las que es propietario o socio, Méndez presentó la dimisión. "Tengo 58 años y quiero dedicar más tiempo a mi familia y a mi empresa", justificó.

El concejal dimisionario atribuyó también la renuncia a cuestiones de salud ya que le diagnosticaron recientemente una hernia discal. "Tengo que hacer rehabilitación", señaló a este diario. Sin embargo, reconoció que la dimisión está relacionada igualmente con la presión política a la que ha estado sometido, con constantes denuncias de la oposición sobre la colisión de sus intereses públicos y privados. "Tengo que reconocer que todo ayuda", dijo en alusión a la presión política, aunque les restó importancia. "El PSOE no ha recurrido judicialmente porque no puede; todo es legal", afirma.

Méndez Grande sostiene que la renuncia a su escaño ha sido aceptada a regañadientes tanto por la alcaldesa como por el presidente provincial del PP, José Luis Baltar. Explica que ambos, "especialmente la alcaldesa", tenían "una ayuda grande" en él: "Pero al final entendieron que me debo a mi familia".

El portavoz del grupo socialista, Eladio Fernández, está convencido de que el motivo real de la renuncia del "verdadero alcalde en la sombra" no es otro que la imposibilidad de hacer frente ya públicamente a la "evidencia" de que "utiliza para sus empresas privadas la información privilegiada que tiene como responsable de Urbanismo".

Cuando en el pleno de septiembre el PSOE le reclamó la documentación sobre su gestión empresarial, la alcaldesa se negó a ofrecerla. "Siempre están con lo mismo. ¿Cómo va a pedir un concejal a otro información sobre su gestión?", se extrañó la regidora, que tildó la iniciativa de "fuera de todo reglamento" y la rechazó.

elpaís.com

EL EX ALCALDE RENÉ BARRAL SERÁ JUZGADO POR CONTRABANDO

Entre los imputados en la causa figuran guardias civiles y aduaneros

ELISA LOIS - Vilagarcía

Es la causa más antigua que se instruye en los juzgados de Vilagarcía, después de ocho años de diligencias previas. Pero la Fiscalía de Pontevedra tiene previsto cerrar, sin más dilaciones, el proceso por contrabando de tabaco que costó el cese al entonces alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, Nené, tras ser detenido junto a otras 17 personas.

La investigación se dilató ocho años por las evasivas de países como Suiza

Aunque la evasión fiscal se ha traducido en un escollo prácticamente insalvable para la investigación, ante los obstáculos que algunos países como Suiza han venido planteando para identificar algunas cuentas bancarias, la Fiscalía no tiene dudas de que Barral Martínez dirigía una organización sólida y muy sofisticada de contrabando de tabaco.

Las autoridades helvéticas han puesto trabas en el caso Barral y cada comisión rogatoria se ha contestado con evasivas o requiriendo nuevos datos que han dilatado hasta hoy el proceso. Y todo ello a pesar de los acuerdos firmados para facilitar a los países comunitarios la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Tampoco se han obtenido resultados en Holanda, donde se abrió una investigación paralela que fue archivada al fallecer el principal imputado y, a su vez, presunto socio de Barral en España.

Nené contaba con una potente infraestructura para introducir la mercancía ilegal. Una de las vías eran los contenedores, otras entregas se realizaban con barcos como el North Sea, que utilizaban los puertos de Cork (Irlanda) y de Rotterdam (Holanda), y también se empleaba una flota de camiones para el transporte terrestre.

La investigación, con más de 48 tomos de instrucción, permitió reconstruir el itinerario de los cargamentos de cajetillas que procedían de Estados Unidos, luego se embarcaban en el sultanato de Omán, donde se simulaba que su origen estaba en el país africano de Senegal, y después llegaban a la Península para ser enviados a Gran Bretaña. El veterano ex alcalde, al igual que su hermano Feliciano Barral, se sentará en el banquillo con una acusación de delito continuado y una condena que podría superar los cuatro años de prisión, además de las indemnizaciones al Estado que se estipulen, teniendo en cuenta que el alijo intervenido estaba valorado en 1,5 millones de euros.

Los abogados defensores de algunos imputados acaban de solicitar el archivo de la causa que será rechazado por la Fiscalía. Se trata de uno de los máximos responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Antonio Núñez Saavedra, y de otro aduanero, José Manuel Irijoa, a quienes se acusa de facilitar información sobre las posiciones de barcos y helicópteros de Aduanas.

Al igual que los guardias civiles implicados, los aduaneros se enfrentan a un presunto delito de revelación de secretos que llevaría aparejada la inhabilitación. Tanto Núñez como Irijoa fueron detenidos seis meses después por idénticos delitos, implicados en el alijo de hachís del pesquero Chad Band, pero finalmente resultaron absueltos.

Sin embargo, la fiscalía tiene previsto recuperar esta causa porque, con unos meses de diferencia respecto a la de Barral Martínez, guardan muchas similitudes en cuanto a las formas de operar de las organizaciones, con la cobertura de agentes aduaneros.

El que había sido influyente alcalde desde finales de los años 70 y está considerado uno de los históricos en el contrabando de tabaco siempre ha negado su implicación en estas actividades. Después de su arresto había declarado que era un simple intermediario en la operación. "Comerciar con tabaco no es ilegal y esta mercancía fue requisada en un puerto franco", alegó Barral, que tras su dimisión en el PP fundó su propio partido, Independientes por Ribadumia, que pasó a la oposición desde entonces.

A raíz del abordaje del buque North Sea, en Vilagarcía, dos años antes de su detención, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había ordenado el registro de su chalé de Ribadumia sin encontrar ninguna pista que le implicase en el contrabando. También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) siguió de cerca las investigaciones abiertas contra Barral y podría actuar todavía contra él, dependiendo de los resultados de este proceso.

elpaís.com

LA JUEZA IRRUMPE EN LA DIPUTACIÓN DE LUGO TRAS LA PISTA DE CASTRO DE REI

Queda en libertad sin cargos la vicepresidenta del organismo provincial

ARCADIO SILVOSA - Lugo

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, volvió ayer a la carga en el caso que ha abierto por supuestas corruptelas en administraciones locales de la provincia. Una semana después de coordinar la espectacular actuación policial de Castro de Rei, ayer le tocó el turno a la Diputación de Lugo. La instructora trasladó hasta el juzgado, tras pasar previamente por la comisaría de policía, a la vicepresidenta segunda de esta institución, la socialista Lara Méndez, y a dos funcionarios, para colaborar en las diligencias abiertas por la magistrada que indaga sobre un supuesto caso de adjudicación irregular de obras. Al final todos acabaron en libertad, sin cargos y sin fianza, y con la única obligación de comparecer ante la jueza en las diligencias que se practiquen.

La dirigente socialista declaró sobre el contrato de un peón-conserje

La operación parte de las escuchas practicadas en Castro de Rei

Antes, la titular del juzgado, acompañada por agentes de la policía judicial, participó en un registro en el complejo de Santa María, una subsede que alberga varias dependencias de la Diputación Provincial. Allí se encuentra el Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), que depende de la Diputación y cuya responsabilidad política recae sobre la propia Lara Méndez, además de los departamentos de Vías y Obras y Ganadería.

La operación en la institución provincial parte de las mismas escuchas telefónicas efectuadas al alcalde del municipio de Castro de Rei, el también socialista y diputado provincial, Juan José Díaz Valiño, y que motivaron la actuación judicial en este ayuntamiento. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que la actuación de ayer es parte de las mismas diligencias ordenadas por la juez San José.

Hace una semana fueron detenidos el alcalde y tres concejales del equipo de gobierno de Castro de Rei para responder por un presunto caso de tráfico de influencias en la adjudicación de obras. También en este caso el regidor y los ediles quedaron en libertad y sin fianza, a la espera de que se pronuncie el ministerio fiscal.

Uno de los funcionarios detenido ayer, que está de baja, declaró por la mañana. Por la tarde fueron trasladadas en un furgón policial hasta el juzgado una técnico de empleo local y la propia vicepresidenta segunda de la Diputación, Lara Méndez, quien apenas estuvo durante 15 minutos ante la jueza. El interrogatorio tuvo como objeto la contratación de un peón-conserje de obras en la Diputación de Lugo.

Tanto la vicepresidenta como la funcionaria permanecieron aisladas en la comisaría de policía desde las 10.00 horas, hasta que concluyó el registro, momento en el que la jueza les pidió que la acompañaran, si bien matizó que no lo hacían en calidad de detenidas, sino para aclarar aspectos sobre la documentación intervenida.

Cuando la policía accedió al complejo de Santa María, sobre las 14.00 horas, ordenó al centenar de funcionarios que trabajan en estas dependencias que no salieran hasta que hubiera concluido su jornada laboral y que luego podrían hacerlo dejando los ordenadores encendidos.

Desde ese momento y hasta minutos antes de las 18.00 horas, la jueza se incautó de tres cajas de documentación vinculadas a proyectos de conservación de carreteras que parten de 2006, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y alcanzan el ejercicio de 2008, cuando el actual bipartito gobernaba ya la institución. Fuentes próximas al juzgado aseguran que la documentación alude a la práctica totalidad de ayuntamientos de la costa y la comarca centro de la provincia.Además, la jueza también se llevó un listado completo de todos los capataces provinciales.

elpaís.com

"OPERACIÓN PRETORIA"; CARBÓ, IMPLICADO EN LA TRAMA, DIMITE DE SU CARGO EN VALLS

El arquitecto cobró 244.000 euros de Luigi tras un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres

LLUÍS PELLICER - Barcelona

El jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, Ginés Carbó, ha dimitido hoy de su cargo actual de coordinador técnico de Planificación del Ayuntamiento de Valls por estar implicado en el caso Pretoria. Carbó, que coordinó el Plan Territorial de Barcelona, aparece mencionado en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haberse embolsado un pago de 244.011 euros tras un pelotazo que dio en Sant Andreu de Llavaneres el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez Luigi.

Carbó ha alegado a los responsables municipales de Valls que deja su cargo para no perjudicar al consistorio. El alcalde, Albert Batet (CiU) ha declarado a Efe sentirse "consternado" por los hechos. "Después de conocer su presunta implicación en el caso Pretoria hemos perdido cualquier confianza en él", ha asegurado. El arquitecto había sido regidor de CiU en el Ayuntamiento de Mataró (Maresme) y actualmente milita en la federación nacionalista. También fue jefe del área de Planeamiento Urbanístico de Arenys de Mar.

Noticia relacionada:
* Un alto cargo de Jordi Pujol pagó 2,5 millones a Luigi tras un pelotazo
* Montcada indaga
* Esto no es un empate

elpaís.com

"OPERACIÓN PRETORIA"; UN ALTO CARGO DE PUJOL PAGÓ 2,5 MILLONES A LUIGI TRAS UN PELOTAZO

El PSC suspende de militancia a cuatro implicados en el 'caso Pretoria'

LL. PELLICER / M. NOGUER - Barcelona

La maraña de sociedades que intervienen en la trama corrupta del caso Pretoria, investigado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, empieza a esclarecerse. El director de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 y ex diputado de Convergència Democràtica (CDC), Lluís Renau, pagó 2,5 millones de euros a empresas del presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, tras un pelotazo urbanístico en Badalona en el año 2003.

Alavedra usó una empresa presidida por Rafael Español para sus cobros

La adjudicación irregular de un solar de Badalona en primera línea de playa se saldó, según el auto del juez, con el reparto de tres comisiones. La sociedad Badalona Building Waterfront, que acabó en manos del presidente de Espais, Lluís Casamitjana, abonó 2,5 millones a Kundry Blau Inversions, cuyos administradores eran Renau y José Schroeder, que estaba en otras sociedades de la trama. Esta sociedad, a su vez, repartió esta cantidad a varias empresas a Luigi.

La segunda comisión que se dio por esa operación, de 1,04 millones, la cobró Luigi, aunque del auto se desprende que Renau luego recibió 120.000 euros por sus gestiones. La tercera, de 1,46 millones, se la repartieron Luigi y los ex altos cargos convergentes y también imputados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Renau y Luigi ya habían sido socios en dos empresas entre 1996 y 1998.

El auto de Garzón, además, menciona otra sociedad del entorno de CDC. Según el juez, Alavedra movió 1,2 millones a través de Promogrup Deu, presidida por Rafael Español, ex presidente del grupo La Seda y muy cercano a Pujol. Alavedra fue consejero de esta empresa hasta el 30 de enero de 2009 y se quedó cerca de la mitad del dinero que captó a raíz de su presunta participación en la trama. En esta sociedad patrimonialista, además, participan los empresarios Albert Costafreda (Panrico), José Espona (Gallo) y el directivo del Espanyol José Suñer.

A medida que avanza la investigación se le complican las cosas al PSC. La dirección del partido suspendió ayer de militancia al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien, ayer, desde la cárcel, renunció al cargo de alcalde, al acta de edil, al puesto de vicepresidente de la Diputación y a los cagos en el PSC; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales Pascual Vela. Antoni Jiménez, ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), también fue suspendido de militancia "a petición propia" según el PCS.Fuentes de la dirección del partido aseguraron que Jiménez deja temporalmente el partido no por aparecer en el sumario de Garzón por su "estrecha relación" con Luis García, sino por su imputación en otro caso que lleva el juzgado de Mataró (Maresme). En su etapa como concejal, Jiménez habría favorecido una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que benefició a Proinosa, una de las empresas de los imputados por Garzón.

La ejecutiva del PSC que acordó las suspensiones de militancia se celebró ayer con un espeso silencio como protagonista. Hubo pocas intervenciones y todos los dirigentes dieron por buenos los argumentos del líder, José Montilla, quien defendió las drásticas medidas con el argumento de que la cirugía de guerra es el único remedio posible para salvaguardar la credibilidad del partido. Montilla también pidió tranquilidad y prudencia a los cargos municipales en un momento en que los nervios por la actuación judicial se han instalado en muchos ayuntamientos.

Una de las pocas intervenciones fue la del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Éste defendió al gerente del Incasòl, Emili Mas, del que Garzón asegura que participó con cuatro de los imputados en conversaciones centradas en la falsificación de facturas. Nadal dijo creer en la inocencia de Mas, aunque aseguró que el departamento revisará todas las actuaciones del Incasòl en Santa Coloma.

A los socialistas, sin embargo, se les presentó ayer un nuevo problema en este ayuntamiento. El director de Servicios Municipales, Pascual Vela, hasta ayer militante del PSC y en libertad bajo fianza desde el pasado viernes, se presentó ayer a su puesto de trabajo sin que nadie le impidiera ejercer sus funciones, informa Fermín Robles. Vela, imputado por delitos de fraude y encubrimiento, sigue, pues, en el ayuntamiento y con acceso a todo tipo de documentos mientras que el alcalde, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, están encarcelados, entre otros motivos, para evitar que destruyan pruebas.

Albert Gadea, jefe de alcaldía, justificó ayer la presencia de Vela en el ayuntamiento. Gadea señaló que Vela, quien gestiona los servicios municipales en Santa Coloma, es un funcionario con categoría de "alto directivo, no un cargo de confianza", y que las circunstancias actuales no implican su despido. "Está en libertad bajo fianza, no sólo tiene derecho a venir a trabajar, sino que tiene que venir". La dirección del PSC no concretó si ha dado algún tipo de orden a sus representantes locales en Santa Coloma para apartar a Vela.

Por otra parte, el comité ejecutivo de CDC acordó ayer suspender temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Artur Mas afirmó que la decisión fue unánime. "Ha sido una decisión dolorosa pero necesaria. Yo mismo tengo con ellos relación de afecto y amistad. Ni reniego ni me escondo", señaló.

Noticias relacionadas:
* Montcada indaga
* Las defensas de los encarcelados recurren el auto de Garzón
* Esto no es un empate

elpaís.com

"CASO GORDILLO"; UN VÍDEO SEXUAL PROVOCA EL RELEVO EN LA CÚPULA DEL PP DE CEUTA

Juan Vivas sustituye a Pedro Gordillo como presidente del partido que gobierna la ciudad

I. CEMBRERO / J. D. QUESADA - Madrid / Ceuta

La crisis desatada en Ceuta por el vídeo con contenido sexual en el que aparecía Pedro Gordillo, de 68 años, hasta el viernes presidente del Partido Popular en la ciudad, quedó zanjada hoy con la elección, por unanimidad, por la ejecutiva regional, de su sustituto, Juan Vivas, de 55 años.

Una joven mujer musulmana ceutí filmó a Gordillo en su despacho del Ayuntamiento

Gordillo fue sacerdote hasta que dejó el hábito para hacer política con el PP

Vivas era ya, desde hace ocho años, presidente de la ciudad autónoma y su número dos en el ayuntamiento era Pedro Gordillo que el viernes dimitió de todos sus cargos. Ceuta deja de ser así la única autonomía bicéfala en manos del PP en la que la presidencia del partido y de la ciudad está en manos de distintas personas. La vicepresidencia que desempeñaba Gordillo desaparece y sus competencias han sido distribuidas entre varias consejerías.

Al relevo en la presidencia popular no asistió Gordillo que desde el viernes está en paradero desconocido, probablemente en la costa andaluza, junto con su mujer y sus dos hijos. La carrera política del que era hasta la semana pasada el "hombre fuerte" de Ceuta quedó truncada el viernes más de tres lustros después de que él mismo pusiera fin a otra carrera, la sacerdotal.

La puesta en circulación de un video, rodado en el despacho de Gordillo por una ceutí musulmana vinculada al PP, con contenido sexual forzó su dimisión ese día. Reunido hasta primera hora de la madrugada del sábado, el Gobierno de la ciudad emitió un comunicado en el que anunció la renuncia de Gordillo "por razones de índole personal".

Las razones personales difícilmente pueden justificar una reunión nocturna y de urgencia y a las pocas horas en líder local del PSOE, José Antonio Carracao, acusaba al Gobierno ceutí de "ocultar la realidad" y desvelaba públicamente que detrás de esa dimisión estaba el famoso vídeo con "comportamientos de índole sexual"

La mujer musulmana de unos 30 años que lo rodó en el despacho de Gordillo, y que ahora también se ha ido de la ciudad para pasar unos días en una casa familiar en Cabo Negro (Marruecos), no actuó, probablemente, motu propio. El presidente del PP tenía muchos enemigos y para constatarlo bastaba con acudir, el viernes por la noche, a un bar cercano a la plaza de los Reyes dónde algunos celebraban su marcha.

Las insinuaciones de algún medio madrileño sobre quién podría haber alentado a la autora de la filmación incitaron al Gobierno de la ciudad a "desmentir categóricamente" haber "encargado ningún vídeo sobre práctica alguna del vicepresidente [de Ceuta] o de cualquier otro miembro del Gobierno". La UDCE, el partido de oposición mayoritariamente musulmán, pidió que la Asamblea de Ceuta cree una comisión de investigación y que la fiscalía indague sobre las circunstancia de la salida de Gordillo.

Vivas, el presidente de la ciudad, no descartó crear esa comisión, pero descartó que el ayuntamiento ponga una denuncia. "Si tuviera conocimiento de una conducta irregular se habría actuado en consecuencia", afirmó hoy, martes, en su primera comparecencia pública, cuatro días después de la dimisión de Gordillo.

Natural de San Fernando (Cádiz) Gordillo llegó a Ceuta hace más de 40 años para hacerse cargo de la parroquia de Los Remedios, pero a principios de los noventa colgó el hábito porque se había enamorado de una mujer. Contrajo matrimonio y se lanzó a la política. Intentó primero afiliarse al PSOE, pero no obtuvo los avales suficientes, y apostó entonces por el PP.

Elegido concejal fue uno de los más activos adversarios del desaparecido partido GIL que entonces gobernaba la ciudad. Hace exactamente diez años se hizo con el control del PP, al ser elegido presidente, un cargo para el que fue reelegido, por cuarta vez, en 2008 con el 98,2% de los sufragios. Ante tan buen resultado se le saltaron las lágrimas en público. Desde ese puesto ayudó, en 2001, a aupar a Vivas a la presidencia de Ceuta. Fue también senador durante la legislatura 2004-2006.

Gordillo manejaba los hilos de la política y, en buena medida, de la contratación municipal en Ceuta. Algunos comentaristas locales escribieron que su poder superaba al de Vivas. Con sus subordinados en el Ayuntamiento y en el PP tenía fama de déspota, pero de puertas para fuera era un hombre sonriente y afable. "Ya sabes, estamos aquí a tu disposición", se despedía por teléfono cuando hablaba con este corresponsal.

Apoyaba a fondo a la corriente musulmana ceutí que desea emanciparse de la tutela religiosa de Rabat. En su última declaración a este periódico llegó a reprochar a Marruecos querer "mangonear" el islam en Ceuta, un lenguaje contundente que los políticos ceutíes no se suelen atrever a emplear con el país vecino.

Noticias relacionadas:
* El PP respalda la dimisión en Ceuta del vicepresidente por un vídeo sexual
* El vicepresidente de Ceuta dimite tras aparecer en un vídeo sexual
* Guerra religiosa en Ceuta

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ IMPUTA SEIS DELITOS A UNA ABOGADA Y A UN ADMINISTRADOR

La trama de Correa

Efe | Madrid

El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos a la abogada María Torres y a Francisco Leal, miembro de los órganos de administración de Good & Better y Easy Concept, dos empresas de la trama intervenidas judicialmente.

Así lo han confirmado fuentes del TSJM, que han precisado que los delitos que se les imputa son los de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Torres es abogada del bufete De Miguel y Abogados Asociados S.L. y Leal fue contratado por Dowtown Consulting para encargarse de las bases de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la localidad de Boadilla del Monte.

Pedreira ha retomado las declaraciones de la parte de la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP que se investiga en el TSJM, que con los de hoy cuenta con 66 imputados -entre ellos la mujer del senador del PP Luis Barcenas, Rosalía Iglesias- después del parón motivado por el levantamiento de parte del secreto de sumario.

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; PROINOSA CONSIGUIÓ "A DEDO" MÁS DE 100 PISOS PROTEGIDOS

Una de las vecinas de Santa Coloma afectada por las expropiaciones. | Santi Cogolludo.

Jordi Ribalaygue | Santa Coloma

Además de las polémicas torres de Cúbics, Proinosa también ha obtenido una buena tajada en Santa Coloma de Gramanet con la construcción de vivienda pública. En los últimos años, la empresa municipal Gramepark ha impulsado expropiaciones para edificar bloques de protección oficial en los barrios de Fondo, Santa Rosa y Raval. En todos ellos, ha resultado beneficiada la promotora dirigida por Josep Singla, imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación 'Pretoria 2'. Mientras que en Fondo y en Santa Rosa fue la adjudicataria única, en el proyecto del frente fluvial del Raval -ahora se ejecuta la segunda fase- ganó el concurso junto a compañías con las que formó una unión temporal de empresas.

En el caso de las 82 viviendas levantadas en Fondo, el informe de la Sindicatura de Cuentas que no llegó a debatirse en el Parlament advierte de la falta de documentos en los que conste que la adjudicación fuera legal. En Raval, se autorizó cimentar 32 domicilios para los desalojados por la ampliación del metro. El inmueble se halla en la avenida del Banús, la misma en la que el juez Garzón investiga otra concesión irregular a Proinosa para hacerse con un garaje. Abogados que han analizado la documentación sugieren que, en los proyectos de Fondo y Santa Rosa, las obras se asignaron 'a dedo'. Además, la reforma del Raval se modificó sobre la marcha y se recalificaron terrenos para incrementar la edificabilidad, de tal modo que se pasó de prever menos de 200 viviendas a erigir 400.

El afán constructor del alcalde encarcelado, Bartomeu Muñoz, y ejecutado desde Gramepark por Manuel Dobarco, también en prisión, continuó hasta pocas semanas antes de que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento. Los trámites de una de las transformaciones de mayor envergadura que se recuerdan en Santa Coloma los puso en marcha el PSC el pasado 28 de septiembre. El plan, semejante a los tres de los que se benefició Singla, prevé construir 763 viviendas -un 72% de protección oficial-, cuatro aparcamientos, 11 equipamientos y 9.800 metros cuadrados de locales comerciales.

Además
* La Audiencia investigará la exhibición de los implicados
* El abogado del alcalde de Santa Coloma recurrirá
* Despertares en la Cataluña de verdad, Álex Sàlmon

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA!; DOCE MILLONES PARA LOS CONSEGUIDORES

El dinero desaparecido

* Luis García Pérez, Luigi, habría ingresado más de 8 millones de euros
* Las investigaciones detectan movimientos de Luigi con cuatro empresas

Dani Cordero | Barcelona

El trío de conseguidores de la trama Pretoria 2 podría haber ingresado más de doce millones de euros en conjunto por su implicación en las operaciones urbanísticas que investiga el juez Baltasar Garzón en Cataluña. El mayor beneficiado en las actuaciones fue Luis García Pérez, Luigi, auténtico eje de la trama, que habría ingresado más de ocho millones de euros. Junto a él figuran los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, con otros cuatro millones.

Luigi, sobre el que giraban todos los movimientos, y los hombres de confianza de Pujol compartieron en muchos casos emolumentos, que se desviaban desde diferentes sociedades. Las investigaciones han detectado movimientos de Luigi a través de cuatro empresas, mediante las cuales el ex diputado socialista ingresaba sus comisiones para, en ocasiones, desviar parte de ellas a las mercantiles utilizadas por Prenafeta o Alavedra, u otros implicados en la trama. En total, Luis García Pérez habría ganado un mínimo de 8,02 millones de euros en seis cobros diferentes.

La operación que más dinero le habría reportado sería el pago de Badalona Building Waterfort a una de sus sociedades, Kundry Blau Invest. En total, fueron 2,55 millones de euros a cambio de la rescisión de un contrato. La misma empresa, con intereses inmobiliarios en la zona donde el Ayuntamiento de Badalona preveía crear un gran canal, hizo llegar al Bigotes catalán otros 1,04 millones de euros, antes de que la compañía fuera absorbida por el grupo inmobiliario Espais.

Además
* 'Da pena que esto pase en un pueblo humilde'
* CiU suspenderá a sus ex altos cargos
* 45 millones menos para Sta. Coloma, Badalona y Llavaneres

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; EL PRESUNTO ENLACE DE LA TRAMA DEJA SUS CARGOS ECONÓMICOS

Investigan la venta de un solar

Europa Press | Badalona

El consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, entregó este lunes la carta de renuncia de sus atribuciones especiales al frente de esta sociedad mercantil tal y como le pidió el alcalde del municipio, Jordi Serra, el pasado sábado.

Ruiz seguirá en el cargo pero no tendrá atribuciones sobre operaciones económicas y patrimoniales en Marina Badalona, explicaron desde el ayuntamiento, que insistieron que con esta medida se ha querido respetar la presunción de inocencia de Ruiz --su nombre aparece en el auto, pero no está imputado-- pero también se vela por el bien de la sociedad.

El alcalde instó a Ruiz a tomar esta decisión después de que el juez Garzón citase expresamente a Ruiz y le vinculara en la 'Operación Badalona' que aparece en las diligencias previas de la 'Operación Pretoria'.

Serra ha enviado el escrito a los servicios jurídicos municipales para que se haga la tramitación que corresponda. En su escrito, el consejero delegado manifiesta al alcalde su "plena disposición a aclarar el tema y facilitar la investigación con la máxima transparencia y celeridad".

El alcalde se reafirma en su voluntad de transparencia y colaboración con la justicia y propondrá al presidente del Consell Comarcal del Barcelonès --la otra institución miembro de Marina Badalona--, el nombramiento, con carácter inmediato, de una comisión técnica jurídica en el seno de Marina Badalona que ayude a aclarar los hechos objeto de investigación.

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; MAS ADMITE QUE MEDIÓ ENTRE PRENAFETA Y UNA CONCEJAL DE CIU DE CERDANYOLA

Conversación telefónica

Reunión de la ejecutiva del CDC, esta mañana. | Efe

* Da a conocer esta conversación porque no tiene 'nada que esconder'
* Subraya que en los últimos años mantuvo contacto con ambos ex altos cargos
* Enmarca dentro de lo normal que Prenafeta le pidiera un número de teléfono
* Al final, según la propia concejal, fue Mitjavila quien habló con ella

Efe | Barcelona

El líder de CiU, Artur Mas, ha precisado que en las conversaciones grabadas por orden judicial a Lluís Prenafeta hay una en la que éste le pide el teléfono de una concejal de CiU de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) para hablar de un proyecto urbanístico que interesaba al ex secretario de Presidencia. Al final, según la propia concejal, fue Mitjavila -otro de los implicados en la trama- quien habló con ella.

En rueda de prensa, Mas ha dado a conocer esta conversación para dejar claro que no tiene "nada que esconder" y después de explicar que un medio de comunicación le llamó el sábado, 31 de octubre, para interesarse por ese contacto.

Para que no haya sorpresas cuando se den a conocer detalles de las conversaciones grabadas a Prenafeta y a Macià Alavedra, el presidente de CiU ha subrayado que en los últimos años ha mantenido contacto con ambos ex altos cargos, y ha dado por supuesto que ha hablado por teléfono con ellos en varias ocasiones.

Mas ha enmarcado dentro de la normalidad que Prenafeta le pidiera un número de teléfono, ha subrayado que la concejal se opuso a este proyecto urbanístico y ha mostrado su "sorpresa" por que se haya filtrado precisamente esta conversación entre las "miles" que se deben haber grabado a los detenidos.

"Me limité a dar un número de teléfono. Me imagino que no supone una acción delictiva", ha subrayado Mas, quien ha destacado que la filtración coincide con la divulgación de diversas encuestas que auguran la vuelta de CiU al Govern.

elmundo.es
</