miércoles, 26 de mayo de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; MORAGUES RECONOCE QUE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSELL RELLENARON PAPELETAS DE UM

Asegura que lo hicieron 'voluntariamente'

* Moragues niega haber participado en la subvención de 280.000 euros

Efe | Palma

El ex secretario técnico de Vicepresidencia del Consell y ex director de la RTV Mallorca, Antoni Moragues, ha afirmado al juez que funcionarios de la institución se ofrecieron a rellenar papeletas de Unió Mallorquina y que él no les obligó a hacer esta labor, tal y como ellos declararon en sede judicial.

Moragues, junto con la ex directora de Comunicación del Consell de Mallorca Margalida Sotomayor, ha declarado ante el juez instructor del 'caso Maquillaje', Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) por medio del Consell en el pasado mandato, cuando estaba presidida por el partido nacionalista.

Durante su declaración, a la que ha asistido el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, Moragues a replicado las declaraciones que la semana pasada hicieron varios funcionarios del Consell, en las que dijeron que él les había encargado rellenar papeletas de UM para la campaña electoral de 2007.

Según ha explicado Moragues, su entonces secretaria "se ofreció" a hacer estas papeletas, entre 300 y 400 en total, y él le dijo que le ayudara fuera de su horario de trabajo, aunque ha añadido que "a lo mejor" hizo algo relacionado con ellas dentro de este tiempo.

Moragues ha insistido que él no dio "ninguna orden" al respecto y ha explicado que su secretaria le dijo que otros funcionarios le habían ayudado a rellenarlas, si bien ha sostenido que no se les compensó con días libres por este trabajo, que ha calificado de "muy sencillo" por poderse hacer en unas horas y no en semanas, como los funcionarios indicaron al juez.

Sin embargo, ha asegurado que él no les ha dicho que tenían que ser discretos al respecto, tal y como ellos declararon en el juzgado, y por tanto ha opinado que "exageran".

Subvenciones irregulares
Moragues también ha sido preguntado por una subvención supuestamente irregular de 280.000 euros que dio el Consell a la Xarxa de Televisions para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran las televisiones locales a la Televisió de Mallorca, un archivo que se sospecha no existe.

El que fue director de la RTV Mallorca desde 2005, cuando dejó su cargo en el Consell, hasta 2007, ha afirmado desconocer esta subvención ni la existencia del archivo audiovisual.

También se le ha inquirido sobre la labor asesora de Miquel Oliver, imputado en este caso y ex administrador de la productora Video U, que obtuvo contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, así como ex presidente de la Xarxa de Televisions.

Oliver, según Moragues, asesoró verbalmente en 2006 para la puesta en marcha de la Radiotelevisión de Mallorca, tarea por la que cobraba 7.700 euros al mes, cantidad superior a la que percibía el propio Moragues como director del ente público, algo que ha calificado de anormal y "hecho único" para la creación de la RTV.

Margalida Sotomayor, imputada en el caso, también ha sido preguntada acerca de la subvención a la Xarxa de Televisions, cuya solicitud se atribuye a Oliver, y ha dicho que no sabe si el trabajo subvencionado se realizó o no.

"Mi opinión es que Oliver miente más que habla", ha afirmado al juez, a lo que ha añadido que, cuando él la llamó, le dijo que no iba a participar en sus "tejemanejes" y que ignora "qué objetivos tiene ese señor".

elpaís.com

DIMITE LA EDIL DEL PP DE LAS ROZAS QUE COBRÓ 51.000 EUROS DE LA TRAMA GÜRTEL

Gema Matamoros, concejal de Educación y esposa del ex alcalde de Majadahonda, recibió el dinero de Special Events, empresa a la que adjudicó varios contratos troceados

PILAR ÁLVAREZ - Madrid

Gema Matamoros, concejal del PP de Educación en el Ayuntamiento de Las Rozas ha presentado su dimisión después de que se conociera que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular recibió 51.086 euros de Special Events, propiedad del cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa.

El alcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago ha comunicado la dimisión de la edil durante el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado hoy en el ayuntamiento madrileño, al que no ha acudido Matamoros, tras una pregunta del concejal socialista, Juan Antonio Candil. El alcalde roceño ha pedido disculpas por la ausencia de la concejal popular y ha leído algunos extractos de la carta donde Gema Matamoros le ha comunicado su "dimisión irrevocable". La concejal asegura en la misiva que dimite por la "dura presión que está recibiendo su familia y por graves problemas de salud". Matamoros asegura que es "una mujer fuerte pero no hasta el infinito" y que "los hijos no deben pagar por los delitos de sus padres ni nadie por los delitos de su cónyuge", en referencia a su marido, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la Operación Gürtel.

Según el alcalde, la concejal popular asegura que los 51.086 euros proceden de la venta de un coche de la marca Audi y no de un soborno de Special Events. El regidor afirmó que la edil le había enseñado documentación al respecto.

Juan Antonio Candil ha censurado la actuación de Matamoros y ha criticado que la misma persona que "da un contrato con Special Events, hago después tratos con la misma empresa", en referencia a la explicación dada por Matamoros sobre los 51.086 euros. Candil ha acusado al alcalde de haber actuado con "demasiada lentitud" y el regidor roceño por su parte ha calificado a Candil de "maleducado político".

Reparto de contratos

La concejal Matamoros, que estaba en el cargo desde 1999 y era también sexta teniente de alcalde, fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros), informa Tono Calleja.

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". Tanto en 2002 como en 2003, el interventor municipal puso reparos a la forma de actuar de Matamoros, pero la sociedad de Correa cobró sin problemas. Las posibles irregularidades por el troceamiento se subsanaron en un pleno en 2005, según un portavoz municipal. Según el sumario, Correa llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

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Caso Gürtel
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"CASO ASTAPA"; EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA EXIGIÓ A EMPRESARIOS QUE PAGARAN FACTURAS DE LUZ, FESTIVALES Y CONGRESOS

Levantado el secreto del sumario

EFE - Málaga

El sumario del caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), revela cómo empresarios tuvieron que hacer frente al pago de facturas de luz y de festivales de jazz o de cine, además de costear el desarrollo de congresos internacionales.

Según recoge la parte del sumario cuyo secreto ha levantado hoy el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, que instruye el caso, el entonces jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, era el encargado de solicitar a los empresarios el pago de cantidades económicas a cambio de solucionarle sus expedientes urbanísticos.

Así, un financiero local señaló que recibió "presiones" por parte del Ayuntamiento para que colaborase en la solución del pago de la deuda de 600.000 euros que mantenía el Ayuntamiento con la empresa Iluminaciones Rivas, que amenazaba con no instalar la iluminación de Navidad si no se abonaba la deuda que se venía arrastrando desde 2005.

El empresario accedió y abonó un pagaré por ese importe con vencimiento el 30 de junio de 2008.

Al desarrollarse la "operación Astapa" el 17 de junio de 2008, el empresario retiró el pagaré del Banco de Sabadell por incumplimiento del Ayuntamiento en el pago de la deuda, ya que la administración local se comprometió a abonársela incluyendo la cuantía en el presupuesto de 2008.

El sumario recoge que un empresario de la construcción realizó una transferencia de 47.618 euros para el pago de las facturas de la luz de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, ante el riesgo del corte en el suministro, cantidad que se abonó coincidiendo con el otorgamiento de la licencia de primera ocupación para sus inmuebles.

De hecho, y según certificado emitido por el entonces alcalde, Antonio Barrientos, dicha cantidad fue entregada "con carácter de donación irrevocble", y la aplicación de la donación fue "enteramente para el pago de suministro eléctrico de la residencia de ancianos".

Otro empresario manifestó que Flores le había solicitado colaboración para sufragar los gastos del Festival de Cine y de Jazz, que ascendían a 40.000 euros.

Si accedía a esa petición, que coincidió con la solicitud de la licencia de primera ocupación para uno de los edificios del Parque Central, se le acelerarían "los trámites de concesión de la citada licencia".

El empresario accedió y a los tres días de realizar la transferencia a la empresa municipal Promoción y Comunicación Estepona SL se le concedió la licencia, la cual "tenía fecha anterior", según recoge el sumario, que añade que el documento "podría haber sido retenido adrede con el fin de conseguir el patrocinio por parte de las empresas interesadas".

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"CASO PRETORIA"; "LUIGI" COBRÓ MÁS DE OCHO MILLONES EN COMISIONES

El sumario del caso Pretoria revela un perjuicio de 32 millones a tres ayuntamientos

PERE RÍOS - Barcelona -

Luis de Andres García Sáez, Luigi, el presunto cerebro de la trama del caso Pretoria, se pudo haber embolsado más de ocho millones de euros en comisiones por su intervención en tres operaciones urbanísticas en el área metropolitana de Barcelona.

Así consta en el sumario del caso, que revela también que los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra pudieron haber cobrado 637.590 euros cada uno por los mismos hechos. Ambos utilizaron sus influencias ante la Generalitat para favorecer a los empresarios que invirtieron en la operación. La investigación judicial revela que las recalificaciones de esos terrenos para usos distintos a los previstos, benefició a los intermediarios, no a los ayuntamientos, a los que se les produjo un perjuicio superior a los 32 millones de euros.

Entre esas empresas beneficiarias figura Proinosa y Espais, Josep Singla y Lluís Casamitjana, respectivamente, están imputados en el caso junto a los ya citados ex altos de CiU, Luigi, y cuatro personas más por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y encubrimiento.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que fue instructor de la causa hasta la suspensión acordada por el Consejo General del Poder Judicial, se refiere a las mordidas que pudo cobrar Luigi en diversos autos dictados a finales del pasado mes de noviembre. En todos ellos asegura que mantiene unas "relaciones privilegiadas" con el que entonces era alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC), "de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica" de aquel ayuntamiento, de manera que "aconseja o decide" sobre las decisiones que se han de adoptar.

Las tres recalificaciones por las que Luigi pudo embolsarse 8.026.000 euros son la llamada Operación Pallaresa, en Santa Coloma de Gramenet, la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres y la Operación Badalona, en esa ciudad. La revalorización que no repercutió en los respectivos consistorios fue de 13, 14 y 5,3 millones de euros respectivamente.

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"CASO PRETORIA"; "A LA QUE HAY QUE APRETAR ES A LA TRILLA"

Los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para vender un inmueble de Diagonal Mar

LLUÍS PELLICER - Barcelona -

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ex dirigentes de la Generalitat de Jordi Pujol, presionaron a los consejeros Antoni Castells y Joaquim Nadal y a varios secretarios de la Generalitat durante más de un año y medio para que les comprara un edificio en Diagonal Mar por 89 millones de euros. El inmueble, propiedad de la inmobiliaria Espais, debía albergar la sede de la consejería de Acción Social y Ciudadanía primero y la de la empresa pública de vivienda Adigsa después. Ambas operaciones se frustraron.

La compraventa del inmueble se complicó sobre todo cuando Prenafeta y Alavedra, que ambos imputados en el caso, se toparon con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. "Me dijo que quería sacar esto [la compra de un edificio para su sede] a concurso, la convocatoria antes de marchar de vacaciones", le indica Lluís Casamitjana -presidente de la inmobiliaria Espais- a Prenafeta, que hacía las veces de intermediario, en una conversación telefónica.

Prenafeta le contestó que el concurso debía ser "para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro". Por ello, los ex consejeros se centraron ejercer presión especialmente al secretario de Política Financiera, Jordi Pericàs. La operación no avanzaba. "A la que hay que apretar es a la Trilla", insistía Prenafeta. Sin embargo, la compraventa acabó por no cuajar.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ INVESTIGA UN POSIBLE DELITO ELECTORAL DEL PP EN LAS GENERALES DE 2008

Los escándalos que afectan al PP

Pedreira ve indicios de siete delitos en el Gobierno de Camps y la trama Gürtel.-
Remite al Tribunal Superior de Valencia la causa por financiación ilegal, cohecho propio, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, blanqueo de capitales y prevaricación

EL PAÍS - Madrid / Valencia -

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, señala en un auto hecho público hoy que el PP pudo incurrir en un delito de financiación ilegal en la campaña de las elecciones generales de 2008. Según Pedreira, "se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campaña electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". De ser así, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del Partido Popular en esas elecciones cuya identidad en este momento se desconoce", añade el auto, en el que destaca que también existen indicios de delito fiscal del PP valenciano en 2007 porque no declaró 2,5 millones de euros

El juez ha decidido, además, inhibirse en favor del de Valencia, ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atendido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración valenciana.

El auto señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla; al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa; al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos. Nada más conocer la noticia, Rambla, que esta mañana ha protagonizado un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres años de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, ha declarado simplemente que es "una cuestión de competencia entre tribunales" y ha añadido: "Llevamos años en política y la gestión se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden".

El vicepresidente primero del Gobierno de Camps ha conocido la noticia a través de una alerta en su teléfono móvil, que le ha hecho cambiar la expresión de su cara, informa Joaquín Ferrandis.

Se trata del segundo revés judicial para la cúpula del PP valenciano en una semana, después de que el pasado día 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidió archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad".

Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisión de Pedreira, que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos cometidos.

Camps y Costa, partícipes

Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que confirmarían que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007, tal y como publicó EL PAÍS. Entonces, el PP anunció una querella contra el funcionario de Hacienda que redactó el documento por prevaricación y falsedad en documento público.

Por ello, asegura el juez, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser el contemplado en el artículo 426, esto es, el impropio, sino "los tipificados en los artículos 425, 410 o 420", es decir, el cohecho puro y duro.

El mismo informe del 6 de mayo sirve a Pedreira para sospechar de varios delitos electorales cometidos durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2007. En concreto, el magistrado hace referencia al artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Al respecto, Pedreira apunta directamente a la participación del ex secretario general, Ricardo Costa, y añade que "tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia [se refiere a la que investiga el cohecho impropio], Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el de presidente de dicho partido".

Larga connivencia

Según la investigación del caso Gürtel, la red corrupta vinculada a varios Gobiernos autonómos del PP, quedó acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que éste montó poco después de la llegada de Camps al poder, Orange Market.

Así, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la valía de algunos regalos: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".

Según un informe remitido a finales de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, así como siete consejerías, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos tenían un valor global de 7,2 millones de euros y señaló que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".

Se busca al "cantante" y al "príncipe"
La investigación de los tejemanejes de la trama Gürtel en Valencia ha añadido dos incógnitas: ¿quiénes son "el cantante" y "el príncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007.

La referencia al "cantante" figura en la página ocho del auto de inhibición hecho público por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007". Es decir, que sería un posible partícipe en un delito electoral.

El "príncipe", por su lado, sería la persona que figuraría en la contabilidad B o Barelona que habría pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado también el PP valenciano. Cantante y príncipe habrían cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral.

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