jueves, 29 de marzo de 2012

"CASO CAMPEÓN"; UN TESTIGO CONFIRMA LAS RELACIONES DE OROZCO Y BRAN CON DORRIBO

El administrador del acusado desconoce si el dinero que ingresaba o sacaba del banco era «blanco o negro»
 
F. Velasco MADRID-

José Amador Fernández, administrador de Laboratorios Nupel, propiedad de Jorge Dorribo, confirmó ayer ante el instructor del Tribunal Supremo del «caso Campeón», Juan Ramón Soriano, las relaciones entre los empresarios José Antonio Orozco y Manuel Bran, amigo personal y cuñado del ex ministro de Fomento José Blanco, respectivamente.

Respecto a Orozco, aseguró en su comparecencia judicial, en calidad de testigo, que le conocía «de vista, de sus relaciones con su jefe» y que en alguna ocasión le vio por las instalaciones de los laboratorios, aunque no pudo precisar con qué frecuencia.
En cuanto a Bran, aseguró que no le conoce, perso que sabe que trabajó para la empresa de Dorribo y que «ha visto sus furgonetas en lade de los laboratorios».

Respecto a la posible retirada de una cantidad relevante de fondos en febrero de 2011, coincidente en fechas con lo manifestado por Dorribo de que pagó 200.000 euros al entonces ministro Blanco por realizar varias gestiones empresariales, José Amador Fernández no pudo concretar ese aspecto.

En este sentido, según consta en su declaración, aseguró no recordar si en febrero del pasado año Dorribo le encargó «una retirada especial de dinero del banco», ni tempoco si llevó a su jefe «un sobre con dinero a Lugo». En cambio, sí aseguró haberlo hecho en otro momento, «pero no una fecha concreta».

Sobre las gestiones que realizaba en los bancos, manifestó que en distintas ocasiones ingresaba y en otras retiraba distintas cantidades. Cuando realizaba esta última operación, en alguna ocasión «ha podido pedir billetes grandes», pero sin poder precisar la cantidad.

Sobre esta cuestión, incidió en desconocer si el dinero que ingresaba o llevaba era «blanco» o «negro», y que él obedecía órdenes de la responsable de Administración o de Jorge Dorribo. De esos movimientos, añadió, siempre «quedaba constancia documental».

En la empresa de Laboratorios Nupel, aseguró, había una caja fuerte «grande» a la que tenía acceso la jefa de Administración.

Durante la jornada de ayer  también compareció la responsable del registro de la empresa, Jennifer Alvarez, que ha relatado al magistrado, al fiscal Manuel Dolz y a los letrados presentes durante su comparecencia que ella preparó la documentación para un proyecto   de comercialización de medicamentos en unidosis que proyectó Dorribo con otros empresarios. No obstante, al exhibírsele documentación de la Secretaría de Estado Presupuestos al respecto, Alvarez ha señalado que la solicitud  que le han enseñado en distinta a la que ella preparó, aunque puede que fuera labor de la directora técnica de la empresa. Ha reconocido que los procesos de autorización administrativa son lentos, duran unos dos años, y para este tipo de permisos son estrictamente necesarias las reuniones entre los responsables del laboratorio y los técnicos de la Agencia del Medicamentos.

Con estas dos comparecencias el magistrado instructor concluye con el calendario de citaciones que había proyectado realizar en relación   con este asunto.



"CASO CAMPEÓN"; "COMISIONES PEPITO"

Una ex empleada de Dorribo admite en el Tribunal Supremo que en la empresa había una «caja B» con la que se pagaban comisiones «comerciales»
R. Coarasa /F. Velasco MADRID-

Dos ex empleadas del empresario Jorge Dorribo admitieron ayer al magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Ramón Soriano –que investiga el supuesto pago de comisiones al ex ministro José Blanco– que en la farmaceútica Nupel había una «caja B». Una de ellas, María Isabel Fernández, que estaba encargada de la contabilidad de Nupel, fue más explícita y, en la declaración a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, aseguró al instructor que en la misma se anotaba el «pago de comisiones comerciales, por ejemplo “Comisiones Pepito”».

Según explicó, «esos pagos los llevaba el sr. Dorribo» y los encargados de la contabilidad se limitaban a anotar en los vales de caja lo que el empresario les decía.
La testigo –que sí está imputada en él «caso Campeón» que investiga la jueza de Lugo Estela San José– negó que Dorribo les mandara retirar dinero en billetes de 500 euros. Sólo recordó que «en alguna ocasión, cuando había que retirar dinero, por ejemplo para comisionistas», el empresario que acusa a Blanco de cobrar comisiones les decía si podían dárselo «en billetes grandes», aunque luego el banco lo daba «como lo tenían».

Dorribo declaró en el Alto Tribunal que Manuel Bran, primo del entonces ministro de Fomento, le recalcó, dos días antes del pago de la supuesta comisión en la gasolinera de Guitiriz, que «los billetes tenían que ser de 500 euros». La otra testigo, Marta Andon (que también trabajó en el departamento de contabilidad de Nupel) afirmó al magistrado que no recuerda que Dorribo le ordenase retirar del banco 50.000 euros en billetes de 500 (supuestamente la cantidad que Bran pidió que se entregase en billetes grandes).  Fernández sí recordó haber «entregado cantidades para viajes al sr. Dorribo» y que «puede que alguna fuera de 50.000 euros». En todo caso, recalcó, «todo se reflejaba en los vales».

Dorribo «ponía el concepto»
Eso sí, ambas coincidieron en que nunca vieron en las anotaciones de contabilidad las siglas IFB. Según Dorribo, todos los pagos a políticos estaban recogidos en una carpeta que estaba en la oficina en la que siempre se utilizaban siglas. Las iniciales IFB (Iniciativas de Fomento Bran) identificaban, según el empresario, los pagos a Blanco.
Fernández dijo que esa carpeta «nunca» la vio y su compañera se limitó a esgrimir que «no era la responsable de las anotaciones en la contabilidad, sólo en el soporte informático», aunque no recuerda «ningún apunte contable con esas siglas».

La ex empleada del departamento de contabilidad de Laboratorios Nupel, la empresa matriz de Dorribo, explicó que cuando su jefe le pedía dinero «ponían el concepto» que él les indicaba y que desconoce cómo Dorribo «identificaba a las personas» a las que entregaba esas cantidades, de las que ella no sabía sus destinatarios.

Los interrogatorios a empleados de la farmaceútica Nupel continuarán hoy en el Tribunal Supremo, pues están citados el administrador de la sociedad, José Amador Fernández, y la encargada del Registro, Jennifer Álvarez.

Dorribo se ratifica en sus acusaciones
Dorribo se ratificó ayer en sus acusaciones en una nueva declaración ante la jueza San José.  Luis Peláez, uno de los abogados del empresario, explicó que su cliente se «ha mantenido en la línea   de otras declaraciones», aunque «aclarando» una serie de cuestiones. Otros letrados de imputados en la causa apuntaron que Dorribo estaba implicando a más personas, informa Ep. Algunas fuentes señalaron que Dorribo insistió en que le había regalado un coche de alta gama al ex diputado del BNG Fernando Blanco, consejero de Industria   con el bipartito, algo que éste negó.

"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO CITA A ELENA SALGADO POR UN CRÉDITO QUE NO CONCEDIÓ

El tribunal investiga un supuesto trato de favor para que el Banco Europeo de Inversiones concediera a Dorribo un crédito de casi tres millones


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El Tribunal Supremo citará en calidad de testigo a la exvicepresidenta económica Elena Salgado, en relación con el caso Campeón, que investiga si el exministro José Blanco cometió cohecho o tráfico de influencias en sus tratos con el empresario gallego Jorge Dorribo, imputado por corrupción. El Supremo investiga una conversación del 30 de diciembre de 2010 en la que el empresario José Antonio Orozco habla con Blanco, quien le comunica que cree que la gestión con “Economía será positiva” en referencia a un supuesto trato de favor para que el Banco Europeo de Inversiones concediera a Dorribo un crédito de casi tres millones.

La conversación transcurrió así, según consta en el sumario:

Blanco. “Hice esa gestión con Economía eh?, en la que me has pedido el día que estuvimos allí en el despacho”.

Orozco. “Perfecto”.

Blanco. “Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me contestaron, eh?”.

La concesión de ese préstamo no dependía del Ministerio de Economía, ni tampoco la tramitación de esa ayuda.

El sumario del caso y las conversaciones teléfonicas de los principales imputados, grabadas por orden judicial, demuestra que el crédito del Banco Europeo de Inversiones fue tramitado por el Gobierno de la Xunta de Galicia (PP) quien le pidió a Dorribo una serie de documentos para poder justificar la inversión en la que se basaba la petición del préstamo.

Además, los documentos y pruebas del sumario, señalan sin lugar a dudas que Dorribo conoció que le habían adjudicado ese préstamo el 30 de diciembre de 2010, entre otras cosas porque se lo contaba un diputado del PP, Pablo Cobián, que era el que intermediaba con la Xunta de Galicia.

La conversación de Blanco que levantó las sospechas y que ahora investiga el Tribunal Supremo fue ese mismo 30 de diciembre de 2010, cuando el préstamo ya había sido supuestamente concedido, pero en ella le había dicho al empresario Orozco que creía que su gestión sería positiva pero que había que esperar respuesta.

La defensa de Blanco piensa pedir que se cite al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo (presidente gallego), a su consejero de Industria y a los responsables del Instituto Gallego de Promoción Empresarial (IGape) que tramitaron la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.

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EN EL PAÍS

"CASO GÜRTEL"; EL PP SE QUERELLA CONTRA CORREA Y PÉREZ EN LA CAUSA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Francisco Camps con Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
El partido atiende la demanda del juez para para acceder al sumario
Las primeras comparecencias se iniciarán a finales de abril

Joaquín Ferrandis Valencia




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La dirección nacional del PP ha decidido querellarse finalmente contra dos de los principales cabecillas de la trama Gürtel para poder acceder al sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) sobre la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos.

Los populares, que a efectos jurídicos actúan con una única entidad de ámbito estatal, presentaron formalmente la querella el pasado jueves contra el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, como responsables de Orange Market, por las supuestas irregularidades cometidas en los contratos con la Administración y por el deterioro en la imagen del PP.

Esta firma fue proveedora exclusiva de los eventos que organizó el PP regional, entonces presidido por Francisco Camps, entre 2005 y 2009. En febrero de ese año se produjeron las detenciones de los cabecillas de la trama y estalló uno de los mayores casos de corrupción de la democracia, lo que provocó que el PP de la Comunidad Valenciana dejase de contratar con Orange Market. El caso provocó, primero, la destitución de Ricardo Costa como secretario general del PP y, casi dos años después, la dimisión de Camps de sus cargos.

Con la decisión de querellarse contra Correa y El Bigotes, el PP atiende la demanda del juez instructor, José Ceres, que el pasado 13 de noviembre advirtió a los populares que tenían que presentar “una nueva y diferenciada querella” para personarse en la causa por supuesta financiación ilegal. Una decisión que fue recurrida por el PP y desestimada por Ceres el pasado mes de enero. El TSJ valenciano considera que la personación del PP nacional en el TSJ de Madrid como acusación popular en el caso Gürtel no implica la personación automática en la causa que se instruye en Valencia.
Francisco Correa, en el juicio por el caso de los trajes. / REUTERS


Esta situación ha impedido que el PP accediese al sumario que instruye el juez Ceres, que es lo que quiere solucionar Génova antes de que se inicien las comparecencias de los imputados con el objetivo de preparar más concienzudamente su estrategia de comunicación.

Hasta ahora, en el sumario que instruye José Ceres figuran un total de 25 imputados. En la lista figuran, además de los dirigentes de Gürtel, los representantes legales de varias constructoras que supuestamente financiaron irregularmente al PP valenciano y un nutrido grupo de cargos populares.

Entre los cargos imputados están el ex secretario regional Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización, David Serra; la tesorera Yolanda García, la gerente Cristina Ibáñez, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez y otros cargos de la Administración valenciana.

El magistrado instructor investiga la existencia de delito electoral, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Por un lado, por la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana a Orange Market en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid a partir de 2005. Y por otro por los pagos que realizaron distintas empresas, adjudicatarias de distintos contratos de la Generalitat, a la empresa de El Bigotes por servicios ficticios o que no se correspondían con la realidad. Este dinero habría ido a financiar parte de los actos de las campañas electorales del PP, que organizaba Orange Market.

Ceres ha acordado que las declaraciones se iniciarán a finales del próximo mes de abril, previsiblemente a partir del día 24. El exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret podría ser el primer cargo en testificar.

miércoles, 28 de marzo de 2012

NUEVAS IMPUTACIONES POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"


A las imputaciones de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude que pesan sobre dirigentes socialistas se suma la de asociación ilícita.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha ampliado la imputación de los principales dirigentes del PSOE local por el caso del voto por correo y ha añadido el delito de asociación ilícita a los ya conocidos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Un nuevo auto del juez Miguel Ángel García Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe, correspondiente a una nueva pieza del caso del voto por correo que investiga supuestas irregularidades en los comicios generales del 2008, amplía la imputación de delitos, así como el número de personas implicadas en el procedimiento, que supera la treintena.

Entre ellos se encuentran dos exdelegados del Gobierno socialista en Melilla, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE en la ciudad, además de su predecesor en el cargo, Dionisio Muñoz, y el presidente del principal partido de la oposición, Mustafa Aberchan.

También figuran dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, el exdirector de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y el exsubdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya, así como el responsable de Empleo en la ciudad, Joaquín Arana, la de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla, el exsecretario de Organización del PSOE y actual secretario general de UGT, Alonso Díaz, y el entonces responsable de Correos.

La imputación del delito de asociación ilícita, se basa, según el nuevo auto, en que tanto Muñoz como Aberchan, como responsables de los partidos de la coalición PSOE-CPM, partieron de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado al llamamiento masivo al voto por correo, a través de un "método ilícito".

De esta manera, se inicia, según el juez, una campaña electoral ilícita para hacer llegar a la población la información de que, si votaban por correo en los comicios generales de marzo de 2008, serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo, dependientes de la Delegación de Gobierno de Melilla.

Dicha información es extendida por toda Melilla a través de los "cabezas de barrio" y del boca a boca de los ciudadanos, obteniendo como información que, para acceder a los puestos de trabajos de los planes de empleo, debían desplazarse a las sedes de Juventudes Socialistas o CPM, ubicadas en un mismo edificio.

Una vez comenzaron a llegar ciudadanos a las sedes de los partidos con la intención de obtener un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos, éstos eran informados del modo en el que debían realizar el trámite.

Los ciudadanos se desplazaban hasta Correos, donde debían hacer entrega de la solicitud del voto por correspondencia, previamente rellenada en la sede de alguno de los partidos, para, posteriormente, volver a dichas sedes con el resguardo de haber realizado dicha solicitud, momento en el que eran inscritos en un listado preliminar de personas que habían comenzado a realizar el trámite a través de dichos partidos, según el auto.

La participación del director provincial de Correos, Juan José Redondo, consistía supuestamente en desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE, una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto, siendo entregados al cepemista Abdelrrahem Sellam, exdiputado autonómico.

Tras la campaña electoral "ilícita", los organizadores de la trama supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado.

Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, cuya subvención, según el juez, fue autorizada por dos altos cargos del Ministerio, basándose en una norma "derogada".

Además, se cambiaron los códigos ocupacionales de los candidatos, siendo seleccionados de esta forma las personas interesadas.

EL JUZGADO IMPUTA A ESCOBAR Y CHACÓN EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"

Pablo Suárez

A ambos se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude. Según el nuevo auto del juez García Gutiérrez, hubo irregularidades en la contratación de un millar de personas en los planes de empleo del año 2008. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla imputó en la jornada de ayer a dos ex delegados del Gobierno de la ciudad autónoma, ambos del Partido Socialista (PSOE), José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, quien además es el actual secretario general dicha formación a nivel local, por su supuesta relación con la trama de compra de votos efectuada durante las elecciones generales del año 2008.

Según el nuevo auto dictado por el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, a Fernández Chacón se le imputa por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Estos mismos delitos se les imputan también al actual líder del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, a los que se le añaden los de obstrucción a la justicia y falsedad documental, los mismos que al entonces director del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y a la directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.

Hay que recordar que el proceso surgió a partir del envío a los ciudadanos de unas “cartas falsas” con motivo de los comicios generales de marzo del 2008, a los que el PSOE concurrió en alianza con Coalición por Melilla (CpM), en las que se hacían supuestas promesas de trabajo en los planes de empleo que se iban a poner en marcha.

El delegado del Gobierno en aquel entonces era Chacón, mientras que Escobar fue el candidato socialista al Congreso en dichos comicios generales, tras los cuales fue nombrado delegado del Ejecutivo central en Melilla, en sustitución de Chacón, que ocupó el mismo cargo, pero en Ceuta.

El juez considera que existen indicios de un entramado conformado por diversas personas que pretendían la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición ente cepemistas y socialistas, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.

En este mismo procedimiento, ya habían sido imputadas 31 personas, la mayor de ellas miembros de PSOE y CpM, entre ellos el ex secretario general socialista y actual diputado en la Asamblea local Dionisio Muñoz y el líder cepemista, Mustafa Aberchán.

A ambos se les cita nuevamente como imputados por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude, así como al ex director de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y al ex subdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya.

Según el juez, los organizadores de la trama delictiva supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía, iniciando para ello la última fase de la red delictiva.

El proceso, paso a paso
Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Muñoz como Aberchán “influir” sobre el delegado del Gobierno.

El auto detalla que en el Plan de Empleo del año 2008 fue Chacón el que redactó el proyecto de solicitud de subvención, solicitando el 50% de la contratación directa, que iba dirigida a la Subdirección General de Promoción de Empleo, cuyo máximo dirigente era en aquel entonces Gismera, también imputado por su implicación en el caso. Según el auto, éste último, en connivencia con los promotores de la trama habría acordado que se autorizaría la contratación de un 35% del total de trabajadores.

Para poder realizar dicha autorización, tuvo que aplicar una legislación derogada, pues de haber hecho lo propio con la que en ese momento se encontraba en vigor le hubiera sido imposible llevar a cabo dicha gestión. Asimismo, indicó como grupo de mayor preferencia unos supuestos colectivos en riesgo de exclusión social, maniobra que también se encuentra fuera de la legalidad, según el texto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

Los mismos trámites se llevaron a cabo en los planes de empleo extraordinarios de los años 2008 y 2009, con la salvedad de que en aquel entonces el delegado del Gobierno era Escobar y quien realizó la autorización ilícita de la contratación directa Alfaya Hurtado, ex subdirector general de Políticas Activas de Empleo.

Una vez que la contratación directa fue autorizada por los correspondientes subdirectores generales, había que crear más grupos de exclusión social, ya que los que se encontraban ilegalmente autorizados no eran suficientes para poder englobar en ellos a la gran parte de la ciudadanía melillense que había votado por correo, según reza el auto judicial.

Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones inter e institucionales en las que “Escobar llevaba la voz cantante”  y en los que se inventaron más grupos de exclusión social, los cuales no se encontraban recogidos en ninguna legislación.

Como órgano gestor de los planes de empleo, fue misión de Mansilla, ex directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo, la recopilación de las necesidades laborales de las diferentes empresas y organismos que se adhirieron a la subvención de los planes, para realizar la petición de trabajadores al SPEE, dirigido por Arana.

Con la única intención de que el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) seleccionara de forma automática a las personas que iban a ser contratadas de manera genérica, supuestamente se realizaron búsquedas en dicho programa para códigos ocupacionales distintos a los que iban a ser contratados, siendo seleccionados de esta forma, los trabajadores a los que desde el SPEE habían cambiado los códigos ocupacionales para que fueran elegidos de manera ‘automática’.

Para la contratación directa, supuestamente bastó con que desde el SPEE se propusiera como seleccionados a las personas que iban a cubrir los grupos de exclusión social correspondientes, sin perjuicio de las propuestas que se hicieran desde otros organismos.

Una vez preseleccionados los trabajadores que iban a ser contratados, era misión de Mansilla comprobar que dichas personas cumplían los requisitos exigidos para cada uno de los puestos de trabajo que iban a ocupar, evidenciándose “una clara ilegalidad en estos hechos”, al haberse comprobado cómo existieron multitud de contrataciones de personas que incumplían claramente los requisitos exigidos.

Un millar de irregularidades
El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se pueden verificar, al no contar con la documentación necesaria. Asimismo, de 1.000 que requieren documentación académica, sólo la acreditan 589.

El juez ha citado a los nuevos imputados para que declaren a partir del 19 abril en el Juzgado de la ciudad autónoma.

CHACÓN, IMPUTADO POR "COMPRAR VOTOS" EN MELILLA DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008


Chacón, junto a Vivas y Carracao.
Escrito por CAD  


- El Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de la ciudad hermana le atribuye la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

- El PSOE de Ceuta dice tener una confianza "total y absoluta" en la Justicia y en que el resultado final del proceso será "favorable" al presidente de la Fundación Zeituna


El último delegado del Gobierno de Zapatero en Ceuta, José Fernández Chacón, que entre 2004 y 2008 ocupó este mismo cargo en Melilla, ha sido imputado junto a quien le relevó en tal responsabilidad en la ciudad hermana, Gregorio Escobar, por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación durante las elecciones generales de 2008 mediante la "compra de votos" a través de puestos de trabajo en los Planes de Empleo del Estado.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla, al que ha tenido acceso Europa Press, también han sido imputados tanto el anterior secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz como el actual, el propio Gregorio Escobar, además de Felipe Gismera Bruna, exsubdirector general de Promoción de Empleo y Javier Alfaya Hurtado, exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, entre otros.

Fernández Chacón, Gregorio Escobar, Dionisio Muñoz, Felipe Gismera Bruna y Javier Alfaya Hurtado también han sido acusados de un delito de malversación de caudales públicos por un supuesto "desvío de las cantidades económicas que debiera haberse dado a las subvenciones públicas, hacia personas que habían votado en las elecciones generales de 2008 a la coalición PSOE-CPM, así como a simpatizantes, militantes, etc., ascendiendo el montante total de la subvenciones concedidas para los tres planes de empleo a 26.572.988'04 euros".

Subvenciones para "minimizar el paro" y "dar trabajo a quienes votaban CPM-PSOE"
El documento judicial indica que "la coalición Política CPM-PSOE Melilla ha usado las subvenciones concedidas para minimizar el impacto del paro sobre la Ciudad Autónoma de Melilla para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008 o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos, como militantes o simpatizantes, evidenciándose así una desviación del destino que debería darse al dinero público que debiera haber recaído finalmente con preferencia absoluta a los ciudadanos melillenses parados de larga duración".

"Por lo que se pueden", añade el auto, "considerar autores del delito todos los que desde un cargo público con poder de toma de decisiones, han participado en la trama delictiva, al ser todos ellos necesarios para que dicho delito haya quedado consumado".

El gaditano preside ahora la Fundación Zeituna
Asimismo, las que fueran autoridades socialistas citadas también están imputadas por la presunta comisión de sendos delitos de tráfico de influencias "al influir desde distintos cargos públicos o políticos sobre diversos funcionarios públicos encargados de la realización de tareas relacionadas con la selección del personal a contratar en los puestos de trabajo de los planes de empleo".

Por último, el actual secretario general socialista, Gregorio Escobar, también ha sido acusado de un delito de obstrucción a la justicia y falsedad documental, al dificultar presuntamente la investigación penal "mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas en los requerimientos judiciales con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y Autoridad Judicial".

El PSOE de Ceuta no duda de que Chacón saldrá absuelto
El secretario de Economía del PSOE de Ceuta, José María Mas, que pasó los últimos tres años y medio junto a Chacón como su asesor en la Delegación, ha asegurado este martes por la tarde en declaraciones a los medios que el partido que lidera Carracao tiene una confianza "total y absoluta" en la Justicia y ha anunciado que los socialistas están "seguros" de que el resultado final del proceso será "favorable" para el actual responsable de la Fundación Zeituna, donde encontró acomodo de la mano de la Cámara de Comercio de Ceuta en cuanto salió de la Delegación.

"La Justicia es la mejor garantía de ello", ha señalado Mas.

EL TRIBUNAL SUPREMO ABSUELVE DE PREVARICACIÓN A TRINIDAD ROLLÁN


La exsecretaria de Organización del PSM había sido condenada por prevaricación

José Marcos Madrid


El Tribunal Supremo ha absuelto a Trinidad Rollán, exsecretaria de Organización de los socialistas madrileños, condenada en enero de 2011 a ocho años de inhabilitación como cargo público por un delito de prevaricación, un caso que se remonta a 10 años antes, cuando era alcaldesa de  Torrejón de Ardoz. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, no tuvo más remedio que reemplazarla por Maru Menéndez tras ser reelegido en el Congreso regional del partido a principios de mes, ya que de mantenerla en el cargo no respetaría los Estatutos que el PSOE aprobó en el Congreso Federal de Sevilla en que Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido nuevo secretario general.

El convenio urbanístico que aprobaron Rollán y otras 13 personas, todas concejales de Torrejón, consistía en que el Ayuntamiento cedía unos terrenos a la empresa Patrimonio Siglo XXI, que se comprometía a sufragar la urbanización del terreno.

“No conocía el informe del secretario. No recuerdo que el secretario avisara de que iba a introducir un documento o de la ilegalidad del convenio”, explicó Rollán en el juicio, donde afirmó que no llegó a dudar de su legalidad. Al contrario, estaba convencida de que con su decisión, avalada por otro informe de la letrada consistorial, ayudaba a 107 familias que estaban en peligro de perder su vivienda. El resto de ediles acusados, entre ellos el ex concejal de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, también negaron conocer la existencia del informe.

El abogado de Rollán, Antonio González Ubeda, alegó en su presentación del recurso la vulneración de diversos derechos fundamentales de su cliente. Ubeda destacó en su impugnación ante el alto tribunal que se había vulnerado la presunción de inocencia de Rollán al “no existir actividad probatoria válida y mínima de cargo, en que fundamentar el fallo condenatorio”. El letrado se refería también a un quebrantamiento de forma, al haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma.

Gómez eligió a Rollán como número dos tras su segunda reelección como secretario general en el congreso de 2008. Licenciada en Derecho y diplomada en Políticas, entre 1999 y 2007 fue la alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Con 27 años la premió con la secretaría de Transportes en 2007 en su primera Ejecutiva. En el congreso del año siguiente la nombró su número dos. Hasta que hace unas semanas tuvo que prescindir de ella. “Me vais a permitir que exprese mi eterna gratitud a alguien víctima de un sistema judicial que hay que cambiar desde abajo. Muchas gracias Trini”, ensalzó a Rollán tras vencer a Pilar Sánchez Acera en el último congreso regional.

Hora de "pedir perdón"
Tomás Gómez, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha considerado que "es hora" de que la "derecha política y mediática" pida perdón a Rollán. El líder del PSM ha lamentado el "daño" que se le ha hecho durante este tiempo a Rollán.

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martes, 27 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; JORGE DORRIBO "SE RATIFICA EN SUS ACUSACIONES" ANTE LA JUEZA ESTELA SAN JOSÉ

El empresario lucense (derecha), saliendo del juzgado de Lugo este martes. | Efe
Según el abogado del empresario farmacéutico
Implica a sus empleados del área contable en un delito de falsedad documental
Mantiene las acusaciones contra el ex conselleiro Blanco y el alcalde de Lugo
La declaración del principal imputado se prolongó durante más de seis horas
La fiscal se interesa por las acusaciones contra el presidente de la Audicencia

Silvia Pena | Lugo

El abogado de Jorge Dorribo, Luis Peláez, insistió tras la comparecencia del principal imputado de la 'operación Campeón' que éste "se ha ratificado en sus acusaciones", unas declaraciones previas que salpicaron a políticos y empresarios como el ex ministro de Fomento José Blanco, los ex diputados autonómicos Pablo Cobián y Fernando Blanco, el alcalde de Lugo José López Orozco, así como al vicepresidente de la empresa Azkar José Antonio Orozco.

El letrado compareció ante los medios para asegurar que el industrial lucense "se mantiene en la línea de las declaraciones anteriores", aportando nuevos datos y documentación que permitan mantener sus argumentos. Mientras, a su salida del Juzgado, Jorge Dorribo se limitó a decir que no haría declaraciones y que había ido "todo perfecto". Varios letrados coinciden en que su actitud a lo largo de toda la jornada fue la de un hombre "seguro, que no titubeó en ningún momento" y que se habría explayado en sus manifestaciones ante la juez.

La declaración de Jorge Dorribo, la octava tras las siete que figuran en la parte alzada del sumario, se prolongó durante algo más de seis horas. El principal imputado en la 'operación Campéon' apareció a las diez de la mañana a la carrera y tratando de evitar a la prensa y testificó hasta la una de la tarde, momento en el que se produjo un receso para encender el aire acondicionado, tal y como relataron varios de los abogados presentes en la sala habilitada en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Lugo.

Los letrados presentes en la comparecencia explicaron que Dorribo insistió en el presunto pago de favores a los políticos que supuestamente le habrían favorecido en sus gestiones ante la administración pública gallega. Así, su declaración se habría centrado en las subvenciones concedidas por la Xunta, trámites que salpican al ex conselleiro Fernando Blanco y al ex diputado autonómico Pablo Cobián. Al parecer, en relación con el ex director del Igape, Dorribo reconoce que no sabe si llegó a recibió algún pago por las presuntas gestiones realizadas para que el industrial cobrase dos subvenciones solicitadas al organismo público.

Mantiene las acusaciones contra el alcalde de Lugo
El dueño de Nupel se refirió también a los favores supuestamente pagados en forma de patrocinios al alcalde de Lugo, al haberle permitido anexar dos de sus naves en el polígono de O Ceao.

Según varios de los abogados presentes en la sala, Jorge Dorribo insistió en relación con el pago de favores del regidor lucense. Al parecer, también habría revelado la existencia de una reunión entre el alcalde y la mujer del empresario cuando éste todavía permanecía en prisión, acusado de un presunto delito de fraude de subvenciones. El industrial habría dicho además que trató directamente con el regidor la concesión del suministro de botiquines y desfibriladores a través de contratos menores que impidiesen tramitar el proceso como un concurso.

El alcalde de Lugo y Fernando Blanco no fueron los únicos políticos mencionados por el industrial, quien también se habría referido a gestiones por parte de consejeros de otras comunidades, sin llegar a precisar más. Entre sus acusaciones, una de las que más llamó la atención a los abogados de los imputados en la causa fue la que realizó contra sus trabajadores con relación contable en la empresa, a los que habría tratado de implicar en un presunto delito de falsedad documental. Según relataron varios letrados, Jorge Dorribo habría declarado que todos ellos eran conscientes de la existencia de facturas infladas para presentar a la administración.

Además de las preguntas formuladas por la juez durante más de tres horas, también la fiscal se interesó por diferentes aspectos, entre ellos la posible implicación en la causa del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, quien denunció al industrial por un supuesto intento de extorsión. Dorribo mantiene, según los letrados presentes en la comparecencia, que el alto magistrado tenía una participación en su empresa eólica de Camerún, e insiste en los favores hechos a su yerno, propietario de una farmacia.

Además de las preguntas del fiscal, también fue interpelado por los abogados de Fernando Blanco, el alcalde de Lugo o la letrada que representa al Igape. Uno de los pocos que no interrogó al principal imputado en el 'caso Campeón' fue el abogado que le acompañaba, Luis Pelaéz. Jorge Dorribo habría dado respuesta pausada y contundente a todos ellos, salvo a los letrados encargados de los farmacéuticos implicados en el caso, a quienes no quiso responder. Todos ellos tendrán copia de la declaración en formato audiovisual en los próximos días.

Réplica de los abogados
Gregorio Arroyo, el abogado defensor del alcalde de Lugo, sostiene que Jorge Dorribo sigue "en su línea de derramar tinta de calamar y que, en lugar de ocuparse de su defensa, ha optado por seguir autoinculpándose". Según el letrado, el principal imputado se dedicó nuevamente a "disparar en todas las direcciones" salpicando a políticos y empresarios, una actuación que calificó de "esquizofrenia procesal".

Arroyo afirma que "pasará como con el supuesto pago de los 200.000 euros al ex ministro de Fomento, que la Agencia Tributaria desmintió". El letrado de López Orozco insiste en que el alcalde "nunca ha tenido contacto directo con este señor para tratar el tema de las licencias", pero sí reconoce que ambos han participado en actos oficiales como el 'Arde Lucus' o los partidos del Breogán.

Con todo, desmiente las declaraciones del empresario al indicar que los informes favorables sobre la unión de las naves de Dorribo pertenecen al año 2004, mientras que los patrocinios al Ayuntamiento de Lugo son del año 2007. Según informó Arroyo, la juez decidió enviar las licencias concedidas por el Ayuntamiento fuera del Juzgado para que un ente autorizado se pronuncie sobre su legalidad.

Nuevos nombres
Por su parte, el abogado del ex conselleiro nacionalista Fernando Blanco explicó que los argumentos y la documentación aportada ante la juez por el principal imputado en la 'operación Campeón' nuevamente "echan por tierra" las acusaciones contra su defendido. Indica que "no pudo haber ningún pago por una subvención que había sido denegada", por lo que "no existen ni esos pagos ni esas reuniones secretas". Aseguró que los argumentos esgrimidos por Dorribo responden a un intento "burdo" de demostrar una falsedad y que la documentación entregada "solo buscaba crear confusión".

Xoán Antón Pérez Lema explicó que varios de los abogados presentes en el interrogatorio se interesaron por la declaración voluntaria del día 8 de agosto en la que Jorge Dorribo implicó a políticos y empresarios acusándoles del supuesto cobro de dinero como contraprestación a la ayuda prestada al empresario. El letrado dice que se interesaron sobre la causa que le llevó al Juzgado, para saber si pretendía "ayudar en la investigación" o tenía que ver con una "motivación personal de comodidad" que le permitiese abandonar la cárcel.

La defensa del ex conselleiro quiso aclarar la compra, por parte de Fernando Blanco, de varios décimos de lotería de los que obtuvo un premio superior a los 78.000 euros. "Está aclarado y Dorribo reconoce que no tiene nada que ver con el tema", replicó Pérez Lema.

ELMUNDO.es también ha podido saber que Dorribo habría aportado nuevos nombres en la causa, entre los que se encontrarían varios de sus empleados y socios en su entramado de empresas, así como cargos de la Xunta y de otras administraciones públicas. El ministerio fiscal, el único con potestad para pedirlo, optó por no solicitar el ingreso en prisión. Los interrogatorios continuarán a lo largo de la semana.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DOS EX EMPLEADAS DE UNA EMPRESA DE DORRIBO DESVELAN QUE EXISTÍA DINERO "B"

Las dos trabajaron en la contabilidad de la farmacéutica Nupel
Han declarado en el Supremo que desconocen si el dinero era para políticos
Ambas han comparecido ante el Alto Tribunal como testigos

Europa Press | Madrid

María Isabel Fernández y Marta Andón, que trabajaban en la contabilidad de la farmacéutica Nupel antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, han desvelado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano la existencia de 'contabilidad B' en esta empresa, si bien desconocen si el dinero estaba destinado al pago a políticos para obtener de forma fraudulenta ayudas públicas.

Así lo señaló a las puertas del Alto Tribunal el abogado de Fernández, Gerardo Pardo de Vera, al término de la declaración que esta empleada de Nupel y su compañera prestaron en relación con la pieza que investiga la supuesta comisión por el ex ministro de Fomento, José Blanco, de delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la "Operación Campeón".

La citación de estas trabajadoras tenía como objetivo aclarar el origen del dinero que, según la declaración del propietario de Nupel, Jorge Dorribo, fue entregado al ex ministro socialista para que favoreciera la obtención por esta empresa de ayudas públicas.

Según este letrado, ninguna de las dos trabajadoras de Nupel han podido aportar mucho, a los delitos que se investigan, puesto que "los supuestos sobornos no dejan muchas pistas en los ficheros informáticos de la contabilidad"." Que pueda haber otro tipo de soportes documentales privados y que tengan otras personas de la empresa, pues no lo sabemos, evidentemente", ha añadido.

'No tienen nada que ver'
Según sus abogados, las comparecientes son simples trabajadoras de una empresa "que nada tienen que ver con esa urdimbre de supuesta corrupción institucional". Ambas han comparecido como testigos y están imputadas en la causa que investiga la juez de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José.

Pardo de Vera ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que las trabajadoras detectaron la existencia de irregularidades contables en Nupel, aunque a su juicio se trataba de la 'contabilidad B' que puede existir en cualquier empresa. "Pero de ahí a que ese dinero vaya destinado a sobornos a políticos, sobre eso no tienen ningún conocimiento", ha añadido.

Además, el letrado ha negado que su cliente conociera a qué cantidad ascendía dicho dinero en B y que hubiera existido entrega del mismo a ningún político. "Tienen dificultad incluso para identificar el cargo que ocupan personas de la Administración o ministro, son ajenas completamente a los 'tejemanejes' que pueda tener su jefe directo", ha explicado el letrado, para puntualizar más adelante que conocían a Blanco "como lo puede conocer cualquier persona".

Mañana proseguirán los interrogatorios en esta causa, pues han sido citados otros trabajadores de Nupel, concretamente el administrador José Amador Fernández y la responsable del registro Jennifer Álvarez.

Además

DOS EX DELEGADOS DEL GOBIERNO DEL PSOE, IMPUTADOS POR COMPRAR VOTOS EN MELILLA

JUSTICIA | En las elecciones de 2008
Por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos
El secretario general del PSOE en Melilla, imputado por falsedad documental
Dos ex altos cargos de Trabajo aparecen en esta presunta trama
Los planes de empleo que pudieron ser utilizados suman 26.572.988,04 euros

Paqui Sánchez | Melilla

Las elecciones generales de 2008 estuvieron marcadas en Melilla por la sospecha de que los planes de empleo del Estado pudieran haberse utilizado para comprar votos para el pacto político entre PSOE y Coalición por Melilla (CPM). El considerable aumento del voto por correo, el envío masivo de cartas a ciudadanos anunciando una falsa preselección para los planes de empleo durante la campaña electoral y la declaración de dos testigos que pertenecían a esos partidos dieron lugar al caso voto por correo.

Su investigación había dado lugar a la imputación de una veintena de dirigentes de PSOE y CPM, entre ellos sus máximos responsables, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, acusados de presuntos delitos electorales, falsedad documental, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso, que también salpicó en diciembre a algunos responsables de Correos, acaba de dar un paso más con la imputación de dos ex delegados del Gobierno del PSOE, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, dos ex subdirectores generales del Ministerio de Trabajo, Felipe Gismera (Promoción de Empleo) y Javier Alfaya (antiguo INEM), y sus respectivos delegados en Melilla, Ana Mansilla y Joaquín Arana.

El nuevo auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla acusa a todos ellos de permitir presuntamente la acción de una supuesta trama organizada por PSOE y CPM para obtener votos a cambio de un puesto de trabajo en tres planes de empleo organizados en 2008 y 2009 gracias a la concesión de subvenciones estatales que suman un total de 26.572.988 euros.

En concreto, el juez Miguel Ángel García imputa a José Fernández Chacón presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A Gregorio Escobar, que le sucedió como delegado del Gobierno y ahora es secretario general del PSOE en Melilla, le imputa los mismos delitos, y dos más de obstrucción a la Justicia y falsedad documental, igual que a Joaquín Arana, ex director provincial del SPEE (antiguo INEM) y Ana Mansilla, ex directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD).

A los tres se les acusa de «dificultar la investigación penal mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y la autoridad judicial», facilitando para ello datos contradictorios «con el único fin de eludir la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le pudiera corresponder».

Compra de votos
El juez es contundente al afirmar que estas ayudas públicas fueron concedidas para minimizar el impacto del paro sobre Melilla a desempleados de larga duración, pero en vez de eso se utilizaron presuntamente «para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008, o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos».

El auto se apoya en la investigación del Grupo ECO de la Guardia Civil, según la cual los dos ex delegados del Gobierno del PSOE fueron supuestamente influidos por los organizadores de la trama de compra de votos, que «tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía» durante la campaña electoral de 2008, siendo entonces delegado del Gobierno José Fernández Chacón. Su sucesor, Gregorio Escobar, era en ese momento el candidato de PSOE-CPM al Congreso de los Diputados. Ahora es diputado en la Asamblea de Melilla, labor que compagina desde este mismo mes con la Secretaría General del PSME-PSOE.

Según explica el auto, de los 1.388 contratados mediante la contratación directa en los tres planes de empleo, 300 personas no cumplen los requisitos mínimos exigidos para dichas contrataciones, a los que se suman otros 239 a los que no se puede verificar al no contar con la documentación necesaria. De los casi mil contratados que tenían que aportar experiencia académica para ser contratados, sólo 589 presentaron las titulaciones. Además, 281 contratados no aportaron su documento de demanda de empleo, que también era obligatorio.

Reacciones
Tras hacerse público este auto, el Gobierno de Melilla ha lamentado que esta noticia daña la imagen de Melilla y «estos temas nunca, nunca, nunca debieron haber ocurrido en Melilla», ha afirmado el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín.

Por su parte, Gregorio Escobar ha recalcado su «total y absoluta confianza» en que todos los dirigentes del PSOE y responsables de la Administración Pública «han actuado de acuerdo a la estricta legalidad y que las acciones que han llevado a cabo no han tenido otro objeto que pensar en el interés general de los melillenses».

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; FERNANDO BLANCO: "NO HAGO NADA EN ESTA OPERACIÓN, NO TENGO NADA QUE VER CON ELLA"

El ex conselleiro de Industria, acompañado por la procuradora y su abogado, Pérez Lema. | Efe
Continúan las declaraciones en Lugo
El ex diputado del BNG presta de nuevo declaración como imputado en el caso
Dorribo lo vinculó con el cobro de comisiones a cambio de ayudas de la Xunta
Sus abogados pedirán el sobreseimiento al considerar que 'no hay caso'
Anuncian que iniciarán acciones legales contra el dueño de Laboratorios Nupel

Silvia Pena | Lugo

El ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco, acudió este lunes al Juzgado de Lugo para prestar declaración ante la juez que instruye la 'operación Campeón', Estela San José. A su salida, el nacionalista explicó que estaba "absolutamente tranquilo y satisfecho" con su comparecencia, por lo que "espero que la juez entienda que fui desmantelando todas y cada una de las falacias y de las calumnias que tiene dicho el señor Dorribo sobre mi participación", esgrimió.

"No hago nada en esta operación, no tengo ninguna vinculación con ella, no cometí ningún delito, por lo que estoy muy satisfecho y espero que cuanto antes me vea libre de unas acusaciones que son absolutamente infundadas, que son injurias y no se corresponden con la realidad", expuso.

Fernando Blanco se ha visto salpicado por el 'caso Campeón' tras las acusaciones del principal imputado en la investigación, quien asegura que entregó fondos al político semanas antes de las elecciones gallegas a las que concurría como candidato por Lugo. La contabilidad B del empresario recoge cuatro pagos de 250.000 euros en concepto de 'pago consell' (supuestamente 'pagos conselleiro') entre los meses de noviembre y diciembre de 2008, después de que el departamento autonómico que dirigía Fernando Blanco concediese una subvención de 1,6 millones de euros a fondo perdido a Laboratorios Nupel, la empresa matriz del industrial.

Jorge Dorribo también reveló un supuesto pacto con el ex conselleiro mediante el cual pasaría a poseer el 12% de una de sus firmas farmacéuticas una vez abandonó su cargo en el Gobierno gallego. Todas las declaraciones realizadas por el industrial lucense fueron "desmontadas", según sus propias palabras, por el ex conselleiro en su segunda declaración ante la juez, una comparecencia de menos de una hora de duración que se prolongó desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde por la petición de Fernando Blanco de su traducción al gallego.

'No aparezco en ningún sitio'
Fernando Blanco afirmó que centró su declaración en "completar" la comparecencia del 29 de noviembre de 2011 en la que la juez le imputa un presunto delito de tráfico de influencias. El ex diputado autonómico del BNG recordó que no aparece "en ninguna" de las conversaciones que figuran en la parte alzada del sumario del caso "ni en vídeo, ni en fotos, ni con ninguno de los imputados", precisó.

En sus declaraciones a los medios de comunicación relató cómo "aclaró" ante la juez aquellos asuntos por los que se ha visto salpicado como "la compra de un vehículo, la supuesta adquisición de un diamante o el tema de la lotería". "Espero que sea suficiente y que pueda salir de aquí y quedar mucho más tranquilo", remarcó.

La juez instructora del caso le preguntó a Fernando Blanco, tal y como él mismo reconoció, los motivos por los que cree que Dorribo le citó en sus comparecencias acusándole de la comisión de varios delitos. "Entiendo que era una estrategia para salir de la cárcel", apunta el nacionalista, quien también añade que "lo que puedo acreditar es que lo que decía era mentira", unas acusaciones que, según destaca, rebatió "con documentos".

En su primera declaración ante la juez que instruye la 'operación Campeón', en noviembre de 2011, Fernando Blanco rechazó todas y cada una de las acusaciones formuladas contra él por Jorge Dorribo. Así, negó la entrega de dos sobres con 35.000 y 20.000 euros, así como la colaboración del industrial con su partido político para financiar la campaña de las elecciones municipales.

También defendió que no participó en la tramitación del préstamo concedido a Nupel por la Xunta y rechazó que haya cobrado 200.000 como contraprestación. Unas acusaciones en las que este lunes volvió a ratificase.

Petición del sobreseimiento de la causa
Por su parte, los letrados que le acompañaron en su declaración ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Lugo, Xosé Antón Pérez Lema y Evaristo Nogueira, sostiene que "no hay caso" contra su cliente, por lo que anunciaron que pedirán el sobreseimiento de la causa. Además del asunto del coche y la lotería, acusaciones que consideran "super acreditadas", Pérez Lema se refirió a la subvención concedida por el bipartito a Nupel para decir que se trata de un expediente de I+D+i "clarísimo en el procedimiento de concesión como en la certificación técnica".

Aseguró que se trata de un procedimiento "perfectamente controlado" por la Intervención General de la Consellería de Economía de la Xunta y por una comprobación posterior encargada por el Gobierno gallego en 2011. "En noviembre dijimos que no había caso y seguimos diciendo que no hay caso", subrayó el letrado de Fernando Blanco.

Evaristo Nogueira avanzó además que "una vez que se sobresea la causa" contra Fernando Blanco, iniciarán las acciones legales "correspondientes" contra Jorge Dorribo por emitir unas manifestaciones contra el político "injuriosas, vejatorias, falsas y hasta ruines", espetó. El abogado lamentó la mala imagen que el industrial traslada de Lugo con sus declaraciones, una ciudad que definió como "tranquila y en las que no existe corrupción".

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