jueves, 9 de julio de 2009

EL FISCAL PIDE IMPUTAR A CORREA Y "EL BIGOTES" EN LA CAUSA CONTRA CAMPS

Entiende que el delito también lo han cometido quienes realizan los sobornos y no sólo los políticos que han recibido los regalos

ANGELES VÁZQUEZ - Madrid

Pablo Crespo, Álvaro Pérez ('El Bigotes') y Francisco Correa.

La Fiscalía Anticorrupción considera que tanto el que recibe la dádiva o el regalo como el que lo entrega a una autoridad o funcionario público a cambio de su favor deben ser juzgados en el mismo procedimiento. Por eso, ayer mismo solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) José Flors que amplíe la citación como imputados para la vista del próximo miércoles a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Son los cabecillas de la trama Gürtel y las tres personas que aparecen como las que pagaron los trajes presuntamente recibidos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y los otros tres dirigentes del PP valenciano acusados.

Anticorrupción precisa que "comparte plenamente el contenido del auto" del juez Flors , que ve indicios de un delito de cohecho en los trajes recibidos por Camps. La propia resolución afirma que ha hallado evidencias de que las empresas de Francisco Correa –principal encausado y en prisión desde el pasado mes de febrero– pagaron los trajes, y se centra especialmente en Orange Market, en cuyo accionariado participa Pablo Crespo y de cuya gestión en Valencia se ocupa Alvaro Pérez, El Bigotes.

Sólo aforados
Pero ninguno de ellos aparece citado como imputado en el auto dictado el lunes pasado por Flors, que se centra en los cuatro aforados vinculados a la trama: Francisco Camps; el secretario general del PP autonómico y portavoz del Grupo Popular de Les Corts, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La Fiscalía considera que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez deben ser también imputados en la trama valenciana del caso Gürtel por un delito de cohecho. Los tres adquirieron esa condición cuando declararon ante el juez Baltasar Garzón el pasado mes de febrero, pero sólo Álvaro Pérez ha declarado ante el TSJCV. Lo hizo el pasado 20 de mayo, el mismo día que comparecían Víctor Campos y Rafael Betoret.

Los pagos concretos
El Tribunal Supremo, cuando aceptó la competencia para investigar parte del caso Gürtel –en concreto, al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino– también aceptó investigar "a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Es decir, aunque no asumió la totalidad de la causa que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí se encargará también de los cohechos que Correa pudo pagarle a los aforados de su competencia.

El juez Flors debe decidir sobre la petición fiscal de ampliar el número de imputados en Valencia antes de la celebración de la vista prevista para el día 15. Es la única manera de que puedan comparecer y ser informados de la imputación que se formula contra ellos. Precisamente, los cuatro aforados imputados en esta parte de la trama lograron eludir su presencia en la comparecencia al alegar que ya conocen las acusaciones que pesan sobre ellos y considerar que su derecho de defensa está perfectamente garantizado a través de sus abogados. El juez Flors les ha eximido de asistir.

Dos tipos penales
El magistrado atribuye a Camps la comisión de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función".

La resolución de Flors no atribuye ningún delito a Correa, Crespo y Pérez, aunque su conducta sería fácilmente encardinable en el 423, que pena a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos". La pena prevista para estas personas es la misma que la que corresponda a los que se intentaba corromper. En este caso multa.

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Gürtelpedia

PÚBLICO.ES

JUAN ESCUDERO QUEDA LIBRE TRAS PAGAR 60.000 EUROS DE FIANZA

Corrupción urbanística

"¿Queréis que me coloque en otro sitio? Aquí estoy a contraluz"

La juez decreta prisión eludible para el ex alcalde y el anterior secretario municipal, mientras que el arquitecto de la corporación ingresa en la prisión de Sangonera

La juez Ana María Algar, que instruye el caso de la Operación Ninette, en la que han sido detenidas seis personas e imputadas otras catorce más, decretó ayer prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para el ex alcalde socialista de Los Alcázares Juan Escudero, quien la hizo efectiva poco después de las tres y media de la tarde, quedando en libertad de forma inmediata. Tampoco irá a la cárcel el que fuera secretario municipal hasta su jubilación en diciembre, Diego Sánchez, tras pagar 27.000 euros, tal y como informaron ayer fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Sánchez permanecía bajo arresto domiciliario desde el pasado jueves por motivos de salud y edad, puesto que tiene 70 años.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la protagonizó el arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, que fue trasladado a la cárcel de Sangonera la Verde tras decretar la juez prisión provisional comunicada y sin fianza. Según las investigaciones de la juez y del fiscal José Luis Díaz Manzanera, Ayuso podría haberse hecho con una fortuna de más de cien millones de euros en solares. La Policía detectó que Ayuso tenía una vivienda en Andorra, así como una cuenta con 600.000 euros. Los agentes tratan de encontrar también más dinero en otros paraísos fiscales, como por ejemplo en las Islas Vírgenes y en Gibraltar, ya que estos fueron los lugares elegidos por el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, que había encabezado numerosas inversiones en Los Alcázares.

Con la entrada de Ayuso a la cárcel ya son cuatro las personas que se han visto privadas de su libertad tras la Operación Ninette: los empresarios Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier, así como el hermano del arquitecto y presunto testaferro, Juan Ignacio Ayuso.

También acudieron ayer a los juzgados de San Javier el hijo del secretario municipal, Juan de Dios Sánchez Galera, que está imputado en el caso, así como la hermana de la mujer de Juan Escudero, Loreto Martínez Zapata, que según fuentes de la investigación tenía a su cargo varias empresas que al final acababan en manos de los hermanos Ayuso.

Nuevas declaraciones
Una vez decidida la situación procesal de los arrestados el pasado miércoles, la juez deberá tomar declaración a los nuevos imputados en la Operación Ninette, entre los que se encuentran los arquitectos que firmaban los proyectos de la empresa de Mariano Ayuso en Los Alcázares, así como los empleados de las oficinas bancarias que pudieron haber anunciado a los implicados en este caso que estaban siendo investigados por la Policía.

LAOPINIÓNDEMURCIA.ES

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A QUIENES REGALARON LOS TRAJES A CAMPS

Exige que comparezcan Correa, El Bigotes y Crespo

EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, que cite como imputados en la causa a los líderes de la supuesta trama de corrupción que regalaron los trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Noticias relacionadas
o Reducir el caso Gürtel valenciano a los ropajes de Camps no aguanta un análisis serio
o Camps alegará en su recurso que el sastre José Tomás se quedó con el dinero de los trajes
o Camps y Costa evitan la foto de su nueva comparecencia ante el TSJ
o El PSPV recurre el auto contra Camps porque “más allá de los trajes hay otras cosas”

La Fiscalía informa en una nota que ha solicitado hoy al magistrado que amplíe el auto que dictó el pasado lunes, en el que citaba a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret a comparecer en la audiencia fijada para el día 15, con el objeto de ampliar esa citación a Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa.

“El mismo procedimiento”
Según informó este órgano en un comunicado, la Fiscalía comparte "plenamente" el contenido del auto del magistrado instructor, aunque considera que la conducta "de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".

Camps, Costa y cia.
El juez instructor dictó el pasado lunes un auto en el que considera que los hechos atribuidos al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa; el ex conseller Víctor Campos, y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, en la investigación de la trama de corrupción vinculada al PP pueden ser objeto de delito de cohecho y ordenó continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado.

Cohecho
En concreto, el magistrado considera que existen "suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del procedimiento" que se imputan al presidente de la Generalitat, a Costa, Campos y Betoret "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal", informa Elmundo.es

ELPLURAL.COM

EL PP ARRASA EN MURCIA PESE A LIDERAR, CON 26 CARGOS IMPUTADOS, EL RANKING POR CORRUPCIÓN

¿Por qué siguen respaldando los votantes a los ediles investigados por la Justicia?

¿Pasan factura en las urnas las acusaciones e imputaciones que pesan sobre los dirigentes políticos? Aunque a priori la respuesta clara debería ser que sí, no es lo que ocurre a la hora de la verdad en regiones como Murcia, donde 26 municipios (de un total de 45) tienen a sus alcaldes investigados por diferentes delitos, la mayoría vinculados a la corrupción y al urbanismo salvaje. En la región, 26 dirigentes y altos cargos del PP tienen causas pendientes con la justicia y, sin embargo, los populares arrasaron en la última cita con las urnas, las elecciones europeas del pasado 7 de junio, hasta el punto de que seis de cada diez votos fueron a parar al equipo de Ramón Luis Valcárcel.

Tener cuentas pendientes con la Justicia y estar investigado por los tribunales por delitos relacionados con la corrupción y el desarrollo urbanístico no siempre es sinónimo de perder la confianza ciudadana. El caso más claro se da en Murcia, donde el PP arrasa votación tras votación, pese a que hasta 26 miembros del partido con cargos públicos tienen un proceso abierto o incluso han pasado por el calabozo. Tanto es así que, en las pasadas elecciones europeas, los populares se hicieron con un 63,5 por ciento de los votos, convirtiéndose en la agrupación del PP más votada de toda España.

Más de la mitad, investigados
La situación global de la Región de Murcia se refleja en muchos de sus municipios. Según recoge un reportaje de la revista Interviú, de los 45 que integran la comunidad autónoma, 26 han visto a sus alcaldes implicados en asuntos turbios. De ellos la inmensa mayoría afectan al PP. Solo el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (acusado de delitos urbanísticos) y el ex alcalde de Ceutí y senador Manuel Hurtado (prevaricación y falsedad documental) estaban en las filas del PSOE. A ellos se suma el alcalde de Ojos, Francisco Salinas, acusado de corrupción de menores y miembro de un partido local independiente. El resto de Ayuntamientos salpicados por escándalos son del PP.

69,46 por ciento de los votos... y el alcalde imputado
Y, sin embargo, en las pasadas europeas, estos alcaldes y ediles imputados del PP han conseguido para su partido la mayoría de los votos. En casi todos los municipios, el porcentaje de apoyos al PP superó el 60 por ciento de los votos. Donde más apoyo consiguieron los conservadores fue en Torre Pacheco, con un 69,46 por ciento de los sufragios. Su alcalde, Daniel García Madrid, está acusado de malversación y fraude entre otros delitos, y fue detenido por la Guardia Civil a principios de abril de 2008.

Dos de cada 10, al PSOE
La trama de corrupción urbanística en la que presuntamente participó supuso cuantiosas pérdidas para el Ayuntamiento de la ciudad, y 13 personas más, incluidos los principales constructores de la zona, pasaron por los juzgados y, igual que él, por el calabozo. El frenazo en la construcción ha dejado sin trabajo a miles de personas en esta localidad de 30.000 habitantes. Pese a todo, García Madrid sigue al frente del Ayuntamiento, y su partido arrasó el 7 de junio en la localidad: solo dos de cada diez votantes apostaron por el PSOE.

Otros ejemplos
Algo similar ocurrie en Águilas, donde el edil popular, Juan Soto Ramírez, está acusado de prevaricación y tráfico de influencias (el PP tuvo un 69,43 por ciento de los votos en las europeas); en Villanueva, donde acusan por un delito ecológico al alcalde José Luis López (recabó el 67,6 por ciento en las europeas), o en Abanillas, donde el teniente alcalde, José Antonio Blasco, está investigado por falsificación de documentos (67,12 por ciento el 7 de julio). Y son solo algunos ejemplos, ya que el patrón se repite en todo el territorio.

La crisis y la burbuja inmobiliaria
¿Por qué los alcaldes imputados siguen recibiendo un apoyo tan masivo de los ciudadanos? Según el reportaje de Interviú los murcianos tienen fuertemente asociado al PP con el crecimiento económico. Y es que el abrumador desarrollo urbanístico llevó a que la región haya sido la que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos diez años, aumentado su PIB en un 3,94 por ciento, medio punto por encima de la media nacional. Con el desplome de la burbuja inmobiliaria, ese crecimiento se ha frenado en seco, algo que relacionan directamente con la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno nacional.

La especulación y los "nuevos ricos"
Actualmente la comunidad registra 28.800 parados. Según grupos ecologistas, “la especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murica”. “Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras. Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa”, explican.

La situación se repite
Aunque Murcia es el ejemplo más paradigmático, no es el único. Que se lo pregunten a Carlos Fabra, a quien se imputan hasta nueve delitos en un proceso que llevaba más de año y medio sin encontrar juez que se atreviese a estudiar las más de 25.000 páginas del sumario contra él. Pero, pese a los delitos de los que se le acusa, Fabra ha revalidado su candidatura en las urnas, y el PP sigue siendo el partido más votado en Castellón. Tal vez el presidente valenciano, Francisco Camps, que pronto se sentará en el banquillo por su presunta implicación en el caso Gürtel, espere también un indulto ciudadano en los próximos comicios, al margen de lo que diga la Justicia.

ELPLURAL.COM

CAMPS, COSTA Y CAMPOS NO ASISTIRÁN A LA COMPARECENCIA DEL TSJ POR EL "CASO GÜRTEL"

VALENCIA

Renuncian a este derecho y delegan en sus abogados

De izquierda a derecha, Francisco Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos

* La nueva citación está prevista para el el miércoles 15 a las 10.30 horas
* El juez ha aceptado la petición de estos tres imputados 'populares'
* El jefe de Protocolo de la Diputación no ha solicitado esta exención

Europa Press | Valencia

El magistrado que instruye la rama valenciana del 'caso Gürtel', José Flors, ha admitido los escritos presentados por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Cortes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y conseller, Víctor Campos, para no estar presentes el próximo miércoles en el acto de comparecencia de concreción de imputación, que acordó el instructor en su último auto.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, estos tres imputados han presentado escritos en los que expresan su renuncia a estar presentes en este acto porque consideran que está suficientemente garantizado su derecho de defensa.

El ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no ha realizado ninguna petición en este sentido.

Alegan también que conocen los hechos que se les imputan y que, por tanto, están suficientemente instruidos sobre los hechos que constituyen el objeto de imputación. El magistrado instructor ha admitido la petición y, por ello, no estarán presentes en el acto señalado para el próximo miércoles.

El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el que considera que los hechos que investiga del 'caso Gürtel' atribuidos al jefe del Consell y al resto de imputados pueden ser objeto de delito de cohecho pasivo impropio y ordenaba continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado.

Comparecencia el día 15

Flors fijó para el próximo 15 de julio a las 10.30 horas la celebración de la comparecencia en la que las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas podrán alegar lo que estimen oportuno, -incluida la petición de sobreseimiento-, así como la petición de nuevas diligencias de investigación.

El magistrado rechazó en ese auto el sobreseimiento libre y archivo de la causa, que se había solicitado por parte de los imputados, "por existir suficientes indicios racionales" de un delito de cohecho impropio.

Recursos

Las defensas de Camps y Costa anunciaron su intención de recurrir en apelación el auto ante la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano. El plazo para presentarlos es de cinco días. Posteriormente, existe un nuevo plazo de cinco días para impugnaciones.

Probablemente agotarán el plazo de cinco días fijado para presentar los recursos cuyo hilo argumental se basará, entre otros puntos, en insistir en que no hay ninguna prueba que implique a los imputados y en las contradicciones que se han evidenciado durante el proceso. En concreto, se centrará en la figura de José Tomás, 'el sastre' en las diferentes declaraciones realizadas.

El PP ha cerrado filas en torno a Camps tanto a nivel nacional como regional, asegura que aguantará hasta el final y que en el partido no se habla de dimisión. Sin embargo, en privado, algunos dirigentes muestran la conveniencia de que el presidente dejara el cargo en caso de no prosperar el recurso para evitar que se siente en el banquillo siendo el jefe del ejecutivo valenciano y del PPCV.

Los dirigentes populares valencianos se muestran optimistas y confían en que el recurso sea aceptado e incluso algunos, como el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, aseguró el miércoles que su apreciación personal es que finalmente Camps no se sentará en el banquillo.

Asimismo, el PSPV ha expresado su intención de recurrir la decisión judicial con el objeto de que se contemplen otros delitos además del de cohecho pasivo impropio, entre los que estarían el de financiación ilegal o malversación de caudales públicos, y que comparezcan consellers y la presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, que contrataron con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas de la trama investigadas.

Magistrados del TSJ

Los magistrados que estudiarán el recurso son José Francisco Ceres, Juan Montero Aroca y el presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa, quien se encuentra en funciones como presidente del TSJCV tras finalizar su mandato el pasado lunes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es quien debe nombrar al nuevo presidente -cargo para el que De la Rúa podría presentarse a la reelección-. La Comisión Permanente del CGPJ tiene para ello que convocar el concurso para la provisión de la plaza, que se publica en el BOE, para lo que no existe un plazo determinado. Los candidatos tienen entonces un plazo de 20 días naturales para presentarse.

A partir de ahí, la Comisión de Calificación del CGPJ elabora una terna de candidatos -si la hubiera- que pasa al pleno del órgano de gobierno de los jueces para que, por mayoría de tres quintos, se reelija o se designe al presidente. Los plazos, por tanto, dependen del Consejo y mientras tanto, De la Rúa seguirá al frente del alto tribunal valenciano, en funciones.

Además
* La defensa de Camps alegará que el sastre se quedó el dinero
* El Consell dice que Camps 'no se sentará delante de la Justicia'

ELMUNDO.ES