lunes, 13 de septiembre de 2010

FABRA ATRIBUYE A MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS SUS INGRESOS NO JUSTIFICADOS

El presidente de la Diputación de Castellón replica al informe de los peritos

MARÍA FABRA - Castellón

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha presentado un informe en el juzgado número 1 de Nules para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos judiciales, que señalaron la existencia de ganancias patrimoniales "no justificadas" por valor de 3,6 millones de euros, tras analizar sus cuentas y las de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Los peritos detectaron nueve presuntos delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003, al haber dejado de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El documento pericial fue en el que se sostuvo la imputación a Fabra por fraude fiscal, que se unió a las de tráfico de influencias y cohecho, de las que también está imputado.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición a 20 y nueve meses de prisión.

El informe, presentado por Fabra ante el juzgado en julio considera justificados todos los ingresos efectuados en los bancos y descarta que se trate de dinero del que no se conoce la procedencia, sino que se refiere a movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.

Para argumentar esta afirmación, el perito rebate la metodología aplicada por los inspectores de Hacienda que sólo consideran como justificados movimientos entre cuentas por cantidades similares realizados en un plazo de diez días. "Rechazamos el argumento respecto del plazo máximo de diez días", indica el documento presentado por Fabra, que añade que se trata de "un argumento sin base jurídica o consuetudinaria que lo justifique". El informe insiste en este punto e indica que "no existen normas legales que permitan afirmar si el criterio de depuración es apropiado o no".El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, dio en junio por cerrada la instrucción del caso Fabra. Sin embargo, días antes, la defensa del presidente de la Diputación trató de prolongar las diligencias solicitando que un experto, propuesto por el imputado, elaborara un informe patrimonial con el que poder rebatir las conclusiones del informe pericial, que se ha elaborado a lo largo de cuatro años. Han "esperado a que el informe [el pericial realizado por inspectores de Hacienda] estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", fue la respuesta otorgada por el juez en un auto en el que reprochaba a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años". En cualquier caso, Pin invitaba al letrado del presidente de la Diputación de Castellón a presentar el informe, aunque no por ello iba a frenar el cierre de la investigación.

Finalmente, Fabra presentó el informe, fechado a finales de junio, pero este solo aborda el ejercicio fiscal de 1999, mientras que el informe pericial analiza el patrimonio del presidente de la Diputación entre 1999 y 2004. Además, el documento está conformado en dos partes. En la primera, hace referencia a la denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2005 por un supuesto fraude cometido en 1999. En la segunda, analiza el dictamen de los peritos judiciales pero solo respecto a ese año fiscal y contraponiéndolo a las conclusiones presentadas por la Agencia Tributaria.

La denuncia de la Agencia Tributaria sostenía la existencia de una "discrepancia injustificable" entre su incremento patrimonial y su capacidad económica declarada. El informe de Fabra asegura que en 1999, el presidente de la Diputación no obtuvo "ganancias patrimoniales", sino pérdidas que atribuye a la liquidación de dos sociedades. El fisco le acusó además de haber comprado una parcela en la urbanización La Coma, en Borriol, y de que, pese a habérselo solicitado, "no ofreció explicación alguna" acerca de los medios de pago empleados en dicha operación. El informe ahora presentado explica que la parcela fue el medio de pago de la liquidación de una de las sociedades y que "la falta de justificación obedece a que la sociedad vendedora se liquidó por esas fechas por lo que fue materialmente imposible obtener las evidencias documentales".

Todo el informe insiste en justificar que lo que los peritos consideran ganancias no justificadas (que sólo en 1999, entre ingresos, transferencias y cheques elevan a más de 500.000 euros en el caso de Fabra y otros 350.000 de Fernández) son atribuibles a movimientos entre cuentas. Pero además aporta otra explicación y asegura que Fabra utiliza sus tarjetas de crédito personales para pagar gastos de representación y que, posteriormente, la institución se los abona, tras justificarlos. Así, sostiene que sólo de la Diputación, Fabra cobró más de 9.000 euros de gastos que él mismo había adelantado.

El documento que está en poder del juez utiliza un apartado concreto para exponer las diferencias encontradas entre la denuncia de la Agencia Tributaria y las conclusiones expuestas por los peritos judiciales en su informe, elaborado tras cuatro años de recopilación y análisis de información. Sostiene que existe una "enorme divergencia" entre los incrementos patrimoniales estimados por los peritos y los calculados por la Agencia Tributaria y asegura que los inspectores de Hacienda designados por el juzgado "no han aceptado ni una sola explicación aportada por el contribuyente".

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"CASO GÜRTEL"; "UNA VEZ QUE EL PP YA NO GOBIERNA, VEO A CORREA FUERA DE SÍ. ERA AMIGO DE AZNAR"

Los escándalos que afectan al PP DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ABOGADO QUE MONTÓ LA RED GÜRTEL EN EL EXTERIOR

Luis de Miguel asegura que se desvinculó de la trama al sospechar de sus negocios

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid -

El abogado Luis de Miguel, imputado por seis delitos en el caso Gürtel, es el hombre que supuestamente tejió en el extranjero la profusa red de sociedades que empleó el cabecilla de la red, Francisco Correa, para evadir y blanquear los muchos millones que obtuvo ilícitamente de Administraciones gobernadas por el PP.

De Miguel: "Correa me dijo que quería hacer inversiones sin figurar él"

Pidió al jefe de la red que regularizase su situación con Hacienda

En su declaración ante el juez Pedreira, a finales de diciembre pasado, se mostró tajante al afirmar que, en septiembre de 2005, dimitió como "asesor" de Correa cuando empezó a sospechar sobre la ilicitud de la procedencia del dinero que ocultaba el líder de la trama. Y también al verse él mismo mezclado, por ser asesor de Correa, en una información periodística que situaba a Correa entre las peligrosas amistades de Alejando Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. "Le dije a Correa", explicó al juez, "que si [lo del artículo de prensa] era verdad, que yo no podía mantenerle como cliente, porque yo tenía clientes muy importantes". "¿Y qué pasaba?", se preguntó De Miguel, "pues que en 2005 ya gobernaba el PSOE, y este señor [Correa] era muy amigo del yerno de Aznar y de Aznar. Y una vez que ya el PP no gobierna, le veo que está un poco nervioso, fuera de sí, y le dije que dimitía", según su declaración. En el interrogatorio, De Miguel se desentendió de la descomunal evasión de capitales que se atribuye a la red Gürtel: "Los fondos que haya sacado Correa de España", dijo, "ni sé cómo ha sido y no tengo ni idea de cómo los ha sacado". De Miguel afirmó también que aconsejó a Correa que "regularizase" su situación con Hacienda. "Pedí a Correa que pagara por los incrementos patrimoniales sin justificación, incluso le dije lo que le podía costar, pero no me hicieron caso".

De Miguel admitió que hizo dos "viajes al extranjero" con Correa: uno "de placer" y otro a Reino Unido para constituir allí la sociedad opaca Rustfields, desde la que él, a instancias de Correa, rebotaba dinero a España para compras inmobiliarias de Gürtel.

El abogado llevaba asesorando a Correa desde 1999. A raíz de un delito fiscal de uno de sus clientes, el juez Garzón ordenó en 2002 un registro en su despacho en el que aparecieron documentos comprometedores para decenas de multimillonarios españoles por evasión de ingentes cantidades de capitales al exterior. Correa era uno de ellos. Ese informe aún no está desclasificado, pero figura en el sumario.

De Miguel comentó también al juez cómo conoció al cabecilla de Gürtel. "Me presentaron a Correa y a su primo Antoine Sánchez [testaferro de Correa, otro de los encarcelados por la trama], que vivía en Senegal. Me dijeron que querían hacer inversiones en España y que no querían aparecer". Según De Miguel, tras tomar contacto con Correa y su primo empezó a crear sociedades en la Isla de Nevis y luego en otros países con opacidad fiscal. De Miguel fue administrador único de algunas de las más importantes sociedades de Correa, como Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki, SL, así como de la famosa Orange Market, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" del presidente Francisco Camps.

El abogado también ha ocupado cargos en otras sociedades de la red Gürtel (Special Events, Pasadena Viajes, TCM y Real Estate Equity Portfolio). El juez ha enviado comisiones rogatorias a una decena de países y paraísos fiscales en busca del dinero ilícito de Correa. Por el momento se han hallado 21 millones en Suiza y propiedades inmobiliarias en Miami y Colombia. Algunos países no están colaborando.

De Miguel confesó que, tras apartarse de Correa, la estructura societaria de capitales quedó en manos de otro de los imputados de Gürtel, José Ramón Blanco Balín, que la agigantó aún más. Inspector de Hacienda, Blanco Balín fue durante años vicepresidente de Repsol. Pese a este supuesto desconocimiento que alega De Miguel, Garzón, primer instructor del caso, le imputó como uno de los tejedores del entramado financiero de Correa. Y el juez Pedreira lo sigue teniendo como tal.

Anticorrupción preguntó a De Miguel por Proyecto Twain Jones, sociedad ideada para, entre otros proyectos, construir 16 chalés de lujo en Majadahonda. Se trata de una firma investigada por blanqueo de capitales detrás de la cual se oculta supuestamente Correa. De Miguel explicó: "Era una cosa que organizó Jacobo [Gordon, amigo y socio de Agag]. Era una especie de grupo inversor. Se decía, vamos a comprar una parcela y vamos a poner dinero entre todos. Y por eso se organizó. Pero yo ahí estuve muy poco tiempo".

"Conozco a Bárcenas solo por la tele"

El juez Pedreira acaba de pedir a Jacobo Gordon, ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag, que le aporte el libro de registro de socios de Proyecto Twain Jones. Quiere saber qué personas están detrás de esta sociedad, creada para construir 16 chalés de lujo en Majadahonda (Madrid). Y es que Gordon es presidente de Estate Equity Portfolio, sociedad que posee el 75% del capital de Proyecto Twain Jones. La policía sostiene que uno de esos socios, con una aportación de 150.000 euros, es Rosalía Iglesias Villar, esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas.

La policía dispone de un documento hallado en un registro en el despacho del ex asesor de Correa Ramón Blanco Balín en el que aparece manuscrito un supuesto reparto de 300.000 euros entre Correa y Bárcenas, a razón de 150.000 euros para cada uno. El juez preguntó al abogado Luis de Miguel si conocía a la esposa de Bárcenas. Dijo que no. Y que tampoco a Bárcenas. "Le conozco por la tele".

-¿Usted reconoce una deuda de la mujer de Luis Bárcenas a favor de la entidad Rustfields, de Correa?

-Ni idea.

-¿Qué trabajos hizo la empresa De Miguel y Asociados para el Parlamento Europeo?

-Trabajos de secretaría para uno de los eurodiputados [se refiere a José Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP y también imputado en la red Gürtel].

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"CASO BRUGAL"; "NO QUIERO QUE ME VEAN POR ALLÍ, NO SEA QUE UN FOTÓGRAFO ME PILLE"

El PP recurrió al empresario Ángel Fenoll para lograr la alcaldía de Orihuela en la campaña de 2007 a cambio de la contrata que originó el 'caso Brugal'

EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante -

El empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal y una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, tuvo un papel determinante en la campaña electoral de las municipales de 2007 en Orihuela (Alicante). Tenía muchos intereses en juego y necesitaba que gobernara el PP. "Voy a trabajar todo lo que pueda y más para que ella [en referencia a la futura alcaldesa, Mónica Lorente, llamada a ser la sucesora del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll] gane", admite en una de las conversaciones interceptadas en la investigación judicial del caso Brugal.

Según la policía, organizó 70.000 llamadas telefónicas para captar votos

Según consta en el informe policial, el coordinador electoral del PP, Pedro Meseguer, facilitó al empresario un listado de electores que figuraban en el censo para realizar "70.000 llamadas telefónicas" para captar votos. Fenoll destinó a un equipo de entre "10 y 15 personas" para realizar estas llamadas. "Que digan que soy del PP, de la sede de Mónica Lorente", ordenó el empresario. Meseguer, actual jefe de prensa de la alcaldesa, proporcionó algunos teléfonos móviles. El censo electoral de Orihuela es de 41.000 votantes, según el INE, por lo que pudo haber segundas llamadas a un mismo número.

La actividad de Fenoll fue frenética. El empresario organizaba y supervisaba los actos de campaña del PP, fletaba autobuses para los mítines, pagaba meriendas, mecheros y espejos de bolso para señoras. El informe policial hace referencia también a un supuesto pago de 1.200 euros al concejal del PP Ginés Sánchez el día de la inauguración de la nueva sede del partido. El empresario siempre urdía todas las operaciones, pero quería pasar inadvertido. "Yo no quiero que me vean por allí, no sea que un fotógrafo me pille", consta en una grabación referente a un acto en Orihuela de la candidata con residentes extranjeros. En la parte final del informe policial sobre la campaña electoral, los agentes desvelan cómo el mismo día de la cita con las urnas el empresario montó un dispositivo en los alrededores de los colegios electorales con algunos de sus colaboradores, camuflados dentro de sus vehículos, que repartieron papeletas del PP. Dos empleadas admiten que una tarde llegaron a ensobrar 1.200 papeletas.

La policía concluye que de estas operaciones el PP estaba al tanto y que el apoyo de Fenoll "fue algo más que circunstancial, obedecía a una estrategia planeada para asegurarse la presencia en el Ayuntamiento de las personas que mejor iban a defender sus intereses". El empresario, que fue condenado por la Audiencia de Alicante por comprar votos para el PP a 5.000 pesetas en 1991, obtuvo en 2008 la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela, que ha dado origen al caso Brugal.

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LA POLICÍA IMPLICA EN GÜRTEL A MÁS AFORADOS DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN

Los escándalos que afectan al PP

La investigación descubre pagos ilegales de la trama corrupta a altos cargos, además de al presidente del Parlamento regional

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

ESPECIAL: Las conversaciones del 'caso Gürtel'

La trama Gürtel sigue poniendo bajo sospecha la gestión del PP en diversas instituciones. La investigación de un caso que se destapó hace año y medio y que mantiene imputadas a 70 personas, entre ellas casi 20 que desempeñaron cargos públicos con el PP, ha encontrado pruebas que implican a nuevos aforados políticos de esta formación en Castilla y León, además del actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, que figura en varios informes policiales por el supuesto cobro de comisiones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar que se remita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una parte de la investigación del caso Gürtel. En estas diligencias queda acreditado supuestamente el pago de comisiones ilegales por parte de la trama corrupta a dirigentes de la Consejería de Obras Públicas de Castilla y León por la adjudicación de una obra a Teconsa, una constructora leonesa que mantenía relaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama, y aparece como beneficiaria de numerosas operaciones irregulares en Gobiernos del PP en varias comunidades. Ese pago de comisiones ilegales afectaría al actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, al que se identifica como "TOTI" en la contabilidad de la trama corrupta. Ahora, la policía ha descubierto nuevos documentos de la red Gürtel que acreditarían más comisiones ilegales pagadas por la trama de Francisco Correa a otros políticos del PP en Castilla y León por obras adjudicadas desde una consejería distinta a la de Obras Públicas.

La policía ha pedido al juez y a la Fiscalía Anticorrupción que mantengan el secreto de las actuaciones referidas a esta investigación de una nueva supuesta corruptela en la Administración de Castilla y León.

Un informe de la Intervención General del Estado da cuenta de numerosas irregularidades en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba por la que la empresa adjudicataria, Teconsa, pagó el 3% del montante de la obra en comisiones ilegales, cerca de 100.000 euros, que se encargó de repartir Correa.

Otros informes que forman parte del sumario señalan que Teconsa recibió entre los años 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones del Gobierno de Castilla y León. Un análisis de la Agencia Tributaria sobre las actividades económicas de Teconsa acredita que esta empresa realizó movimientos de dinero en efectivo con billetes de 500 euros por un total de 5,5 millones en 2004; 242.000 euros en 2005; 893.000 en 2006 y 202.000 en 2007.

Sin ninguna experiencia en asuntos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo, Teconsa logró por siete millones de euros el contrato para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. Subcontrató todos los trabajos con empresas especializadas por algo más de tres millones de euros y el resto lo repartió con la trama corrupta, según la documentación requisada en las sedes de las empresas de la red Gürtel.

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Caso Gürtel
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"CASO BRUGAL"; UN INDUSTRIAL CORRUPTO COMPRÓ DOS TELEVISIONES LOCALES A PETICIÓN DE RIPOLL

Tabarka Media era la matriz de un grupo mediático vinculado al zaplanismo

A. BELTRAN / S. NAVARRO - Valencia / Alicante

CLAVES: La trama corrupta del 'caso Brugal'

Ángel Fenoll , empresario imputado en el caso Brugal , sostuvo económicamente un grupo mediático del PP alicantino a petición del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll , también imputado. A cambio, según las grabaciones que constan en el sumario, reclamó contrapartidas. La investigación policial ha permitido confirmar que Fenoll compró a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, asimismo imputada, la emisora local Canal Vega Televisión, de cuya empresa, TV Orihuela, SL, es administrador único desde enero de este año. Previamente, Fenoll se hizo cargo, a través de personas interpuestas, de la empresa Tabarka Media, SA, que gestiona dos televisiones locales, Canal 37 en Alicante y Onda Mariola, en Alcoi.

La ex directora de Canal 9 Genoveva Reig estuvo al frente de Tabarka Media

La empresa controla dos cadenas de Alcoy y Alicante

Tabarka Media es el grupo que alentó en su día Eduardo Zaplana y para el que consiguió en 2002 el entonces presidente de la Generalitat valenciana apoyo financiero del grupo francés Bouygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esa época. Al frente de Tabarka Media estaba Genoveva Reig, que fue directora de Canal 9 y directora General de Comunicación del Gobierno valenciano en la época de Zaplana. Reig dejó oficialmente la dirección de Canal 37 y Onda Mariola el pasado mayo para engrosar al mes siguiente la nómina de 75 asesores de Ripoll en la Diputación.

En realidad, Reig ya había dejado su cargo en el consejo de administración de la empresa en diciembre de 2009, cuando cedió su administración a Bruno José García Soto, hombre vinculado a las empresas de recogida y tratamiento de basuras, como el propio Fenoll, en cuyo nombre entró en Tabarka Media en octubre, cuando se hizo una ampliación de capital. García Soto había comprado en julio de 2009 una empresa llamada Medios Hábiles, SL, en el banco de sociedades de Ramón Cerdá Sanjuán. Medios Hábiles sirvió para entrar en Tabarka Media. Posteriormente, en enero de este año, García Soto dejó la administración de Tabarka Media, que pasó a manos de Fernando Tomás Herrero, presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia. El pasado 30 de julio se celebró otro consejo extraordinario de Tabarka Media para sustituir también a Tomás Herrero.

Estos cambios accionariales y de gestión en poco más de un año encajan con el informe policial incorporado al sumario del caso Brugal , según el cual, el empresario de Orihuela se hizo cargo de las dos televisiones de Alicante, tal como le pidió Ripoll, pero se negó a invertir grandes cantidades de dinero en una empresa cuya situación financiera era insostenible, lo que obligó a buscar de manera urgente otro inversor que evitara su desaparición. El propio Ripoll reconoció ayer que contactó con Fenoll para que entrara en el accionariado de la televisión. "Fue una iniciativa en el contexto de crisis y para intentar reflotar una empresa alicantina", puntualizó. El líder del PP desvinculó esos contactos con la adjudicación de la planta del plan zonal; "fue después", puntualizó.

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