lunes, 22 de febrero de 2010

"CASO GÜRTEL"; HACIENDA DESTAPA COMISIONES OPACAS DE NUEVE CARGOS DEL PP POR 3,8 MILLONES

Los escándalos que afectan al PP
EL DELITO FISCAL DE DIPUTADOS Y ALCALDES MADRILEÑOS EN EL 'CASO GÜRTEL'

"Posiblemente las cantidades cobradas no han sido declaradas"

JOSÉ MANUEL ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que dirigía el cabecilla de esa red, Francisco Correa. Así se desprende de un informe que tiene ultimado la Agencia Tributaria y que, según distintas fuentes, será aportado en breve al sumario que tramita el juez de Madrid Antonio Pedreira.

El fisco considera reales los pagos hechos en 'B' por Correa a políticos

Hacienda ha analizado e informado sobre los datos contenidos en una carpeta azul que la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía decomisó a José Luis Izquierdo, el contable de las sociedades corruptas. Hacienda sostiene que estas cantidades "posiblemente han sido cobradas y no declaradas".

Son anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos supuestamente a estos altos cargos -entre ellos, tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres ex alcaldes de importantes municipios madrileños- a cambio de contratas fraudulentas y otros lucrativos favores realizados desde instituciones públicas gobernadas por el PP. Al margen de esos pagos, que suman 3,8 millones de euros, Hacienda también indaga otros sobornos económicos aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de las sociedades de Correa. Y tiene constancia de otras prebendas y viajes recibidos por algunos de estos nueve ex altos cargos: coches, viajes...

Sólo los tres diputados del PP, al menos dos de ellos de especial confianza de la presidenta regional Esperanza Aguirre, habrían percibido de la trama, según Hacienda, casi un millón de euros, de los que no dieron cuenta al fisco, motivo por el que la Agencia Tributaria entiende que han podido cometer un delito fiscal. Tanto los tres diputados como los cuatro alcaldes fueron forzados por el PP a dimitir de sus cargos o abandonar el grupo. Los diputados forman ahora parte del grupo mixto en la Asamblea y siguen cobrando sus sueldos públicos.

Al diputado Alfonso Bosch, ex gerente de la empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte (Madrid), Hacienda le reclama, por el dinero percibido y no declarado (250.000 euros en sobornos), una cuota a pagar cercana a los 100.000 euros. A Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre, el fisco le ha descubierto ingresos no declarados que suman otros 352.000 euros. Es a quien más dinero le reclama Hacienda de los tres diputados implicados.

A Benjamín Martín Vasco, diputado y ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), el fisco le atribuye la recepción de unos 340.000 euros, siempre según fuentes conocedoras del informe.

Por su lado, a tres de los cuatro ex alcaldes madrileños imputados, el fisco les atribuye la percepción total de 1,6 millones de euros en dinero negro. De entre los ex ediles, y sólo por este concepto, el que más dinero líquido ha recibido y no ha declarado al fisco es Arturo González Panero, ex regidor de Boadilla del Monte (642.000 euros), seguido de los ex alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López (534.000 euros), y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (455.000). Aunque Sepúlveda, igual que los otros alcaldes, fue forzado a dejar sus cargos, trabaja en la sede del PP.

El informe de la Agencia Tributaria, que estará listo para ser entregado al juez esta misma semana, se centra también en Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Hombre de confianza de González Panero en el Ayuntamiento, Hacienda le atribuye haber cobrado y no declarado 450.000 euros. Supuestamente, a cambio de las contratas que dio a dedo a distintas constructoras cómplices tras la intermediación de Correa. Los otros dos investigados por el fisco en el marco de la trama de Madrid son Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP en la pasada legislatura, y el padre de éste y ex concejal de Boadilla, José Galeote. En total, Hacienda considera que ambos no declararon casi 800.000 euros.

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"CASO MALAYA"; CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE ROCA Y VON BISMARK

TRIBUNALES | Una operación dentro de 'Malaya'

Europa Press | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el procesamiento del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, de la empresaria Sandra Von Bismark, y de dos letrados por un presunto delito de blanqueo de capital con relación a una operación urbanística de compraventa de una parcela, investigada dentro del caso 'Malaya'.

A través de un auto, de 96 folios, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha desestimado los recursos de apelación presentados por los cuatro procesados contra el tercer auto de procesamiento de esta causa, contra la corrupción marbellí, dictado por el instructor Óscar Pérez el pasado año.

La investigación, realizada por el grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, giró sobre la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad vinculada a Von Bismark de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el bufete Sánchez Zubizarreta, participada por otra en la que Roca tenía un 50%.

Respecto a las alegaciones de forma, la Sala mantiene los mismos argumentos que en los otros dos autos anteriores en los que resolvía los recursos planteados por otros procesados en esta causa, al tiempo que sostiene, igualmente, que el auto de procesamiento "contiene una motivación adecuada y suficiente para justificar el dictado del mismo".

En lo que se refiere al fondo, el Tribunal insiste en la "necesidad de celebración del plenario para poder emitir un juicio real sobre la supuesta participación de los distintos procesados" y en que será en el juicio donde "habrá que dilucidar primero y resolver después en sentencia si la conducta de éstos fue dolosa o culposa y el carácter delictivo de su actuación".

Asimismo, se sostiene que será en ese momento en el que habrá que determinar si el delito ha prescrito, como alegaron las defensas, en función de la calificación que realicen las acusaciones, de la fecha que se tome de referencia y del tiempo transcurrido, según se desprende de la resolución.

En el caso concreto de Roca, la Sala apunta que "no puede hablarse de prescripción sin determinarse antes su participación en estos hechos, al no figurar, al parecer, en ninguno de los documentos referentes a la venta del terreno" ni tampoco participó, tal y como alegó la defensa, "en los actos preparatorios del contrato".

En este punto, da la razón al letrado, pero añade que "no es eso lo que parece que se le imputa, sino el estar tras ese entramado empresarial desde donde dirigía supuestamente la referida operación basándose, según el instructor, en su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella en aquella fecha y en su capacidad decisoria en materia urbanística".

Señala que será esa presunta "relación de influencia y capacidad de decisión lo que tendrán que acreditar las acusaciones en el plenario como base y fundamento sobre los que se construye la mayor parte de las imputaciones contra el señor Roca, dilucidándose, además, si trabajó para el Ayuntamiento en la sociedad denominada Planeamiento 2000".

También afirma la Sección Primera que habrá que valorar en la sentencia, tras el juicio, "el valor de las declaraciones supuestamente incriminatorias de otros coprocesados" y si hubo "algún tipo de connivencia entre Roca y los imputados".

Respecto a Von Bismarck, "quien ya reconoció que sabía que el señor Roca trabajaba en el Ayuntamiento, admitiendo que eso era un hecho público y notorio en la ciudad", dejó de ser administradora de la sociedad que vendía en 2000, según la defensa, mientras que el último pago se verifica en 2002, por lo que en el juicio habrá que resolver sobre "si hubo connivencia con Roca o si se trata de una mera relación comercial".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; RIPOLLÉS NIEGA QUE INTENTARA BENEFICIAR A SANDO AL EVALUAR SU OFERTA ECONÓMICA

Para la adjudicación de una opción de compra de suelo

El economista José Antonio Ripollés, a su llegada al juzgado. | C. Márquez

* El economista dice que "nadie le instó" a primar a Sando
* La Audiencia ratifica la imputación de María Victoria Bustamante

Europa Press | Sevilla

El economista José Antonio Ripollés, técnico que participó en la elaboración del informe de estudio y en la valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, ha afirmado que "en ningún momento" realizó la valoración con la intención de beneficiar a Sanma -filial de Sando-, así como que "nadie le instó a que valorara en dicha forma la opción de compra".

Durante su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga la concesión de este concurso a Sando, la magistrada cuestionó a Ripollés sobre si "no es cierto que la fórmula elaborada para valorar el precio de opción de compra y forma de pago del mismo se dividía en tres partes: importe, contado y aplazado", así como si "no es cierto que, por aplicación de esta fórmula, la empresa que ofertase un pago total al contado tenía garantizada la obtención de 6,67 puntos sobre 10".

En su declaración, Ripollés asegura que él se limitó a aplicar la fórmula, y que posteriormente se dio cuenta de que, "efectivamente", el pago al contado tenía garantizado 6,66 puntos, añadiendo que, aunque "es cierto" que la oferta de Sanma era de 1,6 millones de euros al contado y luego otros 3,4 millones, él no consideró que esta última cifra fuera aplazada, "porque, según se especificaba en la oferta económica, se ponía a disposición de Mercasevilla en el momento en que fuera requerido para ello, a diferencia de otras ofertas de otras empresas en las que se especificaban fechas concretas para la entrega de las cantidades aplazadas".

Al hilo de ello, incide en que, en su momento, consideró que esa manera de realizar la oferta por parte de Sanma "era equivalente a que la hubiera hecho al contado, ya que desconocía el plazo en que se iban a hacer efectivos los 3,4 millones de euros", y defiende que "no recibió ninguna instrucción" para calificar con un '0' a la oferta del Grupo Noga, pues "simplemente se limitó a aplicar la fórmula que se le dio por la Universidad de Sevilla".

"Nunca escuchó" que el concurso fuera para Sanma
Tras indicar que contactó con diferentes expertos "y todos han coincidido en que el exceso del diez por ciento de la media aritmética debía significar puntuación '0'", José Antonio Ripollés asevera que "nunca escuchó" en la mesa de contratación que el concurso "parecía que iba a ser para Sanma", y que "no le consta que se hiciera nada 'ex profeso' para que Sanma ganara el concurso".

Tras señalar que el informe emitido por él y por la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, también imputada en esta causa, "fue el que finalmente asumió" la mesa de contratación, Ripollés indica que, aún no habiendo existido la limitación del diez por ciento, habría vuelto a ganar Sanma.

El presidente de Sando delega en su hijo
Este lunes también ha prestado prestó declaración como imputado el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, quien ha puesto de manifiesto que no participó "en ningún momento" en la negociación con Mercasevilla para la subrogación de Sanma en el derecho de superficie que ostentaba la entidad Larena 98 sobre determinadas parcelas de Mercasevilla, ya que su hijo, Luis Sánchez Manzano, "tiene todo tipo de poderes".

Así, Sánchez Domínguez informó de que su idea era retirarse en 2005, por lo que en la época de los hechos se dedicaba a terminar los asuntos que había iniciado y su hijo era el que se iba ocupando de los asuntos nuevos, mientras que actualmente está retirado y no llevada ningún aspecto relacionado con la gestión, aunque acude a las oficinas de Sando "cuando le da la gana".

Asimismo, el presidente de Sando dijo desconocer si Mercasevilla quería o no que su empresa ganara el concurso público, y, de manera voluntaria, quiso manifestar "el muchísimo daño que este asunto le está causando a su empresa, a los trabajadores, a su propia familia y a los 3.000 colaboradores que trabajan con su empresa", añadiendo que, "si lo que se está investigando aquí fuera verdad, es como matar moscas a cañonazos, y el daño es terrible".

Por otra parte, hay que destacar que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto por el que ratifica la imputación de María Victoria Bustamante, pone de manifiesto que, "al menor en cierta medida", la imputada tuvo participación en los presuntos hechos delictivos como técnico municipal encargada de la elaboración del pliego de condiciones, apuntando la posibilidad, no obstante, de que "las posibles responsabilidades penales puedan limitarse a más altos escalones de la Administración municipal".

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EL FISCAL VUELVE A IMPUTAR AL EX ALCALDE SOCILISTA DE ATARFE POR MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN

GRANADA | Por la venta de una parcela municipal

* La Fiscalía critica que la venta del terreno no se subastara
* Cuestiona también el destino del dinero destinado al Proyecto Atarfe


José A. Cano | Granada

La Fiscalía Provincial de Granada ha emitido un decreto de denuncia contra Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, por un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en la venta de una parcela municipal al actual director de Proyecto Atarfe, la empresa pública de suelo propiedad del Ayuntamiento, quien entonces era asesor jurídico de la entidad y posteriormente vendió el terreno a una promotora "a un precio mucho mayor".

La acusación se convierte en la undécima por posibles delitos urbanísticos a la que se enfrentará el antiguo regidor, que dimitió el pasado 16 de diciembre tras ser condenado a tres años de cárcel y tres de inhabilitación por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta investigación, abierta por una denuncia del Partido Popular, se convierte en la cuarta iniciada a instancias de este, uniéndose a las cinco presentada por Izquierda Unida.

Los hechos denunciados comenzaron en octubre de 1997, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión a Proyecto Atarfe de unos terrenos municipales, autorizando a Sánchez a la firma de cuantos documentos fuera necesarios. Así, en 1998 vendió una de las fincas a una constructora, otras tres a tres particulares, y la última al entonces asesor jurídico de Proyecto Atarfe y actual y director de la empresa, quien más tarde revendió "por un precio mucho mayo" la propiedad a una promotora inmobiliaria, según recoge el escrito.

Imputado el director del Proyecto Atarfe y comprador
El Ministerio Público considera que la venta de la parcela se hizo mediante "adjudicación directa", es decir, sin la subasta a la que le obliga la ley, y "eligiendo ad hoc" al comprador. Igualmente sostiene que se le permitió volver a vender la finca "perdiéndose cualquier posibilidad de controlar que el patrimonio público pudiera cumplir sus fines", hecho que se produjo en el año 2000 y cuando ya el propietario ya había sido nombrado gerente de Proyecto Atarfe.

La Fiscalía también señala que "no consta cuál fue el destino dado finalmente a las cantidades recibidas por Proyecto Atarfe" procedentes de las ventas, sobre todo por no estar establecido igualmente que "fueran destinadas a a los fines legales" del patrimonio municipal.

J.M.M.M.E., director de Proyecto Atarfe, que en 1999 fue en las listas de las municipales del PSOE, ha sido imputado por los mismos delitos de de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Partido Popular ha exigido al actual alcalde, Tomás Ruiz Maeso, concejal de Cultura con Sánchez, que lo cese de su cargo, petición que llevará al pleno municipal.

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"CASO ASTAPA"; HALLAN UNA CUENTA CON 10 MILLONES VINCULADA AL EX GERENTE DE URBANISMO

Pedro López

Efe | Málaga

La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.

El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.

Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.

A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho. Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta el martes el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.

De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.

El 'caso Astapa' suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.

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* Un Ayuntamiento en el que se 'cobraba por todo'

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BARCELÓ Y PONS DECLARARÁN POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN

CONSTRUCCIÓN | Por ordenar el derribo de una fábrica de Son Sintes

Europa Press | Palma

La portavoz del Govern y consellera de Turismo, Joana Barceló, así como el presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, han sido llamados a declarar ante el juez el próximo 5 de marzo por un presunto delito de prevaricación, en virtud de una querella criminal presentada por el empresario Valeriano Allès, con motivo de la decisión de la institución insular de ordenar el derribo de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintes.

Así, fuentes del Consell de Menorca han informado de que Barceló comparecerá ante el juez para prestar declaración por unos hechos ocurridos cuando era la presidenta del Consell de Menorca en 2007, año en el que Pons era el conseller insular de Ordenación del Territorio.

Barceló y Pons serán interrogados acerca de la decisión adoptada por el Consell de Menorca de resolver el expediente de restitución de la legalidad urbanística el pasado 21 de diciembre de 2007 y de instar a la empresa Valeriano Allès Canet S.L. a derribar las edificaciones construidas sin licencia y a paralizar su actividad.

Baleares BALEARES - AMPL Joana Barceló y Marc Pons declararán ante el juez el próximo 5 de marzo por un presunto delito de prevaricación Serán interrogados por una querella criminal presentada por el empresario Valeriano Allès contra el Consell de Menorca por ordenar el derribo de una fábrica de bloques

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

No obstante, el origen del conflicto se remonta al 2004, cuando el Ayuntamiento de Ciutadella no actuó, después de que la citada empresa solicitara la licencia de obras para construir una fábrica de bloques en suelo rústico.

En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Ayuntamiento, hecho por el cual el Consell de Menorca fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia.

Finalmente, la institución insular resolvió denegar la licencia el 15 de noviembre de 2004, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico.

Un contencioso denegado dos veces

Como consecuencia de esta decisión, Valeriano Allès interpuso un contencioso-administrativo contra la resolución del Consell, que fue denegado en primera instancia por el Juzgado del Contencioso-Administrativo el 5 de septiembre de 2005 y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares el 26 de marzo de 2006. Por tanto, la negativa del Consell de Menorca a otorgar la licencia de obras a la empresa denunciante quedó, definitivamente, avalada por la Justicia.

Pese a no tener ningún tipo de licencia y de ser una actividad no permitida en suelo rústico, Valeriano Allès Canet S.L. siguió adelante con los trabajos de construcción de las instalaciones y, posteriormente, inició la actividad industrial que no paró hasta que fue desalojado de las instalaciones a instancias del propietario de los terrenos.

Las citadas fuentes del Consell de Menorca recordaron que una vez probada la ilegalidad de las obras y dictaminada por la Justicia, la Ley de Disciplina Urbanística de 1990 obliga a la Administración competente a iniciar los respectivos expedientes, uno de restitución y otro de sanción. Un vez más, el Ayuntamiento de Ciutadella decidió no actuar y el Consell de Menorca, "siempre atendiéndose a aquello que dicta la ley, determinó hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de manera subsidiaria".

De este modo, ante la imposibilidad de legalizar las obras destinadas al uso industrial a la cantera de Son Sintes, la institución insular resolvió el expediente de restitución de la legalidad urbanística el 21 de diciembre de 2007 e instó a la empresa a derrocar las edificaciones construidas sin licencia y a paralizar la actividad.

El Consell remarcó que esta resolución sólo afecta a las instalaciones sin licencia donde se desarrolla una actividad ilegal, por lo que "no afecta a la actividad extractiva".

Posteriormente, el 21 de febrero de 2008 el Consell resolvió el expediente sancionador que alcanzó los 390.225 euros, tras la valoración pericial hecha por los técnicos de la institución insular, "siempre de acuerdo con el proyecto presentado en su día por la empresa, y tras conocerse la imposibilidad de legalizar las obras.

Así, ante las dos resoluciones en materia de disciplina urbanística, Valeriano Allès Canet S.L. decidió interponer los respectivos contenciosos ante la Justicia por la vía administrativa y que, a día de hoy, aún no se han resuelto.

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