domingo, 1 de abril de 2012

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ IMPONE UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS A LA EXMUJER DE PANERO

El magistrado que instruye el caso Gürtel detecta "numerosos indicios" de criminalidad en la actuación de Elena Villarroya

Tono Calleja Madrid

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel acordó ayer jueves imponer una fianza de un millón de euros a Elena Villarroya Samaniego, exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, al detectar "numerosos indicios sobre la participación de Villarroya en la trama delictiva". El magistrado resalta en un auto que la exmujer de el albondiguilla, alias con el que identificaba el cerebro de la red, Francisco Correa, al exregidor boadillense, declaró como imputada "por existir suficientes indicios racionales de criminalidad en relación con su participación en los hechos que inicialmente se imputaron a su cónyuge".

La fianza de un millón de euros se impone, según el magistrado, basándose exclusivamente en los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos: "Téngase en cuenta, además, la presunta existencia de otros graves delitos, imputados tanto a Elena Villarroya como a su cónyuge".

Asimismo, Ruz relata que en el caso Gürtel aparecen numerosos indicios de criminalidad, apoyados en las evidencias recogidas en las entradas y registros, en las escuchas telefónicas, así como en los informes realizados tanto por la Policía Nacional como por la Intervención General del Estado y la inspección de Hacienda. El magistrado concede únicamente un día para que Villarroya preste la fianza, que si no abona en el plazo previsto acabaría con un embargo de sus bienes.

Por su parte, el ex alcalde de Boadilla del Monte considera que la fianza de un millón de euros “es desproporcionada” al delito del que se le acusa a su exmujer, que es contra la Hacienda Pública. Los investigadores del caso Gürtel descubrieron que González Panero y su exesposa tenían una sociedad en Suiza, Longgridge Internacional, con una cuenta en el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC-Private Bank Suisse), no declarada al fisco español. La apoderada de la sociedad era la exmujer y el albondiguilla figuraba como gestor. El juez atribuye a González Panero un delito contra la Hacienda pública, pero también otros de tráfico de influencias y cohecho. Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar futuras garantías económicas. Según Panero, la investigación de esta empresa se inició tras el robo de documentación de un empleado francés de una entidad financiera que facilitó información confidencial de los clientes: “Y la Agencia Tributaria denunció por unas cantidades muy bajas, por lo que un millón de euros es algo exagerado para un delito muy discutible”, relata González Panero.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ IMPUTA AL EXJEFE DE CANAL 9 POR BLANQUEO DE DINERO Y DELITO FISCAL

Álvaro Pérez, El Bigotes; Francisco Correa, presunto jefe de la trama Gürtel, y Pedro García, ex director general de la televisión pública valenciana. / KAI FÖRSTERLING (EFE) / SANTIAGO CARREGUÍ
LA INVESTIGACIÓN DEL MAYOR PELOTAZO DE LA RED GÜRTEL EN VALENCIA
García fue uno de los supuestos comisionistas en la visita del Papa

María Fabra Castellón


Cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal. Esos son los cinco delitos que Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, imputa al ex director general de la televisión pública valenciana, Canal 9, Pedro García, cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps (PP) y amigo íntimo de la red corrupta. Pedro García fue responsable de que la cadena pública firmara con Teconsa el contrato por el que esta cobró 7,4 millones de euros por montar pantallas de televisión y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, en su visita en 2006.

Según la fiscalía y la Agencia Tributaria, Teconsa no fue más que una tapadera, una empresa pantalla, de la red Gürtel que, posteriormente, repartió entre varias personas el beneficio que obtuvo por este contrato, que ascendió a más de tres millones de euros, ya que el coste real de los servicios apenas alcanzó los 3,2 millones.

Uno de los beneficiarios en el reparto de esas comisiones, según consta en la propia contabilidad incautada a la trama, fue Pedro García, que al parecer percibió de la red hasta 500.000 euros. Los otros comisionistas del pelotazo de la visita del Papa fueron, según la documentación de la trama, la propia Teconsa, Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes; Pablo Crespo y una quinta persona, “R”, que no ha podido ser todavía identificada. Teconsa recibió, según los informes, 200.000 euros; el jefe de Gürtel, Francisco Correa, 1,4 millones; el número dos de Correa, Pablo Crespo, 600.000 euros; y el delegado de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, otros 500.000.

Al margen de esta entrega de dinero en metálico, el juez quiere investigar la “percepción reiterada de dádivas, por parte de Pedro García, procedente del entorno de Francisco Correa” y señala “prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico”. Por todo ello, Pablo Ruz ha llamado a declarar, el próximo 8 de mayo y en calidad de imputado, al ex director general de la televisión pública valenciana.

Teconsa no tenía ninguna experiencia para realizar el trabajo que se le encomendó en el contrato con Canal 9. Por eso, hubo de subcontratar todos los servicios adjudicados. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos trabajos que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa. Así, el juez ha pedido documentación a todas las empresas que intervinieron en la sonorización y el montaje de pantallas de televisión para la visita de Benedicto XVI.

Además, cita también a declarar a un familiar de Pedro García, Vicente Torró, con el fin de averiguar si las empresas de este percibieron dos abonos que cree que corresponden a trabajos no realizados y a través de los que se pudo pagar su comisión al entonces director de la televisión valenciana.

Como base para la imputación, el juez cita hasta tres de los informes realizados por la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía.

La documentación sobre el pelotazo con motivo de la visita de Joseph Ratzinger a Valencia se conoce desde hace dos años. Sin embargo, hasta ahora, Pedro García no había sido imputado por ningún delito.

Cuando en mayo de 2010 el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se inhibió de la parte valenciana del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Valencia este solo admitió una parte de la causa. El tribunal valenciano descartó investigar e instruir el procedimiento relativo a la visita del Papa porque como responsable se señalaba a Pedro García, a Teconsa y a los miembros de la trama y ninguno de ellos tenía la condición de aforado, que hubiera posibilitado el traslado del caso a Valencia.

Desde que se devolvió esta parte de la causa al Tribunal Superior de Madrid, hace ocho meses, se ha librado una batalla sobre quién era el órgano competente para investigar la visita del Papa y el millonario contrato entre Canal 9 y Teconsa. Mientras, la fiscalía reclamó la imputación del exjefe de Canal 9. Finalmente, Ruz decidió sacar adelante la causa y, tras recibir varios informes que avalan los indicios que ya señaló la policía, comenzó con las imputaciones y los interrogatorios. Imputó a Ramón Blanco Balín, la persona a la que se atribuye la operativa para el blanqueo de capitales de la trama, y a Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Además, citó para interrogar a los responsables de Teconsa. Uno de sus directivos, Rafael Martínez Molinero, reconoció implícitamente en su comparecencia que todo estaba amañado entre Canal 9, la red Gürtel y Teconsa al admitir que hubo que subcontratar la tarea con empresas que sí tenían experiencia en este tipo de instalaciones.

Otro de los informes que Ruz ha tomado como base es el elaborado por la Agencia Tributaria, que añadió al escándalo un presunto fraude a la Hacienda pública de más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades. El inspector de Hacienda que elaboró el informe advirtió del peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescribieran. Pero la Audiencia Nacional ya ha actuado.

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