martes, 15 de noviembre de 2011

"CASO VOLTOR"; FARRÚS RECONOCE QUE FINANCIÓ LA CAMPAÑA DE UM PERO NIEGA CONTRAPRESTACIONES

En 2007

* El empresario declara ante la juez que hizo donativos al partido

Efe | Palma

El empresario de la comunicación Jacinto Farrús ha reconocido hoy ante la juez del caso Voltor que financió la campaña electoral de UM en 2007 "dentro de los límites que marca la ley de partidos", pero ha negado haber recibido a cambio ningún tipo de contraprestación por parte de esta formación política.

Farrús ha comparecido ante la juez como imputado dentro de una pieza del caso en la que se investiga un supuesto trato de favor a sus empresas por parte del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) del Govern balear, dependiente de la Conselleria de Turismo y controlada durante la legislatura pasada por UM.

Ha explicado que hizo donativos "nominativos" a UM y que también aportó dos o tres trabajadores de su grupo para ayudar en la campaña, después de que se lo pidiera el ex conseller insular de Economía y expresidente de UM, Miquel Àngel Flaquer.

También ha explicado que donó una lona, pero ha añadido que su coste no superaba los 100.000 euros, cantidad que permite la ley para aportar a una campaña política.

Preguntado acerca de si contrató a esos trabajadores expresamente para que los emplease UM en la campaña, tal y como declaró ante la policía cuando fue detenido en marzo de 2010, se ha desdicho de sus palabras alegando que tras 40 horas de "angustia" en los calabozos de la policía dijo cosas que no tenían "ni pies ni cabeza". "Puse a empleados que tenía disponibles en mis empresas para apoyar a la campaña electoral y a los que no contraté expresamente para ello", ha aclarado Farrús.

También ha reconocido que regaló a Guillem Riera, exconcejal de UM en Bunyola, una lona valorada en 500 euros, que pagó el mismo por tratarse de una "cuestión personal" y no de su empresa. Sin embargo, Farrús ha negado haber recibido ninguna contraprestación de UM a cambio de sus donativos y su ayuda en la campaña, así como haberse entrevistado con Flaquer para pedirle que adjudicarán a sus empresas concursos públicos.

Preguntado por el fiscal Anticorrupción acerca de varios concursos supuestamente amañados a favor de sus empresas (su grupo tenía por aquel entonces en torno a 60 sociedades), Farrús ha negado saber nada de ellos, y ha insistido en que las negociaciones las llevaban sus administradores y él no estaba enterado de ellas.


elmundo.es

"CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE

UN PROMOTOR DENUNCIA AL PRINCIPAL IMPLICADO

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

ROSA BIOT - Alicante

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.


elpaís.com

LA JUNTA DENUNCIA UNA TRAMA DE 18 EMPRESAS IMPLICADAS EN EL FRAUDE DEL ERE

Mar Moreno, en el centro, tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado esta mañana. / GARCÍA CORDERO
El Gobierno andaluz pide a la juez Alaya que llame a declarar como imputados a siete personas
El dinero defraudado se eleva a 20 millones de euros

Lourdes Lucio Sevilla

El Gobierno andaluz presentó el pasado 28 de octubre a la juez que investiga el caso de los ERE un “informe detallado”·sobre la presunta trama de empresas vinculadas que recibieron ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Según ha informado hoy la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, las empresas afectadas en esta trama se elevan a 18 y afectan a siete personas. La también portavoz del Gobierno autónomo se ha negado a facilitar el nombre de las sociedades y personas implicadas.

El volumen defraudado asciende a unos 20 millones de euros. Mar Moreno ha insistido que las empresas denunciadas “tienen un clara delimitación territorial” con el exdirector general de Empleo Javier Guerrero, el principal imputado en el caso. Alude la portavoz a la Sierra Norte de Sevilla, donde un grupo de empresas recibieron ayudas de la partida "31L" destinadas a trabajadores y empresas en crisis.

Moreno, que ha informado de esta actuación en el transcurso de una pregunta, ha aprovechado para defender la actuación de la Junta de Andalucía en el fraude de los ERE. “La Junta de Andalucía denuncia e investiga, mientras que el PP usa el caso de los ERE para perseguir al Gobierno y no a los culpables”.

En el informe presentado ante la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la Junta pide a la magistrada que llame a declarar en calidad de imputados a las siete personas aludidas.

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LA JUEZ DE LOS ERE SEÑALA A GRIÑÁN

Alaya centra su investigación en 21 ayudas autorizadas por el presidente de la Junta

Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, denuncia “la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década” en la Junta y busca determinar la responsabilidad del presidente José Antonio Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía.

Alaya, a solo cinco días de las elecciones y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó el Supremo a su favor, pide ahora a la agencia IDEA las autorizaciones concedidas por Griñán y su sucesora Carmen Martínez Aguayo de las “operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones” concedidas a 21 empresas y tramitadas de la Consejería de Empleo. La juez matiza que “por ahora” se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinará las ayudas concedidas desde las consejerías de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovación y Empresa.

En el auto notificado hoy a las partes llama la atención una petición concreta: “Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa” y las subvenciones que recibió de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabriría en cierto modo el caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa.

Asimismo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla y beneficiario de la póliza de Calderinox.

Además, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relación de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan Único del Gobierno Central para la crisis de la Faja Pirítica andaluza. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representación del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podría incorporarlo a la causa antes, ya que en la época de la reconversión minera el PP ostentaba “el Gobierno de la Nación”.

Mientras, tras subrayar la juez cómo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista José Enrique Rosendo recibió 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o bien algún otro grupo empresarial “habían recibido de otras Consejerías otras subvenciones distintas de las de Empleo”. Ante las sospechas derivadas de la investigación, Alaya la extiende a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, “para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos”.

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