jueves, 3 de diciembre de 2009

QUIEN ES QUIÉN EN EL CASO PRETORIA

CORRUPCIÓN | Los 20 imputadosDe izqda. a dcha., arriba: Lluisa Mas, Emili Mas y Malfeito. Abajo, Prenafeta, Alavedra y Muñoz.

ELMUNDO.es | Barcelona

El último auto de Garzón imputa a 11 personas más en el 'Caso Pretoria', la trama de corrupción urbanística que salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña. Con éstas, ya son una veintena los imputados en una compleja trama de relaciones, concursos y planes urbanísticos que investiga el juez de la Audiencia Nacional.

El primer auto, 27 de octubre

Nueve personas fueron imputadas en la primera fase de la operación, cinco de ellos -Prenafeta, Alavedra, Muñoz, Luigi y Dobarco- permanencen en prisión, aunque Garzón ya ha establecido una fianza para que éste último pueda quedar en libertad.

Lluís Prenafeta. Fue el primer secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol y mano derecha del expresidente en sus primeros años. Está detenido acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Macià Alavedra. Ex conseller de Jordi Pujol durante 15 años. Fue titular de las carteras de Governació, Indústria y Economia. Detenido por los mismos delitos que Prenafeta.

Bartomeu Muñoz. Alcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramenet hasta que se destapó el caso. Está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude y exacciones ilegales y falsedad de documento oficial. Ha sido sustituído en el consistorio por Núria Parlón, nombrada por la cúpula del PSC.

Manuel Dobarco. Ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Luis García Sánchez, 'Luigi'. Se le considera el cerebro de la trama. Ex diputado del PSC, está en prisión acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales; además de por fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

Pascual Vela. Director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Su actuación consistiría en buscar empresas de construcción de guarderías para que les fueran adjudicadas de forma irregular las obras, además de ocultar las irregularidades del resto de la trama.

Josep Singla. Director de la inmobiliaria Proinosa, que consiguió sustanciosos contratos por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma.

Lluís Casamitjana. Director de la inmobiliaria Espais.

Manuel Carrillo. Detenido en Madrid, es el consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma.

La segunda imputación de Garzón, la trama de 'Niesma'

La segunda ola incluye 11 nuevos imputados en la supuesta trama. Muchos de los nuevos implicados están relacionados con el caso Niesma, por el que se investiga una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que beneficiaría a la empresa Niesma Corporació, dirigida por Luis García Sáez ('Luigi').

Genís Carbó. El ex jefe de planificación de la Generalitat entre 1996 y 2004 ya aparecía en el primer auto de Garzón por haber cobrado una comisión de 244.011 en la operación 'Niesma'.

Víctor Ros. Ex alcalde 'popular' de Llavaneres. Fue acusado ante la Fiscalía por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama. También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa.

Antonio Jiménez. Era concejal de Urbanismo en Llavaneres cuando se desarrolló la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros.

Los allegados

Familiares de los primeros implicados y diversas personalidades -empresariales y políticas- relacionadas con 'Luigi', el supuesto cerebro de la trama, forman el grueso de esta segunda ola de imputaciones.

Manuel Valero Navarro. AAdministrador solidario junto con Jiménez y 'Luigi' desde enero de 2004 de la sociedad Niesma Corporació SL, implicada en las supuestas irregularidades en Sant Andreu de Llavaneres. Es mano derecha de 'Luigi'.

Doris Malfeito. Pintora y esposa de Macià Alavedra. Desde 1992 era administradora de una compañía con intereses inmobiliarios en la Costa Brava. Vendía sus cuadros a grandes empresas. Imputada por blanqueo de capitales.

Maria Lluïsa Mas. Exposa de Lluís Prenafeta y administradora en las sociedades utilizadas por su esposo para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Imputada por blanqueo de capitales.

Emili Mas. El hasta el día 2 de diciembre gerente del Incasol ya estaba citado en el primer auto del juez Garzón por haber aparecido en conversaciones con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García sobre la emisión de facturas falsas para desviar fondos de ayudas europeas.

Juan Felipe Ruiz. Delegado del Gobierno en Menorca entre 1988 y 1995, ya aparecía en el primer auto de Garzón en su calidad de gerente de Marina Badalona e investigado por una operación de compra-venta de un solar en el puerto deportivo de Badalona entre 2002 y 2004.

Philip McMahan. Afincado en Andorra.
Santa Coloma, el epicentro

El Ayuntamiento que se convirtió en el epicentro de la trama el pasado 27 de octubre fue, sin duda, el de Santa Coloma de Gramenet. En este segundo auto de Garzón se amplía el número de imputados relacionados con la corrupción en este consistorio.

Josefina Calvet. Madre del detenido Bartomeu Muñoz,. también fue esposa de Blas Muñoz, el último alcalde de Santa Coloma durante el franquismo entre 1975 y 1979.

Lluís Falcó. Técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Coloma que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.

elmundo.es

VILLANOVA, ALCALDE DE ALHAURÍN DE LA TORRE, NIEGA LA MAYOR ANTE EL JUEZ

* El sumario del 'caso San Fernando' centra las pesquisas en el funcionario

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, del PP, negó ayer cualquier relación con el supuesto fraude en las oposiciones a funcionario en el Ayuntamiento entre 2000 y 2007. El regidor, a quien se imputa haber facilitado la contratación irregular de 128 personas afines a él y al PP -la Fiscalía conoció el nombre de los aspirantes que fueron elegidos antes incluso de que se celebraran los exámenes- declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga que él no intervino en ninguno de los procesos selectivos del consistorio. Respecto a un fax con una lista de aspirantes que, según el denunciante del caso, envió en agosto de 2000 el entonces presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez a Villanova, el alcalde manifestó ante la juez: "Ese fax es falso porque no está firmado. Joaquín Ramírez ha negado el fax. Puede que se haya utilizado el fax del Grupo Popular en la Diputación por otro grupo político u otra persona, porque cualquiera persona puede acceder al fax".

El abogado de la acusación particular, ejercida por una opositora que no obtuvo plaza y por un ex funcionario encargado de personal, planteó al regidor un cuestionario de 44 preguntas. Al llegar el letrado Francisco Galán a la pregunta número 12 -"¿Se han diseñado las bases de las convocatorias para beneficiar a los empleados previamente ingresados como temporales?"- el alcalde alhaurino se cerró en banda y se acogió a su derecho a no contestar más preguntas de la acusación. Según el acta de la declaración, el abogado de Villanova, Carlos Larrañaga, aportó los decretos en los que el regidor delegaba en la junta de gobierno local sus competencias de intervención en los procesos selectivos. A la salida de su declaración, Villanova recurrió al manual del alcalde en apuros judiciales: achacó la denuncia a una "venganza" y se mostró "muy satisfecho" por haber "podido acreditar que todo se ha hecho con transparencia".

elpaís.com

LA ALCALDESA DE JEREZ DECLARA COMO IMPUTADA POR PRESUNTA ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA

EUGENIO CAMACHO. JEREZ. La situación de caos económico y la desmesurada deuda que acucia al Ayuntamiento de Jerez llevaron ayer a la alcaldesa socialista, Pilar Sánchez, a comparecer en los juzgados

La alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, durante una rueda de prensa

La situación de caos económico y la desmesurada deuda que acucia al Ayuntamiento de Jerez llevaron ayer a la alcaldesa socialista, Pilar Sánchez, a comparecer en los juzgados para declarar como imputada después de que la empresa Imesapi S.A., antigua concesionaria del servicio de calas en la vía pública, le denunciase por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

Imesapi interpuso la denuncia el pasado 23 de octubre y exige a la munícipe jerezana deudas por valor de 6,5 millones de euros, dinero que la empresa asegura que el Ayuntamiento cobró de antemano, pero que el consistorio no ha pagado.

A la salida de los juzgados, la alcaldesa, después de advertir que no iba a entrar «en ninguna historia por respeto a la actuación del juzgado», aseguró que «se va a demostrar con toda tranquilidad y con toda normalidad que no tiene ningún sentido esta denuncia y que no responde en absoluto al contenido de la denuncia la situación que ellos plantean».

Pago de la tasa
Según el contrato de la concesión, que se sustenta en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del servicio de obras de calas en la vía pública, la solicitud de estos trabajos implica obligatoriamente el pago de la tasa en depósito previo mediante autoliquidación.

Tras la correspondiente obra, el Ayuntamiento tiene sesenta días para abonar el dinero a la adjudicataria de los trabajos, pero la empresa asegura que «no ha abonado ni una sola de estas facturas». Asimismo, la denuncia recoge que «es claro que no tenía intención alguna de destinar los importes percibidos por la mencionada tasa al pago del costo de los trabajos; o, como mínimo ha hecho suyas, sin derecho alguno, las cantidades depositadas cuyo fin era el tan repetido pago por los servicios».

Desde el gobierno municipal defienden el fin de caja única. Es decir, que el Ayuntamiento cobra los servicios al contribuyente para después hacer una redistribución de sus ingresos.

Sin embargo, la empresa, que manifiesta sentirse «estafada», dice no haber cobrado ni uno solo de los trabajos realizados entre 2006 y agosto de 2009, todos ellos relacionados con el procedimiento de previo depósito de tasas, por las que emitió las correspondientes facturas, y cuyo importe asciende a 6,5 millones de euros.

De igual forma, el propio consistorio jerezano reconoce una deuda global con esta empresa superior a los 20 millones.

ABC.es

"CASO MATSA"; CHAVES SE AFERRA, A LA VEZ, A LA CONFESIÓN Y AL DESMENTIDO DEL APODERADO DE MATSA

Sesión de control al Gobierno en el Congreso

El vicepresidente tercero y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, en el Congreso. | El Mundo

J. Caro Romero | Sevilla

El ex presidente andaluz y actual ministro de Zapatero, Manuel Chaves, protagonizó el miércoles en el Congreso una espectacular pirueta para sostener que no mintió a la Cámara Baja cuando afirmó que su hija Paula «no tuvo participación alguna, ni como apoderada ni como nada», en el procedimiento de solicitud y aprobación de la subvención millonaria otorgada por la Junta la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), con la que él mismo habría incurrido en un supuesto de incompatibilidad al estampar su firma en la aprobación definitiva de aquella concesión. Tal es la situación de Chaves en este asunto, que, con tal de arrimar el ascua a su sardina, el ex presidente no tiene ya pudor alguno en esgrimir, en cuestión de una semana, un argumento y su contrario.

La pasada semana, EL MUNDO de Andalucía publicó la confesión del ex apoderado de Matsa, Francisco Javier López Rubio, encargado de formalizar ante la Junta la petición de la polémica subvención. Este apoderado reconoció que trabajó con la hija de Chaves durante toda la tramitación del expediente, en contra de lo que había afirmado en el Congreso el ex presidente, donde declaró que su hija no había participado «ni como apoderada ni como nada».

Tras esa confesión, Chaves fue interpelado en la Cámara Baja y sobre esas declaraciones, dijo que: «Es exactamente lo que yo dije y lo que yo mantengo», llegó a afirmar. Después, el apoderado ha intentado desmentir lo publicado por EL MUNDO –aunque este periódico ha demostrado con sus grabaciones la veracidad de su información– en un escrito en el que solicitaba acogerse al derecho de rectificación.

En una nueva sesión de control celebrada ayer en el Congreso, Chaves volvió a ser interpelado por el PP por este asunto, y cambió radicalmente de argumento para concluir que «todo es un montaje». «El último episodio –dijo ayer– es que la persona que presentó y tramitó la subvención ha denunciado la absoluta falsedad de las informaciones y las afirmaciones que le atribuía ese medio de comunicación. Ha exigido la rectificación de ese medio y la publicación de la verdad». ¿En qué quedamos?

Para rematar su intervención, Chaves acusó al PP de practicar «juego sucio» y les recomendó que vayan «al psicólogo» para curar su «obsesión enfermiza» contra él.

Además
* 'Se ha trabajado con Paula Chaves en el expediente'
* La puntualización de López Rubio, el ex apoderado de Matsa

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA INVESTIGA SI SE FALSIFICÓ EL PLIEGO TÉCNICO APROBADO POR EL PLENO

Por la venta 'ilegal' de terrenos del mercado

María Rionegro | Sevilla

La jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, sigue mirando con lupa cada documento relacionado con la venta «ilegal» y «fraudulenta» de los suelos del mercado de mayoristas. El último paso judicial se centra en investigar si el pliego de condiciones del concurso que se aprobó en el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 por todos los grupos políticos fue falsificado o manipulado, ya que presenta importantes diferencias de contenido con respecto al que se aprobó por la Junta de Accionistas de Mercasevilla justo quince días antes, el 30 de noviembre.

Por ello, la magistrada ha solicitado al ex secretario de la comisión ejecutiva empresa pública e imputado, Jorge Piñero, que explique estas «discrepancias» entre ambas actas de aprobación del pliego de condiciones. Una de ellas radica, precisamente, en una de las cláusulas que la juez investiga por considerarla definitiva para que la constructora Sando se hiciera con la adjudicación de los terrenos pese a no presentar la oferta más ventajosa para Mercasevilla. Se trata del derecho de titularidad previa.

La magistrada tendrá que determinar de quién es la firma que avaló el documento del pleno

En el acta aprobado el 30 de noviembre por la Junta de Accionistas de la empresa pública se establecía este derecho preferente de compra pero se negaba que hubiera alguna empresa que se pudiera acoger a él. En el documento que pasó por pleno sí se establece qué este aspecto concreto debe especificarse: «Hay que relacionar las cargas reales existentes, incluyendo los derechos de superficie aunque no estén aún escritos». Un extremo que, a todas luces, beneficiaba a Sando, ya que era la única entidad de las ocho ofertantes que tenía derechos sobre esos suelos de Mercasevilla.

La otra gran diferencia entre ambos pliegos de condiciones es la rúbrica del presidente de Mercasevilla. La firma que avaló ante el pleno municipal del 15 de diciembre de 2005 el documento para la venta de los suelos es radicalmente distinta a la del entonces verdadero presidente de la sociedad pública, Gonzalo Crespo, quien sí rubricó su aprobación definitiva en el consejo de administración de Mercasevilla del 30 de noviembre de 2005.

La última página de ambos pliegos recoge la firma tanto del presidente de Mercasevilla como del secretario, Jorge Piñero. Mientras que la firma de éste último es la misma en los dos documentos, la que se refiere al presidente no se corresponde en uno y otro. Además, en el pliego que se aprueba en la Junta de Accionistas se hace referencia el cargo y al nombre del presidente, Gonzalo Crespo, mientras que en el que se votó en pleno –y que defendió el propio Crespo con el respaldo de todos los grupos políticos– tan sólo se refiere al cargo.

Ambas «discrepancias» entre actas ya fue denunciada por el PP durante el pasado pleno municipal del 16 de noviembre. Ante la manifestación de estas irregularidades, el gobierno municipal envió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el expediente 114/05 relativo a la concesión de autorización a Mercasevilla para la convocatoria del concurso público que pasó por pleno para su investigación.

Además
* El gasto de personal creció 900.000 € tras aplicar dos ERE
* Testigo insinúa que el concurso estaba dado de antemano

elmundo.es

"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; LA POLICÍA ACUSA A MUNAR DE "PREVARICAR" DE FORMA CLAMOROSA

Sigue la investigación

La presidenta del Parlament tras la rueda de prensa de UM para valorar el caso Son Oms.

* Denuncia al juez que delinquió para pagar a los testaferros de UM
* Son las conclusiones del último informe de Agencia Tributaria y Policía



Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

"Maria Antònia Munar dictó resoluciones contrarias a derecho al no respetar las normas esenciales del procedimiento administrativo, contraviniendo la legislación vigente de forma injusta, con ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, en contradicción con los mínimos esenciales del funcionamiento de la Administración y a sabiendas, no pudiéndose considerar tales actuaciones como meras negligencias o realizadas por un mero desconocimiento".

Así comienzan las conclusiones del último informe conjunto elaborado por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en el caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares y en el que investiga la recalificación por parte de la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) del polígono industrial situado junto al aeropuerto de Palma a cambio de comisiones del 15% en suelo. En una pieza separada de este procedimiento judicial que ha recibido la denominación de Operación Maquillaje se investiga por orden del titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma cómo Munar gratificó con contratos públicos irregulares a los testaferros que cobraron durante la pasada legislatura las comisiones de este pelotazo en nombre de los líderes de UM. La suma que rastrea la Policía supera los 7 millones de euros públicos repartidos a dedo.

Entre esos pagos, la socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich adjudicó la radio pública del Consell de Mallorca que ella gobernaba al matrimonio que empleó como pantalla el ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens para percibir su parte de las comisiones del 15%, que recuperó con facturas falsas.

Tras analizar esta adjudicación a petición del Juzgado de Instrucción número dos de Palma, la Policía y Hacienda atribuyen directamente a la actual presidenta del Parlament balear la comisión de un delito de "prevaricación" por amañar el concurso para adjudicar en total 3,2 millones de euros públicos a Alfredo Conde y a su mujer Elisabeth Diéguez.

"Munar infringe la ley de una manera consciente en la aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien, realizando un ejercicio arbitrario del poder, convirtiendo una voluntad particular en fuente de ley", destacan mientras relatan que se proclamó ganadora de la licitación a una empresa, Studio Media Comunicació, S.L., que fue creada en pleno concurso y que carecía de experiencia alguna.

Asimismo se ha encontrado documentación en los registros practicados durante los últimos meses en la que los testaferros ya dejaban constancia antes de la licitación de que iban a ser los ganadores. En este sentido concluyen policía y Hacienda que sus propietarios tenían "información privilegiada que sólo puede tener origen en la parte que ya conocía esta información: el Consell de Mallorca". Por lo que apuntan a una clara "connivencia" entre políticos, funcionarios compinchados (se han interceptado correos donde los técnicos les indican cómo amañar las cuentas para obtener la subvención) y personas de su entorno con el fin de saquear las arcas públicas.

Además
* Editorial: La inexcusable hora de Antich
* La prima de Munar compró a Vicens uno de sus pisos ocultos
* Es 'posible' que algún conseller dimita
* Nadal desvió 4,3 millones públicos a su productora
* Kyril pagó 370.000€ a Nadal en la compra de una finca

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL APAREJADOR DEL PALACETE DE MATAS DICE QUE RECIBIÓ DINERO NEGRO DE SU ESPOSA

Unos 55.000 euros

Balcón del piso de 495 metros cuadrados que costó 950.000 euros.

* El aparejador, un arquitecto y tres proveedores han declarado ante el juez
* Alega que la mujer de Matas le dio ese dinero para pagar a los proveedores

Efe | Palma

El aparejador M.G., que participó en las obras de la casa de lujo que el ex presidente balear Jaume Matas (PP) se construyó en Palma en la pasada legislatura -conocido popularmente como el palacete- ha declarado este jueves ante el juez que recibió unos 55.000 euros en dinero negro de manos de la esposa del dirigente popular, Mayte Areal, para el pago de los proveedores de las obras.

El aparejador, así como un arquitecto y tres proveedores de las obras han prestado declaración ante el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma, que investiga un presunto caso de corrupción relacionado con el pabellón Palma Arena y el rápido enriquecimiento de Matas cuando era presidente de Baleares.

M.G., según fuentes jurídicas, ha declarado ante el juez que
la mujer de Matas le dio ese dinero para pagar a los proveedores de las obras, entre ellos un carpintero y un electricista, que también hoy han prestado declaración.

El juez Castro investiga los pagos de la
reforma de una vivienda de 400 metros cuadrados, situada en un palacete de la calle Sant Feliu de Palma, que Matas adquirió por 950.000 euros, cuando el valor estimado por la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

El pasado 24 de noviembre, el constructor que realizó las obras de rehabilitación del palacete de Matas, Juan Serra, declaró ante el juez que por la reforma cobró 70.000 euros en metálico y el resto "en negro" de manos del cuñado de Matas Fernando Areal, que entonces era gerente del PP

Además
* Un electricista también afirma que cobró en negro

elmundo.es

"OPERACIÓN BUCKINGHAM"; UN ELECTRICISTA AFIRMA QUE COBRÓ EN NEGRO POR TRABAJOS EN EL "PALACETE" DE MATAS

Hasta 60.000 euros

* La esposa de Matas compró varios muebles por 25.000 euros en metálico
* Matas está citado a declarar como imputado el 23 de marzo


Europa Press | Palma

Un electricista que ha declarado como testigo ante el juez José Castro, encargado de las investigaciones en torno a la construcción del velódromo Palma Arena y al presunto incremento ilícito del patrimonio del ex presidente del Govern, Jaume Matas, afirmó que cobró 60.000 euros en metálico y sin factura por los trabajos que llevó a cabo en la vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, más conocida como 'palacete'.

Así lo han señalado fuentes jurídicas, que han manifestado que también ha sido interrogado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un carpintero que realizó asimismo varias labores en la residencia del ex jefe del Ejecutivo autonómico y aseguró igualmente haber cobrado dinero negro por estos trabajos.

Estas declaraciones se suman a las que el magistrado está llevando a cabo para esclarecer las presuntas irregularidades en la compra de la vivienda así como en su reforma. En este contexto, un constructor, Juan Serra, afirmó a finales de noviembre ante el juez que Matas le entregó, a través de su cuñado Fernando Areal, 70.000 euros en negro al comienzo de las obras de reforma que efectuó en el 'palacete', del total de 162.000 euros que percibió una vez finalizados los trabajos. Precisamente, Areal también se encuentra imputado en este procedimiento y sobre él recaen sospechas de que también efectuó pagos en negro por más de 70.000 euros a la agencia de comunicación Nimbus, encargada de gestionar la campaña electoral del PP en los comicios de 2007.

Mientras tanto, el dueño de una tienda de muebles afirma que en una ocasión la esposa de Matas, acompañada de una amiga, compró varios muebles en este comercio por valor de 25.000 euros, que pagaron en metálico y que el vendedor declaró como 'ticket de caja' pero sin factura. Por su parte, el propietario de la joyería alemana relató todo lo que en su tienda adquirió Maite Areal, quien efectuó gastos por un total de 70.000 euros, también en efectivo.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares inició la investigación sobre el patrimonio de Matas tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda e incluso agentes de la Guardia Civil de paisano recorrieron varios establecimientos en los que Matas habría comprado el mobiliario para este piso. Asimismo, el pasado 6 de noviembre la Policía Nacional y el Instituto Armado registraron tanto el palacete como la vivienda que Matas tiene en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid.

Seis meses de investigaciones
Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, renunció a prorrogar la investigación, denominada Operación Buckingham, tras agotarse el plazo de seis meses durante los cuales la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo las pesquisas. Sin embargo, José Castro decidió el pasado 11 de septiembre incorporar las investigaciones sobre el patrimonio realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria al caso Palma Arena, que investiga una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo de la capital balear, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.

Precisamente, Castro ha citado a declarar a Matas como imputado por este caso ante el Juzgado el próximo 23 de marzo, a partir de las 10.00 horas, junto a su esposa María Teresa Areal, su cuñado y hermano de ésta, Fernando Areal, y el presidente de Gesa Endesa, Bartomeu Reus. El Ministerio Público atribuye al ex presidente del Govern un cohecho por valor de 1,5 millones de euros en la compra de su vivienda en el casco antiguo de Palma.

Cabe señalar además que dentro del caso Palma Arena otra de las principales líneas de investigación se centran en constatar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus, encargada de gestionar parte de la campaña electoral del PP en 2007 y que se encuentra bajo investigación judicial dentro de esta causa, y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña en los comicios municipales y autonómicos.

elmundo.es