viernes, 27 de noviembre de 2009

EL SUPUESTO ASESINO DE POLOP HABÍA COMPRADO TERRENOS EN LA NUCÍA, UNO DE LOS FOCOS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

¿Existe un vínculo entre el asesinato y la trama de corrupción?

¿Tiene relación el asesinato del ex alcalde de Polop de la Marina (Alicante) Alejandro Ponsoda presuntamente a manos de su sucesor, Juan Cano, con la trama de corrupción de la Operación Gürtel? El asesinato se produjo, supuestamente, a raíz de una oscura trama de corrupción urbanística, como ya adelantó El Plural, y uno de los núcleos de la investigación en torno al caso es la localidad vecina de La Nucía, donde Juan Cano había adquirido recientemente cinco parcelas. En este municipio, con cuyo alcalde los cabecillas de la Gürtel mantenían una estrecha relación, las empresas de la trama organizaban fiestas de corte sexual para agasajar a políticos y Francisco Correa intentó protagonizar un pelotazo de 72 millones de euros.

El todavía alcalde popular de Polop de la Marina, Juan Cano, enviado ayer a prisión sin fianza como principal acusado del asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda, también del PP, en 2007, no ha detenido su actividad como promotor inmobiliario en ningún momento desde que accedió al Ayuntamiento de la localidad. Sólo entre abril y junio de este año, Cano se hizo con cinco parcelas en La Nucía, un municipio que no sólo se ha puesto a la cabeza de la actualidad por ser uno de los puntos clave en la investigación del asesinato, sino también por sus vínculos con la trama de corrupción de la Operación Gürtel.

Negocios inmobiliarios
Desde que se convirtió en concejal de Polp en 1995, Cano ha acumulado en su patrimonio numerosos inmuebles. En junio de ese año adquirió, según informa la Cadena SER, un piso de 124 metros cuadrados, tres locales comerciales y una plaza de garaje. En 2002 añadió a sus inmuebles un chalet de lujo de 500 metros, y este año se hizo con las citadas parcelas en La Nuncía. Las hipotecas pendientes de pago suman un valor de 585.445 euros. Las compras en La Nucía se hicieron, a partes iguales, por él, las dos empresas inmobiliarias en las que es administrador (Cano Berenguer SL e Inversiones Puig Campana) y su hombre de confianza, el todavía concejal de Turismo, Joaquín Andrés Montiel.

La Nucía, el asesinato y Gürtel
Este municipio, que se ha convertido en uno de los principales focos de investigación por el caso del asesinato debido a las importantes operaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en él, también es uno de los puntos clave de la Operación Gürtel: a través de Álvaro Pérez El Bigotes, íntimo amigo del alcalde de la localidad, Francisco Correa trató de dar un pelotazo de 72 millones de euros mediante operaciones de compra-venta en el PAI Pie de Monte.

Los negocios de Gordon
El también imputado en la trama corrupta Jacobo Gordon, íntimo amigo del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, invirtió también en La Nucía el dinero que había cobrado en comisiones ilegales por su participación en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. Y en el municipio estaba el local en el que los cabecillas de la trama organizaban fiestas sexuales para agasajar a los políticos con los que tenían negocios. ¿Existe una relación entre ambas tramas? Habrá que esperar al desarrollo judicial de las mismas para averiguarlo.

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elplural.com

CÁRCEL E INHABILITACIÓN PARA DOS EX ALCALDES DE MONACHIL

Aprobaron la construcción de apartamentos turísticos en terrenos de uso sociocultural

Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez (PP) y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.

20 años de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.

Declara nulos todos los trámites ilegales
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.

Deberán pagar la demolición
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, "corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados".

De uso socio cultual a apartamentos turísticos
Los terrenos tenían un uso de equipamiento sociocultural, sin embargo en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela. Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción "no les garantizaba alcanzar su propósito".

El terreno pasó por varias ventas para despistar
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad. Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.

82 apartamentos de uso turístico
En 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado".

andalucia@elplural.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL INFORME POLICIAL DUDA DEL USO DE LAS AYUDAS SOCIALES APORTADAS POR SANMA

El PP recuerda que Castaño "dependía" de Marchena y ve "evidente" que la "línea de investigación" desembocará en el alcalde y Torrijos

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Sanma Desarollos Urbanísticos, filial del Grupo Sando y adjudicataria de los suelos del antiguo mercado central de Mercasevilla mediante un concurso público investigado por el juzgado de Instrucción número seis, entregó a la citada sociedad pública 246.00 euros comprometidos para cursos de seguridad y salud, programas de integración social o la fundación socioasistencial, si bien el último informe policial concluye que "no se puede relacionar directamente ayudas y actuaciones, lo que cuestiona el destino de estos fondos.

Según un extracto del informe, evacuado por la Policía Nacional a la juez Mercedes Alaya el pasado 11 de noviembre, los investigadores descubrieron durante las diligencias un documento mediante el que Luis Sánchez Manzano, en representación de Sanma Desarrollos Urbanísticos, se comprometía el 6 de febrero de 2006 a asumir "la mejora de las prestaciones sociales y empresariales" de la plantilla de Mercasevilla en el caso de resultar adjudicataria de los suelos ofertados mediante el citado concurso público.

Se comprometía, según un extracto del informe policial hecho hoy público por el PP, a aportar 30.000 euros anuales durante cinco años para la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, la asunción del coste de cursos de seguridad y salud por hasta 6.000 euros anuales, 70.000 euros como "subvención" para la integración social de colectivos desfavorecidos y la enajenación de suelos para la construcción de cien viviendas protegidas con destino a los empleados de la empresa.

"POSIBLE IRREGULARIDAD"

El contrato que zanjaba la adjudicación de los suelos a Sanma pese a que concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga, formalizado el pasado 23 de febrero de 2006, no contemplaba, no obstante, "ninguna cláusula o estipulación" en cuanto al "adelanto" de 150.000 euros solicitado el 15 de septiembre de 2006 a Sando por parte del entonces director general de Mercasevilla y según la Policía "gran artífice" de los hechos, Fernando Mellet. Tal aspecto, según los investigadores, ya constituye una "posible irregularidad".

Las investigaciones arrojan que Mercasevilla percibió aproximadamente 246.000 euros de manos de Sanma en virtud de los compromisos adoptados en el documento firmado por Luis Sánchez Manzano, pero al margen de la "condición finalista" de estos compromisos a la hora de resolver el concurso, los investigadores de la Policía Nacional creen que "en base a la documentación existente", no se puede "relacionar directamente ayuas y actuaciones".

EL PP SOSPECHA DE UN DELITO SOCIETARIO

Es por ello que el concejal del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, consideró hoy en rueda de prensa que el informe es "demoledor", porque confirma que Mercasevilla está plagada de "escándalos" y se terminará revelando el "delito societario" atisbado por el PP. "El dinero que estaba destinado a programas sociales no se empleó en eso", resumió el concejal del PP en cuanto al contenido de este extracto del informe policial.

En cuanto a la parte del informe que resuelve que "no se ha podido determinar el verdadero conocimiento" que de los hechos tenían los miembros de la comisión ejecutiva y el consejo de administración de Mercasevilla, el consejero del PP remarcó que el documento también atribuye una "conducta desarreglada" y "arbitraria" a los órganos de gobierno de la empresa por aprobar el pliego de condiciones que reguló el concurso público pese a las posibles irregularidades contenidas en él.

A tal efecto, advirtió de que el propio informe recoge que los investigadores están "a la espera de continuar la investigación" y "no descarta una comisión culposa" por parte de los miembros de la comisión ejecutiva, integrada en aquellos momentos por personas como el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) o el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, quienes ya han declarado ante la Policía junto a Domingo Enrique Castaño, ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano, ex asesor del Grupo Municipal Socialista y miembro también entonces de la comisión ejecutiva.

"La Policía Judicial, a fecha de 11 de noviembre, no puede demostrarlo", dijo Beltrán Pérez en cuanto a la implicación de más miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla en los hechos, si bien advirtió de que tal extremo "no quiere decir que no pueda demostrarse en el futuro".

EL ALCALDE, TORRIJOS Y MARCHENA

Para reforzar esta advertencia, recordó que Castaño, cuyo papel es "significativo" en la trama según la Policía Nacional, dependía como responsable del Área de Vía Pública "directamente" del por entonces gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas del Ayuntamiento, Manuel Marchena. A tal efecto, destacó el papel de Manuel Marchena como hombre de confianza del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el hecho de que Castaño era "el asesor más personal y cercano" del primer edil y "uno de los señores del Urbanismo" en el PSOE y en el Consistorio.

Como punta de la pirámide, Beltrán Pérez recordó que "el presidente de la Gerencia de Urbanismo" no es otro que el propio alcalde, por lo que creyó "evidente" que la "línea de investigación" apuntará a Manuel Marchena, Antonio Rodrigo Torrijos y Alfredo Sánchez Monteseirín, porque "nadie puede creer que en el asalto a mano armada de Mercasevilla sólo hayan participado actores secundarios".

Así, manifestó su sospecha en cuanto a que a Castaño "se le encardinó" en el área de Urbanismo precisamente para consumar la operación, pues el mencionado ex militante del PSOE terminó en el organigrama de Sando, como también figura en el informe policial.

Además, advirtió de que las diligencias "dibujan un escenario brutal y demoledor" a la hora de exigir responsabilidades políticas, porque el informe alude a expedientes de regulación de empleo "fraudulentos" y "aún quedan muchas pruebas por practicar". "Es un escándalo de gran magnitud --aseguró Beltrán Pérez-- para el Ayuntamiento y para la Junta de Andalucía". Por eso, reclamó al Gobierno andaluz que aclare su papel en los expedientes de regulación de empleo consumados en Mercasevilla.

ecodiario/eleconomista.es

"CASO GÜRTEL"; FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA EL EX ALCALDE DE ARGANDA IMPUTADO

El juez estudia redactar un nuevo auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones ya impuesta al ex regidor de Boadilla

J. SÉRVULO GONZÁLEZ

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha acudido hoy a prestar declaración ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, quien le imputa delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias dentro del sumario del caso Gürtel. El ex regidor se ha negado a declarar y se ha limitado a aportar documentos que considera que no están incluidos en el sumario. El juez estudia ahora la opción de redactar un nuevo auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones que ya le impuso con anterioridad.

También estaba llamado hoy a declarar el ex alcalde de Arganda del Rey, el también popular Ginés López Rodríguez. Sin embargo, ha comparecido apenas cinco minutos ante el juez ya que se ha acogido a su derecho a no declarar ya que, en su opinión, el hecho de que parte del sumario sea todavía secreto puede provocar una situación de indefensión. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participación en una trama cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilíticta, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros.

El objetivo de la fianza de 1,5 millones es asegurar que el imputado haga frente a las posibles responsabilidades civiles y a las costas del proceso si finalmente es llevado a juicio y condenado.

El sumario me deja bien
González Panero, que ha llegado al tribunal a las 11.00, ha asegurado antes de comparecer que la parte del sumario que se ha hecho pública le deja bien y que acudía ante el juez para aportar pruebas exculpatorias que no están en el sumario.

El Albondiguilla había asegurado que presentaría una sentencia que demuestra, que la concesión que hizo de una parcela a la empresa UFC por tres millones menos de lo que ofrecieron otras constructoras fue legal. "He traído la sentencia porque no consta en el sumario. Hay muchas pruebas exculpatorias para mí que deberían estar y que ahora voy a volver a aportar", ha asegurado a los periodistas.

González Panero está imputado por seis delitos y ha visto como el juez Pedreira le imponía la mayor fianza de todos los implicados en la trama Gürtel: 1,8 millones de euros. Durante su mandato, según el sumario, el Albondiguilla benefició a empresas que, con posterioridad, pagaban sobornos a altos cargos del Partido Popular.

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