miércoles, 20 de enero de 2010

"CASO ARCOS"; EMPIEZAN A TRASLADAR A LAS PARTES EL SUMARIO

TRIBUNALES | Dos meses después de levantarse el secreto de sumario

Efe | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga ha empezado a trasladar a las partes personadas el sumario del caso 'Arcos', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Por su parte, la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga ha abierto diligencias informativas para determinar si se ha cumplido debidamente el contrato firmado con una empresa para el escaneo del citado sumario, del cual se firmó el pasado 19 de noviembre la orden de digitalizar las actuaciones.

La trama del caso 'Arcos', con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

El 13 de noviembre de 2009 la jueza de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, decretó el levantamiento parcial del secreto de sumario.

elmundo.es

"CASO HIDALGO"; PIDEN CÁRCEL E INHABILITACIÓN PARA EL JUEZ DE URQÍA POR OFRECER FAVORES POR DINERO

La Fiscalía del TSJA lo acusa de los delitos de prevaricación y cohecho
Le piden 2 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 8 millones


José A. Cano | Granada

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acusado al magistrado Francisco de Urquía de dos delitos diferentes de prevaricación urbanística y otros dos de cohecho por su actuación en la Operación 'Hidalgo'.

El fiscal considera probado que "aprovechando su competencia como instructor" de la causa "se puso de acuerdo" con el resto de acusados "para obtener algún beneficio importante a cambio de favores judiciales". Por ello, se solicita la apertura de juicio oral y una condena de dos años de cárcel, 21 de inhabilitación y más de 8 millones de euros de multa.

El Ministerio Público sostiene que en la primavera de 2007, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella acordó la Administración Judicial de la empresa Asesoramiento y Dirección de Hoteles (ADH) perteneciente al encausado en la Operación 'Hidalgo' David Shamoon, colocando a un administrador que cobraría unos honorarios de 63.350 euros respecto del grupo de empresas del acusado y con una comisión del 1 por ciento respecto a transmisión de bienes de las mismas que no concurría por no encontrarse embargada –aunque se sospechaba de una deuda respecto a Hacienda de 32 millones y operaciones de blanqueo de capitales–.

El objetivo que Fiscalía indica tras esta operación era obtener algún tipo de contraprestación económica de Shamoon, ya que era conocida una posible operación de venta del Hotel Puente Romano de Marbella, que formaba parte del grupo. La idea era que a través de sus amigos y ahora coacusados Igor Mier Labernia y Arnaud Fabrice Albuair, plantearía una 'oferta' a Shamoon que se realizó a través de conocidos comunes.

Entregando documentos de las Diligencias Previas declaradas secretas para probar su influencia, los acusados pusieron un precio de cinco millones de euros al "arreglo" del problema de Shamoon . La defensa del empresario cotejó los documentos y llegó a grabar las conversaciones, que fueron presentadas ante la Guardia Civil marbellí a principios del pasado 2009.

También es encausado por la Fiscalía del TSJA uno de los acusados de la Operación 'Hidalgo', Azan Khan. Quién a través de Arnaud Fabrice Albuair llegó a entregar 60.000 euros obteniendo una libertad provisional con fianza que su defensa ni siquiera llegó a solicitar.

Así, para Igor Mier Labernia, por un delito de cohecho, se piden 8 millones euros de multa; para Arnaud Fabrice Albuair, por dos delitos diferentes de cohecho, 8.060.000 euros de multa y dos años de prisión, y para Azan Kahn, de nuevo por cohecho, un año de prisión y 50.000 euros de multa.

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"CASO MATAS"; BARCELÓ: "A MATAS LO ESTAMOS INVESTIGANDO, NO PERSIGUIENDO"

Declaraciones del Fiscal Superior de Baleares

Europa Press | Palma

El Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha negado que exista una "persecución" judicial contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, a raíz de los registros producidos en los últimos meses en el Palacete, ubicado en el casco antiguo de Palma, como en la vivienda que posee en el barrio de Salamanca de Madrid, en el marco de las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como jefe del Ejecutivo (2003-2007). Y ha señalado que ""lo que hacemos es investigar, no perseguir".

Barceló ha justificado, en relación a las críticas lanzadas por el PP al lamentar una "persecución" contra Matas, encausado por este incremento patrimonial supuestamente irregular, que "se están investigando hasta el fondo unos hechos y se están realizando pruebas" para averiguar si el ex presidente "ha cometido delito".

"Cuando una persona está imputada en un procedimiento penal piensa que es objeto de una persecución judicial", ha dicho el jefe del Ministerio Público en las islas, quien por el contrario ha puntualizado, con contundencia, que "lo que hacemos es investigar, no perseguir".

Sobre la posibilidad de ver a Matas en el banquillo de los acusados, una vez finalice la instrucción del caso que investiga tanto su patrimonio como las presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del velódromo Palma Arena, el fiscal ha aseverado que tanto a Matas como a "cualquier otro ciudadano" les ampara la presunción de inocencia.

Sin embargo, sí ha admitido que hay delitos, como cohecho o tráfico de influencias -dos de los nueve que se le imputan a Matas- "muy sutiles y con una instrucción más compleja", tras la cual, "si se recopilan las pruebas suficientes contra él, deberá responder como cualquier otro". En los mismos términos se ha expresado en cuanto a la posible petición de medidas cautelares para Matas, al manifestar que avanzar qué solicitará la Fiscalía en este sentido "son meras especulaciones".

Cabe recordar que el magistrado que instruye la causa, José Castro, atribuye al ex jefe del Ejecutivo los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fiscal y electoral. El próximo 23 de marzo Matas está citado a declarar ante el magistrado, junto a su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y ex gerente del PP, Fernando Areal, y el ex conseller del Govern Bartomeu Reus.

En concreto, fue la Fiscalía Anticorrupción de Baleares la que inició la investigación sobre el patrimonio de Matas tras detectar posibles irregularidades en la compra del Palacete, aunque tras seis meses de diligencias las pesquisas fueron archivadas por orden de la Fiscalía General del Estado. No obstante, Castro decidió el pasado 11 de septiembre incorporar estas investigaciones al caso Palma Arena, que gira en torno a la presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007).

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