martes, 25 de agosto de 2009

¿RAJOY SE EQUIVOCA O MIENTE?: "TREINTA Y OCHO DE LOS 40 CASOS ABIERTOS EN LA REGIÓN HAN SIDO ARCHIVADOS"

La corrupción en Murcia y aquello de “la manzana podrida…” (II)

CECILIA GUZMÁN

Mariano Rajoy ha asegurado que “treinta y ocho de los 40 casos abiertos en la región de Murcia contra militantes populares han sido archivados”. ¿El líder de la oposición vive de espaldas a la realidad de su partido o miente deliberadamente? ¿Es esta la prueba que puede ofrecer sobre la supuesta persecución por parte de los que calificó como “Torquemadas de Zapatero”. No son 40 los sumarios abiertos en esa Comunidad contra militantes del PP, ni, 38 las actuaciones archivadas. Además, los casos más importantes de presunta corrupción destapados por la Fiscalía continúan siendo investigados.

Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. A esto se suman las causas que implican al gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel Siso.

En la foto, Mariano Rajoy, Ramón Luis Valcárcel y el alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

Estos son algunos de los casos de corrupción investigados por los tribunales en Murcia, según fuentes consultadas por Público, Interviu y la web La Sombra de Aznar:

Televisión Autonómica
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).El empresario Facundo Armero [fundador de Polaris World], que aparece imputado en el caso de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción ha visto indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita, por parte del Gobierno autonómico, de una balsa de acopio de minerales contaminantes a la empresa Portman Golf, cuya limpieza luego se realizó con dinero público y a un coste de 5,4 millones de euros. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, miembros del Equipo del presidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones en terrenos protegidos. La primera, en el paraje de Lo Poyo, cuyo fin era la construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad en un 15% de la Caja del Mediterráneo, y que planeaba construir una urbanización en un paraje protegido por la Unión Europa como zona de protección de aves.

Abanilla
Varios cargos populares han sido imputados tras la acusación de una propia concejala del PP, María Dolores García, de haber comprado votos en las elecciones locales, con empleos municipales y vales de comida. Además, el concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Blasco, el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López, han sido acusados de falsedad documental en contratos de obras.

Aguilas, caso La Zerrichera
Diez personas implicadas en la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, entre ellas los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad murciana, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, el ex concejal de Agricultura y Pesca, José López Díaz, y el empresario Trinitario Casanova Abadía.

Fuente Álamo y Torre Pacheco
Catorce imputados, incluidos los alcaldes, María Antonia Conesa, y Daniel García Madrid, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. También está implicado el fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de esa empresa, José Luis Hernández.

Los Alcázares, caso Ninette
Catorce imputados y seis detenidos, entre ellos el arquitecto Mariano Ayuso, que permanece en la cárcel, y el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Entre los que tuvieron que declarar, Juan Antonio Roca. La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento, por el que la sociedad pagó 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas.

Cieza
El alcalde popular Antonio Tamayo acusado por una presunta recalificación de 270 hectáreas de suelo rústico, en la cual favorecía a su nuera y a otros familiares, para la construcción de unas 5.000 viviendas.

Mazarrón
El alcalde, Francisco Blaya, imputado por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista para que apoyaran al equipo de Gobierno popular en la recalificación de suelo rústico.

Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

San Javier
El ex regidor popular José Hernández Sánchez está siendo investigado por presuntas adjudicaciones a dos promotores, socios suyos en la empresa Nueva Valencia al Mal, S.L, en la que figura como consejero Antonio Sánchez Carrillo, dirigente del PP murciano. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.

Puerto Lumbreras
El alcalde popular, y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, está acusado de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

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ELPLURAL.COM

EL PP EXPEDIENTA A UNA ALCALDESA POR SUPUESTAS ILEGALIDADES

Concejales del partido en Anchuelo denuncian deficiencias en las cuentas

J. S. G. - Madrid

Anchuelo es uno de los pueblos más desconocidos de la región. Tiene poco más de 1.000 habitantes y muchos de sus vecinos llevan en su apellido el nombre del municipio. Está situada en la alcarria complutense, cerca de Alcalá de Henares, y su Ayuntamiento está compuesto por sólo siete concejales: cuatro del PP y tres del PSOE. Pocos para la bronca que tienen en el municipio.

"Me han ofrecido un ascenso a cambio de que dimita", asegura Paramio

La alcaldesa, Rosario Paramio (PP), atraviesa un mal momento político. No cuenta con el apoyo de sus compañeras de partido. Se han enfrentado a ella y piden su dimisión. La acusan de lucrarse a costa del Ayuntamiento. Su breve carrera política se ha frenado en seco. La dirección de su partido le ha abierto un expediente informativo por supuestas irregularidades.

Las otras concejales del PP la acusan de haberse quedado con más de 10.000 euros procedentes de la recaudación de la piscina municipal. Y discuten su gestión como regidora por facturar de forma supuestamente irregular con una ferretería, propiedad de su hijo. "Además, ha realizado alguna declaración despectiva hacia el partido", añaden las fuentes populares. El comité de derechos y garantías del PP ha abierto una investigación. "Algo habitual en todos los grupos políticos", explican fuentes del partido en Madrid. "Ahora hay que escuchar sus argumentos. Si es necesario se abrirá un expediente disciplinario", detallan las mismas fuentes.

Rosario Paramio se halla en una situación complicada. Niega las acusaciones. "Todo es incierto. Tengo toda la contabilidad municipal desglosada y en regla. Los gastos corresponden a que hemos arreglado el colegio. Hacía 25 años que no se arreglaba. Y las farolas estaban muy mal", explica. Pese a todo no piensa dimitir. "Me han presionado para que renuncie", insiste. Ella achaca lo ocurrido a una lucha política interna.

El pasado abril, Paramio intervino en un pleno municipal para desvelar el supuesto intento de las concejales de su partido para desalojarla de la alcaldía. La tesorera, Almudena Anchuelo, la acusó entonces de irregularidades en la gestión y la culpó de no pagar a los proveedores de las fiestas de 2008. Un gasto de más de 60.000 euros para un municipio con un presupuesto de 680.000 euros. Paramio achaca el inicio de la tormenta política cuando se opuso a que una de las concejales se construyera una vivienda en suelo no urbanizable. "La tesorera, Almudena Anchuelo, está detrás de todo. Ha convencido a las otras (ediles). Las ha manipulado", lanza.

"Estuve unos meses de baja. Cuando regresé querían echarme", indica.

Las diferencias se hicieron públicas en el último pleno, celebrado a final de julio. Entonces las dos facciones del PP local enfrentadas se enzarzaron. "Me han presionado desde el partido para que dimita. Soy enfermera y me ofrecieron un cargo mejor en un hospital", sostiene la regidora. El PP no confirma la oferta. "Hace mutis por el foro. Génova no se pronuncia", advierte.

La oposición asiste incrédula a la situación. "No entendemos cómo si hay ilegalidades no acuden a un juez", señala Rafael Fernández Anchuelo, concejal socialista. "Están intentando ocultar las irregularidades", concluye.

ELPAÍS.COM

EL PP ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL

El PP ha acusado a los socialistas de "presunta financiación ilegal". En un comunicado difundido ayer, los populares relacionan el caso de la agente electoral del PSdeG de Muxía -que ya fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento- con una "supuesta red de desvío de fondos públicos con dirección a las arcas socialistas". Las acusaciones del partido del Gobierno coinciden con la vista judicial en la que mañana comparecerá el ex secretario general de Emigración del bipartito, Manuel Luis Rodríguez y el ex director general de Empleo Álvaro Ansias, ambos de PSdeG. El alcalde de Muxía, el también socialista Félix Porto, está imputado por los supuestos delitos de malversación y fraude en subvenciones.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ IMPUTA A OTROS CINCO EX CARGOS DE MATAS

Los escándalos que afectan al PP

El ex presidente balear negoció en persona con FCC que el velódromo estuviera listo antes de las elecciones

MANU MENÉNDEZ - Palma

El juez cerca al entorno del ex presidente balear Jaume Matas. Anoche, la declaración del ex gerente de la Fundación Illefport -entidad que asignaba los fondos públicos del velódromo Palma Arena- desencadenó en 14 nuevas imputaciones, entre ellas, las de otros cinco ex altos cargos del ex presidente balear. Uno de ellos es su ex jefe de comunicación, Joan Martorell, de su máxima confianza, y actualmente jefe de prensa del PP de Baleares. En total, el juez que lleva el caso Palma Arena por una obra que costó casi 110 millones, el doble de lo presupuestado, ha imputado a 32 personas, de las que 12 son ex altos cargos del Gobierno de Matas.

Además de Martorell, también resultaron imputados anoche otros cuatro ex altos cargos. Son Raimundo Alabern, ex director general de Ibatur, el instituto balear de turismo; Pedro Álvarez, ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y actual consejero del Consell de Mallorca; Antonio Amengual, ex secretario general de la Consejería de presidencia y deportes; y Javier Cases, ex secretario general de la Consejería de Turismo. Está previsto que no presten declaración antes de septiembre.

Muchas prisas

Un informe oficial incluido en el sumario revela que Matas se implicó en persona en la construcción del velódromo. Ayer, el ex director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, reconoció ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa de construcción al consorcio público responsable del recinto.

Durante el concurso para adjudicar las obras, que se anunció en noviembre de 2005, todas las constructoras candidatas coincidieron en que era imposible culminar el velódromo a principios de 2007, tal y como pretendía el Gobierno balear. No obstante, la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Melchor Mascaró y FCC aceptó el encargo tras la mediación directa de Matas. El informe "Situación de Obra y Valoración Económica del Palma Arena", elaborado por la dirección de la obra, indica que Matas llegó a un "compromiso personal" con responsables de FCC para que la empresa finalizase en poco más de un año, una construcción cuya duración habitual habría sido de dos años y medio.

Los hermanos arquitectos García-Ruiz, que heredaron el proyecto del alemán Ralph Schürmann por decisión de Matas y con un contrato de casi nueve millones de euros, realizaron entonces una nueva valoración de las obras. Estimaron que en el coste previsto inicialmente faltaban al menos 4,5 millones en concepto de unidades de obra, dos millones en forjados, 2,5 millones en suministros de agua y electricidad, tres millones por la urbanización del perímetro, 2,3 millones por los videomarcadores y 1,5 millones más en equipamientos. La declaración de los responsables de la UTE será clave para justificar el sobrecoste millonario del velódromo, que se construyó con prisas ante la inminencia de las elecciones autonómicas.

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Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

ELPAÍS.COM

UN TESTIGO ASEGURA QUE LA UTE FACTURÓ POR UNA LONA EL TRIPLE DE SU VALOR

PALMA ARENA | Prosiguen las declaraciones

* 'La factura eran 600.000 euros y la UTE facturó 1.800.000'

Efe | Palma

Jordi Casasnoves, un responsable de la empresa Tecnoeventos, que elaboró una lona para proteger el interior del Palma Arena de la luz exterior, ha declarado ante el juez José Castro que la UTE responsable de la construcción del velódromo triplicó el coste que él había facturado por dicho elemento.

Casasnoves ha prestado declaración durante casi dos horas ante el magistrado José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que investiga una posible trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena durante la pasada legislatura del PP.

Al finalizar la declaración, su abogado, Felipe Amengual, ha detallado en los pasillos del Juzgado que Casasnoves ha comparecido ante el juez como testigo y ha afirmado que su defendido es "una víctima de la UTE" que construyó el velódromo, formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Melchor Mascaró.

"Ha facturado un precio de mercado, según parece, del triple de la factura que mi cliente ha pedido en un principio", ha afirmado el abogado sobre la UTE constructora de la infraestructura, según ha declarado Casasnoves, a partir de la documentación que le ha mostrado el juez en la comparecencia.

Según Amengual, "la factura eran 600.000 euros y la UTE facturó 1.800.000" al Consorcio del Palma Arena, en concepto de dicha lona.

"La UTE ha facturado tres veces más por el mismo trabajo al consorcio", ha asegurado el abogado.

Las declaraciones prosiguen este martes en el Juzgado de Instrucción número 3, donde presta declaración como imputado un constructor.

La instrucción del caso investiga la presunta corrupción relacionada con el sobrecoste que supuso la construcción de este velódromo de la capital balear en la pasada legislatura (2003-2007), cuando el PP gobernaba la Comunidad insular.

El presupuesto inicial del pabellón deportivo era de 48 millones de euros y finalmente superó los cien millones.

Además

* El juez cita como imputados a tres ex altos cargos del PP

ELMUNDO.ES

EL JUEZ JOSÉ CASTRO CITA COMO IMPUTADOS A TRES EX ALTOS CARGOS DEL PP

CASO PALMA ARENA | Operación Espada

* Se trata del ex director de comunicación, Joan Martorell, el ex director del Ibatur, Raimundo Alabern y el ex concejal de Hacienda en Palma
* Todos ellos prestarán declaración ante el juez en septiembre

Eduardo Colom | Palma

Nuevas imputaciones en el Caso Palma Arena. El juez José Castro, que instruye el caso por las presuntas irregularidades en la construcción del velódromo, ha realizado una nueva ronda de citaciones para el mes de septiembre.

Todas estas nuevas citaciones se producen en calidad de imputados y entre ellas destacan las de tres ex altos cargos del PP en la anterior legislatura: El ex director general de comunicación del Govern de Jaume Matas, Joan Martorell, al ex director del Ibatur (Instituto Balear del Turismo), Raimundo Alabern y el ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma, Pedro Álvarez.

Alabern y Álvarez prestarán declaración ante el juez el día 4 de septiembre a las 09.15 horas mientras que Martorell lo hará el día 16 a las 09.15 horas también. Además de estos tres ex altos cargos, el juez ha citado como imputados a otras 11 personas más, que declararán también en septiembre. Ocho personas prestarán declaración también en calidad de testigos ante el magistrado.

Con esta nueva ronda de declaraciones el juez trata de dilucidar la relación entre la Fundación Illesport (impulsora del Palma Arena) con la empresa de publicidad Nimbus que también está siendo investigada.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

El Ministerio público trata de averiguar así el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Govern, sumando casi el doble del coste inicial de la obra, que rondaba los 48 millones de euros.

Además

* Palerm reconoce que facturó más de 800.000 euros

ELMUNDO.ES