miércoles, 2 de febrero de 2011

LA JUEZ EXCULPA DE FALSEDAD A UN EDIL DEL PP DE ALICANTE

S. N. - Alicante

La juez ha acordado el archivo provisional de la denuncia por falsedad y prevariación contra el concejal del área de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, del PP, en la reforma de una plaza. La magistrada no ha hallado indicios delictivos en el trámite para la ejecución del proyecto, ni en las decisiones del concejal ni de los otros cuatro coimputados (tres técnicos y el empresario) en la causa junto con el político.

La denuncia la planteó el Grupo Socialista municipal al entender que se habían producido irregularidades en las obras de ampliación de la plaza de Magallanes. En concreto, los socialistas sostenían que el Ayuntamiento adjudicó el contrato cuando los trabajos ya estaban ejecutados. El PSPV llevó la denuncia a la fiscalía, que observó posibles indicios de delitos y la remitió al juez para que practicara diligencias.

El concejal Llorens expresó ayer su satisfacción por el fallo: "El auto es claro. No hubo ilegalidad y se actuó en aras del interés general". "Siempre creí en la Justicia y la eficacia y honestidad de los técnicos municipales", añadió. El edil instó al PSPV a que "desista de su estéril afán por judicializar la política".

La portavoz del Grupo Socialista municipal, Carmen Sánchez Brufal, señaló que el objetivo de su denuncia era que "se depuraran las posibles irregularidades" que habían observado. "El fiscal creyó que había delito, pero la juez, pese a reconocer que hubo irregularidades, lo descarta", explicó.

elpaís.com

EL CONSTRUCTOR DEL "CASO ORQUESTA" ACAPARABA LAS OBRAS MUNICIPALES

Libertad provisional con cargos para los alcaldes de Fisterra y Mazaricos

PAOLA OBELLEIRO - Cee 

El constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado junto a tres alcaldes y dos concejales de la Costa da Morte en la Operación Orquesta contra la corrupción en esta comarca coruñesa, acaparó en los dos últimos años las contrataciones a dedo de obra pública de esos tres ayuntamientos, sobre todo en Fisterra y Cee. El hijo de Ogando, Ramón, dueño de Palcos Senande, así como un empresario local de espectáculos Jorge López Lago, son investigados por la contratación de festejos municipales. El presunto cobro de comisiones para obtener contrataciones públicas, sean obras o espectáculos para festejos, está detrás de este caso, iniciado por casualidad en 2009 en el marco de escuchas telefónicas ordenadas por la justicia para una causa relacionada con el tráfico de drogas.

El juez de Corcubión, que ha decretado el secreto de sumario, continuará hoy con la toma de declaraciones de los ocho detenidos el lunes por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y falsificación de documentos. Tras pasar el día en el juzgado, sobre las nueve de la noche fueron puestos en libertad provisional sin fianza pero con cargos los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y Mazaricos, José Manuel Maneiro, ambos también diputados provinciales del PP, así como los tenientes de alcaldes de Fisterra, Santiago Insúa y Ramón Redonda, igualmente militantes populares Los cincos cargos municipales deberán comparecer en el juzgado cada 15 días. Libres con cargos quedaron además los Ogando, padre e hijo, aunque tuvieron para ello que depositar una fianza de 10.000 euros. Hoy pasarán a disposición judicial, tras pasar una segunda noche en los calabozos de la policía nacional, el alcalde de Cee, Ramón Vigo (independiente), así como el empresario López Lago.

Entre la abundante documentación que la policía incautó el lunes a los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos sobre obras adjudicadas a Ogando en 2010 y 2009 -suman un valor total de tres millones de euros-, hay una mayoría que fueron costeadas con cargo a programas anticrisis, como el Plan E del Gobierno central u otro de la Diputación de A Coruña para financiar servicios esenciales en los ayuntamientos. En Fisterra, la gran mayoría de las obras de contratación directa que concedió en los últimos años el gobierno local del PP, cuyo regidor y dos tenientes de alcaldes están imputados en esta causa, fueron encargadas a esta constructora de Muxía.

"La afinidad de Ogando con el alcalde es evidente, no nos cansábamos de quejarnos, de recordar que había también constructores capaces en Fisterra y nos contestaban que era porque tenía los mejores precios", relata la portavoz local del BNG, Mónica Góñez. En esta localidad de apenas 5.000 habitantes y con un presupuesto municipal de 3,6 millones anuales, el constructor obtuvo siete contratos en dos años, casi todos adjudicados a dedo por valor de 1,15 millones de euros.

Aunque en Cee también logró un beneficio similar -seis obras por valor de 1,08 millones- no era, sin embargo, el empresario favorito por sistema del gobierno municipal, integrado por independientes y socialistas. Pero el alcalde, que pasó su segunda noche en los calabozos de la comisaría de A Coruña a la espera de declarar hoy ante el juez, es reacio a convocar concursos para contratar obras o servicios públicos. Prefiere las contrataciones a dedo o negociadas sin publicidad, una figura de la ley de contratos públicos que permite a los regidores elegir libremente entre tres propuestas. Ramón Vigo, en cuatro años al frente del Ayuntamiento de Cee, sólo convocó un procedimiento abierto, es decir, con ofertas y concurrencia, para las obras del mercado municipal. "Es un abuso, recurre demasiado a la adjudicación directa", se queja el edil del BNG Daniel Oca.

Una de las prácticas más recurrentes para eludir el límite de coste de una obra pública, permitida por la ley, es fraccionar en varias adjudicaciones el encargo. A Ogando, el alcalde de Cee le encomendó entre 2009 y 2010, mediante procedimientos sin publicidad, la realización de tres actuaciones distintas en la polémica Casa da Cultura de esta localidad: acondicionar sus tres plantas (319.936 euros), adaptar el escenario para actuaciones teatrales (70.000 euros) y finalmente, en agosto pasado y por importe de 146.850 euros, terminar la construcción de un edificio iniciado hace 12 años y cuyo coste se disparó a tres millones de euros.

Las contrataciones municipales de festejos con el hijo de Ogando, Ramón, así como con Jorge López Lago, empresario de espectáculo y encargado de contratar orquestas y conciertos, están también en el centro de esta investigación judicial por corrupción, que se destapó por casualidad al intervenir teléfonos de varias personas por otra causa relacionada con el tráfico de drogas. Las fiestas patronales de Cee, en agosto, son competencia directa del alcalde.

Y un informe de la Intervención Municipal alertó de irregularidades en las cuentas de esas fiestas. No se fiscalizan los gastos e ingresos de las celebraciones, como es obligatorio, "ni antes ni a posteriori" de que tengan lugar. Y la interventora del Ayuntamiento también se sorprendía en su informe de lo poco que se recaudaba para las arcas municipales por la instalación de barracas y atracciones durante las fiestas. Un negocio del que se ocupaban dos de los imputados, López Lago y Ramón Ogando.

Ninguno de los cinco imputados que ayer estuvieron declarando ante el juez quiso aportar detalles de los cargos de que se les acusa y que les llevaron a pasar una noche en el calabozo de la policía Nacional. Se refugiaron en el secreto de sumario decretado por el juez. Solo el constructor, que salió por la tarde un momento del juzgado, posó para los fotógrafos en actitud casi desafiante. "Tranquilos, que no hay nada que ocultar, aquí no pasa nada", dijo con amplia sonrisa.

Medio centenar de vecinos y familiares de los alcaldes de Mazaricos y Fisterra se desplazaron hasta el pequeño juzgado de Corcubión para arropar a los políticos imputados. Incluso algunos vitorearon al alcalde de Fisterra, una localidad donde ayer se repetían los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. También ese fue el argumento de la teniente de alcalde de Cee, la socialista Amancia Trillo, para aplazar el traspaso de poderes que deberá asumir en ausencia del regidor hasta que este declare, hoy, ante el juez.
  
Más información:
    * Experto en orquestas y socio de un narco

"CASO GÜRTEL"; HACIENDA DESTAPA QUE UN EMPRESARIO PAGÓ 12 MILLONES A CORREA EN MÓNACO

Manuel Salinas: "Repatrié mi dinero a España y no conozco a ese señor"

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Un informe de la Agencia Tributaria que acaba de ser incorporado al sumario del caso Gürtel revela que un empresario aragonés, Manuel Salinas Lázaro, pagó supuestamente en 2004 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, en una cuenta del Principado de Mónaco opaca al fisco, un total de 12 millones de euros. Nunca hasta ahora había aparecido el nombre de Salinas en los más de 100.000 folios que nutren el sumario de Gürtel ni él se halla entre los más de 60 imputados. Salinas, al menos hasta 2004, era el dueño del grupo Salgar, integrado por "importantes empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de muebles de madera, y también es una empresa líder en el equipamiento integral de cuartos de baño", señala el informe, fechado el 17 de enero.

"El dinero de Mónaco lo regularicé con la Agencia Tributaria"
Hacienda ignora en concepto de qué Salinas pagó supuestamente esos 12 millones a Correa. "La conclusión [del informe] es que Manuel Salinas Lázaro realizó en Mónaco un pago a Francisco Correa por 12.000.000 el 20/12/2004", acredita el fisco, y añade: "Los fondos fueron desde una cuenta en Rothschild, titularidad fiduciaria de [la firma] Ostara a una cuenta en la Compañía Monegasca de Banca, titularidad fiduciaria de [la firma] Awberry. La transferencia no fue directa, sino a través de una cuenta intermedia cuyo titular fiduciario era una sociedad panameña, Fairway, controlada por el pagador Manuel Salinas".

Hacienda da, pues, por acreditado el pago y pide en su informe al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que le cite a declarar para que explique esa entrega, "sin que haya aparentemente una causa que lo justifique".

EL PAÍS localizó ayer en su casa de Zaragoza a Salinas, que hoy tiene 90 años. Tras explicarle el contenido del informe de Hacienda, Salinas indicó: "Yo a ese señor [a Correa] no le conozco de nada". Admitió que hace años tuvo dinero en Mónaco, pero "lo repatrié y lo regularicé con Hacienda, pero yo no di dinero a ese señor, que no conozco de nada", insistió.

El juez Pedreira, dentro de la quincena de comisiones rogatorias que ha enviado al extranjero, recabó información sobre una partida de 12 millones que, procedente de Mónaco, había recalado en una cuenta de Suiza propiedad de Correa. Según la documentación que hizo llegar Suiza al juez, los 12 millones "procederían del cobro [por parte de Correa] de una comisión por su intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda del Rey (Madrid)" que, inicialmente, se creía abonada, no por Salinas, sino por la firma Martinsa.

Más información:
* Personaje: Francisco Correa
* Tema: Caso Gürtel
* Fotografía: Francisco Correa

"OPERACIÓN ORQUESTA"; A DISPOSICIÓN JUDICIAL EL ALCALDE DE CEE Y EL TERCER EMPRESARIO DETENIDO POR CORRUPCIÓN

Libertad provisional para los otros dos regidores

    * El regidor y el empresario fueron trasladados desde el calabozo de Lonzas
    * Militantes de su partido y vecinos se concentraron en apoyo al alcalde
    * 'Ramón, tranquilo, el pueblo está contigo' fue la consigna coreada

Marcos Nebreda | Corcubión (A Coruña)

"Ramón, tranquilo, el pueblo está contigo". Esta ha sido la consigna coreada por el centenar de vecinos y amigos que esperaban al alcalde de Cee a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión donde este miércoles presta declaración ante el juez Andrés Lago Louro por su presunta implicación en la 'operación Orquesta'.

Poco después de las once de la mañana, Ramón Vigo salía del coche acompañado de dos agentes que portaban abundante documentación y en medio de una tremenda ovación de las personas allí concentradas que se manifestaron emocionadas arropando al regidor. Unos minutos antes llegaba el empresario Jorge López, que salió del vehículo con el rostro totalmente cubierto entre alguna palabra tímida de apoyo. Ambos venían de los calabozos de Lonzas (A Coruña), donde permanecieron desde su detención el lunes.

El respaldo a Ramón Vigo era la consigna generalizada a las puertas del Juzgado y entre los vecinos agolpados a sus puertas. Entre ellos estaba un representante de la corporación municipal, el delegado de obras del Concello de Cee, Juan Areas, que cree firmemente en la inocencia de Vigo. "Respondo totalmente por él", ha dicho.

Apoyo a Vigo, pese a la imputación
Lo mismo ha manifestado sobre el empresario Jorge López, relacionado con el regidor y conocido en la zona por la organización de las fiestas patronales. Ares no tiene dudas de que ambos saldrán en libertad con cargos al igual que pasó el martes con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos.

Muchos de los apoyos a Vigo procedían de los militantes independientes de su partido, que se organizaron para llegar hasta los Juzgados y mostrar su disconformidad con el trato dispensado a su alcalde y con el enorme despliegue policial. "Esto parece la 'operación Malaya', es excesivo", comentaban rodeados de al menos una decena de agentes. Poco importa para ellos que la operación investigue adjudicaciones irregulares de obras en su ayuntamiento. Ni que los detenidos estén acusados de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, así como de falsificación en documento.

Para los allí congregados, la operación policial responde a una campaña "para manchar la imagen del alcalde aprovechando el período electoral". Aseguran que Vigo ha trabajado mucho por el pueblo y a la vista está "en la gran cantidad de obras ejecutadas". Además, confían totalmente en la legalidad de estas inversiones y dicen conocer que la empresa constructora Ogando realizó parte de las mismas, las más costosas pero no la mayoría. Asímismo el empresario vinculado con el caso, Jorge López también es de sobra conocido entre los vecinos por la gestión de eventos musicales, aunque resaltan que también otros promotores se beneficiaron.

Los militantes del partido aseguran que Vigo no se llevó "nada de dinero de las obras públicas" mientras que los anteriores regidores sí se "apropiaron de casas, coches y urbanizaciones, muchas de ellas declaradas ilegales". A su favor, alegan que Vigo sólo dispone en propiedad de un automóvil y un piso alquilado.

El alcalde de Fisterra, en Corcubión
Por otra parte, el alcade de Fisterra, José Manuel Traba permanecía este miércoles por la mañana en las inmediaciones de los juzgados en actitud relajada y conversando con otras personas en una cafetería.

Preguntado por este medio ha declinado valorar la decisión judicial del martes sobre su implicación en los delitos que se le imputan. Solo dice que está en Corcubión "para realizar unos trámites" y, de paso, dar "su apoyo" al alcalde de Cee. Manifestó que no puede decir nada por el secreto del sumario pero se mostró totalmente tranquilo y relajado.

Por otra parte, los dos empresarios de Construcciones Ogando S.L., Daniel Ogando O. y Daniel Ogando S., padre e hijo, que el martes quedaron en libertad provisional bajo fianza, han acudido este miércoles también al juzgado de Corcubión para depositar la fianza que le había sido impuesta.

Tras depositar el dinero, han abandonado el lugar sin realizar declaraciones, si bien el martes había manifestado a sus allegados que estaba "muy tranquilo" porque no tenía "nada que ocultar"

EL SUPREMO DECIDIRÁ SI HAN PRESCRITO 4 DE L0S 5 DELITOS FISCALES IMPUTADOS A FABRA

Fabra, tras una de sus comparencias ante el juez de Nules. | J. M.
TRIBUNALES | La Audiencia estima los recursos de las acusaciones

    * Anticorrupción y la UCE tienen 15 días para presentar el recurso al TS
    * El traslado al Supremo no significa que la investigación se paraliza
    * El Alto Tribunal tarda una media de nueve meses en resolver

Sandra Morales | Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha emitido este martes un auto respecto al caso Fabra por el que autoriza el recurso de casación anunciado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana) y les informa que a partir de ahora tienen plazo de 15 días para presentar sus respectivos escritos ante el Tribunal Supremo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) en un comunicado.

Ambas partes acusatorias anunciaron un recurso de casación el pasado mes de diciembre cuando la Audiencia Provincial de Castellón emitió un auto en el que decidía sobreseer cuatro de los cinco delitos fiscales que le imputa el juez de Instrucción 1 de Nules al presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta misma provincia, Carlos Fabra.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón mostró su satisfacción al entender que es inocente y que su causa se desvanecía en acusaciones políticas de la oposición.

En el auto de 23 de diciembre, el tribunal provincial sobreseía los presuntos delitos fiscales que hubiese podido comerte Fabra entre 2000 y 2003 al considerar que habrían prescrito, por no haberse producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo para ello. Sólo se aceptaba la imputación del mismo delito en 1999 porque la Agencia Tributaria abrió una investigación tras la declaración de la Renta presentada por el líder del PP castellonense.

Asimismo, la Audiencia consideraba también en aquel auto la continuación de las causas abiertas por supuesto tráfico de influencias y supuestos pagos y cobros realizados por Fabra.

Ahora bien, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular entienden en su recurso que los jueces de Castellón ha realizado pronunciamientos distintos sobre los mismos hechos, los presuntos delitos fiscales, una cuestión de forma que entienden ha de resolver el Supremo.

La Audiencia, en el auto de este martes, asume que las partes recurran ante el Supremo al aceptar que existe en el mismo criterio del Supremo jurisprudencia en este caso y es este tribunal quien ha de decidir.

Fuentes del TSJ-CV explica que es un procedimiento normal aceptar el recurso de la acusación y que ello no siginifica que la Audiencia entre en contradicción sobre su propia doctrina. Tampoco supone, según las mismas fuentes, paralizar toda la causa hasta que se pronuncie el Supremo.

Al no ser el recurso de casación un recurso supresivo, la investigación del caso Fabra continúa en el Juzgado de Instrucción 1 de Nules, pero, hasta que el Supremo sentencie, lo hará sólo con la imputación de un presunto delito fiscal, presunto tráfico de influencias y supuestos pagos y cobros realizados por el presidente de la Diputación de Castellón, unas imputaciones que habrían pasado de suponer 15 años de cárcel a tres años máximo.

Se podría dar el caso de que se inicie el juicio oral por estos presuntos delitos aún cuando el Supremo no haya decidido sobre el resto de acusaciones, según las mismas fuentes del TSJ quienes añaden que, en el caso de aceptar el recurso, se ampliaría de nuevo la causa. Las resoluciones del Supremo están demorándose una media de nueve meses.

El 'caso Fabra' acumula un retraso ya de siete años desde que dio comienzo en el año 2003.

Cuestión de forma
En esta resolución, el tribunal señala que en el auto cuya casación han pedido la Fiscalía y UCE se especificó que no era "susceptible de recurso alguno", según las razones establecidas en un pleno del Tribunal Supremo que contemplaba tres condiciones: que fuera un sobreseimiento libre; que hubiera recaído imputación judicial equivalente a sobreseimiento y que el auto hubiera sido dictado en un procedimiento cuya sentencia fuera recurrible en casación.

En este caso, la sala señala que este auto no se adoptó en unas diligencias previas o procedimiento abreviado sino en una causa de jurado y "bajo tal formato y aún ahora en el ámbito de las posibilidades" que conceda la ley del Jurado y la Lecrim como supletoria "debe estudiarse la posibilidad de ser admisible la casación frente a un auto dictado en el trámite de decidir la 'continuación del procedimiento' ex artículo 26 de la ley del Jurado donde se entró en la materia de la prescripción de ciertos hechos".

La Audiencia indica que en este caso se dan las circunstancias de que se ha dictado un sobreseimiento libre; que no se da el presupuesto de que haya alguien procesado ya que sólo existe una imputación "primaria o inicial" y que tampoco se trata de un sobreseimiento acordado en fase algo más avanzada, frente a lo cual solo cabría la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Frente a estas consideraciones, apunta que el acceso a los recursos es "un derecho integrado en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que queda enmarcado por la existencia de una previsión normativa que establezca la impugnación que se pretende articular y el procedimiento de impugnación establecido en la ley" , y concluye que las "dudas" que tiene sobre la posibilidad de acceder a la casación "no pueden ser obstáculo formal" para la viabilidad en trámite del recurso.

elmundo.es

"CASO IBATUR"; ESTARÁS JUSTIFICA PARTE DE SUS PAGOS: "ME INVITABAN PORQUE YO TAMBIÉN LO HACÍA"

Enseña los cheques con los que pagó las obras
 
* Encargó las obras de sus casas al dueño de Pula porque son 'grandes amigos'

Daniel Álvarez | Palma

La eurodiputada del PP y ex vicepresidenta del Govern de Matas, Rosa Estarás, ha mostrado este martes los extractos de las tarjetas con los que pagó parte de sus estancias en el hotel Pula Golf y ha justificado las que fue invitada por la gran amistad que le une a Romeo Salas, propietario del complejo. "Cuando baja a Palma se queda a dormir en mi casa, asiste a cenas familiares, fiestas... Unas veces invita él y otras nosotros", ha explicado Estarás en rueda de prensa.

Según Estarás, Salas es uno de los mejores amigos de su marido desde el año 2000. "Una vez se quedó en mi casa en Nochebuena y Navidad y respondió a la invitación", ha contado. También ha aclarado que muchas otras veces sí pagaban y para demostrarlo ha exhibido ante la prensa extractos de sus tarjetas con los pagos a Sala, aunque en ocasiones fueron en metálico y no se pueden demostrar.

"En conclusión, somos amigos, unas veces te invitan y otras invitas tú, no hemos ido de gratis", ha zanjado la ex presidenta del PP balear.
 
'Todas trabajan para el Govern'
Durante su comparecencia ante los medios, Estarás también ha explicado el hecho de que una empresa de Salas se encargara de las obras de reforma de dos de sus casas (una en Palma y otra en Valldemossa). "Aquí todos nos conocemos, no hay practicamente nadie que no opere con el Govern. Lo importante es que se pague religiosamente", ha apuntado mientras enseñaba los cheques al portador de la Banca March con los que su marido pagó dichas obras: cinco talones por valor de 23.200, 16.683, 9.280, 6.960 y 6700 euros.

"¿Habría que computar las veces que él se queda a dormir en mi casa? Con los amigos eso no se cuantifica", ha dicho la eurodiputada para aclarar que ella no tuvo "nada que ver en la adjudicación de las ayudas para el torneo de golf, pues eso dependía de Ibatur".

Estarás explica así el último informe de la Policía aportado al caso Ibatur en el que se eleva a cinco las facturas expedidas por la empresa del promotor del torneo de golf Mallorca Classic a la ex vicepresidenta por trabajos de jardinería y albañilería en sus propiedades privadas. En total, se cuantifica en 62.663,2 euros esas tareas acometidas por la sociedad del empresario Romeo Sala, al que el gobierno del PP adjudicó durante varios años la organización del citado evento golfístico, según informan en la edición de EL MUNDO de hoy Eduardo Colom y Esteban Urreiztieta.

El análisis entregado al juez por la Policía tras examinar los documentos incautados en el marco de la llamada Operación Pasarela, cuyo contenido principal ya fue avanzado por este periódico el pasado fin de semana, remarca que "se han encontrado diversas facturas emitidas por Reial Pula Golf, S. L. en las que constan como clientes" conjuntamente el marido de Estaràs y la propia ex presidenta del Partido Popular de las Islas.

Concretamente, según se desprende de los documentos policiales, se trata de cinco facturas que están fechadas entre el 26 de julio y el 16 de agosto de 2004. Esto es, mientras Estaràs ocupaba el cargo de número dos del gobierno autonómico que presidía Jaume Matas.

La cifra más cuantiosa que reflejan esas facturas, de la que específicamente se hizo eco este periódico en su edición del pasado sábado, asciende a 23.200 euros y responde a una serie de trabajos de mantenimiento. Concretamente, el concepto es "pintar piso, remodelación del cuadro eléctrico y trabajos de fontanería". Junto a ésta, se ha entregado al Juzgado una segunda factura por un concepto prácticamente idéntico en otro inmueble vinculado a Estaràs. Esta segunda por un valor exacto de 15.683,2 euros. Las otras tres facturas están relacionadas con trabajos de jardinería y su importe es de 7.540, 6.960 y 9.280 euros respectivamente.

La Policía sostiene en su informe que el objeto social de la empresa que facturó los trabajos, que literalmente es el de "promociones y explotaciones turísticas; inmobiliarias, hoteleras, la construcción y explotación de campos de golf y de oferta complementaria no se adecua, al parecer, a los conceptos que se reflejan en las facturas, propias de una empresa dedicada a reformas en general". También recalca al juez que "entre la primera factura y la última tan sólo distan 21 días".
 
Pernoctaciones gratuitas
Además de este capítulo, el informe policial, que ha permanecido bajo secreto de sumario durante los últimos meses, cuantifica igualmente el coste de las pernoctaciones gratuitas que una decena de altos cargos del PP de Baleares pasaron en el establecimiento hotelero ubicado en el complejo de Pula.

Concretamente, tras realizar un cálculo del coste de las habitaciones ocupadas por vips del patido junto a las que han encontrado cifra indicaciones de que iban invitados, especifican que la suma asciende a 35.676 euros entre los años 2004 y 2010. A Estaràs y a su familia les atribuyen algo más de 27.000 euros, 20.214,142 euros a la eurodiputada, quien afirma que sí pagaba sus estancias y que abonaba por ellas unos 300 euros mensuales.

También han incluido en su listado al ex presidente balear Jaume Matas, a quien atribuyen haberse ahorrado 406,6 euros por la invitación. En su lista de vips que se alojaron en el hotel de Sala y que éste decidió invitar figuran también el ex conseller de Industria Josep Juan Cardona (958 euros); la ex jefa de gabinete de Matas, Dulce Linares (333,8 euros); el ex gerente del Instituto Balear de Turismo Raimundo Alabern (455,8 euros); la ex consellera de Salud Aina Castillo (1.613 euros); el de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor (1.320 euros); la de Transportes, Mabel Cabrer (184 euros y tres noches en 2004) o el de Medio Ambiente, Jaume Font (184).

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma investiga este asunto a raíz de su intervención en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), que fue uno de los organismos públicos desde los que se patrocinó el torneo de golf que cada año se celebraba en Son Servera y reunía a numerosos jugadores de élite del circuito internacional.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; HACIENDA SOSTIENE QUE HOFFMAN DEBIÓ ALERTAR SOBRE EL BLANQUEO DE ROCA

José Carlos Villanueva | Málaga

El perito de la Agencia Tributaria que continúa declarando este miércoles en el juicio por el caso 'Malaya', en relación con la operación urbanística Crucero Banús, sostiene que el acusado Juan Hoffman, abogado de profesión, debió alertar en 2002 al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) sobre actos de blanqueo protagonizados, presuntamente, por el principal encausado, Juan Antonio Roca.

Tales revelaciones se han producido a preguntas del letrado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, que insiste siempre en tratar de demostrar que entre 2001 y 2002, cuando se produjo la compra venta de los terrenos, "Roca no estaba imputado en actos de corrupción y mi cliente no tenía por qué sospechar de sus actividades".

El perito ha enfatizado que Hoffman "pudo haber levantado la mano y comunicar al SEPBLAC que había hecho un negocio extraño con el señor Roca, con aportaciones de dinero que no se habían declarado" a la Agencia Tributaria. Además, ha destacado que "no quedó acreditada su legítima procedencia". El ex asesor urbanístico reconoció al comienzo del juicio que los fondos eran de "origen opaco".

Lo anterior se sustenta en que la detención de Juan Antonio Roca por el caso 'saqueo 1' se produjo en abril de 2002 y "la liquidación de Lispag A.G. fue en noviembre" de ese mismo año, según ha hecho constar el funcionario del Estado.

"¿Cómo puede usted decir que se sabía de qué iba la detención de Roca, si había un secreto de sumario?", ha repreguntado Vázquez al perito. La cuestión tiene fácil respuesta, ya que el 'saqueo1' fue destapado por EL MUNDO en 1999 y hasta la detención de Roca en 2002 se habló ampliamente del mismo, aunque el perito no ha entrado en detalles y ha dicho que "se sabía y era conocido".

De hecho, conviene recordar que en 2001 el juez Guillermo Ruiz Polanco, en funciones de guardia, acudió a Marbella, acompañado de una comisión judicial de la Audiencia Nacional, para llevar a cabo varios registros, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público había presentado una querella contra Roca y Jesús Gil, entre otros, tras publicar este periódico que entre los años 1991 y 1995 habían desviado a cuentas privadas más de 4.400 millones de las antiguas pesetas del Ayuntamiento de Marbella.

Tales antecedentes le han valido al perito declarante para asegurar ante el tribunal que el dinero aportado por Roca en Lispag A.G., concretamente 91 millones de las antiguas pesetas, "podía provenir de contínuas y reiteradas malversaciones hechas en el Ayuntamiento de Marbella" con anterioridad a 2001. Fue durante ese año cuando se constituyó la sociedad suiza en la que también participaba, como máximo accionista, el acusado Pedro Román, ex primer teniente de alcalde del GIL.

El ex edil Román, antiguo brazo derecho de Jesús Gil, también ha salido bastante mal parado con la declaración del mencionado testigo: "Ocultó a la Hacienda Pública 400 millones de pesetas de todos los españoles". Era el máximo accionista de Lispag, con un 62% del capital; mientras Roca tenía oficialmente un 15% y Hoffman un 7,5%, además de otro 15% del ex comisario de Policía Florencio San Agapito.

Con respecto a la fórmula de la fiducia, utilizada para la estructura de la sociedad Lispag. A.G., mediante testaferros helvéticos, el experto tributario ha explicado que "se utilizó la jurisdicción suiza porque allí decir que el dinero proviene de la defraudación fiscal no supone mayor problema y santas pascuas".

Y es que las autoridades de la Confederación Helvética aceptan, como ingresos en cuentas corrientes de dicha nación, los fondos que proceden de una defraudación fiscal "siempre y cuando no se hayan producido allí", ha detallado el funcionario.

Se da la circunstancia de que cuando los órganos judiciales suizos fueron requeridos para colaborar, en el marco del caso 'Malaya', lo hicieron bajo la premisa de que a los investigados sólo se les acusaría de delitos que no fuesen fiscales y tributarios.

Al hilo del argumento mencionado el perito ha recordado que "cuando en Suiza conocieron -los fiscales y jueces- que no había defraudación fiscal iniciaron un procedimiento, que es público y notorio porque apareció en prensa". Se trata de lo que se dio en llamar la 'Malaya suiza'.

La vista oral se ha ralentizado de tal manera, a preguntas de las defensas, que el juicio se reanudará el lunes de nuevo con la declaración del mencionado perito. Así pues, no ha sido posible que declare aún el principal testigo contra Roca, Jorge González, ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, cuyo testimonio estaba previsto este miércoles.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; HACIENDA DICE QUE ROCA CREÓ UNA SOCIEDAD SUIZA PARA PODER CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO

José Carlos Villanueva | Málaga

Un funcionario de la Agencia Tributaria que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso 'Malaya', sobre el 'pelotazo' urbanístico de Crucero Banús, ha asegurado que la sociedad suiza Lispag A.G., en la que Juan Antonio Roca tuvo un 15% del capital social, se creó para que un "empleado municipal", como era el ex asesor urbanístico, pudiera "eludir la prohibición" de contratar con el Ayuntamiento de Marbella.

La legislación vigente ahora y en 2001, cuando se desarrolló la operación de compra venta y recalificación de la parcela, situada en Puerto Banús, estipula que una persona que tenga más de un 10% de las participaciones de una sociedad y esté, a su vez, vinculada a una administración municipal no puede contratar con la misma.

"A 16 de octubre 2001 los partícipes de Lispag son personas físicas y uno de los socios que contrata con el Ayuntamiento es un empleado municipal -Roca- que ostenta más del 10%, por lo que tenía prohibido contratar", ha apuntado el testigo antes de remachar que "Lispag se constituye con la finalidad de contravenir una prohibición".

Las revelaciones del perito de Hacienda han venido a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, José Manuel Delgado Utrera. Ha sido cuando dicho letrado se ha interesado por el fin que perseguían los acusados con la creación de una sociedad suiza para adquirir dicha parcela, mediante fiduciarios helvéticos.

Sorprendentemente, hasta ahora, tras 18 sesiones del juicio oral, apenas se ha hecho hincapié en la condición que tenía Roca como una suerte de juez y parte, al ser socio de una mercantil que obtuvo una importante recalificación urbanística, proveniente del departamento que él mismo dirigía en el Consistorio marbellí.

"Si no fuera por la intervención judicial no conoceríamos nada de Lispag A.G.", sostiene el perito. Para él experto no hay constancia de que los acusados tributaran en Suiza, tras los beneficios obtenidos en dicha operación: "No sólo se hizo todo al margen de la autoridad tributaria española, sino que hay una plurifinalidad en utilizar una sociedad fiducia", ha expuesto el funcionario.

Se trataría, por tanto, de un "contrato nulo", al incurrir Roca en un claro caso de incompatibilidad. Se vulneraba la Ley de Contratos con las administraciones públicas. De hecho, el perito de Hacienda, que colaboró desde el principio de las pesquisas con la Udyco Costa del Sol, ha insistido en que los acusados "no podían actuar de forma transparente, porque en tal caso el contrato hubiera sido nulo".

"Lispag era un instrumento para llevar a cabo la operación de forma segura y quedaran apantallados los nombres de los cuatro socios", en alusión a Roca, el ex primer teniente de alcalde del GIL Pedro Román, el ex comisario de Policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Hoffman. Lo anteriormente expuesto por el experto en tributos ilustra el modus operandi de las sociedades pantalla, muy habitual en Juan Antonio Roca para parapetarse detrás de fiduciarios o testaferros, siempre de paja.

En otro orden de cosas, a preguntas del fiscal, el mencionado funcionario ha subrayado que Roca puso menos dinero, como socio, del que luego le correspondió al recibir los beneficios tras la venta de la parcela en 10,3 millones de euros, después de haberla comprado en 4,3.

Así, según la Agencia Tributaria, aunque el ex gerente de Urbanismo aportaba oficialmente el 15% en Lispag, frente al 62% de Pedro Román, "realmente su aportación fue del 12.7%", de ahí que durante la vista oral se haya hablado de "descuadre" entre lo invertido y los beneficios.

Con los argumentos del funcionario que ha testificado se ha apuntalado la tesis del fiscal. El Ministerio Público mantiene que el ex asesor urbanístico municipal marbellí cobró "en especie" su comisión y que el resto de sus socios pusieron dinero por él.

Sería una forma de compensar a Roca por sus gestiones para la importante recalificación, que él mismo promovió, y que generó una plusvalía de 6,3 millones de euros en pocos meses. El suelo pasaba de 500 metros de techo, uso comercial, a una edificabilidad de más de 11.000 metros, mediante ocho alturas con 114 viviendas, garajes y locales comerciales.


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