miércoles, 28 de septiembre de 2011

UNA MILITANCIA CON RENGLONES TORCIDOS

ANÁLISIS: Operación contra la corrupción urbanística

DIEGO NARVÁEZ

La detención del exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, del secretario de la agrupación local del PSOE, Francisco Cañestro, y de otros dos ediles que pertenecieron a su equipo de gobierno imputados en presuntos delitos relacionados con la corrupción delata el gravoso error estratégico que la dirección socialista de Málaga cometió al incorporarlo a sus filas. La operación policial añade una explicación más a los resultados electorales del pasado 22-M, cuando el PSOE perdió la alcaldía al lograr solo siete concejales, los mismos que el PP, que ya tenía previamente apalabrado un acuerdo de gobierno con el PA. Un fracaso sin paliativos, puesto que la dirección del PSOE de Málaga incorporó en 2009 a sus filas al entonces andalucista alcalde de Ronda y ocho concejales más con el propósito de afianzarse en el poder municipal.

Como es habitual en estas situaciones, la dirección del PSOE ya ha suspendido de militancia a los cuatro ediles imputados. Pero posiblemente esta vez tal medida no resulte suficiente y sea preciso también revisar quién, cómo y por qué fichó a Marín Lara, cuya militancia se inscribió en renglones torcidos. El ex alcalde de Ronda fue investido como cabeza de cartel electoral pese a haber sido declarado tránsfuga por la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo y con una fuerte división en la agrupación local del PSOE de Ronda. El cisma no se ha cerrado, y aún después de las elecciones municipales, el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, y el de Organización, Francisco Conejo, salieron abucheados de la sede local de Ronda el pasado junio cuando impusieron el nombramiento de Francisco Cañestro como diputado provincial por la comarca y se negaron a someterlo a votación entre los concejales electos.

Probablemente, como ha ocurrido con ocasión de otros casos de corrupción, estos días vuelva a discutirse sobre las prácticas tolerables en la política. Independientemente de que Marín Lara haya o no delinquido, cuando en junio de 2009 fichó por el PSOE su currículum político ya le presentaba como un personaje, al menos, conflictivo, y Ronda ya era escenario de tensiones y conflictos a cuenta del urbanismo.

En 1999 se significó por quedarse fuera del pacto antiGIL firmado por PSOE, PP e IU porque adujo que no se podía excluir a nadie elegido en las urnas. En 2003 firmó un acuerdo de Gobierno con el PSOE, que rompió en septiembre de 2004, cuando se aupó a la alcaldía con un pacto con PP y gilistas. En 2007, elegido por mayoría simple se apoyó en el PP, y un año después destituyó a los ediles populares y se alió con el PSOE, al que acabó afiliándose en junio de 2009.

Ha sido por encima de todo Toti, como se le conoce popularmente en Ronda, y ha estado con todos y contra todos. El PP quiso ficharlo en 1995, hizo carrera en el PA, partido del que llegó a ser secretario provincial en Málaga, y acabó en el PSOE con anhelo de liderazgo ("vamos a lograr la mayoría más amplia en la provincia de Málaga", dijo cuando se cambió de filas).

Decenas de militantes socialistas expresaron ayer en las redes sociales que lo ocurrido en Ronda se veía venir. No se trata de una valoración jurídica, simplemente mostraban su desazón por lo que les resulta incomprensible.

elpaís.com

EL AVISO DE LOS CRIMINÓLOGOS

REPORTAJE: Operación contra la corrupción urbanística

Al igual que ocurrió en el 'caso Malaya', un estudio de la Universidad de Málaga ha alertado de comportamientos irregulares en el urbanismo rondeño

JUANA VIÚDEZ - Málaga

La historia se repite. Tal y como ocurrió con Marbella y el caso Malaya, un estudio de la Universidad de Málaga ha alertado de comportamientos sospechosos en el urbanismo de Ronda (Málaga). El informe, publicado a comienzos de año, se centra en el proyecto urbanístico de Los Merinos Norte, una polémica urbanización con casi 800 viviendas y dos campos de golf en un paraje en el entorno de la Sierra de las Nieves. Los agentes de la sección de blanqueo de capitales de la Costa del Sol también lo están estudiando en la operación Acinipo, por la que ayer fue detenido el exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE).

El estudio, coordinado por el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés, desvela numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. El exalcalde rondeño ha reclamado 500.000 euros a Ripollés, director del Instituto Andaluz de Criminología, por el daño que, según él, le ha hecho el libro, publicado en la editorial Tirant Lo Blanch. El trabajo universitario apunta a que el planeamiento de Ronda se adaptó al interés privado, aunque no nombra explícitamente al alcalde.

El exregidor interpuso una demanda el pasado marzo y el 13 de junio acudió a un acto de conciliación. La defensa de Díez Ripollés no se avino a las peticiones de Marín Lara, que además reclamaba que los autores rectificaran públicamente, que le informaran de los fondos con los que se financió y las fuentes personales de información. Ripollés no aceptó sus peticiones. El plazo del que dispone el exregidor para decidir si formalizaba la demanda civil o interponía una querella por calumnias expira en diciembre.

El juzgado número 1 de Ronda ya ha archivado una denuncia por prevaricación contra Marín Lara. La interpuso IU por aprobar por decreto la urbanización de Los Merinos, pese a que existía un informe negativo de la Agencia Andaluza del Agua.

Al Instituto de Criminología le llamó la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos" de este proyecto. El informe, en el que también han trabajado las criminólogas Alejandra Gómez Céspedes y Araceli Aguilar, pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales.

El caso Acinipo investiga otro de los proyectos históricos de Ronda: la construcción de un gran centro comercial de la cadena Eroski que lleva 12 años de tramitación. Esta gran superficie se publicitó como la mayor que el grupo tiene en Andalucía, con 65.000 metros cuadrados y capacidad para crear 1.300 puestos de trabajo.

El proyecto de Eroski también fue denunciado en los juzgados por IU, aunque se archivó. Según los ecologistas, el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela que iba a ocupar el centro comercial estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó al concurso.

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ACINIPO, EL LADRILLO SUCIO LLEGA A RONDA

Antonio Marín Lara sale ayer de su domicilio después de su detención.- JULIÁN ROJAS
Nueva operación contra la corrupción urbanística en Málaga

La policía arresta al exalcalde Marín Lara, a otros tres ediles socialistas, a un abogado y a dos directivos de Eroski por prevaricación, cohecho y blanqueo

J. VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Málaga 

La mancha de la corrupción urbanística se extiende por la provincia de Málaga. Después de los casos de Marbella, Estepona, Alhaurín el Grande y Alcaucín, la lacra del ladrillo sucio saltó ayer al interior. En una operación policial largamente esperada, fue detenido el anterior alcalde de Ronda (37.000 habitantes), Antonio María Marín Lara, del PSOE, y otros tres concejales del equipo que gobernó la ciudad desde septiembre de 2004 hasta las pasadas elecciones del 22 de mayo. En la operación, bautizada Acinipo en referencia a un yacimiento arqueológico local, también fueron arrestados un abogado de la localidad malagueña y dos directivos del grupo empresarial Eroski.

La operación avala las tesis ecologistas tras 20 años de denuncias sin fruto

Las pesquisas abordan irregularidades urbanísticas en al menos dos proyectos. Uno de ellos es la construcción de un centro comercial sobre los terrenos de un antiguo campo de fútbol que iba a suponer la inversión de 102 millones de euros. El otro es la famosa urbanización Los Merinos Norte, en la que se preveía levantar 800 chalés de lujo, campos de golf, centro hípico y hoteles en una zona calificada como reserva de la Biosfera. Además, según fuentes cercanas al caso, sobre la mesa de los investigadores hay otras iniciativas urbanísticas. La operación supone el primer espaldarazo a las tesis de los grupos ecologistas, que desde principios de los años 90 han visto cómo la Fiscalía y los jueces archivaban sistemáticamente sus denuncias.

Los implicados están acusados de cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación arrancó hace dos años y medio por la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, Judith Isabel Sáiz, no abrió el caso hasta mediados de 2010.

El dinero y el urbanismo son fundamentales en este caso. Además del pago por parte de empresarios para conseguir resoluciones favorables, como licencias o permisos urbanísticos, se está investigando el origen de los fondos que se iban a invertir en la ciudad por sospechas de que provengan de tráfico de drogas o la prostitución.

Una de las formas de soborno investigadas consiste en la contratación de publicidad en un periódico local vinculado al exregidor. Fuentes cercanas al caso aseguran que las tarifas supuestamente abonadas por empresarios con intereses en la ciudad eran "completamente desproporcionadas".

La operación saltó a la luz a las 9.00 de ayer, cuando una decena de agentes de la policía comenzó el registro del Ayuntamiento rondeño, ahora gobernado por el PP.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, insistió en que no había nada que requisar en la Alcaldía porque cuando ella tomó posesión "no había ni ordenador", e informó de que, al estar en la oposición, los ediles implicados tampoco tienen despacho en el inmueble. El registro se prolongó hasta las 18.00. Los agentes, que contaron con el apoyo de la unidad especializada en delitos tecnológicos, sacaron ocho cajas de documentación.

El Ayuntamiento de Ronda tenía previsto llevar a pleno el próximo jueves la aprobación del uso comercial de los terrenos en los que se va a construir el centro comercial Eroski, que cuenta con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Fuentes municipales consideraron "muy probable" que el pleno se desconvoque por la posible ausencia de los investigados.

Durante su gobierno, Marín Lara aprobó la cuarta modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para autorizar la construcción de la gran superficie en los terrenos del antiguo recinto ferial y del campo de fútbol del municipio.

Más información:
* PERFIL: Toti, tránsfuga con certificado
 
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"CASO ACINIPO"; DETENIDOS EL EXALCALDE SOCIALISTA DE RONDA Y TRES CONCEJALES POR CORRUPCIÓN

El exalcalde de Ronda Martín Lara (en el centro) sale de su domicilio tras un registro.- JULIÁN ROJAS
La investigación implica a dos directivos de Eroski en el escándalo urbanístico

F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Ronda / Málaga 

La policía detuvo ayer al anterior alcalde de Ronda (Málaga, 37.000 habitantes), Antonio María Marín Lara, del PSOE, y a otros tres concejales del equipo que gobernó la ciudad desde septiembre de 2004 hasta las pasadas elecciones del 22 de mayo por un nuevo caso de corrupción urbanística. En la operación, bautizada Acinipo en referencia a un yacimiento arqueológico local, también fueron arrestados un abogado de la localidad malagueña y dos directivos del grupo empresarial Eroski.

Las irregularidades han sido detectadas en dos proyectos de construcción

Las pesquisas arrancaron hace dos años tras la denuncia de un particular

Las pesquisas abordan irregularidades urbanísticas en dos proyectos con más de una década de antigüedad, como la construcción de un centro comercial que iba a suponer la inversión de 102 millones de euros, o Los Merinos Norte, una urbanización que proyectaba 800 chalés de lujo, campos de golf, centro hípico y hoteles, además de otros convenios. Los implicados están acusados de cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación arrancó hace dos años y medio por la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción. El dinero y el urbanismo son fundamentales en este caso. Además del pago por parte de empresarios para conseguir resoluciones favorables, como licencias o permisos urbanísticos, se está investigando el origen de los fondos que se iban a invertir en la ciudad por sospechas de que provengan de tráfico de drogas o la prostitución.

Una de las formas de soborno investigadas consiste en la contratación de publicidad en un periódico local vinculado al exregidor. Fuentes cercanas al caso aseguran que las tarifas supuestamente abonadas por empresarios con intereses en la ciudad eran "completamente desproporcionadas".

La operación saltó a la luz a las 9.00 de ayer, cuando una decena de agentes comenzó el registro del Ayuntamiento rondeño, ahora gobernado por el PP.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, insistió en que no había nada que requisar en la Alcaldía porque cuando ella tomó posesión "no había ni ordenador", e informó de que, al estar en la oposición, los ediles implicados tampoco tienen despacho en el inmueble. El registro se prolongó hasta las 18.00. Los agentes, que contaron con el apoyo de la unidad especializada en delitos tecnológicos, sacaron ocho cajas de documentación.

Además del exalcalde, Antonio María Marín Lara, fueron detenidos los ediles Francisco Cañestro, secretario general del PSOE en Ronda, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde; María José Martín de Haro, delegada de Obras y Urbanismo, y Rafael Lara, primo del exregidor y encargado del área de Contratación y Seguridad Ciudadana. El PSOE andaluz ha suspendido de militancia de modo cautelar a los cuatro.

Los dos directivos de Eroski fueron detenidos en Madrid y Valencia, y se practicó otro registro en la sede de este grupo empresarial en Elorrio (Bizkaia). Los agentes de la sección de blanqueo de capitales de la Costa del Sol registraron, además, varios domicilios en Ronda y Marbella, y la sede del PSOE de Ronda.

El Ayuntamiento de Ronda tenía previsto llevar a pleno el próximo jueves la aprobación del uso comercial de los terrenos en los que se va a construir el centro comercial Eroski, que cuenta con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Fuentes municipales consideraron "muy probable" que el pleno se desconvoque por la posible ausencia de los investigados.

Durante su gobierno, Marín Lara aprobó la cuarta modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para autorizar la construcción de la gran superficie en los terrenos del antiguo recinto ferial y del campo de fútbol del municipio.

Tal y como ocurrió con Marbella y el caso Malaya, en el caso de Ronda también se ha publicado una investigación universitaria que alertaba de enorme capacidad de influencia de los promotores del complejo.
   

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ CELEBRARÁ EL LUNES UNA VISTA SOBRE LAS ALEGACIONES EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

* Los abogados de acusación y las defensas podrán formular sus alegaciones
* El juez escuchará a los letrados de Francisco Camps y Ricardo Costa

Efe | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fijado para el próximo lunes la vista de cuestiones previas de la causa contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel.

En esta vista, que tendrá lugar a las diez de la mañana y es un trámite previo al juicio oral exigido por la Ley del Jurado, los abogados de la acusación y de las defensas podrán formular todas sus alegaciones sobre el procedimiento que estimen oportunas, según informa el TSJCV.

El pasado día 16, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, tras reconocer su culpa, fueron condenados por un delito continuado de cohecho pasivo impropio, el mismo que se le imputa a Camps y Costa en la llamada "causa de los trajes".

Campos y Betoret quedaron fuera del proceso judicial abierto por el magistrado José Flors después de que el pasado 20 de julio aceptaran su acusación y se conformaran con la pena más alta prevista para este delito, relacionado con la aceptación de regalos por parte de los cabecillas de la trama Gürtel.

Los otros dos procesados en la causa, Camps y Costa, decidieron no conformarse, por lo que deberán someterse al juicio abierto contra ellos sin la presencia de Campos ni Betoret.

Como paso previo al señalamiento del juicio, las partes celebrarán una vista el próximo lunes en la que podrán presentar alegaciones al presidente del jurado, Juan Climent, como la falta de autorización administrativa para el procesamiento, la inadecuación del procedimiento o la vulneración de algún derecho fundamental.

Según establece la Ley del Jurado, también podrán solicitar la ampliación del juicio a algún hecho que el juez instructor hubiese decidido no investigar, o bien pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.

Finalmente, los abogados tendrán la posibilidad de impugnar los medios de prueba propuestos y plantear otros nuevos, en cuyo caso se les dará traslado a las demás partes para que, en el plazo de tres días, puedan solicitar por escrito su inadmisión.

Camps dimitió como president de la Generalitat y máximo responsable del PPCV el pasado 20 de julio, cinco días después de haber sido procesado en la "causa de los trajes" del caso Gürtel por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

El ex presidente volvió entonces a declararse "completamente inocente" y arremetió contra el "sistema brutal" que ha llevado la "falsa" imputación de una investigación judicial de la que, según dijo, se demostrará su inconsistencia porque no ha encontrado ni encontrará en él "ni un euro ni un bien más" de los que ha declarado que tiene.

Mª Pilar Calderón sustituye a Juan Montero
La jurista María Pilar Calderón Cuadrado se incorpora como magistrada a la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de obtener el respaldo del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 19 votos. Calderón sustituye al juez Juan Montero.


elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA JUZGARÁ POR PRIMERA VEZ A MUNAR Y NADAL

Por el desvío de 240.000 euros a un programa 'fantasma'

Europa Press | Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de juzgar por primera vez a la ex dirigente histórica de UM, Maria Antònia Munar, y al ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal, quienes se sentarán en el banquillo junto a otros ocho acusados por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización de un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido, una vista que como mínimo no tendrá lugar hasta el próximo año.

Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press después de que el procedimiento, correspondiente a una de las piezas separadas del caso Maquillaje, haya llegado este miércoles a la Sección Segunda, cuyo presidente es el magistrado Eduardo Calderón. Se da la circunstancia de que también esté tribunal será el que juzgue a otros cuatro acusados, entre quienes se encuentra el ex conseller insular de UM Bartomeu Vicens, por otro fleco de la causa que prevé ir a juicio los días 7 y 9 de febrero.

Por su parte, la vista por el supuesto desvío de 240.000 euros no se celebrará hasta que no se resuelvan los recursos interpuestos contra el auto que puso fin a la instrucción de esta pieza separada, y que serán revisados el próximo 14 de diciembre en este caso por la Sección Primera, lo que provocará la ralentización del proceso.

Los recursos de apelación fueron presentados contra la resolución que daba paso a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación por estos hechos, y en el que solicita seis años de prisión tanto para Munar como para Nadal. Y es que el Ministerio Público postula que el destino final del plan que urdieron era beneficiar con fondos públicos a sociedades controladas por ellos mismos con la mediación de sus supuestos testaferros.

Mientras tanto, el pasado mes de mayo la Audiencia también celebró una vista para revisar los recursos interpuestos por ambos imputados contra la apertura de esta misma pieza al considerar que les fue notificada de forma tardía y esto les habría causado indefensión. Sin embargo, la Sección Segunda desestimó las apelaciones al considerar que los recurrentes tuvieron conocimiento de la existencia del auto impugnado "mucho antes de que les fuera formalmente notificado".

De hecho, el tribunal consideraba en su auto que la formación de la nueva pieza acelera el procedimiento y posibilita su inmediato enjuiciamiento-, lo que "tratan de evitar ahora las defensas" sosteniendo que la "apresurada tramitación de esta última pieza incoada y los problemas de notificación les generan indefensión". Es por ello que atribuía a las defensas un "afán" por aferrarse a un defecto de notificación "claramente subsanable" para después plantear una nulidad de actuaciones que invalide todo lo actuado.

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que a nivel global investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM. Una vez finalizada su instrucción, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de calificación contra un total de diez acusados.

En este contexto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal, defendido por José Zaforteza, se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se otorgaron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.

Cabe destacar que ésta no es la única causa en la que la ex dirigente 'uemita' está siendo investigada. Contra ella la Fiscalía también solicita seis años de cárcel dentro del caso Can Domenge, que indaga la venta del solar palmesano por la mitad de su valor en el mercado, mientras que también se encuentra imputada en el caso Voltor, que trata de averiguar si durante la legislatura recién finalizada se desviaron fondos desde el Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.

"CASO TROYA"; EL TRIBUNAL DESESTIMA LAS ALEGACIONES Y RECHAZA LA PERICIAL PEDIDA POR EL FISCAL

Juicio contra Martín Serón

Europa Press | Málaga

El Tribunal encargado del juicio del caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande, en el que está acusado, entre otros, el alcalde, Juan Martín Serón (PP), ha acordado desestimar las cuestiones previas de las partes y considera que no ha lugar a la pericial solicitada por la Fiscalía de dos inspectores de Obras Públicas sobre la normativa urbanística.

A través de un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala sí accede a la práctica de la testifical del secretario municipal y a que declaren dos agentes de la Policía Nacional y el arquitecto municipal en su doble condición de testigos y peritos, así como a la reproducción de grabaciones de conversaciones telefónicas intervenidas.

La vista oral comenzó el pasado jueves día 22 de septiembre en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga, aunque su continuación se aplazó hasta el próximo día 30, tras presentar el ministerio fiscal y las defensas sus cuestiones previas y alegaciones.

El fiscal solicitó que inspectores de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía hicieran una pericial sobre la normativa urbanística aplicable y si las licencias investigadas se adecuaron, alegando indefensión ya que no se le había notificado y por tanto desconocía prueba pericial de las defensas. De forma alternativa, apuntó a la devolución de la causa a instrucción.

Ahora el Tribunal indica en su resolución que la falta de notificación de los escritos de calificación de las defensas es "intrascendente" y tiene "categoría de mera irregularidad procesal no generadora de ningún tipo de nulidad", apuntando que el fiscal está "permanentemente personado" en las causas y "no es necesaria la notificación".

Los magistrados consideran que se puede plantear la práctica de una prueba que antes no se había pedido, pero señalan que no pueden valorar si es necesaria y relevante, ya que el propio fiscal precisó que no sabía cuál podía ser el resultado de la misma, recordando la Sala que corresponde a la acusación "la carga de la prueba tendente a destruir" la presunción de inocencia de los acusados.
 
Licencias lícitas o ilícitas
Apuntan que la acusación giraba, respecto al delito urbanístico, sobre un informe del secretario municipal, que establece como norma vigente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, y en los informes contrarios a las licencias del arquitecto municipal, aunque añade que otra cuestión es que esos elementos "puedan no ser suficientes ahora", tras los informes de las defensas.

"Una vez que se aceptan las reglas del juego, la percepción íntima, real o supuesta de un posible debilitamiento de nuestra posición no autoriza a recurrir a la manida alegación de indefensión", dice el auto, que concluye que la prueba no se puede practicar ahora y que "hubiera sido más propia" de la instrucción, donde "se podría haber dictaminado la licitud o ilicitud de las licencias".

No obstante, sí se acepta la declaración del secretario del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande "por su interés para resolver la cuestión relativa al planeamiento urbanístico vigente" en la localidad y la de dos agentes de la Policía Nacional y del arquitecto municipal en una doble condición de peritos y testigos, ambas peticiones realizadas por el fiscal.
 
La normativa
Las defensas alegaron falta de determinación por parte del fiscal de la normas urbanísticas que habrían sido infringidas y el propio acusador manifestó que "desconocía cuales eran", señala el Tribunal, quien, no obstante, apunta que se puede deducir que la acusación se basa en una infracción del PGOU de 1994, a la vista del informe del secretario y de los planteamientos de las partes.

Así, plantearon que la legislación vigente eran las normas subsidiarias, ya que dicho plan no era eficaz al no publicarse hasta 2010. La Sala cree "tardía" la reacción de las defensas, pues hasta ahora "han supuesto que el planeamiento infringido era el PGOU de 1994", añadiendo la sala que una vez practicada la prueba admitida se aceptará la tesis acusatoria o la tesis de las defensas.

La defensa de Martín Serón instó a la nulidad de las actuaciones por falta de concreción del escrito de acusación en lo que a él se refería. Aunque el Tribunal estima que todo escrito "es mejorable", dice que el de acusación "cumple los requisitos exigidos" y que "no es nulo ni ineficaz", ya que de los hechos que contiene "se deducen motivos para afirmar la participación de las personas acusadas".

En este sentido, se explica que en dicho escrito se expone, entre otros elementos, que el alcalde "participa con su conducta omisiva en una trama delictiva de su concejal de Urbanismo consistente en ofrecer a empresario inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de la oportuna retribución", añadiendo que el fiscal concretó los hechos.

Además, se apunta que estos escritos están destinados "a los letrados" y señala que el plazo para presentar un escrito de defensa "ha precluido", sin que eso suponga una indefensión, puesta "tiene su origen directo o inmediato en actos u omisiones de la parte o de los profesionales que la representan" y en "la estrategia procesal adoptada".

En lo que respecta a la petición de nulidad de las grabaciones de una entrevista entre el denunciante y el concejal de Urbanismo, acusado en la causa, el Tribunal la rechaza, apuntando que la misma no ha tenido por finalidad la de obtener una información o descubrir una dato nuevo, ya que el denunciante ya había declarado con anterioridad.


elmundo.es

LA HISTORIA DEL CAMALEÓN POLÍTICO

El ex alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara.| C. Díaz
Antonio María Marín Lara

* El ex regidor estuvo imputado hasta marzo de 2011

Marta S. Esparza | Málaga

Antonio María Marín Lara se despidió del sillón de alcalde el pasado 11 de junio entre pitos y abucheos. En apenas cuatro años, los que distan de las elecciones de 2007 a las de mayo de 2011, había pasado de lograr más del doble de ediles para el Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ronda a perder las elecciones frente a un imparable PP, concurriendo como cabeza de cartel del denostado Partido Socialista.

La historia de Marín Lara era hasta ayer la historia del corto periplo político de un alcalde tránsfuga, como se encargó de dictaminar en diciembre de 2009 la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Desde ayer, además, el nombre de Marín Lara ha quedado incorporado al ya abultado catálogo de los alcaldes arrestados e investigados por corrupción en los últimos años en la provincia de Málaga.

Licenciado en Derecho, casado y padre de tres hijos, Antonio María Marín Lara, conocido en su círculo más cercano como Toti, cumplió 52 años el pasado 13 de agosto fuera ya de una Alcaldía en la que se había enrocado defendiéndose con uñas y dientes, mimetizándose con los colores de los dos partidos mayoritarios en función de la dirección hacia la que soplaba el viento. No en vano en una breve entrevista, concedida a un medio de comunicación local antes de las últimas elecciones municipales, confesaba que Ronda, Ronda y sólo Ronda, era su única ideología.
 
Ex alcalde de Ronda
Y así, desde 2004 y hasta 2007, Marín Lara gobernó Ronda desde las filas del PA gracias a un pacto con el PP y con los ediles del aún vivo Grupo Independiente Liberal (GIL); en 2007 pactó con el PP para seguir gobernando Ronda tras lograr 9 de los 21 ediles de la corporación bajo el paraguas andalucista, y en apenas un año resolvió que lo mejor para Ronda era que dejase los brazos populares y se abrazase al PSOE, partido del que dependía en el futuro la aprobación desde la Junta de Andalucía del Plan General de Ordenación del municipio.

Marín Lara decidió, según él mismo admitió, "ser práctico". Desde el Ejecutivo andaluz se sostenía con él, además, un interminable conflicto en torno al proyecto turístico-urbanístico de Los Merinos Norte, que había llevado a su imputación en un procedimiento judicial por presunta vulneración de la normativa urbanística, al dar licencia al proyecto.
 
Cambio de partido
Así que, en junio de 2009, para refrendar definitivamente sus nuevas alianzas, Marín Lara arrojó por la borda lo único que aún le separaba de la Administración andaluza: las siglas andalucistas. Toti se afilió al PSOE junto a los otros ocho ediles obtenidos en 2007 gracias a los votos andalucistas, que aquel año fueron más del 40% de los sufragios emitidos. Junto a los miembros del grupo municipal andalucista abandonaron el PA casi un centenar de militantes, lo que dejó a la formación nacionalista en la Ciudad del Tajo reducida a pavesas.

"En aquel momento estaba claro que el PA iba a desaparecer (...), por lo que muchos compañeros han elegido otras opciones para defender la ciudad lo máximo posible. Yo, o me iba o pensaba en la ciudad, y eso hice", aseguraba Marín Lara hace meses para justificar su cambio de chaqueta, y el abandono de una formación de la que había sido secretario provincial.

Imputado hasta el pasado marzo
El caso Merinos, que había recaído sobre el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, fue finalmente archivado en marzo de 2011 a petición de la Fiscalía, que argumentó entonces que no se tenía constancia de que en el Ayuntamiento se conocieran los informes en contra del proyecto emitidos desde la Agencia Andaluza del Agua.

"No existe realmente ningún hecho que en principio pueda revestir carácter de delito dentro del Derecho Penal", sostuvo entonces la Fiscalía. El Ministerio Público apenas vislumbraba entonces "alguna irregularidad administrativa o de cualquier otro tipo", que no consideró, como pedían los ecologistas, un delito de prevaricación, a pesar de que el proyecto incumplía la declaración de impacto ambiental.

Marín Lara se salvó por los pelos, tras años de polémicos informes y denuncias cruzadas en torno al proyecto, que parecía poner en riesgo los acuíferos de la zona.
 
Tumba política
Pero a pesar del ruido no han sido Los Merinos los que han llevado a Marín Lara a su tumba política. En noviembre de 2010, Antonio María Marín Lara presidía un polémico pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la modificación de la titularidad de los terrenos municipales adjudicados en 2009 para que la empresa Eroski construyese un nuevo centro comercial, a favor de una empresa intermediaria vinculada al grupo Ruiz Jurado.

La operación ha hecho saltar las alarmas del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, y con ello, el periplo multicolor de Marín Lara en la política parece haber tocado a su fin.


elmundo.es

"CASO ACINIPO"; DETIENEN AL EX ALCALDE DE RONDA Y A SEIS PERSONAS MÁS POR CORRUPCIÓN

El ex alcalde de Ronda Antonio Marin Lara en la puerta de su casa tras ser detenido. | A. Pastor
La investigación se centra en convenios urbanísticos

* Uno de los arrestos se ha producido en Madrid
* La operación se denomina 'Acinipo', antiguo nombre de Ronda

Álvaro Frías | Ronda

Siete personas, entre las que se encuentra el exalcalde socialista de Ronda, Antonio María Marín Lara, fueron detenidas este martes en el marco de una operación policial en la que se investigan supuestos delitos relacionados con el urbanismo ocurridos en la citada localidad durante la anterior legislatura socialista

La operación ha sido bautizada como 'caso Acinipo', que significa Ronda La Vieja y son unas ruinas romanas situadas a escasos kilómetros del municipio. Además del exregidor, los agentes también arrestaron a tres socialistas que formaron parte del anterior equipo de gobierno del Consistorio de Ronda, como son el exconcejal de Economía y Seguridad, Rafael Lara; la exedil de Obras y Urbanismo, María José Martín de Haro, y el exresponsable de Turismo, Francisco Cañestro.

Pese a que en la actualidad estos políticos continúan siendo concejales por el PSOE en el Ayuntamiento, ahora en la oposición, el resto de los detenidos se dedicarían al mundo empresarial e, incluso, uno de los arrestos se habría producido en Madrid, según fuentes cercanas al caso.

En cuanto a la operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número dos de Ronda, en el auto judicial de petición de autorización de registro de despachos municipales se especifica que los delitos que se investigan serían los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de capitales públicos, falsedad documental y blanqueo.

Al parecer, según las fuentes, la operación policial, en la que se habrían autorizado escuchas telefónicas, estaría dirigida a investigar, entre otros hechos, la posible comisión de delitos relacionados con la construcción del centro comercial Eroski, edificado sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial, según las mismas fuentes.

Fue sobre las 9.00 horas de la mañana de este martes cuando una decena de agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, pertenecientes al grupo de Blanqueo, se personaron en el Ayuntamiento de la localidad y en la sede de Urbanismo donde procedieron al registro de varias dependencias. La intervención se prolongó durante nueve horas, y hasta las 18.00 horas los policías no acabaron de inspeccionar la casa consistorial, de la cual salieron con cerca de ocho cajas que albergaban documentos.

En el mismo auto anteriormente citado, también se recogía que había que tomar declaración y registrar los despachos del secretario municipal y del interventor.

Los agentes dejaron "claro" que lo que buscan tiene que ver con la anterior corporación municipal, en concreto con el periodo de tiempo entre 2009 y 2011, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE, según manifestó la actual alcaldesa de Ronda, la popular María de la Paz Fernández.


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