viernes, 18 de mayo de 2012

"CASO MAQUILLAJE"; LA MUJER DEL TESTAFERRO DE MUNAR ADMITE QUE TAMBIÉN ERA SU MASAJISTA PERSONAL

Coloma Munar esta mañana en la Audiencia. | Cati Cladera
Cuarta jornada del juicio a Munar
Pese a su formación de esteticien, ocupó un cargo en la Conselleria de Deportes
Coloma Munar se ha negado a responder a las preguntas sobre su marido

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La prima política de Maria Antónia Munar y mujer de su testaferro, Víctor García, Coloma Munar ha reconocido que tenía una relación estrecha con la ex presidenta. A pesar de que ha tratado de desvincularse de la principal acusada, no ha tenido mas remedio que asumir que era su masajista y que "iba a su casa los fines de semana para darle masajes cuando tenía problemas de cervicales".

Coloma Munar Vallespir ha explicado a ante el Tribunal que, si bien su formación es de esteticien, llegó a tener un cargo en la Conselleria de Deportes.

En cuanto a su participación como 'palmera' de Munar en su primera comparecencia en la Audiencia Provincial de Palma, Coloma ha reconocido que acudió a aplaudir porque le llamo una persona del partido para pedírselo.

Por otra parte, Coloma Munar se ha negado a responder a las preguntas que se le han formulado que concernían a su marido.

Esteticista y decoradora del 'Palma arena'
Esteticista de profesión, Munar Vallespir fue nombrada "asesora técnica de la Consejería de Deportes y Juventud" el 27 de julio de 2007. Según fuentes próximas a aquella Conselleria, sus tareas consistieron principalmente en la coordinación de labores protocolarias o el equipamiento y la decoración de las instalaciones dependientes del departamento público. Entre ellas la "decoración del Palma Arena".

Por aquella época, Víctor García, jubilado de una empresa de telefonía, ya era el propietario el 25,22% de las acciones de Video-U, que adquirió en noviembre de 2004 en representación de Maria Antònia Munar, según apunta la investigación judicial y según han confesado los propios gestores de la productora audiovisual que vendieron la mitad del negocio a los políticos de UM.

Además

MATAS: "SI SE CONFIRMAN LAS IRREGULARIDADES DE NÓOS, SERÍA UNA GRAVÍSIMA DESLEALTAD"

Jaume Matas a su llegada a los juzgados. | Pep Vicens
justicia | Se acoge a su derecho a no declarar
Presenta un escrito donde niega haber cometido cualquier tipo de ilegalidad
El instituto organizó dos foros que costaron 2,3 millones de euros
La Fiscalía lo acusa de 'beneficiar de forma fraudulenta' a la institución
Urgandarin declaró que se habían reunido para tratar sus negocios privados

E. Colom | L. Sampedro | C. Arrieta | Mª J. García | Palma

El ex presidente balear Jaume Matas ha decidido acogerse a su derecho a no declarar ante el juez Castro por el supuesto desvío de fondos públicos al instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin, para organizar unos foros que costaron 2,3 millones de euros a las arcas autonómicas.

Matas se ha remitido a la primera declaración que ya prestó ante el juez Castro y ha presentado un escrito en el que niega haber cometido cualquier tipo de ilegalidad en el caso. También ha entregado un dosier en el que se recoge el eco meditático que tuvieron tanto el equipo ciclista Illes Balears como los foros organizados por Nóos.

A su salida de los juzgados, el ex ministro ha dicho en declaraciones ante la prensa que hace dos años él ya declaró por el caso Palma Arena ante este mismo juez Castro y que se reitera "íntegramente" en lo que dijo entonces. "Y no tengo nada más que decir", ha apostillado, informa Efe.

En aquella ocasión, Matas señaló que su función era estrictamente "política" y que el día a día, así como el modo de formalizar los contratos, correspondían a los responsables de cada organismo público, caso de José Luis "Pepote" Ballester, exdirector general de Turismo.

El ex presidente ha llegado las 9.00 horas en taxi junto a su abogado, Antonio Alberca, a las puertas de los juzgados de Vía Alemania, una hora antes de la fijada para su comparecencia y apenas unos minutos después ha abandonado la sede judicial.

Matas ha sido recibido entre abucheos en los juzgados por un grupo ciudadanos que le han imprecado e insultado con gritos de "ladrón" y "cabrón".

Nóos, la mejor garantía
En el escrito que ha presentado ante el juez Castro, Matas dice que si se confirmaran las supuestas irregularidades cometidas a través del instituto presidido por el duque de Palma entre 2004 y 2006, ello supondría "una gravísima deslealtad con quienes confiaron en todo momento en su honorabilidad y probidad".

Matas insiste en dicho escrito que colaborar con Nóos en aquellos años, cuando el duque de Palma estaba al frente del instituto, era "la mejor garantía para confiar en el buen fin de los eventos realizados con su intervención o mediación, sin que en aquel momento nadie podía tener la menor sospecha de que los responsables del Instituto se proponían a llevar a cabo actuaciones irregulares en el manejo de los fondos obtenidos de las administraciones públicas".

Matas también asegura que no cometió ilegalidades y que jamás dio "ninguna orden que implicara una vulneración del ordenamiento jurídico en materia de contratación".

También indica que considera "radicalmente falso" que los convenios suscritos con Nóos por un total de 2,3 millones hubieran vulnerado la legislación en materia de contratación pública.

Precios desproporcionados
José Castro, titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, había citado a Matas como imputado a las diez de la mañana dentro de la pieza del caso en la que se investigan los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en torno al instituto que fue presidido por Iñaki Urdangarin.

Nóos organizó para el Ejecutivo balear los dos eventos de turismo y deporte Illes Balears Forum en virtud de sendos convenios de 1,2 y 1,1 millones firmados con el Govern balear.

La Fiscalía Anticorrupción asegura en un informe que en el caso del primero, Urdangarin, que entonces presidía Nóos, y su ex socio Diego Torres, quien pasó a presidirlo después, "se concertaron" con Matas y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester para "beneficiar de forma fraudulenta" al instituto usando un procedimiento administrativo irregular y fijando un precio "totalmente desproporcionado".

El contenido del segundo convenio, añade, es "prácticamente idéntico" y su cantidad, 1,1 millones de euros, se estipuló sin responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos casos, "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados".

La postura de Urdangarin
En su declaración del pasado febrero, Urdangarin aseguró al juez que mantuvo una reunión con Matas en el Palacio de Marivent de Palma para hablar de sus "negocios privados".

"Se trataba de jugar al pádel y me pareció oportuno hacerlo en Marivent", dijo el duque, y añadió que "no dio cuenta de esta reunión" a su esposa, la infanta Cristina, ni a su suegro el rey Juan Carlos.

El duque de Palma negó por otra parte haber acordado con el expresidente balear defraudar a la Administración y aseguró que ni él "personalmente" ni Aizoon, la empresa patrimonial que comparte con la infanta Cristina, han hecho "algún negocio" con Matas.

Explicó que tuvo una reunión con el expresidente autonómico en el Consolat de Mar, sede del gobierno balear, en la que presentó el Instituto Nóos.

También declaró ante el juez el pasado febrero Ballester, quien afirmó que los precios fijados por Nóos para la organización de los foros no eran desproporcionados. Preguntado por los criterios que se siguieron para valorar estos precios, contestó: "Ninguno; no se pusieron en duda tales precios".

Condenado a 6 años de cárcel
En este sentido, aseguró que nunca se planteó los precios de los convenios porque "quien lo acordó y tomó la decisión fue Matas", ya que él "recibió la orden" del entonces presidente balear "de que todo lo que viniera de Iñaki Urdangarin recibiera el visto bueno".

Matas está imputado en la mayoría de las 25 piezas del caso Palma Arena y la Audiencia de Palma lo ha condenado a 6 años de cárcel por una de ellas al haber beneficiado fraudulentamente con dinero público a Antonio Alemany, el periodista que le escribía los discursos.

Además
Guía para no perderse en el caso

IMPUTADOS EL EDIL DE URBANISMO Y UN EX CONSULTOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASARES

JUSTICIA | Operación


Efe | Málaga

El concejal de Urbanismo, Pedro González, y el abogado y ex consultor del Ayuntamiento de Casares (Málaga), Rafael Duarte, han quedado en libertad con cargos, imputados ambos de un delito de prevaricación por el juez que instruye el caso sobre la supuesta trama de corrupción urbanística y blanqueo.

Con estos dos nuevos imputados, que no han sido detenidos y prestaron declaración ayer por la tarde ante el juez, el número total se eleva a nueve, han informado hoy a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona ha decretado libertad con cargos para Pedro González y tendrá que comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Por su parte, para Rafael Duarte el juez también ha acordado la libertad con cargos por un delito de prevaricación, aunque en este caso sin ningún tipo de medida cautelar.

Duarte formó parte de la gestora que rigió el Ayuntamiento de Marbella tras su disolución por el 'caso Malaya' y también se encuentra imputado en el 'caso Astapa' por la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona.

De los nueve imputados, cinco han sido detenidos, entre ellos el exalcalde de Casares Juan Sánchez, ingresado en la prisión de Alhaurín de la Torre, que podrá abandonar la cárcel si abona una fianza de 200.000 euros, y su esposa, para la que se ha fijado una fianza de 10.000 euros.

El juez también ordenó el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros de otra detenida por los delitos de blanqueo de capitales y relación con organización criminal.

Para otro detenido, que pasó ayer a disposición judicial, el titular del juzgado decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 10.000 euros.

La relación de detenidos se completa con otra persona que quedó en libertad, pero imputada por los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y relación con organización criminal.

Para un imputado no detenido, se fijó una fianza de 20.000 euros por los delitos de blanqueo de capitales y relación con organización criminal, y hay otro imputado que quedó en libertad con cargos por un delito de blanqueo de capitales.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona está investigando desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística en Casares.

Además

"CASO LA PARRADA"; EL FISCAL REBAJA LA ACUSACIÓN DE COHECHO PARA EL EX ALCALDE DE MANILVA

Las defensas han pedido la nulidad del proceso

Europa Press | Málaga

La Fiscalía ha anunciado que modificará la acusación por cohecho en el caso 'La Parrada', sobre la operación urbanística desarrollada en la finca del mismo nombre, lo que conllevará una rebaja en la gravedad de la pena solicitada para los acusados, entre ellos el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado. Por su parte, las defensas han pedido la nulidad del proceso, al entender que surge de las escuchas telefónicas del caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, y que todas fueron anuladas en la sentencia.

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha retomado este jueves el juicio contra Tirado y otras tres personas más acusadas en la causa en la que se investigó la operación urbanística en la finca 'La Parrada' de Manilva, que supuso aumentar la edificabilidad en la parcela de 10 a 18 viviendas por hectárea, y permitió plusvalías de casi 92 millones de euros. Al que fuera alcalde del municipio se le acusa de haber recibido dinero para llevar a cabo dicho incremento y se enfrenta por ahora a una petición de dos años de cárcel.

El fiscal ha adelantado en esta sesión que al final del juicio cambiará la calificación por el delito de cohecho impropio, al considerar que la resolución acordada por el entonces regidor, un convenio urbanístico, no se puede considerar un acto injusto, por lo que no se cuestiona. Esta modificación afectará a Tirado y a otros dos procesados acusados de cohecho por el supuesto ofrecimiento de dinero, como son el cuñado del ex alcalde, como cooperador necesario, y el empresario Aki Kujala.

En el caso de éste último, el representante del ministerio público ha retirado el delito de blanqueo de capitales del que había sido acusado, una vez analizada la documentación remitida en comisión rogatoria desde Liechtenstein -motivo por el que se suspendió la vista oral en 2010- y tras haber sido absuelto en la sentencia del caso 'Ballena Blanca', que, aunque no es firme, no se ha recurrido en lo que a él se refiere.

Nulidad
Las defensas, por su parte, han planteado como cuestión previa la nulidad del procedimiento al señalar que se origina de las intervenciones telefónicas realizadas en el caso 'Ballena Blanca' y entender que todas estas escuchas fueron declaradas nulas en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que, según han dicho, no ha sido recurrida en este extremo ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía.

El fiscal, al respecto, se ha opuesto a esta nulidad, argumentando que el inicio de la investigación es una declaración que hizo el acusado Kujala cuando fue detenido por 'Ballena Blanca' y que en la sentencia de ese caso no se anularon todas las escuchas sino solo parte. La Sala, tras deliberar, ha acordado resolver en sentencia esta cuestión y continuar con el juicio, en el que este viernes declarará el exregidor, a quien encontraron en su casa 762.102 euros en efectivo cuando la registraron.

La Fiscalía sostiene en sus conclusiones provisionales que la empresa Royal Marbella Estates compró varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones, incremento "íntimamente relacionado" con el convenio alcanzado, con Tirado como alcalde, para aumentar la edificabilidad. Ante los problemas para vender los terrenos Kujala y otro socio acudieron al entonces regidor para lograr un aumento de densidad, con la "mediación" del cuñado de éste, que creó otra sociedad con el empresario.

Kujala ha declarado en esta sesión y ha asegurado que no tuvo reunión de trabajo con Tirado y "nunca" le dio a éste ni a su cuñado dádiva o regalo alguno. Ha explicado que tenía un contrato con la sociedad Royal Marbella Estates para buscar terrenos y que la empresa fue adquiriendo suelo de la finca, pero que él "no quería" vender el suelo en conjunto, sino por pastillas. Ha negado que la sociedad que creó con el cuñado del exregidor fuera para canalizar las comisiones supuestamente ilegales para éste y Tirado.

EL FISCAL PIDE 3,5 MILLONES DE FIANZA A LA EMPRESARIA IMPUTADA EN LOS ERE

Encarnación Poto, a su llegada al juzgado para declarar. | Jesús Morón
TRAMA DE LOS ERE | Se ha negado a declarar ante la juez
 Poto Monge está imputada por obtención indebida de subvenciones y cohecho
Se le acusa de estar incluida en un ERE y seguir trabajando
La imputada niega que usara ayudas sociolaborales para pagar deudas

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto Monge, ex presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO), que se ha negado a declarar ante la juez que investiga los ERE fraudulentos.

Fuentes del caso han informado de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación al ser incluida en el ERE de su empresa pese a que siguió trabajando como presidenta y por haber consentido la inclusión de dos intrusos.

La empresaria se ha remitido a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló como directora de ACYCO y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa y puso como condición que ella siguiera de presidente, dado su conocimiento del sector.

Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley.

Facturas de la defensa
Poto también niega la acusación de la juez Mercedes Alaya de haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual, cuyos contratos ha aportado, y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según ha informado a los periodistas su abogado, Javier Gimeno Puche.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción, el letrado de la Junta y la acusación particular del PP han solicitado una fianza de 3,5 millones de euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades civiles y ninguna de las partes ha pedido prisión, como sí hicieron con los imputados ya encarcelados, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Poto está acusada de haber permitido la inclusión en la póliza de ACYCO de dos "intrusos" que nunca trabajaron en la empresa: Andrés Carrasco, que era amigo del ex director de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y también vecino de El Pedroso (Sevilla), quien percibió 120.201 euros, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva), que obtuvo 104.885 euros.

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