sábado, 11 de abril de 2009

OTRA ACUSACIÓN DE COHECHO PARA UN ASESOR DEL PP EN BARCELONA

J. G. A. - Barcelona

Alberto Fernández y Javier Ventura, dos barceloneses que quisieron abrir a finales de 2005 un bar-restaurante en el barrio de Gràcia, también tropezaron en su día con el consejero de distrito Alberto Belón y el concejal de la población de Vallirana Antonio Penalba, ambos del Partido Popular, a quien un juez imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Las similitudes con otro caso en el mismo barrio y que investiga una juez de Barcelona aportan más datos sobre el presunto modus operandi de los dos militantes populares en este tipo de operaciones urbanísticas. También en su caso, según la versión que los citados propietarios relataron a este diario, Belón y Penalba exigieron 18.000 euros para agilizar la licencia de apertura de un bar ante el distrito de Gràcia, en donde Belón forma parte de la comisión de Urbanismo.

Además, Alberto Belón es asesor del grupo municipal del Partido Popular de Barcelona. En su día, Fernández y Ventura no pagaron la cantidad requerida ni denunciaron el caso. Ahora se ofrecen para declarar en la investigación judicial.

ELPAIS.COM

EL JUEZ QUE RECIBIÓ 73.800 EUROS DE ROCA PODRÁ VOLVER A EJERCER YA








Tras la sentencia del Tribunal Supremo








Además

* Lea la sentencia: Primera parte | Segunda parte
* La confesión de Roca, clave para la condena del juez
* El Supremo absolvió a Urquía de prevaricar a favor de Roca

* El alto tribunal revoca la condena de cárcel impuesta a Juan Antonio Roca
* El TSJA condenó a un año de prisión al ex asesor y a dos al magistrado

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La Sala Penal del Supremo ha absuelto al ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía del delito de prevaricación por el que le había condenado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, aunque el Alto Tribunal mantiene la condena por cohecho, ha aplicado un tipo penal menos grave, que libra a Urquía de la prisión, tal y como adelantó EL MUNDO el pasado 13 de marzo. El ex juez sólo tendrá que hacer frente a una pena de 21 meses de suspensión de su cargo como magistrado, y a una multa de 73.800 euros.

La sanción impuesta ahora por el Supremo supone que Urquía podría reincorporarse de inmediato a una plaza de magistrado si así lo deseara, ya que se le computaría el tiempo que lleva apartado cautelarmente de sus funciones, desde el 5 de julio de 2007, según confirmaron a EL MUNDO fuentes judiciales. Se da la circunstancia de que el ex juez de Marbella cubrió exactamente 21 meses fuera de un juzgado el pasado domingo 5 de abril.

Fuentes del equipo jurídico del juez Urquía señalaron que lo más probable es que la sentencia del Supremo se recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de lo cual es firme, y por tanto será ejecutada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Eso supondrá que se solicite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cómputo de los meses que Urquía lleva apartado de sus funciones para cumplir la sentencia, y que automáticamente se le ofrezca la posibilidad de concursar para obtener una plaza de magistrado. Según las fuentes el juez no regresaría al juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, pues al llevar más de seis meses sancionado su plaza ha sido ya adjudicada a otro magistrado.

En su sentencia, el Supremo confirma que, a principios de 2006, Urquía, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, solicitó 73.800 euros al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad Juan Antonio Roca, que se los entregó, para que pudiera abonar la entrada de una vivienda en la urbanización marbellí de La Azalea.

El Alto Tribunal, que dio a conocer en marzo el fallo y ha hecho pública la sentencia este miércoles, considera, sin embargo, que Urquía no dictó resoluciones injustas favorables a Roca a cambio del dinero. Por ello, no sólo anula la condena a 36.000 euros de multa por prevaricación que le había impuesto el TSJA, sino que le aplica un artículo más favorable en lo que respecta al cohecho.

El Tribunal andaluz condenó a Urquía a dos años de prisión, multa de 73.800 euros y siete años de inhabilitación como juez por solicitar dinero «para realizar en el ejercicio de su cargo una acción constitutiva de delito» (artículo 419 del Código Penal).

Al apreciar el Tribunal Supremo que las resoluciones dictadas por Urquía respecto a Roca no fueron prevaricadoras, el tipo de cohecho por el que se le condena es el descrito en el artículo 425.1 del Código Penal, que castiga al juez por solicitar dinero «para realizar un acto propio de su cargo» que no constituya delito ni sea injusto.

Así, la nueva sentencia condena a Urquía al pago de una multa de 73.800 euros y a la mencionada suspensión de 21 meses para el ejercicio de su cargo.

Junto a Urquía ha sido condenado Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en el caso Malaya.Roca se autoinculpó en el juicio y reconoció haber pagado el dinero al juez, ofreciendo detalles sobre fechas y lugares, ante el asombro del abogado de Urquía y de su propio letrado. La confesión de Roca fue pactada con el fiscal y gracias a ella obtuvo una sustancial rebaja de la pena, siendo condenado por el TSJA a un año de prisión y a una multa de 73.800 euros.

La nueva sentencia del Supremo ha rebajado aún más la condena a Juan Antonio Roca, al que sólo impone el pago de una multa de 36.900 euros por un delito de cohecho, así como el pago de una cuarta parte de las costas.

ELMUNDO.ES