viernes, 2 de julio de 2010

EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN DE CARLOS FABRA POR TRES DELITOS

Rechaza el archivo del caso planteado por el presidente del PP de Castellón

MARÍA FABRA - Castellón -

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decidido mantener las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el auto dictado ayer el juez rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. La decisión acerca, así, a Fabra al banquillo de los acusados, aunque todavía queda un trámite por cumplir, que se cumplimentará cuando las partes califiquen los hechos y especifiquen las penas de cárcel que le corresponderían al dirigente del PP por cada uno de los delitos cometidos.

Pin rechaza imputar a los directores de los bancos en los que operaba Fabra

Después de que la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y las defensas presenten este escrito, el juez decretará el auto de conclusión del procedimiento en el que acordará el sobreseimiento o la apertura de juicio.

Al margen de la decisión adoptada por el juez respecto a Fabra, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido seguir con la tesis de la fiscalía, que limitó a cuatro imputados el caso, excluyendo incluso de la acusación de los delitos contra la Administración pública a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. De esta manera, el juez solo mantiene la imputación sobre el presidente de la Diputación de Castellón, por los tres delitos mencionados, sobre su esposa, por fraude fiscal y sobre Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, y la esposa de este, Monserrat Vives, por tráfico de influencias y cohecho.

Por ello, en el auto declara el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para ocho personas que mantenían la condición de imputadas, así como para el noveno imputado, que falleció durante la tramitación del procedimiento.

El fiscal no esgrimió, ni en la vistilla ni a la salida del juzgado, las razones por las que adoptó esta decisión, que ahora ampara el juez y que, en cualquier caso, tiene como base legal la ausencia de indicios para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama, pese a las decenas de escritos que, por ejemplo, remitía el ahora ex senador del PP Miguel Prim interesándose por los productos de Vilar.El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del caso Fabra en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Entre los recursos se encontraba el de la Fiscalía Anticorrupción, en el que reclamaba que la competencia para juzgar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondía a un tribunal de jueces y no a un tribunal popular, tal como había señalado el juez e igual que había solicitado la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores.

Sin embargo, en la desestimación del recurso, el juez de Nules insiste en que, por los supuestos delitos cometidos, tráfico de influencias y cohecho, la competencia es de un jurado popular que, además, deberá resolver sobre los presuntos delitos fiscales (aunque no son competencia del tribunal del jurado), dada la conexión de estos con las principales acusaciones, que son las de haber intermediado ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios y, después, cobrar por ello.

Otro de los recursos que el juez ha desestimado ha sido el del letrado de Fabra, que reclamó la nulidad del auto que daba fin a más de seis años de instrucción.

De igual modo, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido no atender la solicitud de la acusación popular, que pretendía extender la imputación a los directores de los bancos en los que operaba Fabra, después de que los peritos detectaran ingresos millonarios que "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", tal como sostuvo la acusación. Tampoco ha aceptado la solicitud de la acusación popular de que se imputara al empresario Antonio Bonet, quien admitió haberse hecho cargo de un préstamo de 390.000 euros solicitado por Fabra y que el empresario firmó como avalista. La acusación entendía que éste fue un "mecanismo alternativo" para ingresar dinero "dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago por algún favor o algún negocio del Señor Fabra". En cualquier caso, el juez no lo entiende así y Bonet no ha sido imputado.

Otra de las decisiones que ha adoptado el juez ha sido la de no admitir la práctica de pruebas solicitadas por el abogado de Fabra y de su esposa en la comparecencia celebrada el pasado viernes. Entre otras cosas, el letrado había solicitado que se requiriera a la Agencia Tributaria para que aportara las actas de conformidad o disconformidad del matrimonio Fabra sobre las inspecciones del impuesto de patrimonio realizadas entre 1999 y 2002. El presidente de la Diputación de Castellón quería también que se tomara declaración, en calidad de testigo, al inspector de Hacienda que realizó la inspección sobre las declaraciones del matrimonio tanto del IRPF como de patrimonio del ejercicio de 1999, que concluyó con una denuncia de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal y que desencadenó el inicio de la investigación sobre el patrimonio y las cuentas de la familia Fabra. Las pesquisas concluyeron con la redacción de un informe, elaborado durante más de cuatro años, en el que los peritos judiciales, que también son inspectores de Hacienda, destaparon la existencia de ingresos en las cuentas del matrimonio Fabra que no se corresponden con su patrimonio ni con su renta.

Según el informe, tras analizar más de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra entre 1999 y 2004, los peritos detectaron ganancias patrimoniales "no justificadas" que ascienden a 3,6 millones de euros. Además, el documento, que fue incluido en las diligencias, sostiene que el presidente de la Diputación de Castellón y su esposa defraudaron a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante esos años, una acusación que se concentra en la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales.

elpaís.com

"CASO IBATUR"; TRECE DETENIDOS EN LA RED DE BALEARES VINCULADA A GÜRTEL

La Audiencia confirma la fianza de tres millones para Jaume Matas

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Las investigaciones sobre la red balear vinculada con las empresas de la trama del caso Gürtel han motivado la detención de 13 personas en Mallorca. Los sospechosos están imputados por su supuesta implicación en caso Ibatur (Instituto Balear de Turismo), el décimo escándalo por supuesta corrupción del Gobierno popular de Jaume Matas, a quien la Audiencia de Palma confirmó ayer la fianza de tres millones de euros. Los jueces investigan si tiene dinero en paraísos fiscales. Matas paga 7.000 euros al mes de intereses por el préstamo de la fianza.

Cinco funcionarios y tres empresarios quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los demás pasarán a disposición judicial. Tres ex altos cargos políticos imputados están siendo investigados por supuesta malversación y prevaricación en el desvío de fondos en contratos y adjudicaciones de promoción turística. Esos cargos de confianza manejaron presupuestos públicos de más de 40 millones. En un solo torneo de Golf en Pula gestionado por Romeo Sala, el dueño del golf, destinaron 17 millones.

Los principales implicados son los dos ex gerentes del Ibatur, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, y el ex secretario Miguel Ángel Bonet. Alabern está imputado también en el caso Palma Arena; Alía dimitió por cargar a las arcas públicas consumiciones en un cabaré sexual de Moscú. Bonet fue encausado antes por apropiación de fondos con facturas falsas.

También fueron detenidos los publicistas Joan Velasco y Albert Vergés, dueños del grupo Clave, que trabajó con el PP y después con el Gobierno de Unió Mallorquina y PSOE. Dos hombres de confianza de Matas, los empresarios Pau Collado, gestor de Easy Concept, de la red de Gürtel, y Romeo Sala, están bajo la lupa de Anticorrupción. Todas las facturas cruzadas con la agencia Over MC han sido intervenidas.

Caso Gürtel
A FONDO

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elpaís.com

"OPERACIÓN PASARELA"; MÁS DE UN CENTENAR DE CONCURSOS FUERON AMAÑADOS EN EL IBATUR

Les acusan de malversación y fraude

* Los ex gerentes de contrataron empresas afines con presupuestos inflados
* Pasarán el sábado por la mañana a disposición judicial

ELMUNDO.es |E.U |E.C. | Palma

Los tres principales implicados de la 'operación Pasarela' por supuesta corrupción en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la pasada legislatura, siguen prestando declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, pasarán en la mañana del sábado a disposición judicial. Este viernes han prestrado declaración cinco detenidos, uno de los cuales, A.V.A. ha quedado en libertad y ha abandonado las dependencias de la Jefatura.

La Policía y la Fiscalía Anticorrupción ya cuentan con testimonios que apuntan que se trucaron más de un centenar de expedientes donde se habrían realizado montajes de concursos públicos que luego acababan en manos de determinadas empresas afines. Llegando a falsear firmas de falsos concursantes en algún caso para simular que se permitía la libre concurrencia al resto de empresas del sector cuando en realidad eran concursos dirigidos.

A última hora de la tarde de ayer comenzó a prestar declaración el ex secretario del instituto Miguel Ángel Bonet, después de que lo hubieran hecho dos socios del "Grupo Clave de Comunicación", cuya identidad responde a las iniciales J.V. y A.V.

Bonet aseguró ante los fiscales Anticorrupción que en Ibatur se montaban procedimientos negociados sin publicidad (fórmula que permite a la administración invitar a tres empresas para designar a la oferta más beneficiosa) en los que se incluían en algún caso personas de su entorno a los que se presentó como empresarios interesados en la oferta. El ex secretario de Ibatur reconoció que una de las firmas falsas era supuestamente la de su ex cuñado.

'Va para largo'
Dada la complejidad del caso, el fiscal Pedro Horrach ha advertido que la toma de declaraciones "va para largo" y continuarán durante toda la jornada. De hecho, se prevé que hasta mañana no pasen a disposición judicial los cabecllas de la trama.

También prestaron declaración el jueves un empresario y hotelero de la Playa de Alcudia, K.D., cuya empresa servía el cátering en los actos del Ibatur, por lo que recibía una retribución anual, y que ha declarado desconocer el sistema de contratación de este organismo público.

Laureano Arquero, abogado de este hotelero, ha señalado a los periodistas a las puertas de la Jefatura Superior de Policía que su defendido quedará en libertad esta tarde. Su mujer, F.J.E, detenida esta mañana, ha abandonado las dependencias policiales, en libertad sin cargos.

Hoy está previsto que presten por fin declaración el ex director de Ibatur entre 2003 y 2004, Juan Carlos Alía, y su sucesor en el cargo hasta 2007, Raimundo Alabern. Se les acusa de ser presuntos autores de los delitos de malversación de caudales y de fraude a la administración pública.

El miércoles fueron puestos en libertad con la calificación judicial de imputados cinco empleados del Ibatur, a quienes los fiscales mostraron documentos correspondientes a 40 expedientes de contratación y que en su declaración adujeron que el fraccionamiento de facturas realizado se debió a las "órdenes superiores" que recibían.

La 'operación Pasarela' comenzó el pasado martes a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción por orden de los jueces Ignacio López Sola y José Castro.

En la misma se investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Ibatur cuando este organismo público era gestionado por el PP en la pasada legislatura autonómica (2003-2007).

Además
* Flaquer defiende la 'profesionalidad' de los detenidos

elmundo.es

"CASO IBATUR"; EL EX CONCEJAL FELIPE FERRÉ DECLARA COMO TESTIGO EN LA "OPERACIÓN PASARELA"

Denunció las irregularidades del 'caso Scala'

* Está previsto que presten declaración los ex directores gerentes del Ibatur
* Los investigadores calculan que no pasarán a disposición judicial hasta mañana

Europa Press | Palma

El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Lloseta, Felipe Ferré, quien fue una de las personas que en su día puso en conocimiento del juez el presunto trato de favor por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a determinadas empresas mediante contratos supuestamente irregulares y la emisión de facturas falsas por proyectos que nunca se realizaron, ha sido citado a declarar como testigo ante la Policía en el marco de la Operación Pasarela y en estos momentos se encuentra en dependencias de la Jefatura Superior.

El ex regidor denunció estos hechos en el marco del 'caso Scala', en el que está imputado y por el que se indagan las supuestas irregularidades cometidas en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB). En este contexto, Ferré aseveró además que el conseller de Turismo en la pasada legislatura, Joan Flaquer, estaba al tanto de estos presuntos pagos ilícitos a través del Ibatur, pese a que esté siempre ha defendido que "nunca" ha pedido comisiones ni ha "inflado facturas".

Durante esta tarde también está previsto que presten declaración en sede policial los ex directores gerentes del Ibatur, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern. Mientras tanto, también han sido interrogados esta mañana los dos responsables del grupo Clave Comunicación detenidos ayer en el marco de esta operación, Juan José Velasco y Alberto Vergés, este último ha quedado en libertad.

Además de los cuatro anteriores imputados, también permanecen arrestados el ex secretario de esta empresa pública, Miquel Àngel Bonet, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai, quienes ta declararon en la jornada de ayer.

Además
* El PP denuncia un trato discriminatorio
* El Govern muestra la máxima preocupación

elmundo.es