sábado, 29 de octubre de 2011

LA JUEZA DE LOS ERE EXTIENDE A OTRAS TRES CONSEJERÍAS DE LA JUNTA SU INVESTIGACIÓN

La magistrada indaga sobre 13,7 millones que recibió un exedil en ayudas directas

* La fiscalía pide a la juez de los ERE que exija fianza a todos los intrusos

Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha exigido a la Junta de Andalucía que le informe de si el método para las ayudas directas a empresas que utilizó la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) fue seguido por otras tres consejerías: Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca y Turismo. Esta nueva área de investigación supone un salto cualitativo en el caso y supone que las pesquisas y sospechas de irregularidades por parte de Alaya salpican de este modo a cuatro de las 13 consejerías del Gobierno andaluz. Además, la juez pide a la Junta de Andalucía en un auto comunicado hoy a las partes que le aclare si además de esas cuatro hay otras consejerías que utilizaron las “transferencias de financiación a través del IFA o IDEA” para dar ayudas a empresas.

Con esta fórmula el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y mediante estas órdenes de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, según denunció en un informe la policía. Ahora Alaya quiere aclarar cuántas consejerías eludieron el control de la Intervención General desde que en 2001 Empleo generó un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

La juez avanza “una nueva línea de investigación” que encomienda a la Guardia Civil para que detalle los 13,7 millones de euros que recibió el exedil socialista de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo a través de múltiples empresas. Rosendo es hijo del exalcalde Rafael Rosendo y a través de sus empresas en la Sierra Norte sevillana recibió ayudas millonarias de manera discrecional y sin controles de seguimiento de las ayudas a posteriori. “La concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control de gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar” a estas empresas, destaca el auto.

Hace escasas semanas el PP denominó como la “trama Viera” el conjunto de ayudas concedidas a la Sierra Norte sevillana, consecuencia según los populares de los vínculos con estas empresas beneficiadas que mantuvo el líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, que les concedió como consejero de Empleo la gran mayoría de las controvertidas ayudas millonarias.

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"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DIMITE UN DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP GALLEGO POR CORRUPCIÓN

Javier Escribano (izquierda) junto a Borja Carro, presidente de Nuevas Generaciones en Ferrol, el pasado marzo, en la presentación de unas caretas para el carnaval de la organización juvenil del PP. / GABRIEL TIZÓN
El dirigente de Nuevas Generaciones iba a ser investigado por cohecho y tráfico de influencias
 
José Precedo Santiago de Compostela

Otro caso de presunta corrupción se ha llevado por delante a un diputado del Parlamento gallego, el tercero que dimite en el último mes por estar sometido a una investigación penal. La Mesa de la Cámara autónoma se ha reunido de urgencia esta mañana para aceptar la renuncia al escaño del diputado coruñés del PP Javier Escribano, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) se disponía a abrirle un procedimiento por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Escribano, de 30 años, fue hasta el pasado julio presidente provincial de Nuevas Generaciones en A Coruña. La renuncia de ayer se une a las que presentaron los pasados 4 y 5 de octubre los parlamentarios Pablo Cobián, también del PP, y Fernando Blanco, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), antiguo consejero de Industria de la Xunta, por su implicación en la Operación Campeón, un supuesto fraude en subvenciones públicas urdido por un empresario de Lugo.

El Tribunal Superior se dirigió el pasado jueves al Parlamento gallego para que acreditase la condición de diputado de Escribano, después de que un juzgado le remitiese unas diligencias en las que apreciaba indicios de corrupción en las relaciones del parlamentario con un empresario sometido a investigación. Antes de que el asunto trascendiese a la opinión pública, con la campaña electoral a punto de comenzar, el diputado optó por presentar su escrito de renuncia esta mañana. Escribano ya no asisitió este mediodía a un acto de Mariano Rajoy en A Coruña, la ciudad donde reside y la provincia donde dirigió la organización juvenil del partido durante cuatro años.

El dimisionario fue presidente provincial de Nuevas Generaciones, y miembro de las ejecutivas gallega y nacional de la rama juvenil del PP, entre 2007 y el pasado julio. Un encontronazo interno le descabalgó del cargo y le reemplazó por una gestora. Escribano había llegado al partido de la mano del anterior presidente provincial y exalcalde de Ferrol Juan Juncal. Mantiene además una estrecha relación personal con el actual alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.

El grupo del PP en el Parlamento gallego confirmó este mediodía la renuncia del diputado "por estar incurso en un procedimiento judicial y para poder adoptar las medidas necesarias para defenderse como cualquier gallego". Escribano logró su escaño en el Parlamento de Galicia tras las elecciones autonómicas de 2009 en las que Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta. No iba en puestos de salida, pero entró en la Cámara por las renuncias de otros parlamentarios electos que abandonaron sus escaños para integrarse en el nuevo Gobierno. Era uno de los diputados populares con menos protagonismo en la actividad de la Cámara.
 

"CASO OSSIFAR"; CRISTINA CERDÓ QUEDA EN LIBERTAD CON CARGOS TRAS DECLARAR DURANTE TODO EL DÍA

Cristina Cerdó a su salida de dependencias de la Guardia Civil | Alberto Vera
Desvío de fondos públicos

* La ex secretaria de Nadal ya ha terminado de declarar

Europa Press | Palma

La ex número 2 de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento de Palma y expresidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha quedado en libertad con cargos tras ser interrogada, en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, en torno a la contratación de presuntos agentes electorales de la extinta formación nacionalista que, a pesar de estar a sueldo de la empresa municipal, en realidad se dedicaban en exclusiva a labores de partido y a la captación de votos para UM.

Así lo han señalado fuentes de la investigación, que han precisado que sobre Cerdó pesan en concreto presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración. La que fuese teniente de alcalde de Medio Ambiente en la pasada legislatura ha sido detenida esta mañana por agentes del Instituto Armado, que la han conducido en un vehículo hasta la comandancia.

Por su parte, Antonia Vidal, exsecretaria del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exportavoz de UM en el Ayuntamiento, Miquel Nadal, quien fue citada como imputada, terminó su declaración hace alrededor de una hora. De esta forma, ya son seis los encausados dentro de esta segunda fase del caso.

Cabe recordar que Cerdó ya fue arrestada el pasado mes de febrero en el marco del caso Picnic, que de forma paralela investiga si UM utilizó fondos públicos del Ayuntamiento para captar nuevos afiliados y futuros votantes de UM en este caso a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Fomento (Imfof), y dentro del cual Cerdó se encuentra bajo fianza de 300.000 euros, una de las cauciones más altas impuestas para un político en Baleares, tan sólo por detrás de la impuesta al expresidente del Govern, Jaume Matas (tres millones de euros, reciemente rebajada a 2,5 millones) y la expresidenta del Parlament y de UM, Maria Antònia Munar (350.000 euros).

De hecho, en el auto que decretaba prisión provisional bajo fianza para Cerdó, el magistrado Francisco José Pérez aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la exregidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas por el Ayuntamiento como agentes medioambientales que en realidad habrían realizado labores particulares "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".

Pese a que la propia Cerdó rechazó su participación en estos hechos al ser interrogada por el magistrado, el auto señalaba que Cerdó era "conocedora" de que el trabajo de los agentes iba dirigido a la "retención de potenciales votantes". "Con la contratación de gente afín la formación se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil", recalcaba el juez.

Mientras tanto, Cerdó también se encuentra encausada en un tercer proceso de presunta corrupción, el caso Maquillaje, en el marco del cual fue interrogada en torno al programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Hasta el momento ya son seis los imputados dentro de la segunda fase de la Operación Ossifar, ya que junto a Cerdó también fue arrestada, el pasado miércoles, L.J.Z., exjefa de un departamento supuestamente 'fantasma' de Emaya, conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el que UM colocaba a sus presuntos agentes electorales.

Asimismo, también se les ha tomado declaración como imputados al el alcalde de Porreres, Bernat Bauzá, y a la exgerente de Emaya, Malen Tortella, así como a la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, si bien no se descartan nuevas imputaciones a lo largo de este viernes.

El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa

Además
    * Declara como imputada la ex secretaria de Miquel Nadal

elmundo.es

LA JUEZA DE LOS ERE FALSOS DIRIGE SU INVESTIGACIÓN HACIA OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA

Pide información sobre la prejubilación del ex consejero Fernández

* Pregunta si las subvenciones se otorgaron en otros departamentos
* Abre una nueva línea de investigación sobre el hijo de un ex alcalde
* Recaba información sobre el ERE de González Byass del ex consejero Fernández

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".

La juez instructora indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo IFA, al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.

Según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

En un auto de 44 páginas notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya requiere, además, a la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo para que aclare numerosos puntos sobre la documentación remitida en relación con el ERE de la empresa González Byass, en el que se prejubió el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, mientras que también acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "a fin de que inicie una nueva línea de investigación" sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza" José María Sayago Lozano.

La juez asevera que el importe total de las ayudas recibidas a una serie de empresas vinculadas al hijo del exprimer edil "y su persona de confianza" asciende a 13.757.483 euros, "dándose la curiosa circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas".

La magistrada asevera que "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" determinados extremos sobre estas empresas.


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