viernes, 15 de octubre de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; UN ALUD DE PRUEBAS EN CONTRA DE MUNAR

CASO MAQUILLAJE  | La ex presidenta del Parlament, al banquillo

* Nadal confesó que Munar pagó su parte de Video-U con 300.000 euros en efectivo
* Una cuarta parte la adquirió el marido de una prima del esposo de Munar
* Munar firmó personalmente cinco documentos para que el Consell pagase a Video-U

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La confesión de Miquel Nadal, su firma en los documentos que concedía directamente subvenciones a Video-U o que IB3, bajo la dirección de UM, consiguiese saldar su deuda en un tiempo record ponen a la ex presidenta del Parlament en una situación muy delicada. Munar, que durante dos años ha mantenido que ella no tiene ninguna vinculación con la empresa audiovisual a la que regó con más de 5 millones de euros y en la que se infiltró paralelamente como máximo accionista un pariente suyo. Fiel a su estilo, se ha dedicado a defender que ella simplemente pasaba por allí.
 
La confesión coral: Nadal y otras cuatro acusaciones
La confesión más importante es la de Miquel Nadal. Su histórico escudero reaccionó al verse acorralado y admitió que compró junto a Munar la productora regada masivamente con fondos públicos. No sólo eso: explicó al juez que la adquirió con 300.000 euros en efectivo que la propia presidenta le entregó en el interior del coche oficial. Según remarca el juez que ha enviado a Munar al banquillo de los acusados, fue ella la que propuso buscar gente próxima a UM para infiltrarse en la sociedad. Junto a Nadal, los tres fundadores de la productora y su propio testaferro han ratificado la trama.
 
El principal accionista es un pariente de la propia MAM
Si una cuarta parte de la famosa sociedad Video-U fue adquirida por el hermano de la mujer de Nadal, la otra cuarta parte la adquirió el marido de una prima del esposo de Munar. Un pensionista sin conocimientos de televisión que no guarda ninguna vinculación con Nadal. Hay un detalle más: Víctor García, que así se llama el jubilado emparentado con Munar y, según ya da por hecho el juez, "testaferro suyo", compró según los informes de Hacienda un 25,22% y se convirtió en el máximo accionista por encima del testaferro de Nadal Miquel Sard, quien se quedó un 24,77%. ¿Se repitió así la jerarquía que ya imperaba en el Consell de Mallorca y en el partido?
 
El testaferro se derrumba y confirma el pago en efectivo
García trató de desmarcarse de Munar y, en una explicación errática, atribuir su paquete de acciones a Nadal, que según esa rocambolesca versión se convertiría en la primera persona de la historia que usa dos testaferros para la misma tarea. Ante el juez y los fiscales, García se derrumbó y acabó diciendo que no sabía de quién era testaferro, aunque confirmó que efectivamente las acciones se compraron con dinero en efectivo.

La mujer del testaferro fue su 'palmera' en la Audiencia
El 16 de noviembre de 2009, Munar vivía ajena a la que se le venía encima por el escándalo de la televisión, entonces investigado bajo secreto de sumario. Ese día acudió al Tribunal Superior de Justicia para declarar por el caso Can Domenge y fue aclamada en las puertas de la Audiencia por una veintena de incondicionales. Los famosos palmeros de MAM, que fueron retratados e identificados uno a uno por este periódico, que informó de que todos son enchufados históricos de la presidenta. Entre el público, en primera fila y aplaudiendo como si estuviese en el concierto de uno de sus ídolos musicales, destacaba la figura de Coloma Munar. Ni más ni menos que la esposa del testaferro de la presidenta, Víctor García, el que luego negó tener nada que ver con Munar.
 
Munar firmaba personalmente los pagos a Video-U
Si en el escándalo de Can Domenge la ex presidenta del Parlament se aferra al hecho de que no firmó la decisión sobre la que gravitan graves delitos porque ese día estaba enferma, no podrá emplear la misma excusa ahora. El juez destaca en su último auto que Munar firmó personalmente cinco documentos clave para que el Consell pagase a Video-U. Cuatro cuando ya era socia encubierta de la empresa. Entre esos documentos, llegó a ordenar una modificación del presupuesto de la institución para que se le pagase.
 
La deuda saldada por la IB3 de UM en tiempo récord
Los gestores de la productora explicaron al juez que Víctor García se les ofreció, en nombre de Munar, a hacerles el favor que le pidieran. Aseguraron que solicitaron que IB3, estando en manos de UM, saldara sus deudas. Y así fue.

   

ANTE EL JUEZ LOS DOS EMPLEADOS DEL GRUPO CLAVE DETENIDOS POR EL "CASO IBATUR"

CORRUPCIÓN  | No ha habido más detenciones por ahora

Efe | Palma

Las dos personas detenidas el jueves en el marco del 'caso Ibatur' han declarado como imputados ante el juez instructor en el marco de una nueva pieza secreta abierta en esta causa judicial de supuesta corrupción, fuentes jurídicas.

Los imputados en esta nueva pieza son un hombre y una mujer que trabajan en contabilidad del Grupo Clave de Comunicación y que fueron arrestados ayer por la mañana por la policía.

Tras prestar declaración por la tarde en la Jefatura Superior de Policía de Palma, se les puso en libertad con cargos y se les citó para comparecer hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.

Este juez investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones mediante varias empresas por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo durante la pasada legislatura del PP.

Lope Sola ordenó las detenciones de ayer después de abrir una nueva pieza secreta en el sumario del caso, que se une a la otra que existe bajo secreto de actuaciones referida al patrocinio del torneo de golf Mallorca Classic entre 2004 y 2007 por 4,7 millones anuales.

Por el momento, no se han producido nuevas detenciones en esta nueva pieza, han informadofuentes judiciales.

El pasado 1 de julio, los dos socios del Grupo Clave fueron detenidos por la Policía en el marco de la "operación Pasarela", que fue el comienzo de esta nueva causa de corrupción relacionada con Ibatur.

Días antes, el fiscal, policías y funcionarios judiciales registraron durante más de tres horas la sede en Palma de la agencia de publicidad.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez investigan los contratos adjudicados supuestamente de forma irregular por el Ibatur a esta empresa de comunicación durante la pasada y la actual legislaturas, al detectar que la misma se podría haber beneficiado de un trato de favor del organismo público.


elmundo.es

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN RECHAZA QUE FABRA SEA JUZGADO POR UN JURADO

Considera que las imputaciones sobre supuesto tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal serían competencia de un tribunal de magistrados.-La decisión puede retrasar el posible juicio contra el dirigente del PP de Castellón

MARÍA FABRA - Castellón

La Audiencia de Castellón ha rechazado que el presidente de la Diputación y del PP en la provincia, Carlos Fabra, sea juzgado por un jurado popular si finalmente se sienta en el banquillo. La sección segunda de la Audiencia considera que las imputaciones que pesan sobre Fabra por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal serían competencia de un tribunal de magistrados.

La decisión de que la vista se celebrara con jurado la tomó el instructor del caso, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, con el argumento de que los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho son competencia del jurado y son los principales de la causa. El posible fraude fiscal por el que se investiga a Fabra, por el contrario, sería asunto de un tribunal de magistrados.

La postura del juez instructor es coincidente con la de la acusación popular, que pide para Fabra 20 años de cárcel. No así del propio Fabra ni de la fiscalía, que recurrieron la decisión. La Audiencia de Castellón les ha dado la razón en un auto que es recurrible y que se apoya principalmente en los argumentos de la fiscalía -que pide 15 años de cárcel-en favor de un tribunal de magistrados.

El debate sobre quién debería juzgar a Fabra retrasará el posible juicio de un caso que lleva abierto casi siete años. El juez instructor ya determinó la existencia de indicios racionales de criminalidad y cerró la instrucción antes del verano. Sin embargo, la decisión de Fabra de pedir una nueva declaración ante el juez, que se produjo el pasado septiembre, y que hay recursos pendientes de resolución, no han permitido todavía culminar esta parte del procedimiento y decidir definitivamente si Fabra es juzgado por las imputaciones.

Además, la Audiencia de Castellón también ha aceptado la petición de Fabra de que declaren ante el juzgado los peritos judiciales que realizaron el informe sobre las cuentas del dirigente del PP y determinaron la posible comisión de cinco delitos fiscales entre 1999 y 2004. Según los peritos, las ganancias patrimoniales suman 3,6 millones de euros y el matrimonio Fabra habría dejado de ingresar en Hacienda 1,7 millones de euros.



"CASO MAQUILLAJE"; LA FISCALÍA SOLICITA SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA MUNAR EN SU PRIMER JUICIO POR CORRUPCIÓN

ANDREU MANRESA - Palma

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 14 de inhabilitación para la ex presidenta del Parlamento balear y ex líder de Unió Mallorquina (UM) María Antònia Munar, figura clave en el reparto del poder en las islas durante las tres últimas décadas, unas veces como aliada del Partido Popular y otras, del PSOE.

El juez del conocido como caso maquillaje ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el supuesto desvío de 240.000 euros del Consell balear a empresas audiovisuales propiedad de Munar y próximas a UM. Munar está acusada de presuntos delitos de malversación continuada, falsedad documental, prevaricación y negociaciones prohibidas.

A otros seis años de cárcel se enfrenta también, como coautor, Miquel Nadal, que fue brazo derecho de Munar y su sucesor al frente del partido, además de ex consejero de Turismo del actual Gobierno balear, que preside el socialista Francesc Antich. Idéntica pena se solicita para la jefa de prensa de Munar, Margarita Sotomayor.

La fiscalía cree que Munar y Nadal se concertaron para beneficiar a empresas en las que tenían intereses a través de testaferros.

Este caso -el primero de los seis que afectan a la cúpula de UM- reventó el pasado febrero, cuando Nadal testificó ante el juez que Munar le había entregado 300.000 euros en su coche oficial para comprar dos productoras y así controlar una televisión local, M Televisión de Mallorca, que pasó así a pertenecer al Consell. Entonces, UM sostenía el Gobierno balear presidido por el popular Jaume Matas (2003-2007).

Tras ser acusada, Munar -que ya estaba imputada en otra causa- renunció a la presidencia del Parlamento autónomo.

Nadal no ha sacado beneficio alguno de su traición, al contrario que los dos empresarios y el periodista que vendieron sus empresas a los testaferros de Munar y Nadal, y que gestionaron después las facturas de las subvenciones supuestamente ilícitas. Como colaboradores arrepentidos de la Fiscalía Anticorrupción, se han beneficiado de atenuantes: se piden para ellos penas de nueve a 12 meses, sin ingreso en prisión.


elpaís.com

PRIMERA QUERELLA CONTRA JOSÉ BONO EN EL TRIBUNAL SUPREMO POR UN DELITO DE COHECHO

La Asociación Preeminencia del Derecho basa la acusación en los documentos publicados por LA GACETA. El presidente del Congreso se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público.

Las sucesivas y reiteradas revelaciones publicadas por LA GACETA sobre el incremento patrimonial del presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, han dados ya sus primeros frutos. La Asociación Preeminencia del Derecho, dirigida por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, ratificó ayer ante la Sala Penal del Alto Tribunal la presentación de una querella contra Bono por un presunto delito de cohecho propio.

Según se desprende del texto, los hechos que se denuncian son “la permuta entre bienes inmuebles y el regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis a Bono por importe de 7.669 euros en concepto de decoración de su casa de Olías del Rey”.

En efecto, los hechos denunciados en el escrito detallan “un posible cohecho enmascarado de permuta entre bienes inmuebles. Es decir, un piso de 30 años con un inquilino dentro y propiedad de Bono, por dos áticos de lujo en Estepona promovidos por su amigo Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis”. La acusación, que presenta las informaciones de este diario y los documentos que sirvieron de base para mantener dichas revelaciones, argumenta que “Bono había permutado un piso viejo en Madrid, cuyo valor catastral es de 157.392 euros justipreciado por inmobiliaria independiente en 559.779 euros y en 909.611 euros (el precio) fijado por la inmobiliaria contratada por el presidente del Congreso de los Diputados. Los áticos de lujo fueron tasados por la propia inmobiliaria que los vendía en 1.474.460 euros”, apunta el escrito.

Esto significa, a juicio de los querellantes, que “si al valor de los áticos se le resta la tasación razonable de 559.779 euros, sale una dádiva o regalo de Santamaría a Bono por un importe de 914.681 euros”. No obstante y según los cálculos más ventajosos para Bono –los de la tasación hecha por al operadora contratada por él– “el regalo de la permuta ascendería a 549.4601 euros”.

Testigo cualificado
Asimismo, se incorporan a la querella unas manifestaciones de Manuel Moreno, director general de la inmobiliaria que comercializó los apartamentos áticos de Las Náyades. Moreno aseguró que “la promotora se reservó los áticos luego permutados con la sociedad de Bono por un importe de 1.080.000 euros, un precio de costo, esto es, sin beneficios”. También afirmó que “los áticos del bloque I iguales a los de Bono se vendieron en 2004 por 1.378.000 euros más IVA, lo que da un total de 1.474.460 euros”. Además, “los dos áticos reservados a Bono eran los mejores de la promoción”, subrayó.

Por todas estas razones, la Asociación Preeminencia del Derecho razona que “los hechos presentan visos de un delito de cohecho propio tal y como lo configura la jurisprudencia de la Sala Penal”. Y es que “la autoridad o funcionario (Bono) no se limita a recibir regalos, que pueden estar hechos en consideración al oficio, sino que gesta y participa activamente en ese regalo con su activa actitud en la permuta que encubre un donativo de altísimo nivel económico”.

Así las cosas, la Sala Penal de admisión de querellas, compuesta por el presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Carlos Granados y Jorge Barreiro, dará traslado de la querella al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia de la Sala y si existen indicios racionales de delito en la conducta de Bono.

El escrito de la acusación pide que practiquen las siguientes pruebas: “La reclamación de la escritura notarial de la permuta; declaración del denunciado de José Bono; copia del expediente íntegro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sobre la urbanización y declaraciones como testigos de Rafael Santamaría y Manuel Moreno, director de la inmobiliaria que vendió los áticos de lujo en Estepona”. Asimismo, también se pide que se le tome declaración, en el caso del regalo de Reyal Urbis, a la empresa decoradora Celia Gómez SL, que emitió la factura.

Un mes después de decorar gratuitamente esta vivienda de José Bono, el constructor Santamaría decidió regalarle la decoración de toda la vivienda familiar de Salobre (Albacete); en total se gastó más de 21.000 euros en acondicionar las casas de Bono en 2001. En ese momento, Santamaría consiguió las licencias de la Junta para levantar la macrociudad de Valdeluz en Guadalajara.

Para los querellantes, la conducta presuntamente delictiva del presidente del Congreso de los Diputados se castiga en el Código Penal de seis meses a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa.

AGUIRRE IGNORA EL INFORME POLICIAL Y DICE QUE EL PP NO SE FINANCIÓ DE FORMA ILEGAL

"Es falso, ni siquiera el informe al que hace referencia lo dice", dice en relación a la exclsuiva de 'Público'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la información que hoy publica este diario, en el sentido de que el PP de Madrid usó financiación ilegal, es falsa.

En un encuentro digital en elmundo.es, la presidenta madrileña sostiene que "ni siquiera el informe al que hace referencia lo dice".

Sin embargo, la lectura de dicho informe no deja lugar a dudas: "En los documentos se pone de manifiesto un sistema de facturación dual de los actos (del PP), enmascarando la verdadera realidad de los mismos mediante la elaboración de facturas ad hoc con cambios de entidades y/o conceptos; y un mecanismo de financiación de los mismos ajeno a los contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido".

El nuevo informe policial centrado en las actividades de Fundescam, que figura desde el 30 de julio en el sumario de la 'Gürtel', cifra en 1,3 millones los gastos camuflados de forma ilegal.

El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas electorales de las elecciones autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros.

Lo hizo con la connivencia de Special Events, entonces buque insignia de la trama Gürtel, y utilizando la fundación Fundescam como canal de financiación paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía.

El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid.

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EL PP FALSEÓ FACTURAS PARA LA CAMPAÑA DE AGUIRRE

Un nuevo informe policial centrado en las actividades de Fundescam, que figura desde el 30 de julio en el sumario de la 'Gürtel', cifra en 1,3 millones los gastos camuflados de forma ilegal

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID

El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros. Lo hizo con la connivencia de Special Events, entonces buque insignia de la trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la fundación Fundescam como canal de financiación paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía. El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid.

Las nuevas revelaciones policiales, que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario, concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".

Las campañas del 'tamayazo' se pagaron con fondos irregulares

Siempre según el informe, el monto de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre 2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los datos falsos utilizados a efectos oficiales.

Elaborado en formato excel, ese es uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada "PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.
 
Facturas a la carta

Existe "propensión al intercambio de favores" entre el PP y sus donantes

Había un doble modus operandi y el informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004.

En otros casos, la empresa endosaba la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP madrileño.

Como norma, el concepto de la factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente según las necesidades de este".
 
Contratos para donantes

En referencia a los empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones de euros.

El informe policial, que evita nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido".


"OPERACIÓN UMBRA"; JESÚS SAMPER, IMPUTADO POR TRES DELITOS TRAS DECLARAR ANTE EL JUEZ

El magistrado le imputa por inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal

EFE MURCIA

El empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, ha declarado ante el juez instructor de un presunto caso de corrupción urbanística, en el que está imputado por inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Tras la declaración, que ha durado unas dos horas, el titular del juzgado número 8 de Murcia, David Castillejos, no ha impuesto medidas cautelares contra Samper. Según el Tribunal, el empresario se ha mostrado "colaborador" con el juez durante su comparecencia.

A su salida del Palacio de Justicia, Samper no ha querido hacer declaraciones a los numerosos periodistas que le esperaban en la puerta, y su hermano Juan Antonio, que le asiste como letrado, se ha limitado a confirmar la ausencia de medidas cautelares.

La comparecencia de este empresario, uno de los imputados en la operación Umbra desarrollada la pasada semana por la Guardia Civil, ha levantado gran expectación ciudadana y mediática, e incluso algún aficionado al fútbol le ha gritado mensajes de ánimo.

Además de por su hermano, Samper ha estado asistido por abogados del despacho madrileño de Horacio Oliva. Oliva defiende también a seis letrados implicados en el caso Malaya y al ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, imputado en la operación Astapa contra una presunta trama de corrupción municipal en ese ayuntamiento, además de haber sido abogado del fallecido Jesús Gil.
 
Samper, el último

La declaración de Samper es la última de una serie de comparecencias previstas que comenzaron el pasado miércoles, un día después de que la Guardia Civil registrara la Gerencia de Urbanismo de Murcia, empresas y domicilios de Murcia y Madrid.

Esta diligencia se enmarca en un procedimiento judicial por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública, iniciado por una denuncia de la fiscalía.

Entre 2001 y 2005 se impulsaron seis convenios urbanísticos
Las investigaciones del sumario, declarado secreto, se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos, a partir de 2001 y hasta 2005, que modificaban la calificación del suelo de esta zona, entre ellos el del complejo Nueva Condomina promovido por Samper.

En el marco de esta operación, denominada Umbra, han sido detenidos el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, éste último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, quienes la pasada semana hicieron efectivas sus fianzas para eludir la prisión.

También se encuentran imputados el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.