jueves, 28 de junio de 2012

EL JUEZ RUZ IMPUTA AL EXTESORERO NACIONAL DEL PP POR DELITO FISCAL


Rosalía Iglesias ya está imputada desde mayo de este año
Debe responder de un posible fraude al fisco de 222.000 euros

J. A. R. Madrid

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Luis Bárcenas. / LUIS SEVILLANO

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha imputado por delito fiscal al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas por un presunto delito fiscal cometido en 2006 y lo ha citado a declarar para el próximo 11 de julio. La imputación inicial iba dirigida contra su esposa, Rosalía Iglesias Villar, quien había ingresado en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006, un dinero cuya procedencia no había podido acreditar completamente y por el que no habría pagado más de 222.000 euros en concepto de IRPF.

No obstante, Rosalía Iglesias declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que todos los temas económicos de la pareja, incluidos los referentes a la declaración de la renta, "los lleva y los ha llevado siempre" su marido, lo que el propio Bárcenas corroboró en julio del año pasado. Por ello, el juez entiende que, si hubo delito fiscal, este fue obra del extesorero del PP.

Ruz se basó para imputar a Rosalía Iglesias en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por Iglesias al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio que había adquirido en 1987 por 1.803 euros y había vendido en 2006 por 558.196 euros.

Sin embargo, la Agencia Tributaria asegura que la esposa del extesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta. La cantidad supuestamente defraudada, según señalaba el juez de la Audiencia Nacional en el auto de imputación de Iglesias, sería de 222.112,158 euros en concepto de IRPF.

Ruz argumenta en el auto que imputa a Bárcenas que fue éste quien contactó con Santiago Lago Bornstein para que este se encargara de las declaraciones tributarias y de la gestión del patrimonio de su esposa. Lago declaró el pasado 18 de junio que Bárcenas le pidió que se encargase de representar a su esposa ante la Inspección de Hacienda y que incluso tuvo que esperar para ello a que el extesorero volviera de un viaje para que le entregasen la documentación referida a las operaciones cuestionadas por la Agencia Tributaria respecto a la declaración de la renta de Rosalía Iglesias. Tuvo que ser así porque era Bárcenas quien guardaba dichos documentos. Además, reza el auto, "en las dos o tres reuniones que [Lago] mantuvo con su representada también estuvo presente el señor Bárcenas".

"CASO EMARSA"; EL TRIBUNAL DE CUENTAS ADMITE LA DEMANDA DE LA EMSHI CONTRA CUESTA, ARNAL Y CRESPO

Les pide 27 millones de euros


Europa Press | Valencia

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda de la entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) contra Esteban Cuesta y Enrique Arnal en calidad de responsables contables directos y a Enrique Crespo como contable, a los que les pide 27,6 millones de euros.

En un decreto fechado el 14 de junio en el Tribunal de Cuentas, se detalla que el 25 de mayo la Emshi presentó una demanda contra estas tres personas y asimismo se solicitó la condena al pago de los interesas de demora y la imposición de costas.

En su escrito, el tribunal señala que no aprecia la falta de jurisdicción ni de competencia objetiva ni territorial para conocer del asunto por lo que considera procedente admitir a trámite la demanda que se sustanciará por juicio ordinario.

Asimismo señala que las partes disponen de 20 días para contestar y cinco días para pronunciarse sobre la cuantía del procedimiento. A esta resolución cabe interponer recurso en el plazo de los cinco días posteriores a la notificación del decreto.

En cuanto al fondo del asunto, en la documentación aportada se detalla que en el caso de la sociedad que ocupa la investigación, si bien adopta forma mercantil, no se ha de olvidar su naturaleza pública por lo que sus órganos de gobierno asumen las responsabilidades sobre la gestión ordinaria.

Añade que el alcance se produce cuando el encargado de manejar o custodiar es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, el empleo o destino dado a los caudales públicos, no pudiendo justificar un saldo deudor en las cuentas encomendadas, con independencia de que dicho encargo se haya apropiado o no de su importe.

La responsabilidad contable puede ser directa o subsidaria por lo que en la denuncia se anticipa que consideran responsables directos tanto a Cuesta como a Arnal por haber "ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución"

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"CASO GÜRTEL"; EL EXDIRECTOR ECONÓMICO DE RTVV ATRIBUYE A LOS TÉCNICOS EL CONTRATO DEL VIAJE DEL PAPA



Europa Press | Madrid

El ex director económico de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud ha atribuido a los técnicos del ente público la decisión de adjudicar a una empresa relacionada con la trama Gürtel el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006según informaron fuentes personadas en la causa.

Calatayud, que ha declarado durante una hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha contradicho la versión aportada por el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater, que aseguró que éste les dijo que adjudicaran el contrato a Teconsa "por órdenes superiores", y ha avalado la versión que ofreció el ex director del ente Pedro García Gimeno, que culpó a los responsables de la Mesa de Contratación.

Sabater aseguró ante el juez que él ni siquiera elaboró ese informe, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Sin embargo, el ex director económico ha asegurado que el informe en el que se basó el contrato se redactó "en la fecha que figuraba", un día antes de que finalizara el plazo de presentación de las plicas, y que él tuvo "poca capacidad de decisión" en la adjudicación.

Tres millones una semana después
También ha justificado que el 10 de mayo, apenas seis días después de la adjudicación, la radio televisión valenciana entregara 3,5 millones de euros a Teconsa, a pesar de que en ese tiempo no realizó ningún trabajo. "Fue un hecho normal porque en el contrato figuraba la posibilidad de aportar un 50% de la facturación por anticipado", ha explicado.

La versión de Sabater ha sido refrendada por uno de los auxiliares administrativos de su departamento, Andrés Bravo, que ha declarado como testigo ante el juez Ruz. El compareciente ha dicho que el contrato investigado no es suyo porque estaba en mayúsculas y él siempre lo escribía en minúsculas.

De hecho, el informe combinaba ambos tipos de letra, lo que Calatayud ha explicado, según las citadas fuentes, apuntando que le remitieron el borrador porque tenía que rectificar "un pequeño error". Preguntado por si podía entregar los documentos originales, ha asegurado que alguien se los borró del ordenador y habían desaparecido.

El magistrado imputa indiciariamente a Calatayud los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos por "la participación que pudiera haber tenido, directa o indirecta, en los procedimientos de adjudicación" del contrato a la constructora Teconsa, que ascendió a 7.493.600 euros.

De hecho, Ruz especificaba en su auto de citación que García Gimeno declaró que Calatayud "habría intervenido en los procedimientos de adjudicación" y que Sabater precisó que su labor consistió en "ordenar o transmitir" sus órdenes y hacer "él mismo" el informe propuesta de ese expediente.

García Gimeno aseguró el pasado 8 de mayo que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

Ruz también ha interrogado a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos de Teconsa junto a su hermano Óscar, al que atribuye delitos contra la Hacienda pública y falsedad.

Once imputados
De esta forma, el número de imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se eleva a once. Entre ellos se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, 'El Bigotes'; los empresarios Óscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz; Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Avalon; y Ana María Martínez Penades.

Por lo que se refiere a los altos cargos de RTVV, están imputados el ex director Pedro García Gimeno; el ex director económico, Ricardo Calatayud; el ex director de Antena Antonio de la Viuda; y el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater.

A los empresarios y García Gimeno se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

Reiteradas dádivas
Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Por su volumen" y el "número de irregularidades" detectadas el Ministerio Público destaca el acto del V Encuentro Mundial de las Familias, que la televisión pública valenciana adjudicó a Teconsa por un importe de 7.493.600 euros.

Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.


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EL FISCAL DEL "CASO DEL HOTEL DEL PALACIO" SOLICITA CÁRCEL PARA GARCÍA-BRAGADO

El ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento y ex secretario de la Presidencia de la Generalidad, implicado en el 'caso del hotel del Palacio de la Música' (foto: Generalidad).
Una derivada del caso de corrupción del Palacio de la Música salpica de lleno al PSC. El fiscal pide para Millet y Montull una pena de diez años y dos meses de prisión, además de una serie de multas.

Agencias / Redacción

El fiscal del caso del hotel del Palacio de la Música ha pedido diez años y dos meses de prisión para el ex presidente de la entidad Fèlix Millet y para su mano derecha, Jordi Montull. Además, ha pedido otros cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde y ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon García-Bragado (PSC), el ex gerente de Urbanismo Ramon Massaguer, el ex director jurídico de Urbanismo Enric Lambies y el arquitecto del proyecto, Carles Díaz.

Antoni Pelegrín, fiscal coordinador de delitos Urbanísticos de Barcelona, considera que Millet y Montull proyectaron un hotel de lujo cerca del Palacio de la Música e intentaron conseguir el apoyo correspondiente de los responsables municipales y autonómicos para construirlo junto al edificio de la institución musical. Pelegrín les imputa los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación pese a que nunca llegó a levantarse el hotel.

Millet y Montull aprovecharon ‘de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación’ de la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música Catalana, para conseguir que la Generalidad y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones, según denuncia el fiscal; que añade que ‘buscaban en aquella operación conseguir un importante beneficio económico personal en diversos momentos de su tramitación’.

Recalificación por amigos

El escrito del fiscal señala que los dirigentes de la institución musical compraron, en noviembre de 2003, inmuebles cercanos al edificio del Palacio de la Música que eran propiedad del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, aunque ‘sabían perfectamente’, gracias al asesoramiento de Díaz, que la calificación urbanística del Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM) no permitía construir el hotel que querían, pues el suelo eran únicamente para equipamientos educativos.

Sin embargo, aprovecharon su ‘relación de confianza y amistad’ con García-Bragado, entonces, secretario de la Presidencia de la Generalidad y, antes, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, y con Massaguer, gerente de Urbanismo, para conseguir en noviembre de 2004, un año después de la compra, un cambio de calificación urbanística en cuya redacción trabajaron colaborando con Díaz.

Pelegrín señala que los cinco acusados (los cuatro citados más Manuel Valderrama) acordaron que el primer convenio, firmado el 8 de marzo de 2006 a tres bandas entre el Palacio de la Música, el Ayuntamiento y la Generalidad se ocultase ‘la operación lucrativa’ que buscaban Millet y Montull. Y presuntamente se pusieron de acuerdo en que durante toda la tramitación constase que las fincas donde se iba a construir el hotel eran propiedad de la fundación, cuando en realidad, se trasmitía la titularidad a un tercero.

Multas y acusación popular

Una vez firmado el acuerdo, los dos responsables del Palacio abrieron una ‘especie’ de concurso privado para buscar a una empresa concesionaria, eligiendo a Olivia Hotels, cuyo administrador era Manuel Valderrama, y que acordaron que además de los 15 millones de euros del valor de los solares, le pagase adicionalmente 900.000 euros en metálico.

Valderrama, continúa la fiscalía, desconocía ‘el verdadero propósito de lucro que buscaban’ Millet y Montull, y entregó esta suma como precio de la adjudicación, que inmediatamente los acusados incorporaron a su patrimonio personal.

Además de las penas de cárcel, Pelegrín ha pedido para Millet y Montull multas que rondan los 48.500 euros, que también deberían indemnizar conjuntamente a la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música con 567.000 euros y, con 333.000 euros, a la Generalidad, pese a que CiU ha desestimado pedir esta compensación; y para García-Bragado, Massaguer, Díaz y Lambies el fiscal ha pedido una multa que ronda los 12.000 euros para cada uno (y trece años y medio de inhabilitación para cargo público).

La acusación popular (formada por la Asociación de Vecinos en defensa de Ciutat Vella y la Asociación de Vecinos del Casc Antic), por su parte, ha pedido siete años de cárcel para Millet y Montull al considerar que su intención era la de obtener ‘un importante beneficio económico’ de 3,6 millones de euros con las plusvalías de la operación urbanística, aunque finalmente obtuvieron 900.000 euros.

Para los responsables municipales, la acusación popular ha pedido tres años para Garcíaa-Bragado, seis meses para Massaguer, tres años para Lambies y nueve meses para Díaz.

Pendientes de la causa principal

Al margen del caso del hotel del Palacio de la Música, Millet y Montull todavía están pendientes de la causa principal abierta contra ellos por haber expoliado, según han reconocido, a la institución musical y cuyo desfalco podría rondar los 35 millones de euros.

Por otra parte, la semana pasada se dio a conocer un informe de la Policía Nacional que confirma que la empresa Ferrovial donó a la fundación del Palacio de la Música cantidades de dinero en concepto de patrocinios que acabaron sirviendo para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya a través de la fundación Trias Fargas, actual CatDem.