miércoles, 16 de marzo de 2011

EL CONSELL PRETENDE QUE EL SOLAR DE CAN DOMENGE VUELVA A SER PÚBLICO

Se persona como acusación en el caso

Europa Press | Palma

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ha subrayado que la decisión de presentarse como acusación particular en el caso Can Domenge busca que este solar vuelva a ser público, para lo cual ha recordado que se debe acusar a los imputados de malversación de fondos públicos.

Tras visitar las nuevas instalaciones de los Servicios de Infancia y Familia, Armengol se ha referido así a la petición que han hecho los servicios jurídicos del Consell de nueve años de cárcel para la ex presidenta de esta institución Maria Antònia Munar, el ex vicepresidente Miquel Nadal, ex conseller insular de Economía Miquel Ángel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens.

Pese a que la solicitud supone tres años menos que los que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, Armengol ha sostenido que "a cada uno le toca hacer su trabajo" y, en esta línea, ha dicho que es "absolutamente respetuosa" con los fiscales, el juez y las instituciones.

"Nuestra intención no es pedir años de prisión a cada una de las personas implicadas en la Operación Can Domenge, sino que este solar retorne a los mallorquines, ya que es una cuestión que está mal hecha desde el principio y, por eso, les hemos acusado de un delito de malversación de caudales públicos, porque la asesoría jurídica cree que ha habido este delito", ha manifestado.

No obstante, ha recalcado que la defensa del Consell es una decisión "pura y exclusivamente de la asesoría jurídica de esta institución", si bien le ha mostrado su "total apoyo como no puede ser de otra manera". Además, ha añadido que se ha evaluado que durante la operación se cometió el citado delito, ya que si no, "no podríamos tener la situación de que Can Domenge retornase a todos los mallorquines", algo que, en su opinión, sería "dramático".


Además
elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; CASTRO: "MATAS NO BAJÓ A PIE DE OBRA, PERO MARCÓ LAS DIRECTRICES PARA CONTRATAR A CALATRAVA"

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha insistido en la participación delictiva del ex presidente del Govern, Jaume Matas, en la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros para el anteproyecto de la Ópera de Palma, y sobre su desvinculación de los hechos ha aseverado que "se da por supuesto que no descendió a pie de obra, faltaría más, pero existen sobrados indicios de que marcó las directrices" a fin de disponer de los servicios del arquitecto.

Tanto es así que, según el instructor del caso Palma Arena, el ex jefe del Ejecutivo autonómico dio instrucciones al entonces conseller de Educación, Francesc Fiol -también imputado-, para que se ultimara la tramitación del expediente de contratación "a costa de lo que fuera, incluida la falta de respeto a la Ley y a la realidad, al sólo objeto de que se resolviera a favor de la persona ya decidida y para que ésta fuera electoralmente utilizada sin importarle que el erario público pagara por ello".

Así es como lo hace constar Castro en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para desestimar el recurso de reforma interpuesto por Matas contra la fianza civil de 1,6 millones de euros que le fue impuesta dentro de esta pieza del caso Palma Arena. El instructor insiste en que los términos de la contratación de Calatrava ya estaban decididos antes de que se materializase, según se desprende de la declaración vertida por los demás imputados de esta pieza de la causa.

El magistrado impuso la fianza civil de 1,6 millones de euros, que la defensa de Matas ha recurrido de forma subsidiaria ante la Audiencia, a petición de la Fiscalía anticorrupción por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación de Calatrava, cantidad que solicitaron mediante un escrito en el que las acusaciones apuntaban a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Frente a ello, en un escrito de alegaciones, la defensa de Matas, ejercida por los letrados Rafael y Salvador Perera, negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Mientras tanto, el propio ex jefe del Ejecutivo autonómico, durante la declaración que prestó ante el juez el pasado día 22 en calidad de imputado, Jaume Matas, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto y defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó.

En su comparecencia, el principal encausado del caso defendió así que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Govern, y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente". En este sentido, incidió en varias ocasiones en que la pretensión del Govern era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.

El anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

Cabe recordar que contra Matas ya pesa una fianza penal de tres millones de euros para evitar su ingreso en prisión, en el marco del caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de este velódromo durante la pasada legislatura. También se indaga su supuesta conexión con el tren de vida llevado por Matas mientras era presidente y una financiación presuntamente irregular del PP.

Además
    * Fianza de 1,6 millones a Matas
    * Primer paso para el banquillo

elmundo.es

"CASO MALAYA"; SORIANO DICE QUE "NADA IRREGULAR" SE HA HECHO MEDIANTE LAS SOCIEDADES DE ROCA

Socio del gabinete jurídico

Europa Press | Málaga

Uno de los socios del gabinete jurídico encargado de la contabilidad de sociedades del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que no ha participado en nada relacionado con las empresas ni realizado un acto mercantil para éste, aunque ha dicho estar "tan completamente convencido de que nada irregular se ha hecho a través de esas sociedades que no me hubiese importado intervenir".

El acusado Francisco Soriano Zurita ha asegurado, en su declaración ante el tribunal encargado del juicio del caso 'Malaya', que las sociedades vinculadas con el principal procesado en la causa "se dedicaban al lícito comercio y nada hacía sospechar, ni ahora tampoco lo sospecho, que ni una sola peseta que pudiera venir de ilícita procedencia del Ayuntamiento se había introducido en las sociedades".

"Aún hoy, cuando le veo, sigo mostrándole mis respetos al señor Roca", ha manifestado el también letrado, que asistió a Roca en algunas declaraciones judiciales, una de ellas cuando éste fue detenido en 2002 en relación con el caso Saqueo I. Además, ha contestado con un "rotundamente no" a la pregunta del fiscal de si sabía que hubiera financiación de las sociedades por parte de empresarios.

En este sentido, Soriano ha indicado que "como dijo mi compañero -en referencia al otro responsable del gabinete jurídico madrileño, Manuel Sánchez Zubizarreta, también acusado en este procedimiento- si llego a tener esa sospecha, en ese mismo momento hubiese dejado de llevar lo relacionado con el señor Roca", al tiempo que ha insistido en que "todo lo relacionado con las sociedades es ajeno a mi, todo".

Ha destacado que el presunto cerebro de la trama tenía "una fuerte actividad mercantil" y es "un hombre inquieto, al que he visto trabajar a las 12 de la noche" y ha indicado que no había "ningún dato" para sospechar de la procedencia ilícita de los fondos, añadiendo: "si yo veo algo, voy a permitir que mis hijos -también acusados- participen en unas sociedades que se están utilizando irregularmente".

Ha señalado que las sociedades del presunto cerebro de la trama de corrupción ha representado "un 8,8 del total de ingresos del despacho", apuntando que "por esa cantidad yo no voy a poner en riesgo ni mi reputación, que ha sido destruida, ni mi honor, ni mi honra". "Toda la vida dedicada a la administración de justicia y hoy me la han destrozado", ha apostillado.
'Infamia'

La Fiscalía Anticorrupción sostiene, en su escrito inicial de acusación, que se crearon empresas "usadas como tapadera para adquirir y reciclar distintos tipos de bienes" y señala a este despacho madrileño como el que presuntamente proporcionaría "las sociedades pantalla donde ocultar sus bienes", señalando que "en el organigrama criminal establecido por Roca, estos abogados ocupan un papel preponderante, pudiendo afirmarse que forman parte del staff".

En la sesión de este miércoles, al señalarle el fiscal que está acusado "por formar parte de una organización dedicada al blanqueo de capitales", el procesado ha asegurado que eso "es una infamia inventada por la Policía", tras lo que el presidente del Tribunal le ha tenido que llamar la atención y volver a centrar el interrogatorio.

Por su parte, el hijo del acusado Manuel Sánchez Zubizarreta, también acusado, ha declarado que conocía a Roca "de hola y adiós" y que sabía que era cliente del despacho, pero no tuvo conocimiento de la relación con el Ayuntamiento marbellí ni si estaba inmerso en procedimientos por delitos urbanísticos o del Tribunal de Cuentas; mientras que se ha enterado ahora de que fue detenido en 2002.

Manuel Sánchez Martín, también letrado, ha indicado que fue su padre el que le pidió que apareciera como representante de algunas sociedades de Roca, pero era este último el que las gestionaba y su progenitor el que llevaba realmente la contabilidad, por lo que ha asegurado que desconocía cómo se financiaban las empresas y la operativa de las compras realizadas por ellas.

Además
* Gráfico: Las claves del caso | Quién es quién en 'Malaya'
* Lea todo sobre el juicio

elmundo.es

"CASO ROSEWORLD"; CONDENAN AL EX ALCALDE DE LA LÍNEA A 7 AÑOS DE INHABILITACIÓN

CÁDIZ | Por la venta irregular de parcelas municipales en 2005

Alberto Espinosa | La Línea (Cádiz)

El ex alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, ha sido condenado a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años y seis meses por el 'caso Roseworld', en torno a la venta irregular de parcelas municipales a una empresa que carecía actividad mercantil en el momento en que se celebró la subasta.

Por su parte, el ex concejal de Hacienda, Carlos Ruiz Calama, es culpable de dos delitos contra la hacienda pública, con el atenuante de reparación de daño, por lo que deberá cumplir dos años de prisión e inhabilitación. Además, tendrá que hacer frente a dos multas que suman 683.019,93 euros. Estas son las penas más significativas del 'caso Roseworld', que se juzgó el mes pasado en la sala algecireña por la presunta venta irregular de distintas parcelas municipales de La Línea en el año 2005 y que fueron adjudicadas a la firma Roseworld en detrimento de Promaga.

Tanto el PSOE como un agente de la Policía Local denunciaron los hechos y las presuntas irregularidades cometidas en la mesa de contratación municipal, implicando a varios concejales más del PP que, actualmente, se mantienen en el equipo de gobierno. Todos ellos -Mari Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz- han sido absueltos tras el juicio. No así el representante legal de la promotora, Anil Thakurdas, quién está condenado por un delito de prevaricación a la pena de cuatro años para desempeñar cargo público.

Juárez, Calama y el propio administrador han sido absueltos de los delitos de cohecho y otros relacionados con el Urbanismo que le imputaban las acusaciones particulares. Asimismo, la sentencia, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, señala que no hay responsabilidades civiles en la causa. Por ello, ordena alzar las medidas cautelares con relación a las personas absueltas, y devolver al Consistorio linense la cantidad de 675.000 euros que fue intervenida cuando se inició el proceso. Contra la sentencia cabe recurso ante el Supremo en el plazo de cinco días.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA IMPONE UNA FIANZA DE 37.000 EUROS A UN EX VICECONSEJERO

Europa Press | Madrid

El magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza de 37.000 euros al ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.

Así se expone en una providencia, en la que el instructor da por interpuesto un recurso de apelación presentado por la defensa de Clemente contra el auto que rechazó la impugnación contra la imposición de la citada fianza.

En los próximos días, la Sala de lo Civil y Penal deberá resolver si mantiene la fianza impuesta al ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de enero, las fiscales adscritas al caso aseguraron en un auto que "concurren bastantes indicios de la percepción de dádivas por parte de Carlos Clemente Aguado durante el tiempo que ocupó los cargos de director general de Inmigración y de viceconsejero en este área de la Comunidad de Madrid". De este modo, Anticorrupción argumentó que "la fuente principal de tales indicios", que se corroboran con la declaración de la imputada Isabel Jordán, son "los archivos informáticos intervenidos en una memoria externa que recoge fundamentalmente los ingresos y gastos opacos del grupo de sociedades y personas investigadas en este procedimiento". Así, en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta figuran dos pagos a Clemente, con fecha 17 de mayo de 2006 y 11 de julio de 2006, de 10.000 euros y 3.600 euros respectivamente. Por ello, concluyen que "la percepción de dádivas se vería confirmada por dichos apuntes", lo que implicaría la comisión de un delito de cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal.

Asimismo, agrega que constan numerosos contratos celebrados entre la Consejería de Inmigración y las sociedades del entorno de Francisco Correa adolecían de irregularidades, según consta en diversos informes que obran en la causa.

"En particular, se fraccionaban los contratos con el fin de evitar procedimientos de concurso o negociado", apuntan las fiscales, que indican que ello deriva en la comisión de un delito de cohecho del artículo 429 del Código Penal.

Además
    * La ruta madrileña de la trama Gürtel
    * Las claves del caso, en Madrid

elmundo.es

LA GENERALITAT NIEGA HABER REALIZADO "NINGÚN PAGO INDEBIDO" AL ARQUITECTO SANTIAGO CALATRAVA

POLÉMICA | Proyecto en Castellón

* Asegura que los 2,7 millones pagados corresponden a la cifra fijada en el contrato en concepto del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico

R. Terrasa | Valencia

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) niega "rotundamente" haber realizado "ningún pago indebido" al arquitecto Santiago Calatrava, tal y como ha denunciado la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien aseguró este martes que el arquitecto cobró 2,7 millones por un contrato que no cumplió.

Albiol hizo público un burofax remitido en noviembre de 2009 por la SPTCV a la mercantil Santiago Calatrava según el cual el arquitecto habría cobrado un millón de euros a la firma del contrato, 350.000 euros a la entrega del Anteproyecto, y otros 1.350.000 millones a la entrega del proyecto básico, "tras la revisión y aceptación" del mismo por la sociedad pública.

Sin embargo, el pago de los últimos 1,35 millones de euros se realizó por "la voluntad de entendimiento que la SPTCV siempre ha mantenido con el señor Calatrava, pero en ningún caso, implica conformidad con el proyecto básico entregado por la mercantil", según el mismo burofax.

La Generalitat ha recordado este miércoles que la diputada de Esquerra Unida ha solicitado "en seis ocasiones" documentación sobre el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón y "toda esa documentación la ha podido consultar en las dos visitas que ha realizado a las oficinas administrativas de la SPTCV, donde ha formulado cuantas preguntas ha considerado oportunas".

"Este hecho pone de manifiesto una vez más la transparencia de la Generalitat, en contra de lo que se está afirmando", ha asegurado el gobierno valenciano en un comunicado. "Hay que poner de manifiesto que este expediente ha sido fiscalizado por la Sindicatura de Cuentas entre los años 2007 y 2009, y la Sindicatura no ha detectado ninguna irregularidad contable", añade.
'Los pagos se ajustan al contrato'

La Generalitat defiende que ha pagado al arquitecto valenciano la cantidad de 2,7 millones de euros "en concepto de redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico del Centro de Convenciones de Castellón". Según el Consell, esa cifra es "la fijada en el contrato suscrito entre la SPTCV y Santiago Calatrava por la infraestructura".

El gobierno valenciano asegura que el Proyecto Básico entregado por Santiago Calatrava reflejaba una "ampliación-modificación del Centro de Congresos", que pasaba a constar de tres edificios con tres fases de construcción independientes en vez de un solo edificio en una sola fase. La Generalitat asegura que advirtió por escrito que "sólo iba a pagar por el proyecto original encargado de una fase y un edificio, que es el que figuraba en el contrato, postergando las otras dos fases posteriores".

El gobierno valenciano ha remitido a los medios parte del escrito que mandó en su momento a Calatrava en el que exigía respetar el proyecto original: "La propuesta de realizar el proyecto en distintas fases, siendo la inicial de 100 millones, no es la contemplada en el documento contractual suscrito, que expresa literal y claramente el objeto del contrato, el plazo de ejecución (en el que no se contemplan fases) así como el precio, fijando el contrato, un porcentaje a aplicar sobre un presupuesto orientativo de licitación de 60 millones. Entendiendo desde SPTCV que el importe de 100 millones previsto en su Proyecto Básico, se aleja considerablemente del presupuesto contractualmente fijado de 60 millones, siendo necesario y esencial, el cumplir los términos y condiciones en él estipulados".

Según el Consell, son estas comunicaciones entre la Generalitat y el despacho del arquitecto Santiago Calatrava "las que se están interpretando de un modo totalmente erróneo". Aseguran que la SPTCV ha garantizado que la administración "pague sólo por el servicio contratado originalmente pese a las modificaciones del Proyecto Básico que había presentado el arquitecto". "Ese Proyecto Básico, en cualquier caso, sí respondía a lo que se le encargó, aunque por añadidura contemplaba fases posteriores no solicitadas, y por las que no se le ha pagado".

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1,6 MILLONES A MATAS POR CONTRATAR A CALATRAVA

El ex presidente del Govern con su abogado en los juzgados de Palma | Efe
 * La fianza había sido solicitada por la Fiscalía y la Abogacía de la comunidad
* La defensa ha recurrido la decisión en apelación ante la Audiencia Provincial

Palma

El Juez de Instrucción número 3 de Palma ha rechazado este miércoles el recurso de reforma de la defensa del ex president del Govern balear Jaume Matas y ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros en la pieza separada del denominado caso Palma Arena, en la que se investiga el proyecto de construcción de un palacio de la ópera en Palma.

La fianza había sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma. La defensa, por su parte, ha recurrido la decisión en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma. El ex ministro de medio Ambiente ya tuvo que abonar una caución de caracter penal para evitar la cárcel de tres millones de euros que el ex presidente abonó con dos transferencias.

Asimismo, el mismo juez ha dictado el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado de la pieza separada número 2 del caso Palma Arena, que investiga subvenciones concedidas por el anterior Govern a la empresa de comunicación Nimbus.

El auto supone la conclusión de la fase de instrucción y el pase del procedimiento a la Fiscalía para que formule o no acusación. En la resolución, el Magistrado considera que existen indicios de delito contra el ex president Jaume Matas y otras cinco personas.

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; UN IMPUTADO ACUSA A FENOLL DE AMAÑAR LA CONTRATA DE BASURA DE ORIHUELA

El gerente de Sufi reconoce ante el juez que se reunió con un edil del PP y el hermano de la alcaldesa antes de la adjudicación

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Un imputado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) ha destapado hoy ante el juez la caja de los truenos. Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi, firma que en una UTE con las mercantiles Liasur y Gobancast ganó la contrata de la basura de Orihuela, ha asegurado ante el magistrado que estas dos últimas empresas están controladas por el supuesto cabecilla de la trama corrupta, el industrial Ángel Fenoll.
 
El testimonio del directivo de Sufi ratificaría la tesis de la investigación, que considera que Fenoll creó estas dos empresas tapadera para optar al concurso. Bracho, según fuentes del caso, también ha admitido ante el juez que antes de la adjudicación mantuvo al menos dos reuniones con el concejal del PP Manuel Abadía y con Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa oriolana, la popular Mónica Lorente.

El directivo de Sufi ha declarado por segunda vez ante el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular el Juzgado número 3 de Orihuela, tras su arresto el 6 de julio de 2010. Bracho ha sido interrogado por espacio de casi cuatro horas y ha respondido a las preguntas de todas las partes (12 letrados) más el representante de la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez. El gerente está imputado por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Bracho ha manifestado al juez que cuando la mercantil Sufi se interesó por la contrata de basura de Orihuela contactó primero con Fenoll, porque este tiene un vertedero en el municipio. El directivo aseguró que Fenoll le dijo que iba a ir al concurso, pero no con sus empresas oficiales (Colsur y Proambiente), sino que iba a crear otras nuevas, que al final resultaron ser, supuestamente, Liarsur y Gobancast. "No sé si son de su propiedad, pero sí que las controla él", ha afirmado en su declaración. Bracho también ha asegurado que la condición que puso Fenoll para que Sufi entrara en la UTE era "ir al 40%".

El ejecutivo de Sufi ha aclarado al juez que mantuvo dos encuentros con el concejal del PP Manuel Abadía y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Respecto al primero, puntualizó que desconocía que se tratara de un concejal, ya que se lo presentaron "como Manuel". En cuanto al segundo, sí lo identificó como el familiar de la alcaldesa. No obstante, Bracho ha negado que en esos encuentros obtuviera algún tipo de información privilegiada. "Fueron intrascendentes", ha afirmado. Manuel Abadía también fue arrestado en julio de 2010 y está imputado por tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada.

La UTE integrada por Sufi, Lialsur y Gobancast se hizo con la contrata de la basura de Orihuela en octubre de 2008. El concontrato está valorado en 190 millones por 20 años. El Ayuntamiento, presidido por Mónica Lorente, del PP, retomó la adjudicación del concurso que dejó desierto su antecesor en el cargo, José Manuel Medina. Este congeló el proceso precisamente ante la denuncia de Fenoll de un supuesto soborno por la concesión.
    
Más información:
    * La mafia de la basura pasa factura al PP

ANULADAS LAS CONVERSACIONES EN PRISIÓN ENTRE LOS IMPUTADOS EN LA TRAMA GÜRTEL Y SUS ABOGADOS

AGENCIAS - Madrid 

Finalmente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido declarar "ilícitas" las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron los acusados del caso Gürtel con sus abogados en prisión y ha acordado la nulidad de todas las actuaciones realizadas en la causa relacionadas con esos diálogos.

Las escuchas fueron decretadas por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y, posteriormente, avaladas por el juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira. Este último ha sostenido que las grabaciones de los imputados y sus abogados eran válidas porque de ellas se desvela la connivencia entre ambos para ocultar y evadir "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en paraísos fiscales.

En su auto, la sala estima el recurso presentado por los representantes de los presuntos cabecillas implicados en el caso Gürtel, Francisco Correa, Plablo Crespo y Antoine Sánchez, que sostenían que Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las comunicaciones mantenidas en la cárcel de Soto del Real ya que apeló a un artículo que únicamente permitía intervenir las conversaciones entre clientes y abogados en los supuestos de terrorismo.

La decisión, sin embrago, no ha sido unánime, algo previsible pues, a lo largo de todo el proceso deliberador, nunca coincidieron las posturas entre los tres magistrados componentes de la Sala, Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano. La resolución se ha tomado con los votos a favor de los dos primeros y el voto particular de este último que, discrepa, al entender que existían indicios suficientes de delito para justificar las grabaciones.

Esta decisión podría afectar tangencialmente a Garzón , sobre quien pende una querella por este motivo que está resolviendo el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechaza el recurso de Víctor Campos sobre unos informes del caso Gürtel

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha rechazado esta tarde el recurso interpuesto por el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, para que los peritos de la Agencia Tributaria ratifiquen sus informes sobre el caso Gürtel antes de la audiencia preliminar.

La resolución avala la decisión del juez instructor, José Flors, que ya denegó la "aclaración" de los informes de los peritos pedidas por Campos y por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya que, según la Ley del Tribunal del Jurado, esta debe realizarse en la audiencia preliminar y no antes.
   

"CASO FUNERARIA"; FRAGEDA DICE QUE NO RECIBIÓ TRATO DE FAVOR POR PARTE DE COLLADO "NI DE NADIE"

Efe | Palma

El senador del PP por Mallorca y exalcalde de Palma, Joan Fageda, ha testificado ante el juez del "caso Funeraria" que nunca ha recibido ningún trato de favor por parte del exgerente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) Óscar Collado "ni de nadie". "Si lo hubiera sospechado, (Collado) no habría durado ni cinco minutos en su cargo ejercido en la empresa", ha afirmado Fageda al juez durante su declaración como testigo y en respuesta a preguntas del abogado de Collado, José Ignacio Herrero.

En este caso se investigan varios delitos económicos relacionados con esta empresa municipal, concretamente el cobro de comisiones, facturaciones falsas y gastos ilegales en comidas y viajes por parte de su ex gerente Óscar Collado -imputado por diez delitos-, así como por la concejal del PP y expresidenta de la EFM Marina Sans -imputada por malversación- y otras cuatro personas. A Collado, el principal imputado en este caso de supuesta corrupción, se le acusa de haberse apropiado de 3.600 euros de Fageda por la venta de un nicho del cementerio de Palma, al haber firmado el recibo del pago en lugar del exalcalde.

A este respecto, Fageda ha negado haber percibido esa cantidad y ha añadido que le parece "inconcebible" que se pudieran pagar "600.000 personas en efectivo al alcalde (Fageda)". Además, ha asegurado que "nadie" ha ido en su nombre a cobrar nada y ha dicho que la letra y firma de la factura de pago no son suyas. "No pienso reclamar nada a nadie, si en trece años alguien se ha quedado este dinero, no lo pienso reclamar", ha dicho.

Collado negó por su parte hace unos días haberse quedado con el dinero, apuntó que no participó en la negociación de la venta del nicho de Fageda y aseguró que la firma del recibo no es suya. Collado insistió en que él no se encargaba de la contabilidad de la empresa municipal y negó que se hubiera dado dinero a Fageda como trato de favor.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; MELIÁ ANTE LA PETICIÓN DE CÁRCEL PARA MUNAR: "NADA QUE DECIR, ES UN TEMA POCO INTERESANTE"

* Así se ha manifestado en los pasillos del Parlament esta mañana

Palma

Al ex presidente de la extinta UM y ahora líder de Convergència per les Illes, Josep Meliá, no le parece interesante que la Fiscalía Anticorrupción reclame para la que fuera su presidenta, Maria Antonia Munar, seis años de cárcel, así como también para el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y los ex consellers de Territorio, Bartomeu Vicens, y de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer por su presunta implicación en el caso Can Domenge. En estos términos se ha manifestado Meliá esta mañana en los pasillos del Parlament a preguntas de los periodistas tras conocerse la petición de cárcel para Munar y otros ex dirigentes de la formación por parte de la Fiscalía. "Nada que decir, es un tema poco interesante" ha asegurado Meliá a los medios.

A todos ellos (ex dirigentes de Unió Mallorquina) se les acusa dentro del caso Can Domenge, que investiga la venta de un solar por la mitad de su valor, de los delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación, pese a que finalmente no les acusan por un delito de malversación de caudales públicos por razones técnico jurídicas.

Aunque Meliá quiera desvincularse tras la disolución del partido de todo lo relacionado con UM y únicamente se centre en Convergència per les Illes, cabe recordar que el ahora presidente de la nueva formación nacida tras la extinción de UM entró como diputado en el Parlament cuando Munar era presidenta.

Los fiscales han presentado su escrito de calificación provisional cuatro meses después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, dictase el auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, y con el que finalizaba la fase de instrucción de este procedimiento, que indaga la venta de los solares palmesanos a la UTE integrada por Sacresa y Ferrà Tur por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de la cantidad que ofrecía la empresa Núñez y Navarro, con la interposición de cuya querella fue incoado el caso.

Además
* Perdonan a Munar el delito más grave de Can Domenge
* El Consell pide 9 años como acusación particular

elmundo.es