miércoles, 16 de febrero de 2011

"CASO MAQUILLAJE"; TRES IMPUTADOS CAMBIARON FACTURAS PARA EXCLUIR AL CONSELL

Uno de los imputados ha señalado a Miquel Oliver, expresidente de la Xarxa de Televisions, como la persona que ordenó excluir al Consell de los recibos de una subvención

EFE. PALMA Tres imputados en el 'caso Maquillaje' relacionados con la Xarxa de Televisions, que recibió una subvención de 280.000 euros del Consell supuestamente irregular, han confirmado hoy al juez que se cambiaron facturas para excluir de ellas el nombre de la institución insular.

Miquel Ramon, de Ramon Vídeo; Bartolomé Pons, de la asociación Pou de Judí, y Gabriel Pujol, de Onavisió, han comparecido hoy ante el juez de instrucción 2 de Palma, Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) mediante subvenciones del Consell en el pasado mandato, cuando estaba presidido por el partido nacionalista.

Entre otras cosas, el juez indaga una subvención de 280.000 euros que dio el Consell en la legislatura a la Xarxa (una asociación de televisiones y productoras locales) para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran a la Televisió de Mallorca.

Esta cantidad, concedida a propuesta de la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar (UM) -en libertad bajo fianza por este caso-, se repartió a partes iguales entre las televisiones locales y productoras, 20.000 euros a cada una, pero, según declaró en su momento la directora general de la Radiotelevisión de Mallorca, la catalogación no existe.

Los tres imputados que han declarado hoy han indicado al juez que no sabían que el dinero que se les pagó por sus archivos de vídeo provenían de una subvención, aunque sí han reconocido que se les dijo que tenían que cambiar las facturas por este dinero para excluir de ellas al Consell.

Según Pujol, fue Miquel Oliver, expresidente de la Xarxa de Televisions y exadministrador de la productora Video U, quien le dijo que tenía que cambiar la factura para que no figurara el Consell.

La productora de Oliver, en libertad bajo fianza por este caso, obtuvo contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, entre ellos el de la puesta en marcha de la Televisió de Mallorca. Las acusaciones sospechan que esta empresa era en realidad propiedad de la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar.

Todos han reconocido que no entregaron al Consell las imágenes, sino que las guardan en sus respectivos archivos ya que nadie se las ha reclamado.

Después de las declaraciones de hoy, otras tres personas relacionadas con la Xarxa están citadas como imputadas por el juez Lope Sola el 4 de marzo.


diariodemallorca.es

PRESENTADA UNA QUERELLA CONTRA BONO POR COHECHO, FALSIFICACIÓN Y FRAUDE

ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La querella se dirige también contra su ex esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.


Luis del Pino

El pasado miércoles 9 de febrero, la Asociación Justitia et Veritas, bajo la dirección letrada del ex-diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella se dirige también contra su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas aporta un análisis de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio. De ese análisis se desprende, a juicio de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible... con toda actividad profesional o mercantil".

La querella hace también un análisis de las informaciones periodísticas publicadas a lo largo de los últimos meses, del que se desprendería que diversas empresas realizaron distintas dádivas a la propia familia de José Bono o a sus empresas mientras Bono ocupó los cargos de presidente de Castilla-La Mancha y de ministro de Defensa.

Finalmente, la querella plantea la posible existencia de delito fiscal en relación con la venta de las fincas heredadas de sus padres y extiende la acusación a la esposa de José Bono, Ana Rodríguez Mosquera, como cooperadora necesaria.

La querella solicita que la Sala Segunda del Tribunal Supremo practique diversas diligencias, entre las que se incluyen la toma de declaración a Rafael Santamaría y Francisco Hernando, además de a los propios querellados.


libertaddigital.com

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV DECIDIRÁ ANTES DEL 22-M SI INVESTIGA LA FINANCIACIÓN DEL PP

El tribunal se prepara para dar una respuesta tras dos años de resistencia numantina

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidirá antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel. Así lo confirmaron ayer a Público fuentes del tribunal, que expresaron, no obstante, sus cautelas ante la posibilidad de nuevas demoras. En teoría, el último trámite previo a la toma de decisión quedará concluido a comienzos de marzo.

Desde que, hace 23 meses, el juez Baltasar Garzón remitió al TSJCV lo investigado en relación a aforados de esa comunidad, el tribunal valenciano se ha negado con uñas y dientes a indagar más allá de los trajes regalados a Camps. Y ello pese a que distintos informes policiales, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE) sostienen que hubo financiación ilegal y contratos amañados. Esos informes cifran en 2,5 millones el dinero ocultado a Hacienda por el PP en 2007 gracias Orange Market, la franquicia valenciana de la red corrupta. En un lustro, obtuvo siete millones de euros en contratos de la Generalitat.

El PP se opuso a que Pedreira enviara el caso a Valencia y así logró ganar tiempo

Las fuentes del caso consultadas difieren sobre cuál será la decisión del TSJCV respecto a la financiación del PP. Nadie considera verosímil que el tribunal repita la táctica del cerrojazo alegando que no hay indicios de delito. Pero hay quien teme que intente zafarse enviando el caso al Supremo. Si eligiera esa opción, el TSJCV se arriesgaría a un segundo varapalo. El primero se produjo en mayo de 2010, cuando el Supremo le obligó a reabrir la causa de los trajes, al que, con el voto de su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps, el TSJCV había archivado en agosto de 2009. Antes de cerrar las diligencias, De la Rúa había recibido el primer informe policial sobre financiación ilegal. Y lo despreció.

Recursos como torpedos
Desde diciembre, tras la toma de posesión de su nueva presidenta, Pilar de la Oliva, el TSJCV ha mantenido incólume la premisa que guió a De la Rúa: que el regalo de trajes a Camps por parte de Orange Market no guarda relación con los contratos obtenidos por Orange Market ni con el dinero negro con el que el PP pagó presuntamente actos electorales a la empresa. Esa es la línea que impuso De la Rúa cuando prohibió investigar más allá de si, aceptando trajes, Camps incurrió en cohecho impropio, penado sólo con multa. Según el juez Pedreira, se cometieron infracciones penales mucho más graves, entre ellas soborno, delito electoral, delito fiscal y prevaricación.

Hasta ahora, el TSJCV se ha negado a investigar más allá del 'caso de los trajes'
El PP, que en Madrid lleva año y medio torpedeando desde la "acusación popular" las investigaciones de Pedreira, ha comenzado a aplicar en Valencia la misma táctica. De hecho, los conservadores recurrieron la inhibición del magistrado madrileño en favor del TSJCV para lo relativo a los aforados valencianos. No lograron tumbarla pero sí ganar tiempo: cuatro meses. Pedreira se inhibió en mayo pero el recurso del PP impidió que su resolución fuera firme hasta que, el 30 de septiembre, la Sala del TSJ de Madrid la confirmó sin opción a nuevas impugnaciones.

En diciembre, el PP solicitó al juez que dejara en suspenso el envío de documentación al tribunal valenciano hasta que todas las partes personadas pudieran analizarla y concluir qué papeles debían remitirse. Pedreira accedió. Y ha puesto la información en manos del casi centenar de personados para que hagan sus peticiones. Pero esa tarea no estará acabada hasta comienzos de marzo, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid. Según fuentes del TSJ valenciano, cumplido ese trámite la Sala que preside De la Oliva adoptará su decisión.
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Veintitrés meses mirando a otro lado

5 de marzo de 2009

El juez Garzón se inhibe en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y señala ya indicios de financiación ilegal.

21 de abril de 2009

El TSJCV acepta investigar, pero sólo el regalo de trajes.

3 de agosto de 2009

El TSJCV archiva el caso. Acababa de recibir un contundente informe policial sobre la financiación ilegal.

12 de mayo de 2010

El Supremo obliga al TSJCV a reabrir el ‘caso de los trajes'. A las dos semanas, Hacienda reafirma los indicios de financiación ilegal.

30 de septiembre de 2010

El Tribunal Superior de Madrid confirma la inhibición del juez Pedreira sobre los delitos vinculados al PP de Valencia.

27 de enero de 2011

El juez Flors da por concluida la instrucción del ‘caso de los trajes' y comienza los trámites para abrir el juicio oral a Camps por cohecho impropio. 

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ADMITIDA LA QUERELLA DEL PP CONTRA EL EX ALCALDE Y SU SUCESORA POR LA SEDE DEL PSOE

BURGUILLOS | Por el uso gratuito de un local propiedad de Correos

* La Audiencia obliga al juez de Instrucción a admitir al PP como parte en la causa

Europa Press | Sevilla

La Audiencia Provincial ha admitido finalmente la querella promovida por el PP contra el ex alcalde socialista de Burguillos José Juan López, su sucesora y actual regidora, Mariana Pérez González (PSOE), el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE, José María Fernández, y el primer teniente de alcalde, José Antonio Santos, a cuenta del uso gratuito de un local propiedad de Correos y Telégrafos de España como sede local del PSOE, según un auto fechado el 8 de febrero de 2011 al que ha tenido acceso ELMUNDO.es de Andalucía.

Con este fallo, el organismo judicial provincial ratifica su decisión del 30 de septiembre de 2010, fecha en que emitió un auto censurando la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de no admitir a trámite el recurso de apelación promovido por el PP contra la resolución previa de dicha instancia judicial que rechazaba esta querella.

En concreto, un auto emitido el 27 de abril de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 13 disponía no admitir a trámite este recurso de apelación defendiendo que esta misma instancia judicial ya había sido depositario de una querella formulada, también por el PP y por estos mismos hechos, contra todos los mencionados y contra el secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera.
 
Posibles delitos y nuevas diligencias
La condición de aforado de la que goza Viera como senador había motivado, en ese sentido, la inadmisión final de la querella, porque inicialmente el líder socialista fue llamado a declarar como imputado en una decisión finalmente suspendida precisamente a cuenta del estatus jurídico que rodea al secretario general de los socialistas sevillanos.

Tras haber ordenado la admisión y trámite del recurso de apelación promovido por el PP contra la desestimación de su querella mediante una providencia dictada el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 13, la Audiencia ha resuelto mediante este último auto fechado el 8 de febrero estimar tal recurso y admitir la querella en cuestión, dirigida contra el ex regidor José Juan López, la actual alcaldesa de Burguillos, el tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE y el primer teniente de alcalde. "Si el escrito de querella no se dirige ahora contra el aforado José Antonio Viera y sí contra personas no aforadas y los hechos pueden ser constitutivos de delito, el escrito de querella y el eventual recurso de apelación debe ser admitido y tramitado", zanja la Audiencia.

A tal efecto, la Audiencia ordena al Juzgado de Instrucción "que se practiquen diligencias en orden a la comprobación de los hechos que se relatan en la querella", pues el tribunal atisba posibles delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias en tales actuaciones. Los hechos en cuestión son el uso, por parte del PSOE pero "sin contraprestación económica alguna", de un inmueble enclavado en el número 19 de la calle Real de Burguillos propiedad al cien por ciento de Correos y Telégrafos de España.

Desde el 4 de julio de 2008, hasta octubre de 2009, durante más de 16 meses, este espacio de titularidad de la citada sociedad estatal funcionó como sede de la agrupación local socialista "sin abonar absolutamente nada por ello" el PSOE, recuerda el último auto de la Audiencia Provincial, toda vez que paralelamente la oficina de Correos y Telégrafos funcionaba en unas instalaciones propiedad del Ayuntamiento sin que tampoco conste pago alguno por tales usos.


elmundo.es