jueves, 10 de mayo de 2012

"CASO EMARSA"; LA EMSHI INSISTE EN QUE MORENILLA Y BERNÁCER SABÍAN QUE EL PRECIO DE LOS LODOS ESTABA HINCHADO

Responde así al recurso de Morenilla
Emarsa solo necesitaba 18 euros por tonelada de lodo y no 42 como se aprobó
Ambos eran altos cargos de la Epsar, una empresa pública de la Generalitat

Europa Press | Valencia

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) insiste en que el ex gerente de la Entidad Pública de la Generalitat de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla, y el que fue jefe de Explotación de la entidad Ignacio Bernácer, conocían "perfectamente" que la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) solo necesitaba 18 euros por tonelada de lodo, y no 42, como se aprobó.

La Emshi se expresa en estos términos en el escrito que ha presentado en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia para impugnar el recurso de Morenilla contra el auto en el que se acordaba su imputación. Esta instancia judicial investiga un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

La Emshi empieza su escrito negando "de manera global" todas las acusaciones que vierte Morenilla en su recurso, y reitera que no va a caer en la trampa de provocar una discusión acerca de quien debió controlar a Emarsa, si la Epsar o la Emshi, sino de "quién malversó los caudales públicos y con ayuda de quién".

Pese a ello, aclara que la Epsar debía controlar las cantidades que entregaba a Emarsa, y "debía controlar que servían para el fin al que iban destinadas, que se utilizaban para la finalidad entregada". Así, entiende que "no es creíble" el argumento de la Epsar de que sólo debía inspeccionar el funcionamiento de las instalaciones.

Además, recuerda que a través de las diferentes comisiones de seguimiento que se convocaban, el gerente y el jefe del departamento de Explotaciones de la Epsar obtenían la información para determinar cuáles eran las necesidades de Emarsa. En este punto, indica que lo más "relevante" de Morenilla es que acudía a estas comisiones y firmaba las actas pese a no existir el informe técnico de la Emshi justificando y proponiendo los gastos.

Junto a ello, la Emshi apunta que se orquestaron dos convenios para financiación de Emarsa, según los cuales, la Epsar entregaba las cantidades directamente a Emarsa en lugar de a la Emshi. De esta forma, nunca se solicitaba la intervención del departamento técnico de la Emshi.

Ante estos datos, se pregunta si "es necesario aportar más pruebas de algo que a todas luces es evidente, esto es, que se organizó todo de forma en que hubiese hilo directo entre Esteban Cuesta, Enrique Arnal y los señores Morenilla y Bernáncer, dejando al margen a la Emshi, con la excepción obvia de Enrique Crespo, que se cercioraba de que quedase al margen".

El precio de los lodos
La Emshi reitera en su escrito que Morenilla y Bernácer conocían "perfectamente" que a partir de un determinado momento, los fangos ya no se llevarían a Fervasa ni a ninguna otra instalación externa, y que, por tanto, Emarsa "solo iba a necesitar 18 euros por tonelada y no 42".

Al respecto, matiza que el hecho de que otras instalaciones externas pudieran haber cobrado más por tonelada de fango, "no legitima a quien tiene a su cargo fondos públicos a quedarse el sobrante cuando obtiene el servicio por un precio más económico, pues hablamos de dinero público y no se trata de una empresa privada".

Con todo, mantiene que si Morenilla y Bernácer eran los encargados de determinar e informar a sus superiores qué importes había que entregar a Emarsa para tratar los fangos, y conocían que se iban a realizar por aplicación agrícola en vez de llevar los fangos a instalaciones externas, "no tenían por qué proponer que se entregara a Emarsa la cantidad de 42 euros por tonelada, salvo que lo hicieran con un fin concreto, el de propiciar el fraude, el de entregar esas cantidades al objeto de orquestar la malversación".

MUNAR DESVIÓ 300.000 EUROS DEL CONSELL A SU PRODUCTORA CON UN CONTRATISTA PANTALLA

CORRUPCIÓN | Políticos bajo sospecha

María J. García | E. Colom | Palma

Del Consell de Mallorca a la empresa afín a Unió Mallorquina Minser. Y automáticamente de Minser a Video U, la productora audiovisual que la presidenta del Consell Maria Antònia Munar y su entonces número dos Miquel Nadal controlaban, según admitió este último, mediante testaferros escogidos entre su entorno familiar. Con esa triangulación fueron a parar a Video U entre los años 2005 y 2007 un total aproximado de 300.000 euros públicos procedentes de la institución de la que Munar era presidenta.

Una suma que fue facturada por Minser al Consell a razón de 16.666,74 euros mensuales con la finalidad de montar un sistema de pantallas informativas sobre la Isla para los turistas que transitasen por el aeropuerto de Son Sant Joan. Y que de forma sistemática y por esa cuantía exacta era luego facturada e ingresada de forma mensual de Minser a Video U cumpliendo un pacto privado entre ambas partes.

A falta de una semana para que la Audiencia siente en el banquillo a Munar y Nadal (para la ex presidenta la Fiscalía pide hasta 6 años de prisión) por su implicación en la productora regada desde el Consell –Nadal confesó que compraron la mitad de Video U en noviembre de 2004 con 300.000 euros que le entregó Munar en efectivo– y después de que Anticorrupción haya iniciado una nueva redada para esclarecer los pagos del Consell a Minser, EL MUNDO/El Día de Baleares aporta nuevos elementos.

Según acredita la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Video U acabó siendo la receptora de los fondos públicos que el Consell de Mallorca habilitó para el servicio audiovisual turístico en el aeropuerto.

En marzo de 2005, siendo ya socios de Video U tanto Munar como Nadal según el testimonio de este segundo y los gestores de la productora, el Consell aprobó los pliegos de condiciones con el fin de sacar adelante un concurso para suministrar un Servicio Audiovisual del Consell de Mallorca en el Aeropuerto de Palma. ¿El objetivo? «Dar información gráfica y visual de lugares de especial interés para los visitantes de la Isla en formato atractivo y de alta calidad, completando la información de la oficina de turismo con información en tiempo real de todo tipo de actividades culturales». Para ello, se exigía la instalación de «ocho pantallas de plasma de gran formato» así como su mantenimiento y cableado. En las cláusulas administrativas se justificaba la externalización del servicio: «La dirección insular de información turística del departamento de Presidencia no dispone de medios materiales y personal para hacer frente a este proyecto».

Así, el 25 de abril de 2005, el Consejo Ejecutivo del Consell resolvió adjudicar dicho concurso a Mallorca Informática de Servicios Administrativos, Minser. En total, 200.000 euros que debían ser distribuidos entre 2005 y 2006 a razón de 133.000 y 66.000 euros respectivamente.

El 18 de mayo de ese mismo año aparece otro actor: Video U. Minser rubricó ese día un acuerdo privado con la productora en el que le encarga prácticamente el 100% del trabajo a cambio de lo que el Consell le pague.

Según consta en las tres páginas de ese documento, Minser «contrata los servicios de Video U tanto para la preparación y presentación de las propuestas como para la ejecución del servicio de información».

Al día siguiente, la propia Munar firma, como presidenta del Consell de Mallorca, el contrato de adjudicación de la institución insular con Minser. Dando así luz verde –según las propias estipulaciones del contrato– al pacto que la productora había firmado con ésta la víspera. Si el contrato entre el Consell y Minser es de 200.000 euros, esa iba a ser la cantidad que reciba Video U en virtud del pacto. «Vídeo U percibirá por la ejecución del servicio una cantidad equivalente a la de la oferta económica aceptada por el Consell», fija el contrato privado. Las facturas entre ambas empresas por este servicio y los peritajes policiales aportados ya al caso Maquillaje demuestran que Minser pagó a Video U exactamente la misma cantidad que iba facturando al Consell: 16.666,74 euros mensuales. Lo hizo de mayo de 2005 a mayo de 2006. Ese mes, el Consell y Minser prorrogaron el contrato un año más, aunque por la mitad: 100.000 euros. El mecanismo en la facturación continuó siendo idéntico salvo por la reducción de la cuantía: las facturas pasaron de 16.000 a 8.000 euros mensuales.

"CASO IBATUR"; FERRÉ NIEGA AHORA QUE FLAQUER LE PROMETIESE UNA PRIMA DE 40.000 EUROS

Declaración ante el juez


Europa Press | Palma

Felipe Ferré, exconcejal del PP en Lloseta y sobrino político del expresidente del Govern Jaume Matas, ha negado durante su comparecencia ante el juez instructor del caso Ibatur que cuando el exconseller de Turismo Joan Flaquer le prometió un pago de 40.000 euros no era en concepto de prima o gratificación por la organización de un viaje promocional a China, sino por los gastos extra que había tenido su empresa Gourmet. "Eran gastos reales", ha incidido el imputado.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Pedro Barceló, Ferré, quien ya compareció en el marco de esta causa, ha explicado que fue durante una reunión en el 'hall' de un hotel de Pekín donde Flaquer y el entonces gerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern, el exconseller le dijo que "como estaba contento con la organización del viaje y yo le había comentado que había tenido gastos extra, le dijo a Alabern que me tenía que pagar 40.000 euros".

En este contexto, el encausado ha precisado que cuando en una anterior declaración habló de "prima extra o sobresueldo" que Flaquer decidió que se le entregara, "no se trata" de ninguna de las dos cosas sino que "fue para compensar los gastos extra de Gourmet", tal y como ha incidido al respecto. Una mercantil que, según ha recordado, estaba participada por el exconseller de Comercio Josep Juan Cardona, el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas.

En esta misma línea, Ferré, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores a fin de esclarecer la presunta trama urdida durante la segunda legislatura de Matas (2003-2007) a través del Ibatur y por la que se habrían desviado millones de euros públicos, ha recordado que el pago se decidió realizar a través de facturas infladas de diversos expedientes por trabajos reales, lo que fue acordado en la misma reunión en el hotel. "Flaquer le dijo a Alabern que lo arreglase conmigo", ha agregado.

El declarante también ha sido preguntado por la realización del proyecto Honey Moon -desarrollado para la promoción de Baleares con un coste final de 800.000 euros por parte del Ibatur, pese a estar presupuestado en 300.000-, respecto al cual ha recordado que le fue presentado a Matas y "cuatro o cinco días" después Flaquer le comunicó que la iniciativa había recibido el visto bueno y que se canalizaría a través del Ibatur.

En concreto, la declaración de Ferré ha tenido lugar después de que el pasado mes Flaquer declarase de forma voluntaria y negase en su deposición haber incurrido en irregularidad alguna, rebatiendo por tanto las acusaciones que anteriormente Ferré había dirigido contra él.

En su deposición, Flaquer, defendido por el abogado Carlos Florit, aseguró que cuando era alto cargo del Govern no tuvo conocimiento de que se estuvieran produciendo prácticas ilegales como el hinchamiento de facturas o el cobro de comisiones a través del Ibatur, en contra de lo que manifestó en su día Ferré, quien le involucró en esta supuesta trama al asegurar que el exconseller estaba al corriente de estos hechos.

Respecto a la presunta prima de 40.000 euros como gratificación por la organización del viaje promocional a China a través de la empresa de Ferré Comarca Global Consulting -una de las mercantiles investigadas en el marco de esta causa y presuntamente favorecidas con contratos irregulares-, el extitular de Turismo negó de forma tajante estos hechos.

Ferré, quien por otro lado se encuentra acusado en el marco del caso Scala, denunció en su anterior comparecencia que tanto Flaquer como el exgerente del Ibatur, Raimundo Alabern, eran conscientes de que las facturas de los contratos que otorgaban desde la Administración pública "estaban hinchadas".

El también administrador de las empresas Comarca Global, Gourmet and Boutique Island e IAS Hong Kong confesó que, entre las presuntas prácticas ilegales que se llevaron a cabo desde el Ibatur, desde sus empresas -que se hallan entre los principales proveedores del Ejecutivo autonómico durante la anterior legislatura-, se efectuaban trabajos "para exagerar lo que se cobraba" y "siempre se hacía un pequeño expediente".