miércoles, 28 de marzo de 2012

NUEVAS IMPUTACIONES POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"


A las imputaciones de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude que pesan sobre dirigentes socialistas se suma la de asociación ilícita.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha ampliado la imputación de los principales dirigentes del PSOE local por el caso del voto por correo y ha añadido el delito de asociación ilícita a los ya conocidos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Un nuevo auto del juez Miguel Ángel García Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe, correspondiente a una nueva pieza del caso del voto por correo que investiga supuestas irregularidades en los comicios generales del 2008, amplía la imputación de delitos, así como el número de personas implicadas en el procedimiento, que supera la treintena.

Entre ellos se encuentran dos exdelegados del Gobierno socialista en Melilla, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE en la ciudad, además de su predecesor en el cargo, Dionisio Muñoz, y el presidente del principal partido de la oposición, Mustafa Aberchan.

También figuran dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, el exdirector de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y el exsubdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya, así como el responsable de Empleo en la ciudad, Joaquín Arana, la de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla, el exsecretario de Organización del PSOE y actual secretario general de UGT, Alonso Díaz, y el entonces responsable de Correos.

La imputación del delito de asociación ilícita, se basa, según el nuevo auto, en que tanto Muñoz como Aberchan, como responsables de los partidos de la coalición PSOE-CPM, partieron de una idea preconcebida para llevar a cabo un entramado orientado al llamamiento masivo al voto por correo, a través de un "método ilícito".

De esta manera, se inicia, según el juez, una campaña electoral ilícita para hacer llegar a la población la información de que, si votaban por correo en los comicios generales de marzo de 2008, serían beneficiarios de un puesto de trabajo en los planes de empleo, dependientes de la Delegación de Gobierno de Melilla.

Dicha información es extendida por toda Melilla a través de los "cabezas de barrio" y del boca a boca de los ciudadanos, obteniendo como información que, para acceder a los puestos de trabajos de los planes de empleo, debían desplazarse a las sedes de Juventudes Socialistas o CPM, ubicadas en un mismo edificio.

Una vez comenzaron a llegar ciudadanos a las sedes de los partidos con la intención de obtener un puesto de trabajo en los planes de empleo públicos, éstos eran informados del modo en el que debían realizar el trámite.

Los ciudadanos se desplazaban hasta Correos, donde debían hacer entrega de la solicitud del voto por correspondencia, previamente rellenada en la sede de alguno de los partidos, para, posteriormente, volver a dichas sedes con el resguardo de haber realizado dicha solicitud, momento en el que eran inscritos en un listado preliminar de personas que habían comenzado a realizar el trámite a través de dichos partidos, según el auto.

La participación del director provincial de Correos, Juan José Redondo, consistía supuestamente en desviar de su trámite legal los sobres del INE-OCE, una vez que estos llegaban a la oficina de correos para reparto, siendo entregados al cepemista Abdelrrahem Sellam, exdiputado autonómico.

Tras la campaña electoral "ilícita", los organizadores de la trama supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado.

Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, cuya subvención, según el juez, fue autorizada por dos altos cargos del Ministerio, basándose en una norma "derogada".

Además, se cambiaron los códigos ocupacionales de los candidatos, siendo seleccionados de esta forma las personas interesadas.

EL JUZGADO IMPUTA A ESCOBAR Y CHACÓN EN EL "CASO DEL VOTO POR CORREO"

Pablo Suárez

A ambos se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude. Según el nuevo auto del juez García Gutiérrez, hubo irregularidades en la contratación de un millar de personas en los planes de empleo del año 2008. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla imputó en la jornada de ayer a dos ex delegados del Gobierno de la ciudad autónoma, ambos del Partido Socialista (PSOE), José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, quien además es el actual secretario general dicha formación a nivel local, por su supuesta relación con la trama de compra de votos efectuada durante las elecciones generales del año 2008.

Según el nuevo auto dictado por el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, a Fernández Chacón se le imputa por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Estos mismos delitos se les imputan también al actual líder del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, a los que se le añaden los de obstrucción a la justicia y falsedad documental, los mismos que al entonces director del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y a la directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.

Hay que recordar que el proceso surgió a partir del envío a los ciudadanos de unas “cartas falsas” con motivo de los comicios generales de marzo del 2008, a los que el PSOE concurrió en alianza con Coalición por Melilla (CpM), en las que se hacían supuestas promesas de trabajo en los planes de empleo que se iban a poner en marcha.

El delegado del Gobierno en aquel entonces era Chacón, mientras que Escobar fue el candidato socialista al Congreso en dichos comicios generales, tras los cuales fue nombrado delegado del Ejecutivo central en Melilla, en sustitución de Chacón, que ocupó el mismo cargo, pero en Ceuta.

El juez considera que existen indicios de un entramado conformado por diversas personas que pretendían la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición ente cepemistas y socialistas, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.

En este mismo procedimiento, ya habían sido imputadas 31 personas, la mayor de ellas miembros de PSOE y CpM, entre ellos el ex secretario general socialista y actual diputado en la Asamblea local Dionisio Muñoz y el líder cepemista, Mustafa Aberchán.

A ambos se les cita nuevamente como imputados por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude, así como al ex director de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y al ex subdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya.

Según el juez, los organizadores de la trama delictiva supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía, iniciando para ello la última fase de la red delictiva.

El proceso, paso a paso
Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Muñoz como Aberchán “influir” sobre el delegado del Gobierno.

El auto detalla que en el Plan de Empleo del año 2008 fue Chacón el que redactó el proyecto de solicitud de subvención, solicitando el 50% de la contratación directa, que iba dirigida a la Subdirección General de Promoción de Empleo, cuyo máximo dirigente era en aquel entonces Gismera, también imputado por su implicación en el caso. Según el auto, éste último, en connivencia con los promotores de la trama habría acordado que se autorizaría la contratación de un 35% del total de trabajadores.

Para poder realizar dicha autorización, tuvo que aplicar una legislación derogada, pues de haber hecho lo propio con la que en ese momento se encontraba en vigor le hubiera sido imposible llevar a cabo dicha gestión. Asimismo, indicó como grupo de mayor preferencia unos supuestos colectivos en riesgo de exclusión social, maniobra que también se encuentra fuera de la legalidad, según el texto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

Los mismos trámites se llevaron a cabo en los planes de empleo extraordinarios de los años 2008 y 2009, con la salvedad de que en aquel entonces el delegado del Gobierno era Escobar y quien realizó la autorización ilícita de la contratación directa Alfaya Hurtado, ex subdirector general de Políticas Activas de Empleo.

Una vez que la contratación directa fue autorizada por los correspondientes subdirectores generales, había que crear más grupos de exclusión social, ya que los que se encontraban ilegalmente autorizados no eran suficientes para poder englobar en ellos a la gran parte de la ciudadanía melillense que había votado por correo, según reza el auto judicial.

Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones inter e institucionales en las que “Escobar llevaba la voz cantante”  y en los que se inventaron más grupos de exclusión social, los cuales no se encontraban recogidos en ninguna legislación.

Como órgano gestor de los planes de empleo, fue misión de Mansilla, ex directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo, la recopilación de las necesidades laborales de las diferentes empresas y organismos que se adhirieron a la subvención de los planes, para realizar la petición de trabajadores al SPEE, dirigido por Arana.

Con la única intención de que el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) seleccionara de forma automática a las personas que iban a ser contratadas de manera genérica, supuestamente se realizaron búsquedas en dicho programa para códigos ocupacionales distintos a los que iban a ser contratados, siendo seleccionados de esta forma, los trabajadores a los que desde el SPEE habían cambiado los códigos ocupacionales para que fueran elegidos de manera ‘automática’.

Para la contratación directa, supuestamente bastó con que desde el SPEE se propusiera como seleccionados a las personas que iban a cubrir los grupos de exclusión social correspondientes, sin perjuicio de las propuestas que se hicieran desde otros organismos.

Una vez preseleccionados los trabajadores que iban a ser contratados, era misión de Mansilla comprobar que dichas personas cumplían los requisitos exigidos para cada uno de los puestos de trabajo que iban a ocupar, evidenciándose “una clara ilegalidad en estos hechos”, al haberse comprobado cómo existieron multitud de contrataciones de personas que incumplían claramente los requisitos exigidos.

Un millar de irregularidades
El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se pueden verificar, al no contar con la documentación necesaria. Asimismo, de 1.000 que requieren documentación académica, sólo la acreditan 589.

El juez ha citado a los nuevos imputados para que declaren a partir del 19 abril en el Juzgado de la ciudad autónoma.

CHACÓN, IMPUTADO POR "COMPRAR VOTOS" EN MELILLA DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008


Chacón, junto a Vivas y Carracao.
Escrito por CAD  


- El Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de la ciudad hermana le atribuye la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

- El PSOE de Ceuta dice tener una confianza "total y absoluta" en la Justicia y en que el resultado final del proceso será "favorable" al presidente de la Fundación Zeituna


El último delegado del Gobierno de Zapatero en Ceuta, José Fernández Chacón, que entre 2004 y 2008 ocupó este mismo cargo en Melilla, ha sido imputado junto a quien le relevó en tal responsabilidad en la ciudad hermana, Gregorio Escobar, por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación durante las elecciones generales de 2008 mediante la "compra de votos" a través de puestos de trabajo en los Planes de Empleo del Estado.

Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla, al que ha tenido acceso Europa Press, también han sido imputados tanto el anterior secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz como el actual, el propio Gregorio Escobar, además de Felipe Gismera Bruna, exsubdirector general de Promoción de Empleo y Javier Alfaya Hurtado, exsubdirector general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, entre otros.

Fernández Chacón, Gregorio Escobar, Dionisio Muñoz, Felipe Gismera Bruna y Javier Alfaya Hurtado también han sido acusados de un delito de malversación de caudales públicos por un supuesto "desvío de las cantidades económicas que debiera haberse dado a las subvenciones públicas, hacia personas que habían votado en las elecciones generales de 2008 a la coalición PSOE-CPM, así como a simpatizantes, militantes, etc., ascendiendo el montante total de la subvenciones concedidas para los tres planes de empleo a 26.572.988'04 euros".

Subvenciones para "minimizar el paro" y "dar trabajo a quienes votaban CPM-PSOE"
El documento judicial indica que "la coalición Política CPM-PSOE Melilla ha usado las subvenciones concedidas para minimizar el impacto del paro sobre la Ciudad Autónoma de Melilla para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008 o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos, como militantes o simpatizantes, evidenciándose así una desviación del destino que debería darse al dinero público que debiera haber recaído finalmente con preferencia absoluta a los ciudadanos melillenses parados de larga duración".

"Por lo que se pueden", añade el auto, "considerar autores del delito todos los que desde un cargo público con poder de toma de decisiones, han participado en la trama delictiva, al ser todos ellos necesarios para que dicho delito haya quedado consumado".

El gaditano preside ahora la Fundación Zeituna
Asimismo, las que fueran autoridades socialistas citadas también están imputadas por la presunta comisión de sendos delitos de tráfico de influencias "al influir desde distintos cargos públicos o políticos sobre diversos funcionarios públicos encargados de la realización de tareas relacionadas con la selección del personal a contratar en los puestos de trabajo de los planes de empleo".

Por último, el actual secretario general socialista, Gregorio Escobar, también ha sido acusado de un delito de obstrucción a la justicia y falsedad documental, al dificultar presuntamente la investigación penal "mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas en los requerimientos judiciales con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y Autoridad Judicial".

El PSOE de Ceuta no duda de que Chacón saldrá absuelto
El secretario de Economía del PSOE de Ceuta, José María Mas, que pasó los últimos tres años y medio junto a Chacón como su asesor en la Delegación, ha asegurado este martes por la tarde en declaraciones a los medios que el partido que lidera Carracao tiene una confianza "total y absoluta" en la Justicia y ha anunciado que los socialistas están "seguros" de que el resultado final del proceso será "favorable" para el actual responsable de la Fundación Zeituna, donde encontró acomodo de la mano de la Cámara de Comercio de Ceuta en cuanto salió de la Delegación.

"La Justicia es la mejor garantía de ello", ha señalado Mas.

EL TRIBUNAL SUPREMO ABSUELVE DE PREVARICACIÓN A TRINIDAD ROLLÁN


La exsecretaria de Organización del PSM había sido condenada por prevaricación

José Marcos Madrid


El Tribunal Supremo ha absuelto a Trinidad Rollán, exsecretaria de Organización de los socialistas madrileños, condenada en enero de 2011 a ocho años de inhabilitación como cargo público por un delito de prevaricación, un caso que se remonta a 10 años antes, cuando era alcaldesa de  Torrejón de Ardoz. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, no tuvo más remedio que reemplazarla por Maru Menéndez tras ser reelegido en el Congreso regional del partido a principios de mes, ya que de mantenerla en el cargo no respetaría los Estatutos que el PSOE aprobó en el Congreso Federal de Sevilla en que Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido nuevo secretario general.

El convenio urbanístico que aprobaron Rollán y otras 13 personas, todas concejales de Torrejón, consistía en que el Ayuntamiento cedía unos terrenos a la empresa Patrimonio Siglo XXI, que se comprometía a sufragar la urbanización del terreno.

“No conocía el informe del secretario. No recuerdo que el secretario avisara de que iba a introducir un documento o de la ilegalidad del convenio”, explicó Rollán en el juicio, donde afirmó que no llegó a dudar de su legalidad. Al contrario, estaba convencida de que con su decisión, avalada por otro informe de la letrada consistorial, ayudaba a 107 familias que estaban en peligro de perder su vivienda. El resto de ediles acusados, entre ellos el ex concejal de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, también negaron conocer la existencia del informe.

El abogado de Rollán, Antonio González Ubeda, alegó en su presentación del recurso la vulneración de diversos derechos fundamentales de su cliente. Ubeda destacó en su impugnación ante el alto tribunal que se había vulnerado la presunción de inocencia de Rollán al “no existir actividad probatoria válida y mínima de cargo, en que fundamentar el fallo condenatorio”. El letrado se refería también a un quebrantamiento de forma, al haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma.

Gómez eligió a Rollán como número dos tras su segunda reelección como secretario general en el congreso de 2008. Licenciada en Derecho y diplomada en Políticas, entre 1999 y 2007 fue la alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Con 27 años la premió con la secretaría de Transportes en 2007 en su primera Ejecutiva. En el congreso del año siguiente la nombró su número dos. Hasta que hace unas semanas tuvo que prescindir de ella. “Me vais a permitir que exprese mi eterna gratitud a alguien víctima de un sistema judicial que hay que cambiar desde abajo. Muchas gracias Trini”, ensalzó a Rollán tras vencer a Pilar Sánchez Acera en el último congreso regional.

Hora de "pedir perdón"
Tomás Gómez, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha considerado que "es hora" de que la "derecha política y mediática" pida perdón a Rollán. El líder del PSM ha lamentado el "daño" que se le ha hecho durante este tiempo a Rollán.

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