lunes, 28 de febrero de 2011

EL EX CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL "CASO BRUGAL" ACUSA AL LÍDER DE LA TRAMA DE EXTORSIÓN

Jesús Ferrández declara ante el juez que el industrial Fenoll manipuló la grabación del supuesto soborno de la basura de Orihuela

SANTIAGO NAVARRO - Orihuela

Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela y primer imputado en el sumario del caso Brugal, ha declarado este mañana ante el juez instructor que el empresario Ángel Fenoll, al que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura, manipuló la grabación que dio pie a la investigación, y le extorsionó con ella. "He reiterado al juez que todo fue una encerrona y que Fenoll manipuló la cinta para extorsionarme", ha afirmado Fernández a la salida del juzgado.

La investigación comenzó en marzo de 2007 a raíz de una conversación entre Ferrández y Fenoll que grabó este último. En esa cinta el entonces concejal aseguraba que una de las empresas aspirantes a adjudicarse el servicio de basuras de Orihuela, Urbaser, estaba dispuesta supuestamente a ofrecer 100 millones de las antiguas pesetas por quedarse con la concesión. Fenoll, que también aspiraba al contrato, difundió en los medios de comunicación esta grabación y la llevó a la Fiscalía Anticorrupción, que ha tirado de ese hilo hasta lanzar una segunda fase del caso Brugal en la que se ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, también por contratos ligados a la basura y al urbanismo de Alicante.

Según ha reiterado esta mañana Ferrández, el objetivo de Fenoll era extorsionarle. "En aquellos momentos estaba claro que yo sobraba en la política y fue a por mí", ha afirmado. El exconcejal asegura que Fenoll manipuló el contenido de la grabación para presionarle en relación con la adjudicación.

El Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP,declaró el concurso desierto tras divulgarse la grabación. En octubre de 2008, tras plantear de nuevo el concurso, el servicio se adjudicó a una UTE liderada por Sufi. La investigación del caso Brugal sostiene que las otras dos firmas de la UTE son empresas tapadera de Fenoll.
  
Más información:
* El juez retoma la investigación de la trama Brugal
* El oscuro negocio de las basuras

CUATRO CAJAS SECRETAS PRUEBAN LA COMPRA DE POLÍTICOS DEL PP POR LA TRAMA GÜRTEL

La policía detalla al juez en un informe el dinero hallado en distintos bancos - La firma beneficiada por el Gobierno valenciano dio dos millones en 'caja b'

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Consulta las 35 conversaciones claves de la trama

Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.

En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama). Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia.

El viaje de Benedicto XVI en 2006 permitió al jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, llevarse en comisiones la mitad de los 6,3 millones de euros que costó el evento a las arcas públicas. El dinero de la escenografía salió de la televisión valenciana, cuyo ex director general se saltó todas las normas, según la policía, para adjudicar las labores de acústica e imagen del acto a una empresa que la trama puso de pantalla, la constructora Teconsa. Con parte del botín, la red compró coches y casas.

También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo. La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo. Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante. Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red.

El 'pen drive' delator
Lo hallado en las cajas de seguridad conecta con el contenido de la memoria USB (pen drive) del contable. En su declaración a la policía, Izquierdo dijo ignorar el origen del dinero opaco de las cajas de seguridad, si bien subrayó que en alguna ocasión el número dos de la red, Pablo Crespo, le comentó que procedía de Orange Market y de personas y empresas cuya identidad le ocultaban.

El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos. En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.

La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales". La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".

El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados".

Dinero negro

- La investigación del caso Gürtel acredita el cobro de dinero negro (no declarado a Hacienda) por las empresas de Francisco Correa.

- En Valencia, los ingresos opacos, según la contabilidad de la red en esa comunidad, Orange Market, procedían:

- De actos electorales del PP, que la trama corrupta cobraba en dinero b.

- De comisiones por su intermediación para que la constructora Teconsa lograra un contrato de la televisión pública valenciana por casi siete millones de euros por la visita del Papa a Valencia.

UN IMPUTADO EN BRUGAL ASEGURA ANTE EL JUEZ QUE LAS GRABACIONES FUERON "MANIPULADAS"

El exedil del Centro Liberal Renovador

Efe | Orihuela (Alicante)

El exconcejal del Centro Liberal Renovador (CLR) de Orihuela Jesús Ferrández, que este lunes ha sido interrogado por un juez de la ciudad por supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad, ha afirmado que la grabación que le relaciona con la causa está "manipulada".

El titular del juzgado número tres de Orihuela, Carlos San Martín, ha tomado declaración a Ferrández en relación a una de las piezas del 'caso Brugal' centrada en supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad de Orihuela.

El Ministerio Fiscal investiga el contenido de las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el empresario Ángel Fenoll -imputado por el 'caso Brugal'- y Ferrández sobre la adjudicación de la contrata de basuras en la localidad de la Vega Baja.

A su salida del juzgado, Ferrández, que ha comparecido por espacio de unos treinta minutos aproximadamente, ha señalado a los periodistas que la causa por la que este lunes se le ha citado a declarar ante el juez "es una manipulación" que se le hizo, a él mismo, "en su momento", y ha añadido que "así" lo ha manifestado ante el magistrado.

"Vamos a demostrar a lo largo del procedimiento que ha habido manipulación porque hay un informe que así lo acredita", ha subrayado el exconcejal de CLR.

Ferrández ha incidido en que existe "una extorsión directa" hacia su persona porque en el momento en que salieron a la luz las grabaciones que, presuntamente, le relacionaban con Fenoll y la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, había que "quitarle -a Ferrández- de en medio".

Según ha recordado el antiguo edil, el 24 de abril de 2007 él mismo declaró que las cintas que le implicaban en la mencionada pieza desgajada del 'caso Brugal' "estaban manipuladas", un testimonio que este lunes ha ratificado ante el juez San Martín, a pesar de que ha confesado su intención inicial de "no declarar".

"El primero que fui a la Fiscalía a presentar una denuncia por manipulación fui yo, lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas", ha insistido.

Así, ha criticado que "los medios de comunicación" le "han puesto como el artificiero de todo lo que ha sucedido".

Ferrández ha sentenciado que va a "demostrar que esa manipulación ha existido".


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RECUPERAN MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

Los fondos fueron desviados a Andorra

* La operación 'Ruinas' se saldó con la detención de 18 personas en 2008
* La trama consistió en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
* El valor de las estafas podría haber alcanzado los 90.000.000 euros

Europa Press | Alicante

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han recuperado 2.410.747 euros desviados a Andorra por la trama urbanística de Llíber (Alicante) consistente en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, operación que se ha saldado con la detención de 18 personas de diferentes edades y nacionalidad, según ha informado en un comunicado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
 
Colaboración internacional
El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.


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ANTIFRAUDE INVESTIGA A LA DIPUTACIÓN DE GIRONA EN EL MARCO DE LA TRAMA DE GISA

Investigación bajo secreto de sumario

Marta Rodríguez Font | Girona

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga varias adjudicaciones de obra de la Diputación de Girona dentro de la trama de concesión irregular en que está involucrado un alto cargo de la empresa constructora de la Generalitat, GISA.

La Diputación y el Ayuntamiento de Girona han confirmado que meses atrás la oficina Antifraude les solicitó información relacionada con varias adjudicaciones de obra pública en la provincia. Desde las dos instituciones han mantenido que sin saber para qué era en ese momento, les remitieron toda la información solicitada.

Con el objetivo de averiguar si desde la Diputación o del Ayuntamiento de Girona se podía haber favorecido a determinadas empresas de la demarcación con la adjudicación de obras públicas en carreteras, la oficina Antifraude les solicitó la información referente a qué empresas habían sido adjudicadas determinadas obras públicas en un periodo de unos 2 años.

Ante las informaciones aparecidas los últimos días que apuntan al fraude y soborno en la adjudicación de obras públicas a determinado grupo de empresas de la provincia de Girona, la Junta de Portavoces de la Diputación, se ha reunido este mediodía con carácter extraordinario, y ha emitido un comunicado en el que han explicado que a finales del pasado diciembre, este ente supra-municipal recibió un requerimiento informativo de la Oficina Antifraude en relación con diversas adjudicaciones de obra.

La Diputación remitió de inmediato toda la información requerida y que este organismo, "está dispuesto a colaborar de manera estrecha y rigurosa con las entidades policiales y judiciales" que investigan la trama de un grupo de empresas que supuestamente pactaban los precios para presentarse a los concursos de obra pública que adjudicaba la empresa pública GISA. A pesar de ello, desde la Diputación también ha solicitado que se respete el principio de presunción de inocencia.

Por su parte desde el Ayuntamiento gerundense también se ha confirmado que hace meses la oficina Antifraude se puso en contacto con ellos y les solicitó los expedientes de contratación de 14 obras hechas entre los años 2009 y 2010 llevadas a cabo por algunas de las empresas que están siendo investigadas.

La alcaldesa de Girona Anna Pagans, ha manifestado que "es una labor de oficina de secretaria, que cuando la Institución, en este caso la oficina anti-fraude solicita información, se la damos, no sabíamos para qué era, es lógico, ellos no lo deben decir porqué es su trabajo, por lo que se considera un trámite más".

El pasado viernes el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona decretó la libertad provisional con cargos para los dos detenidos hasta el momento por la Guardia Civil, el gerente de Gisa, Jordi Vergé y un alto cargo de la empresa de Verges, Rubau Tarrés, Juan Mozo, que siguen imputados por un delito de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas.

La investigación policial considera que decenas de empresas del sector de las comarcas gerundenses habrían tejido un entramado para formar un monopolio que les permitía repartirse casi la totalidad de las adjudicaciones de obra pública de la provincia. La investigación policial sigue abierta y el juez mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.


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"OPERACIÓN PICNIC"; PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL LA EX PRESIDENTA DE EMAYA CRISTINA CERDÓ

Cristina Cerdó (izquierda), y Paula Cortés llegan a los juzgados. | Pep Vicens
También ex regidora de Medio Ambiente en Cort

* Fue detenida ayer noche en el marco de la operación que investiga la utilización de fondos públicos para captar votos para Unió Mallorquina

Europa Press | Palma

La ex regidora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palma y ex presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha pasado a las 9.00 horas de esta mañana a disposición judicial tras haber sido detenida la pasada noche en el marco de la operación Pinic que investiga la supuesta trama de corrupción consistente en la utilización de fondos públicos para captar votos para UM.

Asimismo, junto a Cerdó ha pasado a disposición judicial la ex responsable de Medio Ambiente y número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, después de que se haya agotado el plazo de 72 horas en el cual una persona puede permanecer detenida por la Policía tras su arresto el pasado viernes.

Ambas serán interrogadas por el juez titular del Juzgado de instrucción número 12 de Palma, Francisco José Pérez.

Por su parte, la Policía Nacional puso en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de Cortés.

Posteriormente, agentes de la Policía procedieron por la noche al arresto de quien fuera número 2 de UM en el Consistorio de Palma. Concretamente, tras ser interrogados por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán se imputa un delito de malversación de fondos públicos a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas el domingo, una el sábado y otra el jueves), así como a Cerdó y Cortés.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Además
    * Bloc: 'Pactar con UM es imposible'
    * El PP pide a Calvo que asuma su responsabilidad

elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; DETIENEN AL EX CONSELLER DE DEPORTES DE UNIÓ MALLORQUINA MATEU CAÑELLAS

Eduardo Colom | Esteban Urreitztieta | Palma

La Policía Nacional ha detenido al ex conseller de Deportes de Unió Mallorquina Mateu Cañellas por su presunta implicación en la Operación Picnic. Cañellas permanece en estos momentos en dependencias policiales.

La operación Picnic investiga la captación irregular de afiliados de UM con dinero público y la contrataciones 'fantasma' a empleados que no ejercían ninguna labor.

Cañellas ha llegado flanqueado por varios agentes de la Policía Nacional, visiblemente afectado, si bien no estaba esposado, según informa Europa Press. El ex conseller ha hecho aparición ante los numerosos medios de comunicación que esperan a que finalice la contratación de la ex responsable de Medio Ambiente y ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, quien está siendo interrogada después de lo que fuera la ex regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Cristina Cerdó, quien fue detenida la pasada noche.

La pasada noche también fue detenida la ex gerente de Emaya Cristina Cerdó, que comparece ante el juez junto a Paula Cortés, quien fuera la primera detenida tras los registros efectuados en la sede de UM.

Además
    * Calvo no cree que UM se haya regenerado

elmundo.es

IMPUTADA LA ALCALDESA SOCIALISTA DE GRAZALEMA POR EL COBRO DE COMISIONES

CÁDIZ | En las obras de desvío del río Guadalete

* La juez cree que pudo incurrir en cohecho y prevaricación, entre otros delitos
* La alcaldesa cobró presuntamente comisiones en las obras de desvío del río

Andros Lozano | Jerez

La alcaldesa de la localidad gaditana de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, está imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la población serrana. La juez le involucra en el supuesto cobro de comisiones que puso al descubierto la 'operación Pinsapar' en 2006.

Lara fue quien en un principio puso una denuncia contra diversos promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el antiguo cauce del Guadalete tras desviarlo, porque le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".

La posterior investigación llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Sin embargo, ambos lograron eludir la prisión al pagar una fianza de 50.000 euros.

Meses más tarde, el juzgado de Ubrique inició diligencias y a las seis personas que estaban imputadas se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces imputó un supuesto delito de prevaricación. Fue entonces cuando la alcaldesa declaró como testigo.

Durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva jueza a principios de 2010, el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa, a la que le imputa un total de cinco delitos: cohecho, prevaricación, falsedad, actuación contra la ordenación del territorio y denuncia falsa.


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LA CONCEJALA DE OBRAS DE PEDRO CASTRO DECLARA COMO IMPUTADA EL 11 DE MARZO

Por una supuesta adjudicación irregular

Europa Press | Madrid

La concejala de Obras de Getafe, Cristina González, ha sido citada a declarar el próximo 2 de marzo ante el Juzgado número 7 de la localidad en calidad de imputada para aclarar si adjudicó la construcción de un aparcamiento a la empresa de su marido, José Miguel Vieito.

Junto a ella, deberá prestar declaración su esposo y presidente de la cooperativa Jilguero, según establece una providencia fechada el 18 de febrero.

El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre figuraban como secretario y tesorera.

Junto con la concejala de Obras, los populares acusaron al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la presunta irregularidad en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos para beneficiar supuestamente a empresarios afines al PSOE.

Pese a que en abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, un mes después el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que el representante del Ministerio Público no profundizó en el asunto.

El 14 de septiembre de 2010 la Fiscalía del Área de Getafe emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que los hechos podrían ser "constitutivos de delito", por lo que pedía la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Poco menos de un año después, el juez ha citado a González y a su marido como imputados, si bien en su providencia no precisa de qué delito se les acusa.

La denuncia se interpuso después de que el Ayuntamiento de Getafe adjudicase la construcción de un aparcamiento ubicado en la calle Jilguero que iba a estar dotado de 461 plazas a la empresa 'Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña', cuyo presidente es el marido de González.

A pesar de que el plazo de explotación iba a ser de 40 años, poco después de modificó el pliego y el plazo de construcción y de explotación se amplió a 60 años. Los 'populares' recuerdan que tanto en el concurso de 2007 como en el cambio del contrato la concejala voto a favor.

Antes de que el magistrado citara a la concejala y a su marido, la representante legal del alcalde de Getafe, Pedro Castro, señala en un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del aparcamiento a la Cooperativa Jilguero "actuando con imparcialidad y publicidad".

Tras recordar que "en algún momento" han formado parte del Consejo Rector de la cooperativa el marido, el padre y la madre de González, destaca que "en la actualidad no ocupan cargo alguno" en la misma y subraya que la edil "no participa en la adopción de ningún acuerdo ni sus competencias tienen relación alguna con el asunto", ya que por aquel entonces se ocupaba de los asuntos de Juventud y Mujer.

Finalmente, defiende que el contrato celebrado con la sociedad cooperativa Jilguero 2005 "resulta en todo ajustado a Derecho" y que "la decisión política del Plan de Aparcamiento 2005-2008 se ha llevado con toda transparencia y publicidad". "Por lo tanto, no ha habido trato de favor alguno hacia esta cooperativa ni nada que se acerque a la irregularidad", resume.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX DELEGADO DE EMPLEO, IMPUTADO EN MERCASEVILLA, DIMITE DE SUS CARGOS EN EL PSOE

Antonio Rivas (a la derecha) llega al juzgado acompañado de su abogado. | ELMUNDO.es
Pide la suspensión temporal de militancia

* Rivas ha solicitado la suspensión temporal de militancia hasta el juicio
* La Fiscalía mantuvo su imputación por el cobro de comisiones ilegales
* Griñán considera ahora "perfecto" la dimisión del ex delegado de la Junta

Europa Press | Sevilla

El ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el 'caso Mercasevilla', ha presentado la pasada noche su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla) y ha solicitado también la suspensión temporal de militancia hasta que se celebre el juicio, según han confirmado fuentes socialistas.

Esta decisión se produce después de que el pasado miércoles la Fiscalía mantuviese su imputación por cohecho en relación con el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, por el que le reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses tanto a Rivas como a los otros tres acusados, el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Además este fin de semana ha trascendido que el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, según informó ELMUNDO.es.

El propio García Prieto explicó este domingo a Europa Press que si bien goza de una póliza de seguro de rentas, "no conozco, ni sé dónde está o a qué se dedica" 'Intersur S.L.', una empresa en la que el secretario de Política Municipal del PSOE camero dice no haber trabajado jamás. En la citada póliza, según García Prieto, figura él mismo "como tomador y receptor" y la Administración autonómica en el papel de pagadora, por lo que "no conozco a esta empresa" ni tampoco figuraría en la documentación que obra en poder de este miembro del Comité ejecutivo del PSOE de Camas.

A este respecto, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha considerado "perfecto" que el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado por un presunto delito de cohecho en el 'caso Mercasevilla', haya "asumido su responsabilidad" presentando su dimisión de todos sus cargos orgánicos en el partido "hasta que se aclaren las cosas".

Asimismo, en una entrevista con Canal Sur Radio, Griñán ha asegurado que le parece "censurable sin ningún tipo de dudas" el caso del secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, que figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, pero ha querido dejar claro que "hay miles de personas que se han beneficiado de ayudas por desempleo anticrisis de la empresa que las han percibido de forma legal".