domingo, 11 de julio de 2010

LOS PERSONAJES DEL "CASO BRUGAL"

Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

La operación arrancó en 2007 y el pasado martes supuso 11 detenciones

R. BIOT / S. NAVARRO - Alicante

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL. El zaplanista incombustible

El líder del PP alicantino y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha experimentado un giro copernicano en su trayectoria. El juez le imputó en la trama por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Es el momento más bajo de quien personifica la última atalaya del zaplanismo y la corriente crítica a Camps. Ripoll (edil, ex senador y ex vicepresidente del Consell) sigue en su puesto, en la línea del resto de altos cargos del PP valenciano en igual situación judicial.Los personajes del 'caso Brugal'

ENRIQUE ORTIZ . El promotor más famoso

Enrique Ortiz convirtió un negocio heredado de su padre en una red, amplia y diversificada, de empresas aglutinadas en el Grupo Cívica. Ortiz toca muchos palos. Propietario del Hércules CF, recién ascendido a Primera División, es uno de los principales contratistas de Alicante y el impulsor del Plan Rabassa, el proyecto urbanístico más polémico. Aparece en el auto del TSJ de Madrid dentro de la investigación del caso Gürtel, entre las firmas que supuestamente financiaron de forma ilegal al PP valenciano. Está imputado en el caso Brugal por fraude y cohecho.

ÁNGEL FENOLL . El rey de la basura

La Fiscalía Anticorrupción cree que es el eje de la corrupción en el sur de Alicante. Afín al PP, inició su andadura empresarial en los 80 de la mano del entonces alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, quien le adjudicó a dedo la contrata de basuras en la costa. En la primera fase del caso Brugal ya fue detenido y salió de prisión tras pagar 100.000 euros e imputado por extorsión, cohecho y tráfico de influencias. El juez, ahora, le impone una nueva fianza, 300.000 euros, y amplía la imputación a fraude, amenazas y contra el medio ambiente.

RAFAEL GREGORY. El vendedor de camiones

El empresario es propietario de Autisa, un concesionario de vehículos pesados, ubicado en un polígono industrial de Alicante. Amigo de Ripoll, Gregory presidió la Fundación del Hércules Club de Fútbol hasta finales del pasado mes de abril, cuando dimitió pocos días después de ser detenido, junto a su padre y a su hermano, por una presunta estafa. Suministra camiones a las firmas de Ángel Fenoll. Gregory está acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias. El juez instructor del caso le ha impuesto una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión.

ANTONIO ÁNGEL FENOLL. El delfín del imperio

Antonio Ángel Fenoll acompaña a su padre en los negocios y también está compartiendo su suerte en el caso Brugal. Como su progenitor, fue detenido por cohecho, extorsión y tráfico de influencias en la primera fase de la operación, en mayo de 2007, y enviado a prisión, de la que salió con una fianza de 100.000 euros. El martes fue arrestado de nuevo y el juez dictó libertad bajo fianza de 100.000 euros. San Martín le añade ahora la imputación de fraude por considerar que hay hechos delictivos nuevos a los de hace tres años.

MANUEL ABADÍA . El concejal de confianza

Manuel Abadía llegó al Ayuntamiento de Orihuela en la actual legislatura de la mano de la actual alcaldesa, Mónica Lorente. Es uno de sus hombres de confianza. Delegado de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio del Ayuntamiento, ocupa también la vicesecretaría de Organización del PP oriolano. Procede de una familia de empresarios. Tiene fama de discreto y de rehuir la polémica. El juez le ha dejado en libertad sin fianza imputado por cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

ANTONIO RODRÍGUEZ MURCIA. El amigo del 'rey'

Entró en el Ayuntamiento de Orihuela con José Manuel Medina en la alcaldía. Fue edil de Aseo Urbano, área que incluía la gestión de las basuras en el municipio. Ahora es delegado de Servicios e Infraestructuras de pedanías y desarrollo rural, parques y jardines y alumbrado público. Conocido como Chano, apodo familiar que también lleva el bar de su propiedad en la pedanía de Molins, es pública su amistad con Ángel Fenoll, subrayan fuentes del municipio. El juez lo ha imputado por cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

JOSÉ FRANCISCO LEÓN. Del círculo de Ortiz

El empresario José Francisco León Barahona ha salido a la opinión pública no por su actividad, de la que apenas nada ha trascendido, sino por formar parte de los 11 arrestados el martes en la segunda fase de la operación Brugal. Tras su detención sí que se conoció que es uno de los amigos más relevantes del contratista Enrique Ortiz. Este empresario, al contrario que lo ocurrido con los demás, no fue arrestado en su empresa, sino en su domicilio particular, en Alicante. El juez le imputa cohecho, fraude y tráfico de influencias.

JOSÉ CANDELSegundo de a bordo.

El ingeniero José Candel ejerce desde hace varios años como la mano derecha del promotor local Enrique Ortiz. Experto en temas de medio ambiente, Candel es el máximo responsable de la mercantil Inusa (del grupo Ortiz), adjudicataria de la limpieza de la ciudad de Alicante. Fue arrestado en las instalaciones de la citada empresa en el polígono de Las Atalayas, en el extrarradio de la capital. El juez instructor, tras tomarle declaración, le imputa los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias.

LUIS BRACHO. El alto ejecutivo

Luis Bracho es gerente de la mercantil Sufi, SA (empresa del Grupo Sacyr Vallermoso especializada en el sector de medio ambiente y la energía). Fue el único detenido tras un registro de la provincia de Alicante, concretamente en la sede de la mercantil en Valencia. Sufi es adjudicataria, en UTE con otras dos empresas, de la contrata de basuras de Orihuela. Los socialistas sostienen que esas dos firmas son una tapadera de Ángel Fenoll. El juez le imputa de delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias.

elpaís.com

"OPERACIÓN BRUGAL"; RIPOLL RECHAZÓ 100 ALEGACIONES CONTRA EL CAMBIO DE BASURERO BAJO SOSPECHA

Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

Seis ayuntamientos socialistas se opusieron a los terrenos de Fenoll
Rechazó los recursos de los ayuntamientos socialistas de la Vega Baja


ADOLF BELTRAN - Valencia -

La adjudicación del plan zonal de residuos número XVII, correspondiente a la comarca de la Vega Baja, fue aprobado por unanimidad en enero de 2008. No ocurrió lo mismo con el posterior cambio de ubicación de los terrenos sobre los que debían construirse el vertedero y la planta de tratamiento, en la pedanía de Torremendo, de Orihuela. Las maniobras con la adjudicación de ese plan han desencadenado la denominada operación Brugal, en la que la policía practicó esta semana diversas detenciones y registros y el juez acabó imputando al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP; al concesionario del plan, Enrique Ortiz; al propietario del terreno donde se trasladó la ubicación inicial, Ángel Fenoll; a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela y a otras cinco personas.

Ripoll preside el consorcio de ese plan zonal, así como los otros cinco consorcios del Plan Integral de Residuos en la provincia de Alicante. El juez le atribuye cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El pasado jueves por la noche, a la puerta de la Diputación de Alicante, en cuyo interior les negó Ripoll la posibilidad de ofrecer una rueda de prensa, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló, explicaron que sus representantes recurrieron en su momento el cambio de ubicación del vertedero.

En efecto, cuando Ortiz solicitó en abril de 2008 cambiar la ubicación del vertedero a unos terrenos próximos a los inicialmente previstos, en la misma pedanía de Torremendo, que dio la casualidad que eran los que Fenoll había propuesto a su vez en otra opción al concurso que había sido desestimada, se presentaron un centenar de alegaciones. El consorcio las rechazó todas con la oposición de seis ayuntamientos socialistas de la comarca.El centenar de alegaciones presentadas durante el verano de 2008 trataban de evitar que el empresario Ángel Fenoll entrara en la gestión de la basura comarcal por la puerta de atrás. Para ello, rechazaban que se cambiara la ubicación del vertedero comarcal que ha de construir la unión temporal de empresas Cespa-Ortiz, adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja, de la partida de Lo Cartagena a la de La Pistola, en la misma pedanía de Torremendo. La mitad de las 120 hectáreas de superficie de los terrenos de La Pistola son propiedad de Ángel Fenoll y la otra mitad de Enrique Ortiz.

También el Ayuntamiento de Murcia presentó 12 alegaciones contra el traslado porque afectaba a la pedanía murciana de la Zeneta (incluso la Asamblea Regional de Murcia aprobó una moción en ese sentido). Todas fueron desestimadas en el pleno del consorcio del plan zonal número XVII celebrado el 22 de diciembre de 2008 con 31 votos en contra de los 196 que tiene el plenario. Aquella reunión, a la que asistió como invitada la alcaldesa de Orihuela, Mònica Lorente, registró la oposición de los ayuntamientos de Benijófar, Bigastro, Guardamar del Segura, Redován, San Isidro y Pilar de la Horadada, gobernados por los socialistas. No asistió la representación del municipio de Benferri.

Tras la aprobación del cambio de ubicación de los terrenos donde se ha de construir el vertedero comarcal, en marzo de 2009, los ayuntamientos socialistas de la Vega Baja del Segura presentaron recursos de reposición, que fueron de nuevo desestimados el 21 de diciembre de 2009 por la mayoría de que dispone el PP en el Consorcio del Plan Zonal.

Enrique Ortiz, que ya gestiona, a través de la empresa Inusa, los residuos de la zona XVI, correspondientes a la ciudad de Alicante, ganó el contrato de la zona XVII, que corresponde a 27 municipios de la Vega Baja, en un concurso al que se habían presentado siete ofertas, entre ellas la de Ángel Fenoll, que concurrió con su empresa Proambiente, en alianza con la mercantil Sufi.

Proambiente es la propietaria de tres fincas en la partida La Pistola, de Torremendo, cuyos terrenos ofrecía en la propuesta y que acabarían siendo aquellos donde se trasladó la ubicación originalmente propuesta por la empresa de Enrique Ortiz que sí que obtuvo la adjudicación.

A su vez, Sufi, en unión temporal de empresas con Liasur y Gobancast, consiguió en octubre de 2008 la contrata de la recogida de basura en Orihuela, una contrata que estuvo paralizada desde que el propio Fenoll protagonizara un escándalo al hacer pública una grabación en la que se revelaba un supuesto intento de soborno al alcalde y varios concejales por parte de la empresa Urbaser, que concurría a la concesión en competencia con el propio Fenoll. La apariencia salomónica que dio la resolución del concurso, que dejó fuera dos años después tanto a Proambiente como a Urbaser, no disipó la sospecha de que, en ese caso también, Ángel Fenoll se había colado por la puerta de atrás. De hecho, el juez ha imputado a tres concejales de Orihuela en relación con esa contrata. Fenoll debe pagar una fianza de 300.000 euros.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; EL JUZ IMPUTA AL LÍDER DEL PP DE ALICANTE POR COHECHO Y FRAUDE

Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

El magistrado del 'caso Brugal' fija una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, amigo de José Joaquín Ripoll, e imputa a otros cuatro arrestados, entre ellos el contratista Ortiz

Alicante

El juez imputó ayer al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial vinculada a una contrata de basuras en la Vega Baja (al sur de esa provincia valenciana). El magistrado acusa al dirigente popular de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. Ayer, sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente dichas imputaciones. El magistrado rechazó la petición del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, de prisión eludible con fianza de 500.000 euros.

"Sigo sin saber qué ha motivado mi imputación", dice Ripoll

Tras comparecer ante el tribunal, Ripoll ofreció una rueda de prensa en la sede la Diputación de Alicante. El dirigente aseguró que había declarado por iniciativa propia. "El juez me advirtió de que no estaba citado judicialmente y que podía negarme a declarar, pero opté por hacerlo y colaborar", dijo. "Pero desconozco qué hechos han motivado mi imputación", señaló. "El juez ha dicho que no podía revelarlo porque las diligencias son secretas", explicó. Luego, según dijo, respondió durante 20 minutos a preguntas generales del magistrado y del fiscal. "Cuando se levante el secreto, emprenderé las medidas legales que estime oportunas", concluyó.

Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, comparecía también ante la prensa -a las puertas de la institución, porque fue desalojado del edificio por orden de la presidencia- para exigir la dimisión de Ripoll.

En la jornada de ayer, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que dirige el conocido como caso Brugal, interrogó a otros cinco de los 11 arrestadas el martes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El primero en comparecer, al filo de las nueve de la mañana, fue Rafael Gregory, empresario propietario de un concesionario de vehículos pesados en Alicante. Tras interrogarle, el juez -a propuesta del fiscal- lo dejó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. El magistrado, según el abogado del imputado, le acusa de los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, amigo de Ripoll y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol, fue detenido hace unas semanas por una presunta estafa. La investigación del caso considera clave a este empresario en una de las tres ramas del caso Brugal, la vinculada al desvío de capitales a paraísos fiscales.

Luego tomó declaración a José Francisco León, empresario y amigo del promotor Enrique Ortiz. El juez lo imputó por los delitos comunes de la causa, sin imponer medidas cautelares. En la misma situación procesal quedó José Candel, ingeniero y máximo responsable de la sociedad mercantil Inusa, propiedad de Ortiz. A continuación le tocó el turno al gerente de la firma Sufi (concesionaria de la basura del municipio de Orihuela), Luis Bracho. También quedó imputado por los delitos comunes del sumario y sin medidas cautelares.

Por la tarde declararon Ripoll y Ortiz. Ripoll llegó al Palacio de Justicia de Orihuela a las dos de la tarde, a pie y flanqueado por sus dos abogados, Bernardo del Rosal y Fernando Candela. Ripoll acudió acompañado únicamente por sus dos letrados, en un gesto que contrasta con el amplio despliegue de cargos públicos y simpatizantes que acompañaron la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho, pero rechazó la petición del fiscal de cárcel eludible con 800.000 euros. El magistrado interrogará hoy a los otros cinco arrestados: tres ediles del PP de Orihuela (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez), y el industrial Ángel Fenoll y su hijo.

La cronología del 'caso Brugal'

- El conocido como caso Brugal trata de esclarecer una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial.

- El martes se reactivó la investigación con la detención del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, de tres ediles del PP de Orihuela y de siete empresarios.

- El juez interrogó ayer a seis de los arrestados. A José Joaquín Ripoll le imputó los siguientes delitos: fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó.

- También han sido detenidos el empresario de la automoción Rafael Gregory, acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias, con fianza de 100.000 euros para eludir la prisión, y el contratista Enrique Ortiz, por fraude y cohecho. El fiscal pidió una fianza de 800.000 euros, que el juez rechazó. Luis Candel, directivo de la mercantil Inusa; Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi; y José Francisco León, empresario, han sido imputados sin medidas cautelares.

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elpaís.com

"OPERACIÓN BRUGAL"; EL JUEZ IMPUTA A TRES EDILES DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE ALICANTE

El industrial Fenoll, punta de lanza de la red, amenaza con tirar de la manta

SANTIAGO NAVARRO - Alicante -

La trama de corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó ayer con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel.

"Se van a enterar todos [los políticos] a los que he dado dinero", gritó Fenoll

El imputado más destacado por estos hechos, denominados operación Brugal, es el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado le acusa de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tras su paso por el juzgado, el jueves, Ripoll completó ayer una agenda rutinaria, intramuros de la Diputación.

Ángel Fenoll y su hijo ya fueron imputados al inicio de la investigación, en mayo de 2007, y salieron de la cárcel tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros. El juez, ayer, les amplió las imputaciones y les impuso dos nuevas, de 300.000 euros para el padre del clan y de 100.000 al defín. Fenoll estaba ya acusado de los delitos de cohecho y extorsión y tráfico de influencias, y el magistrado añadió los de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.

Tras la resolución del juez, Ángel Fenoll montó en cólera y a grito pelado amenazó con tirar de la manta: "Se van a enterar todos [en alusión a los políticos] a los que les he dado dinero", clamaba por los pasillos del juzgado. El industrial salió de estampida en su coche, en contraste con la cordialidad con la que había llegado, a pie y atendiendo a los periodistas.

Antes del interrogatorio a Fenoll y su hijo, el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomó declaración a tres ediles del PP del consistorio oriolano: Manuel Abadía, de Infraestructuras, Ginés Sánchez, de medioambiente, y Antonio Serrano, de pedanías. El juez les imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado rechazó la petición de fianza de 50.000 euros que solicitó el fiscal anticorrupción. Tras la declaración, los tres insistieron en que "oficialmente" desconocen de qué se les acusa.

Fuentes de la investigación relacionan el arresto de los tres ediles, de Fenoll y su hijo y del gerente de la empresa Sufi, Luis Bracho, con la contrata de la basura de Orihuela. El contrato fue adjudicado en octubre de 2008 a una UTE integrada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancast. La contrata esta valorada en 190 millones por 20 años. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes.

El PSPV de Orihuela sostiene que las firmas Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll: "Este es quien verdaderamente controla el contrato", señalan fuentes socialistas municipales. La contrata incluye una flota de vehículos de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory. Este ha sido imputado en el sumario y el juez le impuso el jueves una fianza de 100.000 euros.

Fenoll también aspiró en este caso en unión con Sufi a la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Esta contrata ha sido la espoleta de la segunda fase de la operación Brugal. El contrato fue adjudicado por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a una UTE integrada por Cespa y una empresa del contratista Enrique Ortiz, igualmente imputado. La construcción de la planta estaba prevista en la finca Lo Cartagena, pero a las semanas de adjudicarse, el ganador cambió la ubicación por la finca La Pistola, propiedad de Fenoll.

* El PP reacciona convocando a Rubalcaba en el Congreso

elpaís.com

ACUSADO DE PREVARICACIÓN UN TENIENTE DE ALCALDE DE BARCELONA

El cargo municipal tramitó el hotel proyectado por Millet

BLANCA CIA - Barcelona -

Dos altos cargos del Consistorio barcelonés y hombres de confianza de alcalde, Jordi Hereu, llevan camino de sentarse en el banquillo de los acusados. El cuarto teniente de alcalde, Ramón García Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramón Massaguer, han sido acusados por la fiscalía de los delitos de prevaricación y falsedad en documento por su manera de actuar con el proyecto del hotel del Palau de la Música. Lo impulsó Fèlix Millet y su tramitación solo se paralizó meses después del escándalo. El establecimiento no se ha llegado a construir.

El fiscal ha ampliado la querella que inicialmente dirigió contra Millet y Jordi Montull por el delito de tráfico de influencias para sacar adelante una operación urbanística que supuestamente les reportaría beneficios. La juez, que admitió ayer la ampliación de la querella, imputó un nuevo cargo -falsedad- a Millet y Montull y les ha vuelto a citar el 9 de septiembre. También ha sido imputado el arquitecto al que le fue encargado el proyecto del hotel, Carles Díez, del estudio de Tusquets. Los cargos municipales y un técnico del área de Urbanismo prestarán declaración como imputados el 8 de septiembre.

El caso por el que han sido imputados el edil y el gerente no tiene nada que ver con el saqueo del Palau, que es la causa judicial principal que imputa a Millet y Montull una apropiación indebida de alrededor de unos 35 millones de euros. La acusación del cuarto teniente de alcalde se ha producido en la investigación de la tramitación del hotel del Palau que requirió una compleja permuta de edificabilidad y recalificación urbanística entre un edificio de la Generalitat y los tres que eran propiedad de la Fundación del Palau donde se proyectó el hotel. Un proceso en que Millet hizo valer su influencia para lograr que las dos Administraciones dieran todos los pasos para conseguir su propósito. Y casi lo consigue. El fiscal mantiene en su escrito que García-Bragado y Massaguer "se comprometieron" con Millet y Montull a realizar la operación urbanística haciendo aparecer siempre en toda la tramitación oficial que la propiedad de las fincas donde se iba a construir el hotel era de la Fundació Palau de la Música y ocultando que el proyecto y la propiedad de los edificios se había cedido a un particular. En concreto, a la empresa Olivia Hoteles. El consistorio -los dos imputados y el propio alcalde, Jordi Hereu- defendieron el proyecto una y otra vez porque era de "interés general". Hereu relevó de la responsabilidad de Urbanismo a García Bragado tras la notificación judicial de su imputación pero le mantiene como cuarto teniente. Una decisión muy criticada por la oposición y especialmente por su socio de gobierno, Iniciativa per Catalunya, que pidió la dimisión completa.

elpaís.com

"OPERACIÓN CÁTEDRA"; DECLARA ANTE LA GUARDIA CIVIL EL ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

MUNICIPIOS | Ernesto José Silva

Europa Press | Málaga

Agentes de la Guardia Civil han tomado en la mañana de este domingo declaración al alcalde de Villanueva de la Concepción -Málaga-, Ernesto José Silva, detenido el pasado viernes en una operación relacionada con el urbanismo junto a otras dos personas, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y un abogado.

Así, los investigadores del caso se habrían interesado, entre otros aspectos, por expedientes relacionados con disciplina urbanística del municipio y por la gestión de otros funcionarios municipales, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al alcalde.

Está previsto que los agentes encargados de la investigación tomen a lo largo de este domingo declaración a otros detenidos y también a testigos en relación con este caso. Asimismo, podrían declarar, sin fecha concreta, como imputadas varias personas del municipio, según han indicado fuentes de la investigación.

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron el viernes a tres personas en el marco de una investigación relacionada con delitos urbanísticos. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que inicialmente al alcalde se le investiga por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Está previsto que Silva y los otros dos detenidos pasen este lunes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Antequera -Málaga-, encargado del caso, que está declarado secreto.

Además
* Trabajadores municipales creen que el arresto es un 'atropello'
* Tres detenidos en la operación de Villanueva de la Concepción
* El abogado de Silva, 'indignado' con la operación

elmundo.es

"OPERACIÓN CÁTEDRA"; UNA DECENA DE IMPUTADOS SE SUMA A LA OPERACIÓN URBANÍSTICA EN VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN

MUNICIPIOS Investigación de la Guardia Civil

Imagen de la concentración en la Comandancia. | Antonio Pastor

Efe | Málaga

Los tres detenidos en la operación 'Cátedra', entre ellos el alcalde de Villanueva de la Concepción -Málaga-, Ernesto José Silva, pasarán este lunes a disposición judicial tras dos días en dependencias de la Guardia Civil en Málaga, una actuación con una decena más de imputados.

La investigación tiene lugar por un presunto caso de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el Ayuntamiento y ha hecho que cientos de vecinos de la localidad se movilicen, protagonizando en la mañana de este domingo una concentración a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga.

Un centenar de vecinos, bajo el lema 'Todos somos Ernesto' y generando gran ruido con bocinas y cacerolas, se ha manifestado en el lugar donde está detenido el alcalde.

El concejal vicepresidente de la comisión gestora de Villanueva de la Concepción, Francisco Mérida, ha manifestado a los periodistas que es total la desinformación con familiares y abogado tienen de la situación del alcalde, aunque en principio el regidor habría declarado en la mañana de este domingo ante la Guardia Civil.

Junto a Ernesto José Silva, se encuentran detenidos un profesor de derecho de la Universidad de Málaga y un abogado con despacho en la capital malagueña.

"Tras la movilización de este domingo por la tarde en el ayuntamiento donde cientos de villanovenses apoyaron al alcalde, se han recogido más de 500 firmas en apenas 10 horas, lo que da muestra del cariño que suscita el alcalde en su pueblo", ha indicado Francisco Mérida.

Los detenidos han permanecido todo el fin de semana detenidos en las dependencias de la Guardia Civil en Málaga, por donde han pasado otros imputados, y este lunes podrían ser trasladados al Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera -Málaga-, aunque sin conocerse el horario concreto.

"Aunque las horas pasan lentamente, seguimos muy tranquilos en cuanto a la gestión de Foro Andaluz en el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, ya que siempre hemos sido muy cuidadosos y exigentes con el cumplimiento de las normas urbanísticas", ha señalado Mérida.

"Somos una Corporación joven e independiente que, gracias a su trabajo, está convirtiendo al municipio en un referente de honradez y profesionalidad, no sólo en la comarca de Antequera, sino en numerosos pueblos de la provincia", ha aseverado el edil.

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; BASURAS, "CASO MONJITAS", VOTOS COMPRADOS Y ACCIDENTES FALSOS

La trayectoria judicial de Ángel Fenoll

Ángel Fenoll, este viernes, en dirección a los juzgados de Orihuela. | Ernesto Caparrós

Daniel Moltó | Alicante

La relación de Ángel Fenoll con la Justicia ha sido poco menos que tumultuosa. Condenado por comprar votos de personas de raza gitana para apoyar las listas del PP en las elecciones municipales de 1991, el empresario oriolano, se vio implicado también en la malversación de 48.700 euros que habían sido donados por unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. El fraude, investigado por la Policía, pasó a llamarse 'caso monjitas'

Este último delito, por el que se le impuso a Fenoll un año de prisión, arrastró también al ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena.

Pocos años después, Fenoll fue acusado en 1998 por el que entonces ejercía como edil de Urbanismo, Jesús Ferrández, de haber intentado comprar con 16 millones de pesetas la vuelta de un concejal (José Meseguer) al Grupo Popular, para que éste apoyara además el pliego de condiciones de la recogida de basuras en la costa presentada por la empresa Colsur, de la que Fenoll era administrados único.

Otro de los capítulos "oscuros" en la trayectoria de Fenoll fue la condena impuesta en 2006 por la Audiencia Provincial de Alicante a él y a otras cuatro personas, entre las que se encontraba su hijo, por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso y tentativa de estafa agravada en la simulación de un accidente, con el objetivo de cobrar más de 80.000 euros de dos compañías aseguradoras.

Los hechos juzgados ocurrieron en 1999 cuando uno de los camiones que realizaba maniobras de descarga en el vertedero de la empresa Colsur, propiedad de Fenoll, en Calpe, tuvo un accidente al desplazarse por un terraplen sin que el operario que lo condución pudiera accionar el freno auxiliar. En ese momento, los propietarios del vehículo no habían renovado el seguro y los acusado pidieron la renovación pero sin dar parte del siniestro. Sí lo hicieron una vez las compañías aseguradoras renovaron las pólizas.

La Audiencia dictó penas de un año y nueve meses de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de los acusados por estos hechos.
Los vídeos con los que Fenoll 'tiró de la manta'


Imagen de una de las grabaciones. | E.M.

Ángel Fenoll es, además, uno de los implicados en el germen del 'Caso Brugal' que ahora investiga el Juzgado de Orihuela. En 2007 el empresario fue detenido junto a otras cinco personas (entre ellas, su hijo), por esta supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela, en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Fenoll grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos en las que se negociaba con prevendas y sobornos la adjudicación del servicio de tratamiento de basuras en Orihuela. Esta trama provocó la apertura de nuevas diligencias, que desembocaron en los hechos que actualmente están siendo investigados.

Además
* Vídeo: Declaraciones de Fenoll tras declarar ante la Policía
* Fenoll y su hijo, en libertad bajo fianza de 400.000 euros
* Los concejales de Orihuela, imputados de tres delitos
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* La maraña judicial del PP valenciano

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