miércoles, 14 de septiembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; NUEVA MANIOBRA DE CAMPS PARA EVITAR SU JUICIO EN EL TSJ

El expresidente reclama ahora que el Supremo se encargue de la causa

MARÍA FABRA - Castellón

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, en una nueva maniobra para evitar sentarse en el banquillo y dilatar más aún el proceso, quiere ahora que sea el Tribunal Supremo el que le juzgue por la causa de los trajes, incluida en el caso Gürtel e instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ya ha decretado la apertura de juicio oral.
 
La fiscalía y la acusación aceptan el fallo anticipado para dos imputados

En el último escrito antes de que el magistrado presidente del tribunal de jurado, Juan Climent, dicte el auto de hechos justiciables y señale la fecha de la vista, Camps ha apelado al Estatut de Autonomia, que señala que ante actos delictivos cometidos fuera de la Comunidad Valenciana, la responsabilidad penal de los miembros de las Cortes "será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Camps indica que en el caso "de ser ciertos", los hechos que se le imputan -haber recibido regalos de la trama Gürtel- se habrían producido en Madrid.

Además, afirma que, según la Constitución, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que la elección errónea del tribunal anularía todo el procedimiento, sostiene en su escrito. De ser atendida esta petición, el caso, después de más de dos años y de haber pasado por tres órganos judiciales, habría de comenzar de cero. Por lo tanto, el juicio no se celebraría antes del 20-N, algo que el PP trata de evitar a toda costa.

El abogado de Camps afirma que el instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, generó "indefensión" al no determinar de qué prendas está hablando como posibles regalos o dádivas de la trama al expresidente, ni concretó su valoración, pese a que estos datos estarán recogidos en el auto de hechos justiciables. Esta omisión, alega, determinaría la vulneración de la tutela judicial efectiva.

El letrado esgrime la llamada "doctrina Bono" y alega, en ese sentido, que el Tribunal Supremo establece que el delito no existe en el momento en que hay otras relaciones, aparte de la que se deriva por la condición de cargo público, entre quien realiza el regalo y quien lo recibe.La nueva estrategia jurídica del expresidente gira alrededor del artículo 23.3 del Estatut d'Autonomia, que impide la detención o retención de cargos públicos aforados por actos delictivos realizados en la Comunidad Valenciana, salvo si son sorprendidos flagrantemente. Si los supuestos delitos se cometieran fuera del territorio valenciano, "la responsabilidad penal será exigible ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

La defensa de Camps ha tardado más de dos años en darse cuenta de la existencia de este artículo y ahora solicita la nulidad de todo lo actuado para que sea el Supremo el que realice toda la instrucción ex novo. La maniobra dilatoria de Camps, caso de ser atendida, retrasará la causa hasta después de las elecciones generales del 20-N, que el PP ve ganadas. El expresidente siempre ha sostenido que es víctima de una maniobra política orquestada por el Gobierno de Zapatero, con la colaboración de policías, fiscales y jueces.

El expresidente, además, ha solicitado que, previo al señalamiento del juicio, se incluya en las diligencias una de las conversaciones intervenidas por la policía por orden judicial en la que Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, hablando con su abogado, dice que él jamás pagó trajes a Camps. Estas conversaciones, según recuerda en su escrito el defensor, no han sido anuladas por ningún tribunal.

Por otra parte, tanto Camps como el ex secretario general del PP Ricardo Costa, imputado en la misma causa, han decidido apoyar la solicitud de Víctor Campos, exvicepresidente del Consell, y Ricardo Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, en la que estos últimos reclaman que se dicte una sentencia anticipada que recoja su aceptación del delito de cohecho impropio, por recibir regalos de la trama Gürtel, y de la pena que se les reclamaba, un total de 49.500 euros a cada uno.

Tanto el expresidente como el exsecretario general del PP han mostrado su apoyo a esta solicitud en el escrito de alegaciones. Al igual que Camps y Costa, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular sostienen que el juez debería atender esta petición y dictar sentencia para estos dos imputados y mantener la celebración del juicio para los otros dos.

En el caso de que el juez así lo determinara, el jurado se encontraría con dos cargos del PP, Campos y Betoret, ya condenados, y otros dos, Camps y Costa, defendiendo su inocencia, aunque disponen de plazo hasta el día de la celebración del juicio para presentar su conformidad con las penas que se les reclaman, asumir el delito y eludir la vista.

En cualquier caso, el jurado dispondrá de los escritos en los que Campos y Betoret reconocen su culpa, ya que se han unido a las diligencias. Sin embargo, no podrá contar con su testimonio, ya que, al estar ya condenados, no podrían declarar como testigos, lo que supondría un incomodo menos para la defensa de Camps y Costa.

Cuando el TSJ decidió abrir juicio oral contra los cuatro cargos del PP, ante la presión social y de la dirección nacional del PP, todos ellos pactaron presentar escritos en los que reconocían su culpabilidad y asumían la mayor de las penas solicitadas con el fin de evitar el juicio. Pero Camps se echó atrás en el último momento y presentó su dimisión. Costa tampoco reconoció su culpabilidad, al contrario de lo que hicieron Campos y Betoret.

Artículo 23.3

- "Los miembros de las Cortes gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones".

- "Durante su mandato [los miembros de las Cortes] no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Fuera del territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

- "Igualmente, gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo".

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ IMPUTA AL EMPRESARIO QUE GANÓ TRES MILLONES CON LA VISITA DEL PAPA

Correa utilizó a Teconsa para lograr el contrato de la televisión valenciana

MARÍA FABRA - Castellón 

La constructora leonesa Teconsa fue la empresa que logró que la televisión pública valenciana (RTVV) le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por 6,4 millones, pero la empresa subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en estos servicios, en los que la constructora no tenía ninguna experiencia. Ahora, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido imputar a sus responsables, José Luis Martínez Parra y Rafael Martínez Molinero, ante la posible comisión de presuntos delitos contra la Administración pública y blanqueo de capitales. Ambos tendrán que acudir a declarar el próximo 5 de octubre.

La policía cree que la red Gürtel recibió una comisión de 900.000 euros

La participación de Teconsa en los servicios de la visita del Papa a Valencia fue, según la policía, una tapadera para la intervención de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa que, según los informes, cobró por su intermediación al menos 900.000 euros. La investigación judicial descubrió, en uno de los registros de los pisos de la red, documentación que acreditaba su participación en todas las gestiones de Teconsa para conseguir el contrato.

Las investigaciones del caso Gürtel llevaron, entre otras cosas, a una inspección y al análisis de las empresas que habían aportado o retirado de bancos grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, Teconsa retiró de sus cuentas 893.000 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo 2006.

Sin embargo, esta no es la única operación por la que la empresa Teconsa aparece en las diligencias del caso Gürtel. La sociedad también está siendo investigada a raíz de la adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de la autovía de Olleros de Alba (León). Según la Brigada de Blanqueo de Capitales, el contrato de la constructora leonesa con la Junta de Castilla y León reportó a la trama corrupta una supuesta comisión de alrededor de 73.000 euros, el 3% del valor de la adjudicación, que percibió, entre otros, el líder de la red, Francisco Correa.

Y este no es el único supuesto pago que realizó la empresa a la trama, ya que también aparece Teconsa en el último gran informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la contabilidad hallada en una carpeta azul bajo el epígrafe "caja B" incautada al contable de la red Gürtel. En este se señala el pago de 600.000 euros por parte de Teconsa, que la policía ya había relacionado con una comisión por la adjudicación de un proyecto de construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos a una UTE de la que forma parte la constructora leonesa.

Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de otros 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3 % sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]".

Al margen de la documentación, las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente acreditaron las buenas relaciones entre Correa y el responsable de Teconsa, ahora imputado, José Luis Martínez Parra.
   
Más información:
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel
    * Dos años después
   
elpaís.com

EL"CASO RENEDO" DESENCADENA NUEVAS DENUNCIAS DE FUNCIONARIOS DEL PRINCIPADO

El abogado de la exjefa de servicio se contenta con su liberación y frenará el recurso que pedía rebajar la fianza de 200.000 euros

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

Siete meses y medio lleva el 'caso Renedo' acaparando la atención de los medios de comunicación y evidenciando que en Asturias hay jueces y policías dispuestos a investigar a consejeros, directores generales, altos funcionarios y empresarios. El ejemplo está calando y «ya son varios los empleados públicos que de forma anónima o personal, con más o menos documentación, se acercan a la comisaría para denunciar presuntos ilícitos de los que vienen siendo testigos», desvela un investigador al que se ha ordenado verificar parte de estas nuevas acusaciones de corrupción.

El propio desarrollo del 'caso Renedo' ha dado pie a ello. El asunto se originó entorno a Marta Renedo, una exjefa de servicio que entre 2003 y 2010 habría presuntamente desplegado hasta cuatro métodos distintos para desviarse fondos públicos. El más lucrativo de ellos pasaría por promover adjudicaciones de contratos menores a una sociedad de la que era administradora única. Bastaba con introducir el nombre de la funcionaria en servicios de internet como Axesor o Einforma -especializados en información mercantil- para descubrir que era dueña de una empresa increíble, capaz de generar 1.008 euros al día de ingresos con apenas un trabajador reconocido. Así, el caso ha puesto de manifiesto que la Administración regional carece de sistemas de control que le adviertan de quién está detrás de las empresas con las que firma contratos.

Tras constatar este 'agujero' la primera instructora, Ana López Pandiella, optó por no limitar el caso a los manejos de Renedo. Aprovechando el auxilio judicial prestado por la Agencia Tributaria, amplió la investigación a cada uno de los 35.000 empleados públicos y sus respectivas familias. Utilizando una base de datos con la identidad de todos ellos, solicitó que los técnicos de Hacienda comprobasen cuántos tienen participaciones en empresas que se adjudican contratos públicos, subvenciones, o mantienen relaciones comerciales con suministradores del Principado.

Finalmente, y con la ayuda de la Brigada de Policía Judicial, los resultados iniciales se han ido cribando hasta centrarse en una docena larga de sociedades. El Gobierno regional ya ha entregado los expedientes de contratación que autorizaron la entrega de dinero a estas firmas, todas ellas vinculadas por lazos familiares a ex altos cargos y funcionarios de nivel dentro de la anterior administración. El levantamiento del secreto de sumario que pesa sobre esta pieza «es cuestión de días o semanas», avanzan desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.
 
Florida Arena e Igrafo
La ambición investigadora, así como las nuevas denuncias, amenazan con crear un escenario que el actual instructor, Ángel Sorando Pinilla, ha tratado de combatir. «Esta no es ni puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni este es el único juzgado de instrucción del Principado», escribió en un auto del pasado junio en el cual reafirmaba su decisión de desgajar del sumario principal una docena de piezas que remitió a distintos juzgados del Principado.

La decisión acaba de ser refrendada por la Audiencia Provincial, pero su respaldo podría revelarse insuficiente. Parte de los juzgados de instrucción que por turno de reparto recibieron las piezas del 'caso Renedo' han aprovechado la potestad que tienen para rechazarlos. Es el caso, por ejemplo, de la pieza relativa al presunto trato de favor que Igrafo pudo haber tenido en el Florida Arena, cuya documentación está ya de vuelta en Instrucción 2 de Oviedo. En manos de su titular queda archivarla o asumir que, si no la investiga él, probablemente nadie lo hará.

El trabajo se le complica así a Sorando, quien, según ha podido saber EL COMERCIO, podría recibir en las próximas semanas una investigación iniciada en otro Juzgado de Instrucción sobre contrataciones realizadas desde la extinta Consejería de Medio Rural y Pesca. Los presuntos ilícitos habrían sido denunciados en este caso por un empleado del propio departamento.

A la espera de este traslado y de que sigan verificándose las nuevas denuncias, la actualidad del caso pasa por el interrogatorio al que está citada hoy, lunes, la exconsejera Ana Rosa Migoya, quien declara como testigo, sin asistencia letrada, y bajo la obligación de decir la verdad y responder a cuantas preguntas le hagan el instructor y las partes personadas en el caso. Entre ellas están los abogados del Principado, Bloque por Asturies, Agrupación de vecinos y amigos de Llanes (Avall) y el Partido Progresista de Belmonte.
 
Posible vuelta a Villabona
La situación procesal de su exsubordinada Marta Renedo también está sujeta a debate. Aunque salió en libertad bajo fianza de 200.000 euros el miércoles, hay dos frentes abiertos sobre esta garantía. Por un lado, una acusación particular ha recurrido solicitando a la Audiencia Provincial que eleve la cantidad hasta los 500.000 euros. En caso de que el tribunal le de la razón, la funcionaria dispondría de un periodo de entre cinco y diez días para satisfacer las nuevas garantías o regresar a Villabona.
 
El otro frente se va ha encargar de cerrarlo el abogado de la imputada, Luis Tuero. En su momento, el letrado interpuso un recurso de reforma subsidiario de apelación exigiendo que la fianza quedase en 50.000 euros. Dado que la solicitud no fue estimada hasta esa cuantía, la petición será elevada a la Audiencia Provincial para que la examine. Sin embargo y con la cliente ya en la calle, «pienso desistir para dejarlo ya así», adelanta Tuero.

elcomercio.es

"CASO MAREA"; MARTA RENEDO, YA EN LIBERTAD: "ESTOY BIEN, CONTENTA; A VER QUÉ PASA AHORA, A ESPERAR"

Renedo, junto al carrito en el que llevaba sus enseres, se abraza a su hermano José Antonio, en presencia de Tuero. luisma murias
El juez ordena la excarcelación de la imputada tras los informes favorables de un perito y la fiscalía - La ex jefa de servicio alaba la unidad educativa de la cárcel, que considera «un proyecto muy bueno»

Oviedo / Villabona,

L. Á. VEGA
La última imputada del «caso Marea» que aún permanecía en la cárcel, Marta Renedo Avilés, salió de prisión a las cinco y media de la tarde de ayer, después de que el juez instructor, Ángel Sorando, ordenase su excarcelación a la vista de los informes favorables respecto a los avales hipotecarios presentados por la familia. Sonriente, con nuevo color de pelo, visiblemente más delgada y gran aplomo, la principal implicada del caso de corrupción en la Administración del Principado durante la época socialista salió por la puerta de comunicaciones de la cárcel, con un carrito en el que llevaba sus pertenencias. Casi siete meses y medio después de ser mandada a prisión por la juez Ana López Pandiella, de Gijón, la ex jefa de servicio pudo reunirse con sus familiares. «Estoy bien, muy contenta. A ver qué pasa ahora, a esperar», dijo durante sus primeros instantes de libertad.

El juez Sorando firmó el auto de libertad en torno a las dos de la tarde. El viernes había sido remitido al Juzgado número 2 de Oviedo el informe de uno de los dos peritos nombrados para valorar los avales presentados por los familiares de Renedo, sobre dos inmuebles situados en Avilés y Gijón. La fiscalía se dio ayer por satisfecha con los avales presentados. A continuación, se envió un mandamiento a la prisión para ponerla en libertad.

Tres horas después, Renedo salía arrastrando un carrito de color azul, como los que se utilizan en los centros hospitalarios para recoger la ropa sucia. Dentro llevaba sus pertenencias. «Ponte recta», le dijo un funcionario que la acompañó hasta la salida, al ver a los periodistas que la estaban fotografiando. Fuera del recinto carcelario le esperaban su hermano, el abogado José Antonio Renedo, y el letrado de su defensa, Luis Tuero. «¿Cómo estás, cariño?», dijo la funcionaria, mientras abrazaba a su hermano. En ese momento sonreía feliz.

La ex jefa de servicio, que hubo de esperar dos semanas en la cárcel desde que el juez sustituto Francisco Javier Rodríguez Luengos acordase la rebaja de su fianza de medio millón a 200.000 euros, aseguró en esos primeros instantes de libertad que estaba muy contenta. No quiso, sin embargo, hablar de cuestiones judiciales, ni aclarar si mantiene su inocencia. «Ya dije lo que tenía que decir ante el juez», aseguró. Su idea ahora es «estar tranquila» con su familia, según transmitió Tuero.

Sí quiso, en cambio, elogiar el trato que ha recibido en el módulo terapéutico de la cárcel y la labor social que realiza. «El proyecto es muy bueno», aseguró. En unos días, Renedo tiene pensado ofrecer una rueda de prensa, en la que hablará de la unidad terapéutica y educativa, en la que, según su abogado, se implicó en diversas tareas, como la educación de otras presas en materia de higiene. Según Tuero, «la experiencia en el módulo ha sido muy positiva para ella».

La funcionaria, que está suspendida de empleo y sueldo, se marchó junto a su hermano en un coche y se dirigió a su casa de la calle La Cámara de Avilés, donde se reencontró con su familia. Tal como indicó José Antonio Renedo, tras la impresión de las primeras semanas, la familia ha asumido la situación en que se encuentra la ex jefa de servicio del Principado y le dan todo su apoyo.

Ahora, Renedo está pendiente del recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Oviedo, en el que reclama que se le rebaje la fianza aún más, a 50.000 euros.

El «caso Marea» entra la semana que viene en una nueva dimensión, con la declaración, el lunes, a las nueve y media de la mañana, de la ex consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. Se han establecido fuertes restricciones por parte del Tribunal Superior de Justicia con el fin de evitar que los medios de comunicación puedan tomar imágenes de la ex consejera dentro de los Juzgados. Migoya deberá explicar, por ejemplo, el hecho de que aparezca su firma en una factura de 157.000 euros a favor de una de las empresas fantasma de Renedo, Oxiplans, a través de la que presuntamente desvió grandes cantidades.



"CASO RENEDO"; EL OPERARIO QUE CUSTODIÓ EL ORDENADOR DE RENEDO AFIRMA QUE NADIE LO INTERVINO

R. M. | OVIEDO.

Daniel L. trabaja para Accenture, empresa a la que el Principado tiene subcontratados determinados servicios informáticos. Ayer se vio obligado a declarar como testigo del 'caso Renedo' ante el actual magistrado-juez que instruye el asunto, Ángel Sorando Pinilla.

El interés de la testifical estaba en desentrañar lo que realmente ocurrió tras la destitución de la jefa de servicio Marta Renedo Avilés, el 17 de febrero de 2010. La entonces consejera, Ana Rosa Migoya, reconoció durante su comparecencia de este lunes que además de firmar el cese, dio la orden para que se preservaran del despacho de la funcionaria las pruebas que pudieran ser de interés. La hoy diputada socialista aseguró que esa fue su instrucción, pero que desconoce quién la llevó a cabo y de qué forma.

Ayer, Daniel L. reconoció haber participado en esa operación, encargándose del precinto y traslado del ordenador personal de Renedo. Según indicó, el día 23 a las 11.20 horas se procedió al precinto, quedando el útil guardado en un almacén del cual él es el único que tiene llave. Nadie habría hecho uso de la misma hasta que el día 25 se personaron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía reclamando el ordenador. Sobre el mismo asunto está hoy citada a declarar Catalina A.G., la funcionaria que conocía la clave del ordenador.

elcomercio.es

MIGOYA NIEGA ANTE EL JUEZ CUAQUIER RELACIÓN CON EL "CASO RENEDO"

La diputada Ana Rosa Migoya acudió, ayer por la mañana, a declarar en el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. En la foto, en el momento de entrar. PABLO LORENZANA
La diputada declara que tuvo conocimiento de las actividades irregulares «en febrero de 2010»

Pilar CAMPO OVIEDO

La diputada y ex portavoz del Gobierno socialista, Ana Rosa Migoya, se desvinculó ayer de cualquier relación con la presunta trama en la adjudicación de contratos en la administración del Principado que investiga el juzgado de instrucción 2 de Oviedo. Ante su titular, el magistrado-juez Ángel Sorando, reiteró que ni conocía a la funcionaria Marta Renedo, ni supo de las presuntas actividades irregulares que estaba realizando desde su jefatura de servicio en la Dirección General de Modernización, hasta “principios de febrero de 2010”. En esa fecha, el ex director general de este departamento, Alberto Pérez Cueto, le comunicó sus sospechas tras comprobar la falsificación de su firma para validar la adjudicación de un contrato para una empresa ficticia que gestionaba la funcionaria. Su reacción fue cesarla inmediatamente y presentar una denuncia ante la Fiscalía.

La ex consejera ratificaba así en sede judicial la misma línea argumental que ha venido sosteniendo desde que estalló el escándalo por el que están imputados el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la ex funcionaria Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).

Ana Rosa Migoya comparecía como testigo ante el magistrado-juez. Aunque algunas acusaciones populares habían solicitado que acudiera en calidad de imputada, el magistrado-juez rechazó esta posibilidad. Sin embargo, paradójicamente, según resaltaron las acusaciones al término de la declaración, Sorando le advirtió expresamente que podía acogerse a su derecho a no contestar; una posibilidad que jamás se concede a los testigos que son los que tienen la obligación de decir la verdad.

Esta recomendación judicial fue interpretada, en medios jurídicos, como “una forma de preservar la continuidad de la causa en el juzgado porque si apreciaba algún indicio habría que parar inmediatamente la declaración para su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada su condición de aforada”. Fuentes jurídicas consultadas admitieron que esta advertencía es algo “muy poco habitual”.

La Fiscalía y algunas defensas no formularon preguntas. A su salida del juzgado, Migoya recalcó que había acudido a “comparecer en calidad de testigo en el ánimo de colaborar con la Justicia”. Indicó que había contestado a todas las preguntas que le habían formulado relativas a las actuaciones de las que tenía conocimiento por su responsabilidad, si bien eludió especificar sus respuestas ya que iban dirigidas “a las partes personadas y no romperé ese criterio”, corroboró.

Fuentes jurídicas afirmaron que, durante su declaración, la ex consejera admitió que había firmado la validación de algunas facturas, como la de la empresa fantasma Oxiplans, al dar por buena la autorización previa del departamento correspondiente.

lavozdeasturias.es

"CASO MALAYA"; UN POLICÍA DECLARA QUE ROCA COMPRABA RELOJES PARA DESTINARLOS A SOBORNOS

A testaferros y personal municipal

José Carlos Villanueva | Málaga

Uno de los inspectores de la Udyco que llevó a cabo los informes de cuantificación de blanqueo de capitales, en el marco del caso 'Malaya', ha declarado este miércoles que el principal acusado en la trama de corrupción municipal de Marbella, Juan Antonio Roca, destinaba los relojes de alta gama adquiridos entre 2001 y 2005 al "pago de cohechos". Se trata de los presuntos sobornos que una serie de testaferros y personal municipal recibieron del exasesor urbanístico.

Entre los agraciados por dichos cohechos figura el funcionario de Justicia Francisco Ramírez, también imputado en la causa, y a quien Roca regaló un reloj Bulgari en fiestas navideñas. El oficial de los Juzgados de Marbella se encargaba de llevar personalmente a las oficinas de Urbanismo los papeles que Juan Antonio Roca debía firmar cada mes, por encontrarse en libertad bajo fianza desde abril de 2002, en el caso 'Saqueo 1'.

Ramírez evitaba a Roca el engorroso trámite de acudir a la sede judicial y así podía evitar la presencia de los medios de comunicación. El exasesor ya declaró lo siguiente sobre los obsequios: "Yo en Navidad no me complicaba la vida y regalaba relojes".

El fiscal del caso, Juan Carlos López Caballero, sostiene en relación con los relojes y joyas adquiridas por Roca a su vendedor habitual, Sabino Falconieri, que los presentes iban destinados a "regalos a familiares, testaferros, subordinados, empleados y cargos electos del Ayuntamiento de Marbella".

López Caballero calificó de "cifras mareantes" los "más de 70 millones de pesetas" (420.000 euros) que Roca gastó en relojes sólo durante el año 2001. La cifra total entre 2001 y 2005 se eleva a 1,5 millones por objetos comprados a Falconieri, sin ningún tipo de factura y siempre en metálico.

Lo cierto es que aunque Roca compraba costosos relojes no le gustaban las piezas ostentosas, como él mismo reconoció durante su declaración. Rechazaba el oro convencional y se decantaba por las esferas blancas y el oro rosa, algo corroborado por Falconieri. Además el exasesor siempre encargaba para él relojes de correa de cuero. Sentía predilección por las marcas Patek Philippe y Hublot, especialmente.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

elmundo.es

EL TRIBUNAL SUPREMO BLOQUEA LA INVESTIGACIÓN A MANUEL CHAVES POR EL "CASO MATSA"

Manuel Chaves bromea con Ángel Gabilondo en el Congreso. | Efe
Estima el recurso de la Junta de Andalucía

* Primero, el Consejo de Gobierno decidió archivar las actuaciones previas
* Después, el TSJA ordenó que se debía iniciar un expediente sancionador
* El tribunal andaluz resolvió después de un recurso de dirigentes 'populares'
* El Supremo dice ahora que el PP andaluz no tenía 'legitimación' para recurrir

María Peral | Agencias | Madrid

El Tribunal Supremo ha estimado esta mañana el recurso que la Junta de Andalucía promovió contra la decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de ordenar la apertura de un expediente disciplinario al ex presidente del Gobierno autonómico y actual y vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

El TSJA resolvió el pasado 13 de enero que la Junta de Andalucía debía iniciar un expediente sancionador contra Chaves por una supuesta infracción de la ley de incompatibilidades de altos cargos al no inhibirse en el procedimiento de concesión de un incentivo millonario a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas MATSA en la que su hija era apoderada.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo han considerado que el PP andaluz, que presentó el recurso ante el Tribunal Superior, no disponía de "legitimación" para hacerlo, según han informado fuentes jurídicas. El recurso aparecía firmado por el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz Cabello y otros dirigentes 'populares'.

Los 'populares' denunciaron ante el TSJA que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Chaves que podría suponer una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta.

En su demanda, el PP rechazaba los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque "la administración no podía ni debía conocer" la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, "incumbía" al propio ex presidente de la Junta.

El tribunal andaluz consideró en su sentencia que lo "realmente trascendente" no era si la Junta tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con la empresa Matsa, sino si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija con esta.

Señalaba el TSJA que Paula Chaves pertenecía a Matsa desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y que la relación laboral era conocida por su padre, por lo que la investigación debe centrarse en esos hechos "y no en una mera interpretación jurídica del precepto".

En opinión del TSJA la presencia de Chaves en el procedimiento de concesión de incentivos a Matsa podría suponer un incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y exigía "una mínima investigación" dada la "gravedad evidente" de la cuestión.

EL SUPREMO NO INVESTIGARÁ A CHAVES POR SUBVENCIONAR A LA EMPRESA DE SU HIJA

LA JUNTA CONCEDIÓ A MATSA UNA AYUDA DE 10,1 MILLONES

Agustín Rivera (Málaga).- 

Nuevo balón de oxígeno para Manuel Chaves. El Tribunal Supremo no investigará al vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial por el caso Matsa, las subvenciones de 10,1 millones que concedió la Junta de Andalucía a esta empresa andaluza en la que la hija de Chaves, Paula Chaves Iborra, trabajaba como apoderada.

La decisión del Supremo tumba las intenciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de instar a la apertura de un expediente disciplinario al ex presidente del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía había presentado un recurso contra el PP. El máximo órgano judicial precisa que el secretario general del PP-A, Antonio Sanz,“carece de legitimación” para interponer el escrito contra Chaves y por ello da la razón a la Junta.

Para los populares andaluces se trataba de un asunto fundamental poner contra las cuerdas a Chaves. Javier Arenas ya ordenó en noviembre de 2009 “prioridad absoluta” a las “mentiras” del vicepresidente del Gobierno en el caso Matsa. La portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, será la encargada de ofrecer las primeras reacciones en este caso en el que incluso intervino el equipo jurídico de Federico Trillo en Génova, descoordinado con el PP-A en la presentación de la querella en junio de 2009, como publicó este diario.

El primer triunfo de la Junta de Andalucía en este asunto fue la decisión del TSJA de no abrir vía penal contra el exjefe del Ejecutivo andaluz. “Es un triunfo: Chaves no cometió ningún delito penal”, señalaron en enero de este año a El Confidencial fuentes del Gobierno de José Antonio Griñán, que dejaban a un lado la implicación de Chaves en este asunto.

El Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía resaltó que lo "realmente trascendente" no era si la administración tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con Matsa, sino si su padre, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009, ratificando la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija.

El TSJA señalaba que desde julio de 2007 Paula Chaves pertenecía a Matsa "con funciones de asesoramiento jurídico", según reconoce la propia empresa, y que la relación laboral era conocida por su padre, ya que coincidieron en la reapertura oficial de la mina el 7 de noviembre. 

El “rencor” de Arenas
Las reacciones políticas no han tardado en aparecer. Esperanza Oña, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, señaló que el vicepresidente del Gobierno “no está exculpado” y que la “sombra de la sospecha” sigue planeando sobre el dirigente socialista. “Chaves necesita agarrarse por encima de todo en su condición de aforado” 

El expresidente del Ejecutivo andaluz, en declaraciones a la cadena Ser, culpó a Javier Arenas de haber diseñado una estrategia para hundirlo. “El rencor es mal consejero en la política”, destacó Chaves en referencia al presidente del PP-A. “Hubiera sido suficiente una confrontación política, pero no, ha querido enfangar la política andaluza utilizando a los hijos [el caso de Paula Chaves y el de Iván Chaves, el comisionista]”.