jueves, 4 de febrero de 2010

EL EX EDIL DE MONTROI PERMITIÓ LEVANTAR CHALÉS ILEGALES PARA EXTRANJEROS

Arrestado el antiguo alcalde, del PP, por delito urbanístico y prevaricación

LYDIA GARRIDO - Valencia

La Guardia Civil detuvo ayer al ex alcalde del PP del municipio de Montroi (Valencia), Francisco Javier Carrión, por supuesto delito urbanístico y prevaricación. Además, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas varios empresarios y un notario. Durante diez horas, los agentes del instituto armado, dirigidos por el titular del juzgado uno de Picassent, registraron la sede del Ayuntamiento de Montroi (2.800 habitantes), de la que se llevaron abundante documentación. La investigación está relacionada con la concesión ilegal de licencias para construir, al menos, 77 chalés en terreno rústico no urbanizable.

Los afectados, casi todos británicos y alemanes, llevaron el caso a la justicia

Montroi, a 27 kilómetros de Valencia, no se sorprendió ayer de la presencia policial ni mucho menos de las razones por las que los agentes tomaron el consistorio. Los vecinos relataron con normalidad que "la construcción se ha hecho, en los últimos años, muy deprisa; se vendían terrenos que no valían nada por cantidades diez veces superiores, y los pobres afectados no han dejado de ir a protestar a la alcaldía mientras muchos estaban muy contentos con el negocio". Los afectados son, sobre todo, británicos y alemanes. La inmobiliaria Zodiac Village vendía las casas, de una o dos plantas y con piscina en un paraje incomparable a la comunidad inglesa y alemana.

La mayoría compró por precios que rondaron los 200.000 euros. No firmaron escrituras por esas viviendas. Suscribieron títulos de propiedad compartida de terrenos rústicos, algunos, incluso, embargados, sin saberlo.

Se instalaron en las viviendas con luz provisional, con agua comprada a un pozo privado y sin título de propiedad. La pelea por las escrituras, la pérdida del suministro de luz, la ausencia de canalizaciones, la imposibilidad de empadronarse y las excusas ante las exigencias de legalidad llevaron a varios afectados a los tribunales por estafa.

Y ahí empezó la investigación, que ayer se concretó en siete detenciones y once registros. Georges Alfred, jubilado inglés de familia australiana, anteriormente residente en Torrevieja (Alicante) explicó: "Lo que yo supe después de comprar hace cinco años es que mi casa sería legal. Me decían que no me preocupara. Cada reclamación al Ayuntamiento fue respondida con un 'mañana, mañana'. No desconfié, porque no se me ocurre que un Ayuntamiento me engañe o permita que lo hagan".

Francisco Javier Carrión es, además de ex alcalde, empresario. Carri-Electric, su mercantil, se encargó de hacer muchas de las instalaciones de las viviendas ahora descubiertas ilegales por la justicia. Ayer, en su domicilio particular, nadie quiso hacer declaraciones. Quien sí las hizo fue el actual alcalde, el socialista Antonio Polo. Está al frente del consistorio desde mayo de 2006. Expresó su colaboración con la justicia, afirmó que son tres los PAI (planes urbanísticos) que tiene el Ayuntamiento pendientes de aprobar y en los que estarían incluidas áreas ahora fuera de ordenación.

La concesión de viviendas ilegales está siendo especialmente perseguida por la Fiscalía de Valencia. En dos ocasiones requirió, en el último año, información sobre expedientes administrativos abiertos al respecto. Montroi ha sido uno de los que no ha respondido.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, según afirmó el presidente provincial, Alfonso Rus, esperará a tener todos los datos antes de decidir si da de baja al ex alcalde de Montroi.

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* La Guardia Civil concluye el registro en el Ayuntamiento de Montroi

elpaís.com

LA GUARDIA CIVIL CONCLUYE EL REGISTRO EN EL AYUNTAMIENTO DE MONTROI

El ex alcalde del municipio valenciano fue detenido ayer por corrupción.- El PP no ha decidido aún su expulsión

EFE - Montroi

La Guardia Civil ha concluido el registro de las dependencias del Ayuntamiento de Montroi, iniciado ayer en el marco de una operación contra la corrupción urbanística y que desembocó en la detención de siete personas, entre ellas el ex alcalde, Javier Carrión, del PP, que gobernaba junto a Unió Valenciana. Esta mañana, sobre las 9.00 se han reanudado los registros que han terminado poco después de mediodía.

El registro se prolongó ayer entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, momento en el que los agentes comenzaron a sacar a los vehículos de la policía judicial las nueve cajas con documentación que se llevaron del Ayuntamiento, principalmente actas y planos.

Los vecinos, que no se sorprendieron de la intervención, relataron con normalidad que "la construcción se ha hecho, en los últimos años, muy deprisa; se vendían terrenos que no valían nada por cantidades diez veces superiores, y los pobres afectados no han dejado de ir a protestar a la alcaldía mientras muchos estaban muy contentos con el negocio". Los afectados son, sobre todo, británicos y alemanes. La inmobiliaria Zodiac Village vendía las casas, de una o dos plantas y con piscina en un paraje incomparable a la comunidad inglesa y alemana.

La mayoría compró por precios que rondaron los 200.000 euros. No firmaron escrituras por esas viviendas. Suscribieron títulos de propiedad compartida de terrenos rústicos, algunos, incluso, embargados, sin saberlo.

Sin suspensión de militancia
El alcalde de este municipio valenciano, Antonio Polo, dijo anoche que durante el registro se había examinado en torno al 85% de las dependencias consistoriales, así como que la Guardia Civil no le había comunicado el motivo del registro, ordenado por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent.

Esta mañana, varios agentes de la Guardia Civil continúan con ese registro en el interior de la Casa Consistorial, mientras los siete detenidos continúan a la espera de pasar a disposición judicial.

Esta operación ha desembocado en once registros entre Montroi -localidad de 2.500 habitantes situada a unos 27 kilómetros al suroeste de Valencia- y otros municipios y en siete detenciones, entre ellas la de Carrión -sobre quien el PPCV aún no ha decidido si le suspenderá de militancia-, varios cargos públicos más y "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan, según reveló el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.

Polo, quien sustituyó en el cargo a Carrión en 2006 tras romperse el pacto de gobierno entre el PP y Unión Valenciana, reconoció ayer que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) que las regularice.

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* El ex edil de Montroi permitió levantar chalés ilegales para extranjeros

elpaís.com

"OPERACIÓN VOLTOR"; TRECE DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN QUE "TOCA" LAS FINANZAS DE UNIÓ MALLORQUINA

Entre los arrestados figuran tres cargos políticos.- El Bloc pide a Antich una auditoría del partido regionalista

ANDREU MANRESA - Palma -

La operación contra la corrupción que se inició ayer con la detención de un alto cargo del gobierno balear, se ha saldado con el arresto de 13 personas, entre los que figuran tres cargos políticos, otros relacionados con Unió Mallorquina (UM) y cargos intermedios del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Dos de ellas han sido puestas en libertad, mientra que el resto pasará a disposición judicial entre el sábado y el domingo.

El escándalo estalló ayer con el arresto del director general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Antoni Oliver, de UM, ex gerente del Inestur, acusado de malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación. Pero el primer caso de corrupción de UM con el Gobierno de Francesc Antich es mucho más amplio. Hoy han sido detenidos otros dos cargos del ejecutivo balear: el director general de Promoción Turística, Joan Sastre (UM), y Antoni Rebassa, director de área del Instituto de Mejora del Entorno Turistico (imed) del Inestur y concejal de Alaro por UM.

Entre los detenidos, se encuentra también Álvaro Llompart, encargado de la unidad administrativa de Inestur y al mismo tiempo responsable de contabilidad de Unión Mallorquina. Fuentes de la investigación definen la red corrupta como "chiringuitos" de pagos de favores y autoadjudicaciones de contratos y servicios. Uno de los 13 detenidos llegó a percibir fondos de tres fuentes distintas, supuestamente irregulares.

Antoni Oliver, profesor de secundaria y escritor, gestionó desde Inestur en 2009 hasta 7,5 millones de inversión, que contenían partidas de medio millón para estudios o 1,14 millones para el turismo activo. La empresa pública está agregada a la consejería de Turismo y se halla bajo control hegemónico de UM. El nuevo presidente de UM, Josep Melià, anunció un "castigo" si se demuestran "irregularidades".

La operación de hoy, ordenada por la juez Carmen Abrines a petición del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, incluye además el registro del consorcio informático de Mallorca, que ayer fue precintado por presuntas contrataciones irregulares.

La detención de Joan Sastre ha sido confirmada por el portavoz del consejero de Turismo y por fuentes de la investigación. Precisamente, el arresto se ha producido cuando Sastre se sumaba a una comitiva que iba a visitar hoteles de la comunidad en la que iban, además del propio consejero, el presidente balear, Antich.

Responsabilidades políticas
Los partidos políticos mallorquines comienzan a movilizarse. El Bloc (PSM-IU-Verds) ha pedido a Antich que se realice una auditoría general para determinar si el caso que ahora ha estallado es aislado o existe una trama relacionada con el partido.

Además, la presidenta del Consell de Mallorca, Fransina Amerngol (PSOE) que tiene bajo su tutela el consorcio informático que hoy se está registrando, ha prometido la máxima colaboración con la justicia y ha reconocido que UM asumió ayer sus responsabilidades políticas con la destitución de Oliver, aunque ha recordado que en un estado de derecho hay que respetar la presunción de inocencia.

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* Primer caso de corrupción de UM con el Gobierno de Antich

elpaís.com

EL EX ALCALDE RAMIS CONDENADO A DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN

Muro. El también ex primer edil Jaume Perelló le demandó por prevaricación

El político reconoció ante el juez que en 2006 archivó una infracción urbanística de un socio

Miquel Ramis, ex alcalde y condenado.

PEP CÓRCOLES. MURO. Miquel Ramis, que fue alcalde de Muro durante varias legislaturas, presidente y fundador del partido Convergència Democràtica Murera, ha sido condenado a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia condenatoria, emitida por la titular del Juzgado de lo penal número 6 de Palma, es firme ya que el acusado admite los hechos y acepta la pena máxima solicitada por la acusación.

Ayer se celebró el juicio contra Miquel Ramis, aunque éste estuvo ausente. Su abogado, Rafel Perera presentó documentos acreditativos de que Ramis padece una enfermedad grave por la que recibe tratamiento en Barcelona. No obstante, Perera presentó también un escrito, que ya había remitido con anterioridad a la juez instructora. En ese documento su representado se declara culpable de prevaricación.
Aun así, el acusado pedía la pena mínima. Cabe destacar que el fiscal solicitaba siete años de inhabilitación y la acusación particular, que ejercía, Jaume Perelló (UM), pedía diez años.

Los antecedentes
Los hechos que han ocasionado el proceso y la consecuente condena se remontan a 1998. En septiembre de ese año se abrió un expediente por infracción urbanística contra un vecino de Muro y la entidad Construcciones Es Moyà SL. Dicho documento relataba que en 1997 se habían ejecutado obras de ampliación de una vivienda en suelo rústico sin la preceptiva licencia municipal.

Como consecuencia de ese expediente se efectuó una propuesta del instructor en la que pedía una serie de sanciones económicas al propietario y a la empresa constructora. La resolución se notificó en abril de 2005 y posteriormente se desestimaron alegaciones de la propiedad. En ellas, el dueño solicitaba la caducidad y prescripción del caso argumentando que las obras habían finalizado antes de 1997, y que el expediente hablaba de trabajos inconclusos. El celador municipal de Muro emitió un informe ratificando que las obras "estaban en construcción y no acabadas en la fecha de la inspección", según reza textualmente.

Como consecuencia se dictó un decreto de Alcaldía el mes de noviembre de 2005 con una sanción al propietario y al constructor por un importe total de 8.870 Euros.

Construcciones Es Moyà recurrió argumentando que no había sido la empresa que llevó a cabo las obras y que, por tanto, no era responsable de la infracción. Esta entidad era propiedad de los padres de la concejala Catalina Alzamora, del mismo partido que Ramis. El padre de la edil, Jorge Alzamora, era socio entonces del alcalde Ramis en el Hotel Alcúdia Suite.

La prevaricación
A pesar de ello, Ramis, ejerciendo de alcalde, dictó un decreto en abril de 2006 en el que estimaba el recurso del constructor y ordenaba el archivo del expediente. Dicho archivo se hizo en contra del criterio del instructor de los servicios jurídicos municipales y del propio celador. Éste ratificó que el 4 de septiembre de 1997 la empresa Construcciones Es Moyà era la que realizaba las obras objeto del expediente por infracción urbanística.

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"OPERACIÓN VOLTOR"; INVESTIGAN CONTRATACIONES IRREGULARES MUY ELEVADAS A EMPRESAS AFINES A UM

Miles de euros del INESTUR habrían ido a parar a empresaios próximos a Oliver

Los especialistas de la Policía entraron y salieron en numerosas ocasiones de Inestur. Foto: Guillem Bosch

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La operación Voltor, que estalló ayer por la mañana es fruto de una querella interpuesta por la fiscalía anticorrupción con el máximo secreto hará unos cuatro meses.

La querella de Anticorrupción imputa a los sospechosos, entre ellos el ex director gerente del Inestur Antoni Oliver Enseñat; una cargo y un empleado de dicho instituto del Govern, y los empresarios de Pollença Mateu M.A. y su esposa María Lourdes P.S., vinculados a un grupo de agencias de viajes e inmobiliario, un rosario de delitos entre los que destacan la prevaricación, la malversación de caudales, el cohecho, las falsedades y otros.


La querella de los fiscales Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, correspondió por reparto al juzgado de instrucción 10 de Palma, que rápidamente decretó el secreto de sumario y ordenó al Grupo de Delitos Económicos de la Policía la práctica de las primeras pesquisas.

En las investigaciones, donde podrían haberse intervenido teléfonos de los querellados, ha participado activamente la Agencia tributaria.

Trama empresarial
Los hechos investigados se centran en numerosas contrataciones efectuadas por el Inestur con una importante red de empresas, entre las que estarían las sociedades de los empresarios de Pollença y otras de servicios informáticos. Este matrimonio posee en el Port de Pollença la agencia Viajes Pollensa Balear, que ayer registró una comisión judicial. El empresario arrestado también es el administrador único de la promotora inmobiliaria Grupo Pollensa Balear.

Estas contrataciones, por una cuantía que se intentará determinar, pero que sería muy elevada, se habrían hecho por parte del entonces director gerente del Inestur Antoni Oliver al margen de la normativa legal, simulando la concurrencia de otras ofertas y beneficiando a otros implicados. La trama operó entre 2007 y 2009. Los expedientes presuntamente irregulares serían muy numerosos, de ahí la larguísima duración del registro en Inestur. Los investigadores se esmeraron durante ese allanamiento en recopilar y reseñar de manera minuciosa todo papel o archivo informático incautado.

El Inestur durante la etapa de Oliver se dedicó, teóricamente, a la promoción de las marcas de Balears como gancho turístico; la ampliación de las rutas cicloturistas en Mallorca; la mejora de la certificaciones de calidad de los establecimientos turísticos; la implantación de nuevas ofertas complementarias y el análisis y estudio del sector de cara a su potenciación. En la querella se ofrece otra cara de esa labor política y se apunta a que muchas de las actuaciones, programas y servicios beneficiaron a personas afines a UM.

Al parecer, la querella de la fiscalía habría partido de una pista nacida en otras causas judiciales por corrupción que investiga el juzgado de instrucción 2. Estos sumarios tratan de esclarecer otros supuestos entramados de corrupción en otras entidades de la conselleria de Turismo, el Ibatur y el IB-Blau, que fue disuelto hace unos pocos meses. La operación Voltor seguía anoche abierta y no se descartaban más arrestos y registros.

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"OPERACIÓN VOLTOR"; DETENIDO JOAN SASTRE, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

También ha sido detenido Antonio David Rebassa, Director del IMET, un área dependiente de Inestur

REDACCIÓN. PALMA Joan Sastre, director General de Promoción Turística durante la legislatura de Antich, ha sido detenido en el marco de la Operación Voltor, que investiga un presunto caso de corrupción en la Conselleria de Turismo

El militante de Unió Mallorquina, que también fue alcalde de Porreres, es integrante del llamado 'sector crítico' del partido, al que también pertenece Antoni Oliver, detenido ayer por la misma Operación.

Por su parte, el presidente del Govern balear, Francesc Antich, ha suspendido la visita que realizaba hoy a diferentes hoteles de la playa de Palma al conocer la detención. Tras suspender el recorrido que realizaba, Antich se ha dirigido al Consolat de Mar, sede del ejecutivo, para analizar la situación con el conseller de Turismo, Miquel Ferrer, que le acompañaba en esta visita.

"Seremos muy duros ante esta situaciones porque la gente necesita confianza y transparencia; hay que actuar rápidamente frente a este situación", ha aseverado el mandatario autonómico.

Antich ha asegurado que, ante la corrupción en Baleares, su ejecutivo ha adoptado "muchas" medidas para atajar esta situación, como los trabajos que desde inicio de la legislatura están realizando auditores en todos los consellerías autonómicas.

Horas después de la detención de Sastre, han detenido a Antonio David Rebassa, director del IMET (un áera dependiente del Inestur) que se encarga de la promoción de turismo alternativo. Con él, ya son cinco las personas que permanecen detenidas en la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

Los detenidos son el ex gerente del Inestur y director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver, y el director general de Promoción Turística, Joan Sastre, a quien el Govern destituirá mañana en el Consell de Govern; así como el propietario de la agencia de viajes Pollença Balear, Mateu M. y su pareja M.P.S. Todos permanecen detenidos en la Jefatur.

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Antoni Oliver será interrogado hoy en el marco de la Operación Voltor. Mallorca

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EL ALCALDE DE BAENA DEFIENDE EN LOS TRIBUNALES SU HONOR CON DINERO PÚBLICO

CÓRDOBA | Contrata un bufete durante un año

El alcalde de Baena (dcha.), felicitado por su abogado tras una comparecencia. | M. Cubero

Toñi Caravaca | Córdoba

La defensa jurídica del alcalde de Baena, el socialista Luis Moreno, está suponiendo un coste económico para las arcas municipales de 17.850 euros. El regidor municipal firmó un contrato con el despacho de abogados Losa en febrero de 2009 para que «estudie, investigue, asesore y, en su caso, represente legalmente al Ayuntamiento de Baena en posibles diligencias judiciales» durante el plazo de un año, que curiosamente ha coincidido con la etapa en la que la labor de Moreno al frente del Consistorio está siendo más cuestionada por su supuesto conocimiento de una red de facturas falsas en la que habrían participado dos funcionarios municipales, entre los que se encuentra Rafael Santano, que ejerció como su secretario personal durante un tiempo determinado.

Sin embargo, el gasto económico que está conllevado la contratación de un bufete de abogados externo al Ayuntamiento no está justificado si se tiene en cuenta que el alcalde está perdiendo una denuncia tras otra. Es el caso de la que ha archivado el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid contra la emisora de radio Cope y el periodista Federico Jiménez Losantos, que en aquel entonces hacía el programa de la mañana.

El último archivo, una denuncia del alcalde contra la Cope y Jiménez Losantos

En cualquier caso, la oposición ha recriminado al alcalde, desde que el escándalo de las facturas falsas saltó a la palestra, que esté empleando el dinero público en defender su honor, cuando Moreno representa a una institución y éstas carecen de él.

También se habló de que los abogados contratados por el Ayuntamiento estaban defendiendo a los dos trabajadores públicos imputados en el caso, y para los que ahora la Fiscalía solicita seis años de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo, Moreno lo negó en el último pleno de la institución, celebrado el pasado jueves, aunque sí reconoció que «los políticos y cargos públicos», en el desempeño de su trabajo, «tienen que ser asistidos en defensa jurídica por el Ayuntamiento». No obstante, ésta no estaría dando sus frutos a tenor de los resultados, por lo que los baenenses están haciendo frente a un pago económico a cambio de nada.

Así lo entiende la portavoz del grupo de Izquierda Unida (IU) en el Consistorio baenense, Valle Meneses, quien asegura que el único objetivo de este «culebrón», a su juicio, montado por el alcalde, es «confundir y desviar la atención de los ciudadanos sobre el único hecho real: la existencia de una red de facturas falsas y su respuesta turbia y poco convincente».

Además
* El alcalde y tres ediles del PSOE, citados a declarar

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA POLICÍA REGISTRA UNA EMPRESA PÚBLICA DEL CONSELL DE MALLORCA EN PALMA

Sigue la investigación

* Dos de los cinco detenidos ayer han sido puestos en libertad
* Se investigan presuntos delitos de corrupción en empresas públicas


Efe | Palma

Agentes de la Policía Judicial de Baleares han iniciado esta mañana el registro de un consorcio público de informática -integrado por varios ayuntamientos y el Consell de Mallorca- ubicado en el centro de Palma, en el marco de la operación "Voltor" que investiga presuntos delitos de corrupción en empresas públicas.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares informan de que dos -un hombre y una mujer- de los cinco detenidos ayer en relación con esta operación han sido puestos en libertad tras prestar declaración. Los otros tres, entre los que figura el miembro de Unió Mallorquina (UM) Antoni Oliver, cesado ayer de su cargo de director general de Calidad Ambiental del Govern y ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), continúan en las dependencias policiales después de pasar su primera noche en los calabozos.

La Policía no descarta que durante las próximas horas y, a raíz de los nuevos registros y la documentación recaba ya, se puedan llevar a cabo más detenciones.

La denominada operación "Voltor" se inició ayer por orden del Juzgado número 10 de Palma, a instancias del fiscal anticorrupción Pedro Horrach con el objetivo de investigar presuntos delitos de corrupción en diferentes empresas públicas vinculadas al Govern y al Consell de Mallorca. La primera intervención se centró en la sede del Inestur -ente dependiente de la Conselleria de Turismo-, en el parque tecnológico de Palma (Parc Bit) situado a las afueras de la capital balear, y se prolongó desde las 10.00 hasta las 22.00 horas aproximadamente.

De forma paralela, se registró un local en Pollença, municipio del norte de la isla, donde se arrestó a dos personas. Oliver fue detenido a primera hora de la tarde en su despacho de la Conselleria de Medio Ambiente y fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía, desde donde será puesto a disposición judicial en las próximas horas. Por la tarde, fue anunciado su cese por parte del Govern, con el beneplácito de su partido político (UM).

Además
* Dos detenidos en Pollença
* La Fiscalía Anticorrupción registra la sede de Inestur en Palma
* Melià: 'Si alguien comete irregularidades será castigado'

elmundo.es

EL ACTUAL ALCALDE DE MONTROI RECONOCE QUE HAY DOCENAS DE CHALÉS SIN LICENCIA

CORRUPCIÓN | En la localidad valenciana de Montroi

Ayuntamiento de Montroi custodiado por la Guardia Civil | Efe.

Efe | Montroi (Valencia)

El alcalde de Montroi, Antonio Polo, ha reconocido este miércoles que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) que las regularice.

Polo ha hecho estas declaraciones a los periodistas en un receso del registro de las dependencias municipales por parte de la Guardia Civil -que continuará a partir de las 15.00 horas- en el marco de una operación judicial que hasta ahora ha desembocado en siete detenciones, entre ellas la del ex alcalde de este pueblo valenciano Javier Carrión (PP).

Según dijo el alcalde socialista, "no hay licencias de edificación, nunca se han dado. Hay casas que tienen más de 30 años y ésas, a lo mejor, lo consiguieron en su día; estamos intentando desarrollar un PAI para que todo esté en orden".

Polo ha reconocido que esta situación no se da únicamente en este municipio, sino que en su opinión ocurre además "en otros veinticinco pueblos como Montroi próximos a la capital" en los que también hay urbanizaciones carentes de servicios básicos como electricidad o alcantarillado y "donde esto antes no se prohibía".

Por este motivo, reiteró que en el Ayuntamiento están intentando "legalizarlas con tres PAI's en marcha", si bien precisó que esta urbanización fue edificada antes de que él ocupara la Alcaldía en mayo en 2006.

Desde esa fecha, dijo, no ha ocurrido "ninguna irregularidad urbanística" en este Consistorio, que ahora gobierna el PSPV tras la rotura del pacto de gobierno alcanzado entre el PP y Unión Valenciana.

Antonio Polo aseguró además que desconocía la detención del ex alcalde y dijo sentirse sorprendido por este arresto, ya que el Ayuntamiento "no tiene ningún problema".

Tampoco sabe los motivos por los cuales los agentes de la policía judicial están registrando las dependencias consistoriales desde las nueve de la mañana.

"La Guardia Civil ha venido con una orden judicial y nos ha pedido que colaboremos todo lo posible. Eso es lo que estamos haciendo, pero aún no nos han dicho a qué se debe el registro", apuntó.

A las 13.45 horas, un vehículo de la Guardia Civil descargó ante la Casa Consistorial más cajas de cartón que previsiblemente serán empleadas para recoger pruebas durante la continuación de esta diligencia ordenada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent.

Además
* Detienen al ex alcalde de Montroi
* Los terrenos rústicos se vendieron 'por 10 veces su valor'
* Un informe del Consell advertía de viviendas irregulares

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"/"CASO MATAS"; EL JUEZ SOSTIENE QUE MATAS ORDENÓ DISPARAR 50 MILLONES EL VELÓDROMO

Dice que falseó documentos

* Subraya que el desfase no se acordó por 'el órgano colegiado'
* 'Se despreció olímpicamente el proceso legal'

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El juez del caso Palma Arena considera que el incremento del presupuesto del velódromo público en al menos «50 millones de euros» fue ordenado «unipersonalmente» por el ex president del Govern balear Jaume Matas. El juez José Castro se pronuncia así por primera vez sobre la intervención del ex líder del PP de Baleares en el millonario desfase del recinto deportivo, que pasó de 45 a 110 millones de euros en apenas dos años al explicar por qué decidió incorporar la investigación del patrimonio de Matas que había abortado el fiscal general del Estado al caso Palma Arena sin mediar una conexión directa. «Las decisiones que han generado ese exceso de coste, por valor grosso modo, nunca mejor dicho, de unos 50 millones de euros, no se han tomado por el órgano colegiado que tenía competencia para ello y con el control intrínseco a esa colegiación, sino unipersonalmente».

La conexión
Castro aborda en detalle el papel de Matas en el proceso de construcción del polémico pabellón en un contundente auto que dictó ayer y al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares. En él justifica su decisión de conectar ambas investigaciones bajo el argumento de que investigar los bienes de Matas en este caso «no constituye conexidad sino la propia esencia de la inicial investigación». Esta conexión ha sido recurrida por el letrado de uno de los proveedores del palacete, adhiriéndose a ella la defensa del propio Matas, que bajo la dirección de Rafael Perera no lo había hecho hasta entonces.

Este recurso, en palabras del juez Castro, no persigue otra finalidad que la de «que se entierre la investigación lo más profundo posible para que nunca vuelva a aflorar a la superficie». Recurriéndose para ello «al extemporáneo planteamiento de un incidente de nulidad que carece de todo sustento lógico y jurídico».

En cuanto al fondo de la cuestión, arguye el instructor que «la sospecha va ganando terreno cuando esas decisiones», en referencia al desfase del presupuesto de la obra del velódromo, «no se toman abiertamente como tales sino que se disfrazan como colegiadas falseando los numerosos documentos oficiales que le dan aparente cobertura legal». Añade el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que «progresa la sospecha cuando esas decisiones unipersonales se toman despreciando, en unos casos olímpicamente, los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones; y en otros, fraccionando su importe para eludir o suavizar su rigor».

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"CASO MATAS"; EL JUEZ ORDENA INVESTIGAR EL FONDO DE INVERSIÓN DEL CUÑADO DE MATAS

Nuevas pesquisas

* Pide a Hacienda que detalle qué empresas invirtieron y retiraron dinero
* El contratista Melchor Mascaró entregó 1,2 millones de euros

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

El juez que investiga el incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas ordena a Hacienda que investigue al detalle todos los movimientos de Balear Ahorro SICAV SA, la sociedad de inversión de grandes capitales que gestionaba el cuñado de Matas mientras alternaba su trabajo como empleado de Bancaja con el de gerente del PP. Una sociedad que llegó a gestionar fondos por valor de 62,7 millones de euros y en la que el contratista público Melchor Mascaró invirtió 1,2 millones de euros en septiembre de 2003, cuatro meses después de que Matas ganara las elecciones.

José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, dicta ahora una providencia en la que solicita al delegado de la Agencia Tributaria en Baleares, Raúl Burillo, que emita un informe sobre tres extremos. En primer lugar, que detalle «las personas físicas o jurídicas que hayan realizado aportaciones de cualquier tipo a Balear Ahorro, así como las desinversiones que se hayan producido». Una medida encaminada a determinar no sólo qué personas o empresas entregaron dinero en la SICAV mientras Matas era el máximo dirigente político de Baleares. Sino también a averiguar quien sacó rendimiento de esas inversiones o si fueron realizadas a fondo perdido.

En segundo término, el magistrado pide a Hacienda que identifique a todas aquellas «personas físicas o jurídicas que aparezcan como gestores, administradores o autorizados en cuentas de dicha entidad». Igualmente, pide que se le presenten todas las cuentas bancarias que pertenezcan a Balear Ahorro SICAV.

Además
* Matas ordenó disparar 50 millones el velódromo según el juez

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; EL GOVERN DESTITUIRÁ A ANTONI OLIVER, A PROPESTA DE MIQUE ÁNGEL GRIMALT

Ex gerente del Inestur

* Antoni Oliver ha sido detenido por la Policía Nacional, este miércoles
* La sede de Inestur en el ParcBit ha sido registrada
* Hay cuatro arrestados más, uno de ellos es, el dueño de Viajes Pollença


Agencias | Palma

El Ejecutivo balear destituirá el próximo viernes en el Consell de Govern, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, Miquel Ángel Grimalt, al director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver, después de que esta mañana fuese detenido por la Policía Nacional en el marco de la Operación Voltor ordenada por el juzgado de instrucción número 10.

El presidente balear, Francesc Antich, se ha reunido con el conseller de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, de quien depende la Dirección General que ostentaba Oliver, y ambos han acordado su "cese inmediato" del cargo, si bien los trámites formales de destitución no podrán realizarse hasta el viernes.

Grimalt, -también de UM-, será el que llevará la propuesta al Consell de Govern, después de que su partido haya acordado hoy proponer la destitución "de forma preventiva e inmediata" de Oliver "de todos sus cargos y funciones", quien fue hasta hace poco gerente del citado instituto.

Antich ha remarcado que la decisión del Govern de cesar a Oliver es de carácter "preventivo", ya que sobre el caso pesa aún secreto de actuaciones y no hay nada en firme todavía.

No obstante, ha insistido en que esta es la "mejor decisión" posible ahora "porque en estos momentos es muy importante dar desde todas las instituciones la máxima imagen de transparencia y de confianza en la ciudadanía".

"En esta legislatura ha de haber un antes y un después en la forma de gestionar de un gobierno, no puede haber dudas y hay que hacer el máximo esfuerzo para borrar todas las dudas de la ciudadanía", ha defendido.

Así lo informaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, que recordaron que el Consell de Govern es el único órgano que puede nombrar o destituir a un cargo del Ejecutivo autonómico. Por ello, señalaron que pese a que Grimalt ha propuesto este miércoles destituir a Oliver, no será hasta el viernes cuando el cese se haga efectivo.

Por el momento, indicaron que todavía desconocen quién ocupará su cargo, decisión que se adoptará en los próximos dos días. Asimismo, UM ha decidido proponer la destitución de forma "inmediata y preventiva" de Oliver en su cargo a consecuencia de su arresto, "sin que esta decisión signifique predeterminar ningún tipo de responsabilidad y siempre respetando la presunción de inocencia".

Operación Voltor
Este miércoles ha sido registrada la sede de Inestur en el Parc Bit, por orden de la Fiscalía por un caso de presunta corrupción en Baleares, en el marco de la 'Operación Voltor'.

Además han sido arrestadas cuatro personas más, uno de ellos es, el dueño de Viajes Pollença,Mateu Mairata.

Además
* Detenidos dos trabajadores del Inestur
* La Policía detiene al ex gerente del Inestur, Antoni Oliver
* Antich afirma que el Govern actuará con 'firmeza'
* El PSIB-PSOE afirma que es 'preocupante' detención de Oliver
* Humor: El chiste de Alfie

ELMUNDO.ES

"OPERACIÓN VOLTOR"; LA POLICÍA DETIENE AL EX GERENTE DE INESTUR, ANTONI OLIVER

CORRUPCIÓN | Actual director general de Calidad Ambiental

* No se descarta que se hayan producido más detenciones por este caso
* Fue destituido en 2008 y tras la dimisión del conseller readmitido

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El ex gerente del Inestur -Instituto de Estrategias Turísticas- y actual director general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, Antoni Oliver, ha sido detenido en el marco de la operación policial que se está desarrollando desde primera hora de la mañana en Palma. Oliver ha sido conducido a la sede de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares donde permanece detenido.

Se da la circunstancia de que hace menos de un mes fue relevado al frente de este organismo y nombrado director de Calidad Ambiental. Antoni Oliver también fue la persona que desencadenó la primera crisis de la legislatura en la Conselleria de Turismo de Baleares, cuando el entonces conseller Francesc Buils le cesó de su cargo como gerente del Inestur. Días después, Buils se vio obligado a dimitir por la presión del Pacte tras haber tomado esta decisión. Tras la dimisión de Buils, Antoni Oliver, fue readmitido en su puesto y ahora 14 meses después, la Policía lo ha detenido.

El Inestur es un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo de Baleares dedicado fundamentalmente a dar a conocer y potenciar la oferta turística de las Islas. Es el encargado de realizar periódicamente diversos estudios de mercado sobre la actividad turística además de haber creado diversas webs para impulsar el sector.

Registro policial
Agentes de la Policía Judicial y una comisión judicial, integrada por miembros de la Fiscalía y del juzgado instructor registran la sede de este organismo dependiente del Govern balear.

No se descarta que se hayan producido más detenciones en relación a este caso, aunque por el momento no han trascendido más datos de la operación. Cuatro agentes de la Policía Judicial se han llevado este mediodía diversa documentación de la sede del organismo.

Se trata de una nueva operación anticorrupción contra un organismo que depende de la Conselleria de Turismo del Govern balear, en poder de UM desde el comienzo de la legislatura.

Además
* Antich afirma que el Govern actuará con 'firmeza'
* El PSIB-PSOE afirma que es 'preocupante' detención de Oliver
* Humor: El chiste de Alfie

elmundo.es

DETENDO EL EX ALCALDE DE MONTROI Y OTRAS SEIS PERSONAS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

VALENCIA | La Guardia Civil continúa con el registro del Ayuntamiento

Agentes de la Guardia Civil custodian el Ayuntamiento de Montroi. | Efe

* Está relacionado con la construcción de 83 viviendas en suelo no urbanizable
* El actual alcalde admite que chalés de 'Els Mallars' no tienen licencia
* La investigación de la Fiscalía de Valencia arrancó hace un año

Gema Peñalosa | F. Álvarez | Efe | Valencia

El ex alcalde de Montroi, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y otras seis personas han sido detenidas este miércoles en el transcurso de una operación policial contra la corrupción urbanística.

Según el fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. Los siete detenidos aún no han pasado a disposición judicial.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado que entre los detenidos hay cargos públicos, entre ellos el ex alcalde, pero también "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan.

Peralta ha confirmado que las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han sido ordenadas por el juez "por presuntos delitos de urbanismo" y ha informado de que se han intervenido "documentos" en el registro de la Casa Consistorial, y de que las "supuestas irregularidades urbanísticas" que se investigan "proceden de la anterior legislatura", cuando el PP y Unión Valenciana gobernaban en coalición.

La operación, coordinada por la sección especial de medio ambiente de la Fiscalía de Valencia, ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro del Ayuntamiento (que continúa). Sin embargo, las pesquisas se han extendido a tros siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi. Tres de los 11 registros ordenados esta mañana ya han concluido.

Chalés en suelo no urbanizable
Al parecer, los agentes del grupo contra delitos de Patrimonio están buscando documentos relacionados con la construcción de 83 viviendas en terrenos rústicos no urbanizables. Los chalés iban dirigidos a ciudadanos ingleses y alemanes.

El Ayuntamiento de Montroi está controlado por el PSPV-PSOE desde el año 2006, después de que el anterior alcalde, el 'popular' Francisco Javier Carrión, dimitiera al no contar con el apoyo de la oposición en la aprobación de los presupuestos.

Según fuentes de la investigación, el registro estaría relacionado precisamente con la gestión municipal durante la pasada etapa, en la que el PP gobernaba con junto a Unión Valenciana.

Investigación 'bajo secreto'
El actual alcalde, José Antonio Polo, no ha confirmado el objeto de la investigación, ya que se encuentra "bajo secreto", pero ha asegurado que el equipo de Gobierno está ofreciendo "la máxima colaboración" en el registro.

Preguntado sobre la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno, se ha limitado a explicar que únicamente había "una carencia" referida a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el consistorio aprobó en julio de 2007 cuando ya se había producido el relevo en la alcaldía. Un informe de la Conselleria de Urbanismo ya advierte de estas irregularidades.

De hecho, Polo ha reconocido que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) para las regularizarlas.

'No hay licencias de edificación'
"No hay licencias de edificación, nunca se han dado. Hay casas que tienen más de 30 años y ésas, a lo mejor, lo consiguieron en su día; estamos intentando desarrollar un PAI para que todo esté en orden", ha precisado.

Con alrededor de 3.000 habitantes, Montroi es un pequeño municipio de la comarca de la Ribera Alta, ubicado a apenas 27 kilómetros de la ciudad de Valencia.

Además
* Un informe del Consell advertía de viviendas 'irregulares'

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